Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)
En la corriente sindical que ocupa nuestro desvelo cotidiano, el tema fiscal-tributario del país ha ocupado primerísimo lugar, en la última década, de nuestra lucha sindical-social con visión de país.
Particularmente, en esta columna de opinión, hemos abordado el asunto en incontables oportunidades. Nos pueden acusar de cualquier cosa, menos de no habernos preocupado y ocupado por leer, estudiar, asesorarnos, escribir, comentar, denunciar y proponer alternativas. De todo ellos, constancia documental sobra. Aunque no con total exactitud, lo que nos está pasando como sociedad y, particularmente, como pueblo trabajador, lo hemos venido anunciando en estos últimos años.
En la antesala de lo que podría ser una real catástrofe social y económica, le presentamos a continuación los aspectos de mayor relevancia que según nuestra visión-país, deberían estar en la mesa de un eventual y real diálogo nacional; pero no solamente diálogo, sino negociación que genere acuerdos y que instale un sistema de verificación del cumplimiento de esos acuerdos. Así las cosas, iríamos a un espacio tal cual, con los siguientes (aunque no los únicos) 15 puntos:
1- Costa Rica no ocupa de un “convenio” con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Estamos a favor de una salida nacional a la crisis fiscal. Alternativamente, disponer de las reservas monetarias internacionales custodiadas por el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Prestigiosos economistas lo han venido planteando y argumentando son solidez profesional.
2- ¡No más impuestos! ¡No más impuestos para las capas medias ni para las clases populares, mucho menos para las empobrecidas o sumidas ya en total desamparo! Impuestos sí a las grandes rentas y a los altísimos salarios (en este caso, mayores a 3 millones de colones).
3- Impuesto solidario, al menos transitorio, a las mega-fortunas con base en lo que han planteado al respecto tanto el Banco Mundial como el mismísimo FMI.
4- Aplicación de la Tasa Tobin como, realmente, fue concebida: para las enormes transacciones financiero-bancarias en los mercados de capitales, en la Bolsa Nacional de Valores y similares. Esto nos lleva a hablar, como sociedad, sin tapujos, de los flujos de capital sucio proveniente del negocio del narcotráfico y del crimen organizado, en cifras tan enormes que algunos se atreven a plantear que es “gracias” a esos dineros de “dudosa reputación”, la causa fundamental de que el país no haya quebrado todavía.
5- Establecimiento de la renta global y de la renta mundial.
6- Impuesto a las zonas francas.
7- Guerra frontal a la evasión tributaria, a la elusión fiscal, al contrabando. Revisión de las exenciones y de las exoneraciones. Urgente instalación de los escáneres en las aduanas. Impulso a las recomendaciones del informe legislativo del período constitucional 2014-2018, conocido como Los papeles de Panamá.
8- Transformación institucional-estructural del Ministerio de Hacienda (“refundación”). Se debe llamar a cuentas y denunciar penalmente a todas las personas que, al menos, en la última década ocuparon los máximos cargos en el propio despacho ministerial de la cartera de Hacienda; así como en las máximas cúpulas político-gerenciales y tecnocráticas de las direcciones generales de Tributación, de Hacienda, de Adunas y de Cobro Administrativo.
9- No a la venta de activos.
10- Auditoría ciudadana de la deuda pública, reingeniería de la misma y revisión del obsceno pago de intereses. La meta aquí es obtener, al menos, 2 puntos de Producto Interno Bruto (PIB), dada la urgencia de la situación fiscal.
11- Reactivación económica urgente y directa con recursos de la banca para el desarrollo. Específicamente, cancelación de las deudas del sector agropecuario. Además, inyección de capital directo y sin requisitos “estrambóticos” para los cientos de micro-pequeñas y medianas empresas que ya habían sido golpeadas por el combo fiscal del IVA y, luego, por la pandemia del covid-19
12- Implementación de la Política de Trabajo Decente impulsada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual en Costa Rica tiene rango de Política de Estado desde la administración gubernativa 2010-2014.
13- Establecimiento de una nueva ley del salario mínimo.
14- ¡No a la derogatoria de la histórica jornada de 8 horas! Ésta costó sangre, sudor y lágrimas y tiene rango a nivel de la Constitución Política.
15- Empleo público: legislación dentro de los preceptos constitucionales de 1949, dándole supremacía a la plena aplicación de los postulados de eficiencia y de eficacia.
