La policía en medio del conflicto

Lic. Mainor Anchía Angulo, ANEP

En función del anuncio hecho por el presidente de la República sobre el acuerdo con el FMI, que incluye cargar al pueblo costarricense con más impuestos, luego de que se nos dijera que, de aprobarse el COMBO fiscal, hoy Ley 9635, se resolvería el problema de las finanzas públicas, tiene que verse como justa, legitima y necesaria la reacción de una amplia mayoría en contra de dicho acuerdo.

El rechazo fue generalizado, diversos sectores hicieron ver su oposición al convenio con el FMI, organizaciones sociales, agricultores, líderes religiosos, connotados y reconocidos economistas, así como, uno de los sectores laborales más golpeados históricamente por sus bajos salarios, aunado a las malas condiciones en las que tienen que desempeñarse, si, nuestros policías.

Nunca antes había visto una reacción tan espontánea, generalizada y genuina de una importante cantidad de funcionarios de la Fuerza Pública y de otras policías, en apoyo a la manifestación que en principio parecía pacifica, muchos publicaron: “Hoy el señor presidente don Carlos Alvarado le quita credibilidad a mi trabajo”. “Arduamente, me gane el respeto de la población que defiendo día con día en mi trabajo y hoy usted, si usted me pone en contra de mi pueblo (…)”. La policía en medio del conflicto, con sentimientos encontrados, reporta hoy más de cien funcionarios de “tropa” lesionados, los cuales, ahora paradójicamente verán reducido su salario como consecuencia incapacidades.

Al efecto, es claro para el suscrito, al ser parte de la una organización que ha venido liderando la reivindicación del trabajo policial, que nuestros uniformados entendieron que de la misma manera en que se vieron afectados por la implementación de la Ley Fiscal Nº 9635, que les vino a provocar una regresividad en materia de incentivos salariales, igual se vieron afectados con el congelamiento del pago de anualidades, se verán afectados ante un eventual convenio con el FMI, que nos imponga una mayor carga tributaria. Ello, indudablemente provocó ese sentimiento de identidad, con quienes, de alguna manera al oponerse a más impuestos, defendía sus intereses.

Posiblemente, nunca antes se tuvo una oportunidad igual, pero, lamentablemente, algunos de los líderes de movimientos sociales siguen sin entender que nuestros policías son pueblo, que detrás del uniforme se encuentra un ser humano con sensibilidad, con conciencia, con una familia que alimentar, con necesidades iguales o similares a las suyas, pero, que deben hacer su trabajo, máxime cuando en un movimiento que, aunque parezca justo, se infiltran antisociales con la finalidad de provocar caos.

Que difícil se torna la función policial, cuando de un lado se tiene al patrono que reprime tus Derechos Humanos y del otro el pueblo que no comprende la naturaleza de tu trabajo, que parece desconocer que los cuerpos policiales siguen órdenes del presidente de la República y que tienen las siguientes competencias legales:

“El Estado garantizará la seguridad pública, sin perjuicio de lo estipulado en el Título IV de la presente Ley. Al Presidente de la República y al ministro del ramo, les corresponde tomar las medidas necesarias para garantizar el orden, la defensa y la seguridad del país, así como las que aseguren la tranquilidad y el libre disfrute de las libertades públicas”. Ley 7410.

Al efecto, establece nuestra Carta Magna: Son deberes y atribuciones exclusivas de quien ejerce la Presidencia de la República:Ejercer el mando supremo de la fuerza pública;”.

Luego se pueden citar entre sus atribuciones, el resguardo del orden constitucional, la vigilancia y el mantenimiento del orden público. En los últimos días he leído varios comentarios que dicen: “porqué no entran así en Crucitas”, señoras y señores, sino lo hacen, es porque los que manejan políticamente nuestra policía no lo han ordenado, el que lee entienda. Por ello, lo que se dio en Cañas, con lanzamiento de gases sobre las casas de habitación, es en principio responsabilidad del Poder Ejecutivo, que envío al lugar un grupo elite, de choque, posiblemente con instrucciones claras y precias por parte del comandante en jefe, don Carlos Alvarado.

