Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Carlos Alvarado Quesada, como Presidente de la República, se ha quedado ya sin legitimidad política. De seguro, seguirá con la legitimidad formal dada por el resultado electoral de febrero-abril de 2018, según la Constitución y la ley; aunque 2 años y 3 meses después de haber asumido tal rol, crecen las voces que le piden que renuncie.

De manera reiterada lo venimos manifestando, es más, fuimos los primeros en plantearlo de esta forma: que Alvarado es el estafador político más notorio y más cínico en llegar a la Casa Presidencial, desde la caída del Muro de Berlín.

Por otra parte, si consideramos que desde su asunción a la primera magistratura del país a la fecha, 4 de cada 5 costarricenses desaprueben su trabajo, según la más reciente encuesta del Centro de Estudio Político (CIEP), de la Universidad de Costa Rica (UCR), se nos muestra así el carácter, la profundidad y el impacto de esa estafa política.

Alvarado representa un contundente ejemplo de la deslegitimación de la clase política tradicional del país, hoy bien marcada en el tripartidismo PLN-PUSC-PAC (más el turequismo adjunto); si consideramos que la esencia del quehacer de la misma no apunta a impulsar modificaciones estructurales que restauren, de manera estratégica, la promoción del bien común en todas las políticas públicas.

Alvarado y su realidad actual de deslegitimación política como Presidente de la República, refleja algo que también venimos señalando en los últimos tiempos de deterioro integral de nuestra convivencia como nación: cada vez más se amplía, se alarga, se profundiza la distancia entre el gobernante y los gobernados.

Por otra parte, la deslegitimación política de Alvarado es enfática si consideramos cuál es la verdadera naturaleza del real poder al cual él se asoció para gobernar: el mega-empresariado corporativo de los superricos ticos, sector económico que emergió a la luz pública en la persona de André Garnier Kruze, ministro facilitador del proceso de los macro-negocios asociados a entidades públicas determinadas; personaje que nosotros categorizamos como la figura presidencial real quedando la de Alvarado como la figura presidencial formal.

Al respecto, debemos resaltar la denuncia que en redes sociales ha estado circulando por estos días de parte del dirigente campesino don José Oviedo Chaves, quien da cuentas de una reunión en la cual él participó y en la que estuvo presente el Segundo Vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez Cordero, el cual admitió (según nos lo narra don José), de que él mismo ha deseado irse de Casa Presidencial ante la contundencia del poder en el seno de la misma de André Garnier Kruze y su grupo; el cual tiene un agenda totalmente definida hacia el todo mercado-nada Estado, incluyendo la facilitación de la apropiación privada de los más ricos bienes estatales todavía existentes de propiedad pública, los denominados activos.

Además, el presidente real no cree en un auténtico diálogo social multisectorial, de ahí que la única concesión que ha hecho ha sido la fanfarria del buzón digital de sugerencias, oficialmente denominado “Costa Rica escucha, propone y dialoga”; remedo ridículo de participación ciudadana que no contó con la aquiescencia sindical de la corriente en la cual militamos.

Estamos ya a un año de que alcancemos los 200 años de vida republicana independiente. El bicentenario del 2021 nos llegará con una sociedad terriblemente empobrecida, muy penetrada por el crimen organizado y el narcotráfico; de enorme polarización económica en cuanto a la concentración de la riqueza y la entronización de la desigualdad, prácticamente irreversible. Un país con una deuda pública que no puede pagar, un Estado en quiebra y una clase política “bunkerizada” (alusión a la horrible estructura del nuevo edificio legislativo), que está posicionada como un fin en sí misma y gobernando para sí misma y sus círculos de amistades y familiares.

Lastimosamente, la deslegitimación política de Alvarado y todo lo que ello significa, no va acorde con la construcción de una articulación cívico-social y popular-patriótica que se asuma como desafío estratégico a ese real poder del cual el Segundo Vicepresidente de la República, don Marvin Rodríguez Cordero, se “lamenta” intramuros palaciegos.

Sabemos que se hacen esfuerzos de distinta naturaleza y bienintencionados en su gran mayoría. Sin embargo, el otro lado de la acera, jefeados por André Garnier Kruze y su grupo, avanza con rapidez que el campo de lo popular, al menos hasta hoy, no ha podido equilibrar.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

¡Atención! ¡Su atención, por favor! Señoras diputadas y señores diputados, diputaciones fondomonetaristas: Ustedes 40 (cuyos nombres completos citamos al final del presente artículo), votaron por abrir el pernicioso camino de entrega del país a los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI); negándose a considerar la serie de alternativas que se han venido proponiendo en los últimos tiempos para enfrentar, con real perspectiva humanista, el horroroso panorama fiscal del país: su alto déficit, su impagable deuda pública, la naturaleza perversa de su sistema impositivo radicalmente injusto, así como la espantosa realidad de la evasión y de la elusión tributarias; dado que no puede haber responsabilidad alguna imputable por tal desastre al pueblo trabajador, ni a sus capas medias.

