Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Ayer, martes 1 de diciembre, se recordó el aniversario 72 de lo que conocemos como la abolición del ejército, uno de los acontecimientos políticos más notables del siglo XX, derivado del conflicto armado entre costarricenses, registrado en la historia como la Guerra Civil de 1948; triste episodio de nuestra vida republicana que dejó unas 2 mil personas compatriotas, de ambos bandos, muertas en los enfrentamientos en los meses de marzo y de abril de ese año.

El bando triunfador, al mando de don José Figueres Ferrer, Don Pepe, estableció un gobierno de facto, una dictadura a la cual se le denominó Junta Fundadora de la Segunda República, la cual se dedicó a gobernar por decreto (se había cerrado la Asamblea Legislativa), durante 18 meses. Precisamente, uno de esos decretos fue el de la abolición del ejército.

Don Pepe, posteriormente, entrega el poder para dar paso al retorno de la institucionalidad democrática mediante la entrada en vigencia, el 7 de noviembre de 1949, de la Constitución Política, la carta magna que todavía rige nuestros destinos como nación.

Y, precisamente, aquí viene otro notable acontecimiento de similar envergadura al de la abolición del ejército: se determina una organización político-administrativa del aparato del Estado, de forma tal que éste opere en forma totalmente distinta a como lo venía haciendo hasta el momento de la llegada de ese polémico y fatídico año 1948.

El Estado costarricense venía siendo hasta entonces, prácticamente, el Estado del partido ganador de las elecciones. El partido ganador de los correspondientes comicios, nombra a cientos de sus adherentes, despidiendo a quienes no le fueron fieles en la campaña y/o eran reconocidos como simpatizantes de otros partidos. Precisamente, se suele considerar que las polémicas elecciones presidenciales de 1948, en las cuales hubo robo o fraude, fue uno de los desencadenantes del conflicto armado pues el partido en el poder no quería entregarlo al partido ganador; considerando que, nuevamente, habría una “despedidera” o “cortada de rabos a mansalva”, amén de los innumerables conflictos pueblerinos y nacionales por revanchismo politiquero.

Con la Constitución del 7 de noviembre de 1949, nace otro tipo de Estado. Las personas constituyentes redactoras de esa carta magna, deciden que ese Estado esté expresado en diversas modalidades de organización institucional, aparte de las divisiones de poderes clásicas del Estado moderno. Se establecen las autonomías constitucionales como las de la educación superior universitaria pública (en ese momento, la Universidad de Costa Rica); y la de los seguros sociales (la Caja Costarricense de Seguro Social). Se crea el Tribunal Supremo de Elecciones y se reafirma la independencia de poderes como férrea piedra de la Democracia, algo ya muy vulnerado hoy en día.

Más luego, por los años 70’s, se consolida la autonomía municipal, con la eliminación de la figura del “jefe político” que hasta entonces, dependía del presidente de turno. Pero es, sin duda, la carta magna del 49 la que posibilita que el régimen municipal empieza a recorrer el camino de un verdadero gobierno local independiente.

Así las cosas y con esta simplificación histórica al cubo, queremos llegar a este punto: 1) El actual empleo público está asociado a un esquema filosófico-ideológico y político de un modelo de organización del Estado, surgido de un conflicto armado entre costarricenses con sangre derramada, de por medio. 2) Si bien el contenido de clase de este nuevo Estado se mantuvo en su esencia hegemónica, lo real es que desde 1949 y durante varias décadas, gracias a este nuevo Estado, hubo importante desarrollo económico-social que nadie puede negar. 3) La tradicional clase gobernante surgido de ese nuevo Estado, en sus diversos matices y con sus excepciones, mediando una multiplicidad de circunstancias, externas e internas, con sus políticas económicas (TLC’s incluidos), abrió un escenario de desigualdad y de retroceso social que fue agudizado por la pandemia. 4) Como elemento destacado de ese escenario, surgió el déficit fiscal, cuya responsabilidad no es del empleo público, pese a la más despiadada campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico (aún se sigue desarrollando); misma que pretende culpabilizar a todas las personas trabajadoras asalariadas estatales del desastre económico y social en desarrollo. 5) De manera responsable, debemos ser críticos porque las cosas en el Estado no están del todo bien pero susceptibles de correcciones hasta estratégicas; sin embargo, hay demasiadas realidades exitosas en los servicios públicos a cargo del mismo que hacen que nosotros, particularmente, no comulguemos con ruedas de carreta, decidiendo enfrentar los procesos autoritarios-totalitarios que están vulnerando la Democracia, pues sus ideológicos promotores son del criterio absolutista-esclavista del Todo Mercado-Nada Estado. Así las cosas, jamás podríamos avalar el proyecto de empleo público, expediente legislativo No. 21.336. ¡Cambien la Constitución primero!

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Los últimos procesos electorales nacionales, particularmente el del 2018, demostró, con suma contundencia, que los y las costarricenses votamos, pero no elegimos.