Créanme quienes leen estas líneas, que quisiera motivar que nuestra policía le de la espalda a un gobierno mediocre, a un presidente que les ha dado la espalda una vez y otra también, que en mi opinión es soberbio, autoritario, prepotente, inmaduro e incapaz para gobernar. Sin embargo, creo en nuestra institucionalidad, creo en el valor de conservar la paz que nos fue heredada, creo que, en efecto tenemos que cambiar nosotros al momento de elegir a nuestros gobernantes; lo dijo el mismo Luis Guillermo Solís “piensen mejor el voto la próxima vez”.

ANEP pide a MSP mejorar condiciones para funcionarios

Una serie de peticiones fueron enviadas por parte de Mainor Anchía, presidente de la seccional ANEP – Fuerza Pública a Randall Vega Blanco, Viceministro de Seguridad Pública en relación a varias anomalías que constantemente han sido denunciadas por parte de la organización.

Los puntos son los siguientes: 

1- Dotación de insumos (alcohol, jabón, mascarillas, guantes) y desinfección permanente de las delegaciones policiales para prevenir el contagio de Covid 19.

2- Reglamentación de roles de servicio en los Cuerpos Policiales en observancia del criterio técnico del Consejo de Salud Ocupacional del MTSS.

3- Establecer un mecanismo para que, en caso de accidentes laborales por intervención policial, el trabajador policial no vea afectado su salario.

4- Modificación de la normativa para que no se rebaje el 18% del Riesgo Policial a los (as) funcionarios (as) después de sufrir un accidente laboral propio de sus funciones y que les impida volver a labores de seguridad ciudadana.

5- Establecer un protocolo con participación de la Seccional ANEP Fuerza Pública (junta de relaciones laborales), para detectar y detener traslados que se dan por revanchismo o abuso de poder.

6- Descongelamiento del Manual de Clases Policiales, establecer mecanismo de concurso interno de las plazas vacantes en la estructura del mismo.

7- Entrega de botas y uniformes mínimo dos veces al año.

8- Apoyar proyecto para regresar incentivos policiales establecidos en la Ley 7.410, Ley General de Policía.

9- Apoyar proyecto de Ley de Pensión para Cuerpos Policiales.

10- Iniciar la modificación de reglamento de grados y ascenso para favorecer la competitividad y la transparencia en la carrera policial.

Policías en sus días libres se manifestaron contra el acuerdo con el FMI

Además de esto, Anchía agregó otras peticiones que se basan principalmente en que “En tanto se desarrolle el proceso de reglamentación de roles, que, en la ANP, PCD y en la Policía de Fronteras, los roles se ajusten al 6×6, 3×3 al personal operativo y 5×2 al personal administrativo y/o con funciones de mando, según las consideraciones del informe técnico del Consejo de Salud Ocupacional del MTSS.”

Por último, se canceló la convocatoria para el próximo 13 de octubre ya que muchos de los policías han sido llamados a labores, a pesar de que estaban en sus días libres o de vacaciones.

La democracia de la calle, ¡OTRA VEZ SE ESTÁ MANIFESTANDO!

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Escribimos estas líneas en la noche del sexto día del más impactante fenómeno social de calle desde la emblemática lucha del Combo ICE, allá en el año 2000. Se trata de expresiones populares que brotan a partir de la explosión de grandes sectores de la población que, a lo largo de los últimos gobiernos del tripartidismo neoliberal, se venían sintiendo excluidos, relegados, invisibilizados, vilmente manipulados en lo electoral y, por ende, estafados políticamente. El Movimiento Rescate Nacional recoge esa acumulación de factores, lo problematiza y logra la adhesión en la base de múltiples grupos excluidos que, al unísono se expresan en las carreteras del país.

A lo largo de los últimos años, en esta misma columna, hemos venido planteando y denunciando cómo se venía incubando el estallido social que hoy conmueve al país y que nos recuerda que somos parte de la América Latina, la región más desigual del planeta, la región de los estallidos sociales. Es más, los bloqueos en las calles nos dramatizan ser incluidos en la deplorable lista de los 10 países más desiguales del mundo. Y, además, los últimos informes del Proyecto Estado de la Nación, también lo venían alertando.

Últimamente habíamos dicho que la distancia entre el gobernante y las personas gobernadas se había ensanchado peligrosamente. ¿qué es lo que indican los bloqueos en la calle si no es esto? ¿quieren ustedes otro dato de lo que venimos planteando?, estamos a 24 horas de que las personas legisladoras de la República se trasladen a su lujosa nueva construcción, un emblemático edificio ultracerrado que, precisamente muestra eso: la distancia entre el gobernante y las personas gobernadas se hizo demasiado larga.

