Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Cerca de 8 mil 500 millones de dólares tiene acumulados el Banco Central de Costa Rica (BCCR), en lo que denominan Reservas Internacionales Netas, desde antes de la llegada de la pandemia. Las Reservas Internacionales son “…activos externos que están disponibles de inmediato y bajo el control de las autoridades monetarias para satisfacer necesidades de financiamiento de la balanza de pagos, para intervenir en los mercados cambiarios a fin de influir sobre el tipo de cambio y para otros fines conexos”. Este dato lo tomamos el documento Informe de gestión de las reservas internacionales netas durante el primer semestre 2019, emitido por el BCCR. Esa plata está ahí y para disponibilidad inmediata.

La sociedad costarricense está en alta tensión en estos momentos. Es más, desde la entrada en vigencia de la actual Constitución Política que rige nuestra vida institucional-republicana, en la fecha del 7 de noviembre de 1949, no se observaba un escenario nacional tan cargado de amenazas de todo tipo, un pueblo tan enojado en todos los niveles de su estratificación social; así como una clase gobernante, especialmente su segmento hegemónico, cada vez más distante del pueblo que la eligió. De todo esto se ha hablado bastante ya en los últimos meses.

Los principales partidos políticos de esa clase gobernante, Liberación, Unidad y Acción Ciudadana, que nos han puesto al borde del precipicio, pregonan todos los días y a toda hora, que ya estamos en los tiempos de la hecatombe fiscal.

Esencialmente, se argumenta la crisis fiscal, el alto déficit en las finanzas del Gobierno Central, la “descomunal” cuantía de la deuda pública y su pago exorbitante de intereses; así como que, indican, no se ha hecho lo suficiente en materia de “contención del gasto”.

Nunca han enfatizado en impulsar fuertes políticas públicas en el amplio abanico de posibilidades alternativas de obtención de ingresos frescos, como los 14 puntos de Producto Interno Bruto (PIB), en evasión-elusión y en exenciones-exoneraciones, tributario-fiscales; nunca se han preocupado por una renegociación estratégica de los montos de la deuda y su pago de intereses más que abusivo; nunca se han preocupado por cambiar la naturaleza del sistema tributario costarricense hacia la progresividad del mismo. Cientos y cientos de veces hemos hablado de ello y con planteamientos serios. Pero hay más fuentes para obtención de ingresos fiscales frescos.

Sin embargo, y dado que el “apocalipsis” fiscal ya llegó, según nos dicen, la única manera de enfrentarlo es acudiendo al Fondo Monetario Internacional (FMI), que nos salvará del infierno del default , “prestándonos” 2.250 millones de dólares de los cuales ya adelantó 500 millones, restándose la aprobación legislativa de 1.750 millones $; eso sí, a cambio de un brutal paquete de impuestos, completamente injusto y regresivo que el gobierno de Alvarado Quesada denominó como “Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia”.

La corriente sindical en la cual militamos, desde un primer momento, planteó que Costa Rica no ocupa de un “convenio” con el FMI; y, mucho menos, con los contenidos de masacre social que conllevan esos nuevos impuestos; básicamente destinados a incrementar el sufrimiento, la pobreza, la precariedad laboral y la quiebra de la mayoría del pueblo trabajador costarricense y de las ya de por sí bastante golpeada clase media, así como los micro-pequeños y medianos emprendimientos productivos y empresariales. ¡No hay necesidad de ese préstamo! Ahí están las reservas internacionales que custodia al Banco Central de Costa Rica (BCCR), pero que no son de su propiedad; es propiedad del pueblo costarricense.

“Rodrigo Cubero Brealey, ¡soltá la plata!”. Bien puede ser éste el lema para una fuerte acción cívico-popular de alta incidencia política tendiente a que el señor Rodrigo Cubero Brealey, actual Presidente Ejecutivo del Banco Central de Costa Rica (BCCR), entienda que la situación fiscal-tributaria y socioeconómica de la Costa Rica que está en puertas del Bicentenario es sumamente grave; y que, por tanto, deben desprenderse del recetario dogmático-sectario del monetarismo fiscalista; debe don Rodrigo “liberar· su mente para superar ese arcaico concepto de “república independiente” que le han impuesto a los bancos centrales, el fundamentalismo neoliberal. De lo contrario, le corresponderá a la ciudadanía activa mediando consciente movilización asumir esa necesaria y urgente tarea. “Rodrigo Cubero Brealey, ¡soltá la plata!”