La espantosa uniformidad político-partidista que venimos observando, especialmente al interior de la Asamblea Legislativa (las honrosas excepciones parlamentarias no hacen más que certificar esta aseveración nuestra), en cuanto a las líneas macro-políticas y supra-estructurales que están impulsando (más bien, imponiendo), un reordenamiento de la sociedad costarricense sin necesidad de reformas constitucionales; no solamente nos confirma esa apreciación de votar pero no elegir; sino que, de una manera más que impresionante, nos ha venido mostrando que hay una especie de parlamento extramuros, que brinda las líneas ideológico-políticas matrices de una nueva reconfiguración del Estado y su relación con la sociedad, desdichadamente no para el bien común. Se está legislando en el plenario desde afuera hacia adentro, de la manera más vergonzosa.

Ese parlamento-extramuros, a su vez,se expresa, fundamentalmente, por medio de vocerías mediáticas asalariadas de los grupos económicos que impulsan esa uniformidad político-partidista, las cuales dictan esas líneas macro-políticas o super-estructurales de la reconfiguración del nuevo orden social costarricense, sin espacio para las mayorías desde el punto de vista económico-social, aunque sí incluidas éstas para que sigan votando, mas no eligiendo.

Nos están imponiendo una de las versiones más perversas de la globalización neoliberal, la democracia autoritaria. Este tipo de globalización no puede garantizar la paz en el planeta, ni la preservación del planeta mismo. Se viene acudiendo al autoritarismo en democracia para sostener esa fracasada globalización.

En el caso de nuestro país, esto, del autoritarismo en democracia, ya es de fácil constatación si notamos la uniformidad político-partidista que se nota en la actual Asamblea Legislativa y en sus relaciones con el Poder Ejecutivo el cual, con intensidades o velocidades distintas, es parte estratégica de esa uniformidad político-partidista. Y, ni qué decir de otras entidades institucionales relacionadas con el accionar cotidiano del Estado.

Y es aquí, según nuestra visión de la realidad político-económica actual (pandemia incluida), así como con base en nuestra experiencia de lucha social que, se agiganta con cada vez más fuerza multidimensional, el papel de la prensa independiente; gran parte de la cual sigue manteniendo visiones macro-políticas centradas en la búsqueda y en la promoción del bien común y de la justicia social real; amén de estar en vigilancia constante contra toda forma de corrupción.

En tal estado de cosas, uno entiende el papel de la prensa independiente con base en estas tres premisas básicas, sustentadas en el impresionante desarrollo de las redes sociales y de las incesantes tecnologías de la información y de la comunicación:

1) Hay conciencia de que las vocerías mediáticas clásicas optaron por “ideologizarse”, adoptando los valores del mercado absoluto con el número menor posible de contrapesos; por tanto, se rompió el “equilibrio” en el seno de la sociedad y la prensa independiente puede ayudar a restablecerlo.

2) La comunicación mediática clásica, al “ideologizarse”, tiene en el periodismo independiente un desafío que nunca esperó que se diese: éste puede estar más cercano a la gente, a lo local; con mayor afinidad a la preocupación de la vivencia cotidiana, pero resaltando la necesidad de que haya una nueva construcción social de amplia base, para permitir la mayor inclusión posible de las personas en el desarrollo de la democracia, integralmente conceptuada.

3) Le corresponde a la prensa independiente un papel de democracia activa en materia de Libertad de Expresión, al convertirse en la voz de los que no tiene voz. La rica diversidad de la organización social en las bases de la comunidad costarricense, a lo largo y a lo ancho del país; cuyas acciones, opiniones, propuestas y luchas son, por lo general, invisibilizadas o desprestigiadas por la uniformidad político-partidista y sus apoyaturas mediáticas asalariadas, encontrarán en la prensa independiente espacio de respeto pleno, sin censura y sin condiciones.

4) La democracia representativa ha perdido credibilidad y legitimidad, al haber sido capturada por esa uniformidad político-partidista que tiene, todavía, fuerte asidero en la población gracias a los servicios pagados de las vocerías mediáticas asalariadas de los grupos de poder económico. Por tanto, el periodismo independiente está llamado a ser punta de lanza del tránsito de la democracia hacia el nuevo nivel que exige la cohesión social de una nación: la Democracia Participativa, promoviendo el debate acerca de y fomentando el conocimiento de todas aquellas disposiciones de política pública, a todo nivel, que será necesario adoptar para que logremos, como sociedad, la plena restauración del imperio del bien común con potenciación fuerte de la inclusión y de la movilidad sociales, en un nuevo espacio de convivencia democrática, superador del que ya sido degenerado por esa uniformidad político-partidista y sus apoyaturas mediático-asalariadas.