No intenten negarlo, ustedes, los y las de arriba, viviendo en su mundo de alto confort generaron las condiciones para el estallido social en desarrollo. Nosotros apostamos por el triunfo de la paz, pero entendiendo que la ortodoxia económica que les ha permitido vivir “ricamente”, lo fue a costa de la excesiva explotación a que han venido siendo sometidas las partes más deprimidas, económica y socialmente hablando, de nuestro país, entre otras explicaciones.

Pongámonos nada a pensar que esta especie de rebelión de los y las de abajo, ha tomado gran fuerza en las zonas costeras, en la zona sur, en la pampa guanacasteca y en las llanuras de la zona norte, así como en importantes zonas de producción agropecuaria del Valle Central; sitios de residencia de miles de compatriotas que hoy con su grito social han puesto entredicho un orden económico altamente concentrador de la riqueza.

Nunca ustedes como clase gobernante tomaron en serio la buena fe de sectores de la sociedad civil cuando ante la realidad descrita ya venían formulando propuestas. Todas fueron menospreciadas, nunca tomadas en cuenta. Y todas siguen totalmente válidas, más que legitimadas ante la magnitud de los acontecimientos en desarrollo.

Se burlaron de los episodios de lucha social del año 2018, se burlaron de los episodios de lucha social del año 2019. En esta ocasión y a esta altura de lo que estamos viendo no creemos que les quede espacio para burlarse de nuevo.

Desde la corriente sindical en la cual desarrollamos nuestra lucha social cotidiana sentimos una enorme satisfacción de haber estado a la altura de los desafíos en desarrollo, pese a nuestros errores y/o subjetividades sin sustento. Sin embargo, como promotores del concepto sociopolítico de Democracia de la Calle, hoy celebramos un nuevo episodio de expresión concreta de la misma. Su máximo reclamo actual, “no más impuestos”, tiene una importante cantidad de significados que están reflejados en muchas de las propuestas-país que hemos formulado en estos años. Ahora bien, el “no más impuestos”, necesita delimitarse categóricamente; es decir, no más impuestos para el pueblo trabajador, para las capas medias altamente endeudadas y en vías de desaparición, ni para el micro-pequeño y mediano empresariado nacional. Deben entender que la clave es (darle vuelta a la tortilla) en materia tributaria y, por ende, rechazar cualquier tipo de convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La democracia de la calle, ¡otra vez se está manifestando!

Posición de la ANEP acerca de la votación en primer debate del proyecto de ley 21.917, para eliminar pago de anualidades en el empleo público durante los años 2021 y 2022

– Esta ya casi ley de la República es socialmente injusta, económicamente contraproducente y jurídicamente cuestionable

Atendiendo orientación político-ideológica del Gobierno de la República y su equipo económico, la Asamblea Legislativa acaba de aprobar, en primer debate, este día jueves 1 de octubre de 2020, el proyecto de ley que elimina el pago de las anualidades para las personas trabajadoras del sector Público, en los años 2021 y 2022 (Expediente Legislativo No. 21.917).

Este proyecto anticipa la eliminación definitiva del pago de anualidades para siempre, tal y como lo contempla la iniciativa de ley neoliberal sobre el empleo público, mucho más retrógrada y anti-obrera.

32 diputados y diputadas atendieron la “orden” ideológica en tal sentido; mientras que 8 personas legisladoras prefirieron mantenerse dentro de la Constitución y dentro de la ley: José María Villalta (Frente Amplio); Frangie Nicolás y David Gourzong, del PLN; Shirley Díaz, del PUSC; Wálter Muñoz y Patricia Villegas, del PIN; Dragos Dolanescu (independiente); y, Otto Roberto Vargas, del Republicano Calderonista.

Esta ya casi ley de la República es socialmente injusta, económicamente contraproducente y jurídicamente cuestionable.

Las medidas económicas que ha implementado el Gobierno para atender la emergencia cargan su peso, exclusivamente, en las espaldas de las clases populares, particularmente sobre la de las personas trabajadoras, lo que a todas luces resulta socialmente injusto.

Además, pretenden seguir apelando a los perversos criterios de estigmatización del empleo público, alimentando la campaña mediática de agresión psicológica y de terrorismo ideológico al que, cruelmente, han sido sometidas las familias trabajadoras asalariadas estatales; especialmente, las de ingresos medios y bajos, en los últimos tiempos.