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Llevamos cualquier cantidad de días, semanas, meses y hasta años denunciándolo, desde esta columna y en una gran cantidad de espacios de diverso orden, aprovechando cuantas oportunidades hemos tenido: la perversa y corrupta naturaleza de un sistema tributario profundamente regresivo, además diseñado para evadirlo y para hacerse rico con sus múltiples posibilidades de triquiñuelas, es la base de la espantosa crisis fiscal que amenaza la misma integridad del tejido social de la República.

Con el país al borde del cataclismo económico-social más grave de su casi bicentenaria existencia republicana, tenemos que decirlo a viva voz, con una mezcla de dolor y de indignación: ¡Teníamos razón!

Lo que ha venido denunciando el ciudadano don Rodrigo Chaves Robles, exministro de Hacienda hasta hace pocas semanas, confirma que no solamente hemos hecho lo correcto en la materia; sino que, además, certifica que hay una corrupción sistémica en el Ministerio de Hacienda, la cual se convirtió en el cáncer que ha venido carcomiendo parte de las finanzas públicas desde adentro.

A pesar de que el Ministerio de Hacienda tiene un alto porcentaje de personal honesto, responsable, noble y sacrificado, la corrupción que lo ha carcomido se agudizó en las últimas administraciones gubernativas de los partidos Liberación, Unidad y Acción Ciudadana. Una especie de casta político-tecnocrática, con ramificaciones intra y extra-institucionales se las “ingenió” para construir un real poder con peso político en las sucesivas administraciones cuyos jerarcas ministeriales se “acomodaron” a ese poder, rehusaron confrontarlo, terminando por cohonestarlo, de manera abierta o tácita.

Miles y miles y miles de millones de colones, de dólares, se evadieron en el marco de ese clima institucional del real poder en el Ministerio de Hacienda; plata que hoy no solamente está haciendo falta para intentar frenar el colapso del país, sino que deben estar en paraísos fiscales o en suculentas cuentas bancarias.

Curioso es notar que cuando el citado exjerarca ministerial planteó eliminar el secreto bancario para efectos tributarios, ese real poder y sus referentes externos soltaron toda su furia opositora, presionando para echarlo de la cartera de Hacienda. Al final lo lograron.

En varias entrevistas, especialmente en el programa del reconocido ciudadano don Claudio Alpízar Otoya, don Rodrigo Chaves Robles habló, sin pelos en la lengua de lo que encontró en el Ministerio de Hacienda. Aunque nos parece que se guardó varios elementos de sensible peligrosidad, lo que nos contó es espeluznante. De lo que señaló, destacamos:

• En Hacienda hay 59 sistemas de cómputo que no se hablan entre sí; es decir, cruzar datos es algo casi imposible.

• Los contenedores que entran al país se revisan por decisión de personas que usan una lista física impresa. Con con marcador fosforescente se decide qué se revisa y qué no, y se marca. Ese es el criterio «técnico e imparcial».

• Ante resultados incompetentes, el señor Chaves despidió funcionarios sin capacidad técnica, personas que ya habían estado con muchos ministros de Hacienda, en ésta y otras administraciones, sin dar resultados. Después de su salida de Hacienda se recontrataron algunas de esas personas por el actual ministro.

• Se quedó frío al pedir el presupuesto de su ministerio: le informaran que anualmente se pagan 16 millones de dólares en alquileres (sólo en ese ministerio). Una de las razones que le dieron es que esos edificios son de “cierta” familia y no podían cancelar contratos. Indica que con lo que se ha pagado en alquileres, ya se hubiera construido tres edificios de primer nivel.

• Anualmente prescriben entre 12 mil y 20 mil millones de colones en cobros de impuestos, por “ineficiencia” de Hacienda.

• En Hacienda se “perdieron” 3.400 carpetas con información de cobros a deudores. Nadie le supo decir cómo.

• Los escáneres que se compraron para Aduanas hace 18 años aún están sin instalar.