Congruentes con el sistema político-hegemónico del autoritarismo neoliberal que ha venido imponiéndosele a la gente, ustedes 40, diputaciones fondomonetaristas, deciden a espaldas, ya no solamente de las personas electoras que les llevaron a sus respectivas curules legislativas; sino en abierto contubernio con esas fuerzas contrarias al bien común, a la inclusión social y a la reducción de las desigualdades. Fuerzas que nos han situado en la deshonrosa posición de ser uno de los 10 países más desiguales del planeta; fuerzas a las que ustedes, ahora, potencian para que procedan al aniquilamiento final del Estado Social de Derecho, con la consigna ideológica de la venta de activos: la entrega de lo mejor que queda de ese patrimonio público que ya estaba antes de que, ustedes 40, diputaciones fondomonetaristas, hubieran nacido en esta tierra maravillosa llamada Costa Rica.

Nos atrevemos a afirmar que ustedes 40, diputaciones fondomonetaristas, no tienen ni la menor idea de los correspondientes procesos socio-históricos y político-sociológicos que dieron origen a cada una de esas entidades que ustedes se disponen a entregar; una vez que le den viabilidad a la segunda parte del mismo proceso crediticio, por 1.750 millones de dólares que votarán con el FMI; como lo hicieron votando el primer tracto, ese empréstito de los 508 millones de dólares, el pasado jueves 27 de agosto. 

Sin importar el partido político-electoral que les llevó a la actual Asamblea Legislativa, se han comportado ustedes como la mega-fracción parlamentaria al servicio de esos oscuros intereses que ya controlan el Poder Ejecutivo instalado en Zapote, disponiendo de dos presidencias de la República en estos momentos: la formal (Carlos Alvarado Quesada), y la real (André Garnier Kruze).

Sin embargo, todavía hay tiempo de que, por lo menos algunos de ustedes 40, diputaciones fondomonetaristas, retrocedan; especialmente porque ahora se nos está diciendo que esos 2.250 millones de dólares del FMI (los que ya ustedes votaron como primer tracto y el segundo por venir, de 1.750 millones de dólares), ya no se trata de un crédito stand-by, sino uno denominado “facilidad de fondo ampliada” (Extended Fund Facility -EFF-); enredo de modalidades o siglas crediticias que desde nuestra perspectiva obrero-social siempre implican entrega al FMI con ventas de activos incluida, más impuestos y más despidos de personas trabajadoras asalariadas del sector Público. O, ¿estamos equivocados? ¡Corríjannos ustedes y dígannos que no será así! ¿Podrían ustedes 40, diputaciones fondomonetaristas, convocar, al menos, a un conjunto de representaciones sociales de diversa naturaleza, dándonos la cara y explicándonos las razones de fondo, las transparentes, de su actual proceder?… ¡Lo dudamos!

En el entretanto, para las personas lectoras de esta columna, les aportamos los nombres de esas 40 diputaciones fondomonetaristas: Aida Montiel Héctor, Ana Lucía Delgado Orozco, Carlos Avendaño Calvo, Carlos Ricardo Benavidez Jiménez, Carolina Hidalgo Herrera, Catalina Montero Gómez, Daniel Ulate Valenciano, David Gourzong Cerdas, Eduardo Cruickshank Smith, Enrique Sánchez Carballo, Erwen Masís Castro, Floria Segreda Sagot, Geovanny Gómez Obando, Gustavo Viales Villegas, Ivonne Acuña Cabrera, Jorge Luis Fonseca Fonseca, Karine Niño Gutiérrez, Laura Guido Pérez, Luis Antonio Aiza Campos, Luis Fernando Chacón Monge, Luis Ramón Carranza Cascante, María José Corrales Chacón, María Vita Monge Granados, Mario Castillo Méndez, Marulin Azofeifa Trejos, Mileydi Alvarado Arias, Nielsen Pérez Pérez,  Oscar Mauricio Cascante Cascante, Paola Valladares Rosado, Paola Vega Rodríguez, Roberto Thompson Chacón, Rodolfo Peña Flores, Silvia Hernández Sánchez, Víctor Morales Mora, Wagner Jiménez Zúñiga, Welmer Ramos González, Xiomara Rodríguez Hernández, Yorleny León Marchena, Zoila Rosa Volio Pacheco.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Don José María Villalta Florez-Estrada, actual diputado de la Asamblea Legislativa, fue el autor intelectual y el impulsor político de una crucial acción judicial que merece, por siempre, el reconocimiento obrero del pueblo trabajador. Nosotros lo hacemos por esta vía y creemos que es algo muy justo, felicitarle y aplaudirle por ello.