En el décimo aniversario de El Guardián, expresamos nuestra felicitación a su gestor y director don Richard Molina, agradeciéndole el honor inmenso que nos da de publicar nuestras opiniones en su prestigioso medio de comunicación; pilar éste de ese periodismo independiente que se ha vuelto totalmente estratégico para que la democracia misma subsista.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

“Siento vergüenza que hoy aquí una empresa haya hecho lobby suficiente para sacar la cerveza del proyecto. Daniel, tus propios compañeros te han traicionado y eso es vergonzoso y hay que decirle al país que hay empresas que tienen la fuerza suficiente para doblar a diputados y diputadas”

Esta histórica frase fue pronunciada en el seno del recinto más significativo, políticamente hablando, de la sede del parlamento de Costa Rica, el plenario; y se emitió en una sesión formal del denominado primer poder de la República, nuestra Asamblea Legislativa.

Quien dijo tan “memorables” palabras, las cuales muchos quisieran olvidar, ¡pero nosotros no!, fue el diputado Luis Ramón Carranza Cascante, integrante de la fracción parlamentaria del partido Acción Ciudadana (PAC). Él quiso destacar que todo el mercado de producción de la cerveza queda fuera de las intenciones del proyecto de Ley 20.961, Ley contra la adulteración y el contrabando de bebidas con contenido alcohólico; exclusión que habría sido producto de las presiones ejercidas por la empresa productora de las cervezas, la Florida Ice & Farm Co., entidad ésta del mega-corporativismo empresarial del país a la cual suele atribuírsele una enorme poder de incidencia en el seno de los y de las integrantes de lo que conocemos como la clase política tradicional.

Con dicha legislación, según sus defensores, el Ministerio de Hacienda podría contar con una herramienta de control fiscal más poderosa sobre lo que se conoce como la “trazabilidad” de bebidas alcohólicas; palabra “elegante” usada por los políticos para hablar de contrabando, puro y simple, descarado, de todo tipo de licores. Al respecto, el legislador Carranza Cascante comentó que, al sacar la cerveza de la aplicación de esa ley, ésta quedó convertida en un cascarón. En nuestro país, la cerveza se vende en cantidades sumamente superiores a las de cualquier otro licor.

El principal promotor del proyecto de ley es el diputado integrante de la también co-gobernante fracción parlamentaria liberacionista, don Daniel Ulate Valenciano, quien ya había formulado una denuncia similar a la de su colega Carranza Cascante.  Ulate Valenciano, en setiembre de 2019, indicó: “En los últimos días hemos sentido gran presencia y presión de lobistas de la Cervecería, a mí en lo personal me han presionado por todos los medios”. Así la consignó Diario Extra, en su edición del pasado viernes 20 de noviembre, página 2.

“…hay que decirle al país que hay empresas que tienen la fuerza suficiente para doblar a diputados y diputadas”:de manera ineludible, la ciudadanía honesta y patriótica de este país debe formular un vehemente emplazamiento al diputado Luis Ramón Carranza Cascante para que puntualice su pluralización, es decir, que hay más de una empresa tuerce-brazos. ¿Cuáles son?, ¿en qué circunstancias?, ¿con relación a cuáles proyectos de ley?; ¿a la del combo fiscal, 9635 y sus abusivas amnistías tributarias?… ¿Qué “recompensas” reciben los diputados y las diputadas a quienes se les torció los brazos?: ¿dinero en efectivo?, ¿depósitos en cuentas bancarias dentro del país o fuera de él?, ¿propiedades?…

Es un secreto a voces que siempre ha existido compra-venta de votos legislativos para impulsar o frenar iniciativas de ley que afecten o que puedan afectar grandes intereses económico-corporativos y mediático-ideológicos; lo grave de lo que venimos comentando, es que eso esté pasando en medio de las difíciles circunstancias socio-políticas y económicas que vive el país, con emisión de legislación de graves repercusiones para las generaciones futuras de costarricenses.  

Sinceramente, huele a cerveza podrida en el plenario legislativo costarricense. Son pocas las personas diputadas actuales sobre las cuales no hay sospecha alguna, desde una perspectiva de ciudadanía crítica, de que sus actuaciones son totalmente apegadas a su visión de mundo y con base en una sana inspiración por restaurar como eje central de toda política pública, el bien común y la integración sociales, con fuertes leyes que atajan y/o revierten el crecimiento de la desigualdad y de la exclusión económica.

La política sucia “tuerce-brazos” terminará pulverizando la endeble credibilidad de la gente en su institucionalidad democrática. Con la denuncia del diputado Luis Ramón Carranza Cascante podemos, cívicamente decretar, que la venta de conciencias legislativas ya no es un secreto a voces; que es una cruda y espeluznante realidad político-parlamentaria la cual se ha tornado más peligrosa en el actual período constitucional; sin considerar lo que es el nuevo secreto a voces: la penetración del dinero sucio producto de la ilegal actividad del crimen organizado y del narcotráfico en la política nacional (“por arriba”) y en el mismo tejido social (“por abajo”).