En resumen, indica don Rodrigo: Hacienda está diseñada para no funcionar a propósito. Los presidentes de la República y ministros que hemos tenido desde hace varios lustros, permiten este desastre para que ciertas empresas e intereses sigan evadiendo. Al igual que siempre lo hemos pensado nosotros, en ANEP, no se necesitan más impuestos; se necesita orden en ese desorden y que los evasores y elusores paguen, según don Rodrigo. Los trabajadores y las trabajadoras, las micro-pequeñas y medianas empresas, la ciudadanía de a pie, es la gente que no evade impuestos. Nosotros creemos que, así como están las cosas, en el Ministerio de Hacienda la corrupción es sistémica.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Cada hora que pasa, el repudio del pueblo costarricense contra las intenciones de Alvarado Quesada y su equipo económico, de imponer una cascada de nuevos impuestos en contra de los golpeados bolsillos obreros, micro-pequeño y mediano empresariado, la alicaída clase media, el cooperativismo, el sistema municipal, la calumniada y vilipendiada fuerza laboral del sector Público, etc.; aumenta su potencia, al evidenciarse vergonzosas triquiñuelas como la del financiamiento de 1.500 millones dólares, vía convenio FMI, para satisfacer la obsesión presidencial del tren eléctrico.

Efectivamente, en el documento oficial del pretendido pacto con el FMI, Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia, se tiene al tren eléctrico presidencial dentro del grupo de proyectos de infraestructura, 2021-2023, por ese monto de 1.500 millones de dólares (pág. 56). Alvarado Quesada pretende, con esta jugada-triquiñuela, ya no solamente dejar al país en total quiebra, sino con esa deuda del tren eléctrico, la cual parece haberse convertido en una especie de obsesión presidencial que da demasiado en qué pensar.

Por otra parte, sin pizca de credibilidad alguna y según su decir, el ministro de Hacienda, don Elián Villegas Valverde, estaría indicando que eso fue un “error” al haberse incluido en ese documento, cometido por alguien que él no sabe quién fue. Una explicación, aparte de ridícula, cínica. Se burla de la inteligencia del pueblo costarricense. La inclusión del financiamiento para el tren eléctrico en el documento Propuesta para negociar con el FMI, es un acto consciente y de soberbia política de Alvarado Quesada y de su equipo económico.

Por otra parte, dice el refrán popular que, “al que no quiere caldo, dos tazas”. La obsesión presidencial por el tren eléctrico, al parecer, también es respaldada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la cual pretende llevar el punto a la “negociación” prevista para noviembre, sobre el tema de las finanzas presentes y futuras del régimen de pensiones más importante del país, Invalidez, Vejez y Muerte (IVM-CCSS).

La tecnocracia política de la Caja, de gran poder supra-gobiernos, ahora auto-identificada como “Grupo Interno Especializado”, pretende que esa “negociación” arroje como acuerdo el siguiente punto: “(f) Inversión de recursos para el financiamiento de Obra Pública de alto impacto y gran necesidad de recursos, como el tren eléctrico…”.

Así se consigna en el documento que le presentaron a las corrientes sindicales que participarían en esa “negociación”; documento titulado Informe de Planes de Fortalecimiento al Seguro de IVM (pág. 24).

Repudiable actitud gubernamental y del “Grupo Interno especializado” de la CCSS que denunciamos y condenamos, de manera enérgica.

He aquí un segundo intento para darle financiamiento a la desesperada iniciativa del tren eléctrico; y que sean fondos obrero-sociales, de estratégica naturaleza para la paz del país, que se arriesguen en un negocio aventurero que ya ha sido sumamente descalificado por voces de amplio conocimiento en estas cuestiones del transporte ferroviario.

Es más, como ya se ha explicado, si ese nefasto negocio del tren eléctrico se le impone al país, y si se va a sacar plata de IVM-CCSS para financiarlo, será la clase trabajadora cotizante y el propio empresariado honesto que da su aporte patronal a este fondo de pensiones, los encargados de sostener el multimillonario subsidio que habría que darle a la empresa ganadora de la concesión, con altísimo riesgo de fracaso pronosticado.

Como ya lo indicamos, esto del tren eléctrico suena a una obsesión presidencial que, dado el elevado deterioro de la credibilidad del gobernante Alvarado Quesada, puede dar pie a una serie de interpretaciones de dudosa transparencia; habida cuenta del gran peso político que tienen en Casa Presidencial intereses mega-corporativos de “alto vuelo”, los cuales han venido determinando el rumbo estratégico de la actual gestión político-ejecutiva del país. Es hora de que se engavete tan inoportuna iniciativa y que se deje para “mejores tiempos”, eso sí, fomentada bajo otros parámetros de real vocación por el bien común y por la integración social.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

40 personas integrantes de la actual Asamblea Legislativa, con curul legislativa, votaron el pasado jueves 27 de agosto de 2020, el primer tramo o tracto de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por un monto total de 508 millones de dólares; antesala de otro crédito de mayor cantidad en esa moneda, por 1.750 millones.