Gracias a su iniciativa, el Estado costarricense ha sido condenado a pagarle a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la gigantesca cantidad de, prácticamente, 6 billones de colones (en cifras así: 6.000.000.000.000); equivalentes a la deuda que se generó cuando se decidió quitarle al Ministerio de Salud el histórico programa, famoso en América Latina y en el mundo, de la Atención Primaria, trasladándosele esa responsabilidad a la Caja para dar paso a lo que hoy conocemos como los EBAIS: Equipos Básicos de Atención en Salud.

Ese traslado ocurrió en 1994, tanto en lo político-institucional, como en la gestión directa de prestación de este servicio, de tanta cercanía a la población asegurada. Sin embargo, la Caja tuvo que hacerse cargo de financiar los EBAIS, pues el Gobierno Central (Estado: Ministerio de Salud-Ministerio de Hacienda), se lavó las manos e indicó algo así como “ahí le va eso… vea a ver cómo hace para financiarlo”. Jamás se le dio a la CCSS recursos nuevos, frescos, para sostener a los EBAIS, debiendo hacerlo la Caja con su propia plata.

De manera irresponsable, la Asamblea Legislativa al momento del traspaso, que fue en 1994, emitió la Ley de la República No. 7374, pero sin ningún traslado presupuestario o financiamiento alternativo alguno para la CCSS.

Luego de un juicio que duró mucho tiempo, agotadas que fueron todas las diversas etapas del proceso judicial, el Estado lo perdió y no le queda más que pagar el monto acumulado de esa deuda que se cuantificó en 5 billones 930 mil millones de colones; prácticamente 6 billones.

Creemos que, llegada esta situación hasta este punto, es más que conveniente que todas las organizaciones sindicales de genuino contenido obrero, se dispongan a actuar como veedoras activas, fiscalizadoras puntuales, promotoras intensas de que el Gobierno no busque subterfugios, tretas manipuladoras, recursos espurios de último momento y de dudosa legalidad, como para no honrar esa deuda con la Caja; monto gigante que dada la crucial situación que enfrenta la CCSS por la cuantiosísima inversión que ha tenido que hacer producto de la pandemia del covid-19, va a representar un respiro muy fuerte en el saneamiento de sus estresadas finanzas.

El proceso para la ejecución de sentencia que ha indicado la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que se acaba de anunciar públicamente, exige, por lo tanto, ese acompañamiento activo, fiscalizador y promotor de parte de las diversas agrupaciones del pueblo trabajador organizado, especialmente en sindicatos; y, especialmente, también, en las entidades sociolaborales que aglutinan a la clase obrera cotizante de la Caja.

Como sabemos, también la Caja se ha visto en aprietos financieros por decisiones gubernamentales pro-patronales, más allá de lo que debió haber sido lógica razonabilidad, estableciéndose por parte de su junta directiva rebajas cuestionables en las aportaciones empresariales para la Seguridad Social; amén de las reducciones de aportaciones obreras por despidos, reducciones salariales y crecimiento de la informalidad.

Y, como es lógico suponer, la crítica situación financiero que vive la institución más emblemática del pueblo costarricense, también ha golpeado las finanzas del régimen de pensiones más importante del país: el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM); el cual, de por sí, ya arrastraba pérdidas sensibles producto de males decisiones político-administrativas, en materia de inversiones que, incluso, están siendo tramitadas como acusaciones penales en el Ministerio Público.

Bien podría considerarse que de esa esperada inyección de 6 billones de colones que el Estado debe honrar con la Caja, se destine una cifra considerable para allegarle recursos frescos a IVM; el cual requiere con urgencia socorro financiero mientras la reactivación económica integral de los tiempos post-pandemia llegue; y, aun así, el envejecimiento poblacional de las personas que con derecho reclaman y reclamarán ser cubiertas por este régimen de pensiones, obligan a las autoridades de la Caja a considerar todas las opciones para su fortalecimiento; opciones que no pueden golpear más a la población trabajadora cotizante, misma que no está ni dispuesta ni en condiciones de que le aumenten la edad para pensionarse, ni la cotización para estar en este sistema, ni tampoco le reduzcan el monto a recibir una vez en estado de jubilación.