En total será un préstamo conocido en la jerga de ese ente financiero global, como “convenio Stand-by”, el cual compromete seriamente el futuro de la actual generación y de las venideras. Llamaremos a esas señoras legisladoras y a esos señores legisladores como diputaciones fondomonetaristas.

Con base en este actuar de estas diputaciones fondomonetaristas, al comprometer la vida de miles de costarricenses todavía en vida y otros miles más por nacer, es que nos estamos preguntando cuánta legitimidad política real tienen esas 40 personas, por más rango diputadil que tengan, de asumir tan gigantesca responsabilidad, rayana según nuestra visión de mundo, en un acto de traición a la Patria.

Cada una de esas 40 personas representan, individualmente, el 0,00002 por ciento de la actual población del país, misma que es de unos 5 millones de costarricenses. Juntas las 40, apenas alcanzan a significar 0, 0008 del total nacional de ticos y de ticas vivientes en estos momentos. Ni siquiera llegan al 1% de la población nacional y se aprestan a hipotecar el futuro del país más allá de cuando alguna de ellas, ya no estén en esta tierra.

Al igual que está sucediendo con el señor Carlos Alvarado Quesada, cuya presidencia de la República tiene una altísima deslegitimación política en estos momentos; debemos elevar nuestra voz y denunciar que esas 40 personas diputadiles no tienen en la actualidad, una legitimidad política real como para actuar como una asamblea constituyente de facto, cambiando la concepción político-ideológica de carácter estratégico y estructural que fue plasmada por las personas constituyentes, que sí eran realmente legítimas, las que aprobaron la Carta Magna del 7 de noviembre de 1949.

El significado de esos créditos con el FMI que están votando esas diputaciones fondomonetaristas, va más allá de las cantidades de millones de dólares que han de aumentar la impagable deuda pública del país.

Es más, parece conveniente impulsar un ejercicio de cívica rendición de cuentas para determinar cuántas de esas 40 personas diputadas fondomonetaristas, que están dispuestas a entregar el país a los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI), podrían en estos momentos convocar a reuniones a quienes le eligieron, darles la cara y explicarles su actual comportamiento político-legislativo.

Apostamos a que ni uno solo de ellos o de ellas, asumirá un reto de semejante calibre; especialmente si activos grupos de ciudadanía activa se apersonaran frente a las casas donde habitan a solicitarles, con respeto y vehemencia, que den la cara.

Creemos, a la vez, que dar un voto legislativo a convenios fondomonetaristas de préstamos condicionados que implican, por ejemplo, dar viabilidad política a la venta de instituciones públicas exitosísimas como el Instituto Nacional de Seguros (INS), en su ramo la empresa comercial de seguros más importante y rentable de toda la región mesoamericana; supone un monumento a la ignorancia para con nuestra historia y lo que significó su fundación hace ya casi un siglo, en 1924; como también suponemos que se desconoce el pensamiento de don Ricardo Jiménez Oreamuno y de don Tomás Soley Güell, cuando tomaron la visionaria decisión política de impulsar la fundación del INS.

Es una verdadera conmoción política imaginar que un 0,0008% de la población costarricense actual (las 40 diputaciones fondomonetaristas), se dispongan a viabilizar la venta del Instituto Nacional de Seguros (INS), un emporio en su campo que ni siquiera la competencia de las transnacionales de actividad homóloga instaladas en el país, han podido desplazarle del mercado.

Las 40 diputaciones fondomonetaristas deben ser exhibidas, una y otra vez, con sus nombres y con sus apellidos, para indicarles por todos los medios a nuestro alcance, su real estado de deslegitimación política plena como para tomar semejantes decisiones de; por un lado, darle un golpe de Estado de facto a la Constitución Política de 1949; por otro, facilitar la entrega de parte de las más grandes riquezas de propiedad pública que todavía quedan en manos del pueblo costarricense. En el caso del INS y desde nuestras propias trincheras, siempre hemos honrado y lo seguiremos haciendo, el legado de don Ricardo Jiménez Oreamuno y de don Tomás Soley Güell.