Primero fue la ley de “alivio fiscal”, con la que, lejos de aliviar la carga tributaria a la ciudadanía, nos puso a financiar al sector empresarial permitiéndole la retención del IVA que pagamos todos y todas. Una medida que, vista en su justa dimensión, bien puede considerarse expolio puro y duro.

Luego fue la ley de reducción de jornadas, que permite al empresariado la rebaja sustantiva del salario a los trabajadores y a las trabajadoras, sin prever ninguna medida compensatoria a favor de estas personas.

Ahora, es la eliminación del pago de la anualidad que afecta a miles de personas trabajadoras del sector público; desnudándose en su demagogia porque, inicialmente, habían planteado que quedarían por fuera de la legislación el personal de los servicios públicos en combate a la pandemia del covid-19. Al darse cuenta de la flagrante inconstitucionalidad de esta discriminación, el Gobierno corrió a corregirla, demostrando que sigue fomentando ocurrencias de legislación antiobrera, por puro fanatismo ideológico en contra del empleo público.

La inequidad de trato en las medidas paliativas que lleva a cabo el Gobierno para atender el estado de emergencia es más que evidente. Hasta ahora, ni el Ejecutivo ni el Legislativo han planteado ninguna propuesta, ni una sola, que demande colaboración a los grupos de poder económico ni a las clases adineradas que perciben rentas de capital.

La solidaridad que se pregona como telón de fondo en el escenario de la emergencia, es mera retórica de unos dirigentes políticos a quienes parece preocupar más la defensa de los intereses de los poderosos que el asegurar el bienestar de las grandes mayorías.

En el ámbito económico, llama la atención ver cómo el dogmatismo ideológico de las autoridades de Gobierno prevalece sobre todo razonamiento. Dejaremos de lado el que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha hecho ver a todos los países que en el contexto de la desaceleración económica producida por la pandemia del Covid-19 resulta especialmente pertinente mantener los niveles salariales; no solo como medida para proteger a las personas trabajadores, sino como mecanismo capaz de aumentar la demanda y así contribuir a la estabilidad económica. (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/publication/wcms_739939.pdf)

Sabemos que a nuestros dirigentes políticos hablarles de la OIT les resulta cosa de necios trasnochados. Pero sí queremos hacer ver que, desde los oráculos internacionales del neoliberalismo y la globalización, también se ha dicho que la reducción de salarios en el Sector Público es una medida contraproducente para la economía. ¡Sí!, para la economía, que no para los trabajadores, que nadie vaya a interpretarlo mal.

Autoridades del Banco Mundial sostienen que una reducción de salarios a los empleados públicos genera distorsiones a largo plazo, a la vez que ralentiza la reactivación económica.

En el artículo titulado “Deberían reducirse los salarios del sector púbico para financiar la respuesta al nuevo coronavirus”, el especialista superior en el sector público del Banco Mundial, Zahid Hasnain, señala que cualquier recorte en los empleos o los salarios de una parte tan grande de la fuerza laboral como lo es el sector público, generará un impacto significativo.

En palabras del especialista, “La partida de sueldos del sector público es una medida contracíclica natural que debería mantenerse. La prima salarial del sector público está también sesgada contra las mujeres y los trabajadores menos cualificados; por tanto, los recortes salariales de forma generalizada tendrán repercusiones desproporcionadas en grupos que necesitan mayor protección”. (https://blogs.worldbank.org/es/voces/Deberian-reducirse-los-salarios-del-sector-publico-para-financiar-la-respuesta-al-nuevo-%20oronavirus).

En nuestro medio, destacados economistas desde la plataforma académica del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), también han advertido de los perjuicios que generaría una reducción de salarios en el Sector Público. (https://www.economia.una.ac.cr/index.php/es/oes

Evidentemente, una reducción de salarios en el sector público, como lo es el no pago de la anualidad, aparte del perjuicio económico directo que ocasionará a miles de familias, muchas de ellas altamente endeudadas como lo hace ver el pronunciamiento del citado Observatorio Económico y Social; también generará mayor desazón e incertidumbre entre los empleados públicos, lo que redunda en mayor contracción del consumo y su consecuente impacto negativo para la reactivación económica-.

Desde el punto de vista jurídico, debemos decir que el no pago de la anualidad es improcedente por constituir una reducción del salario. La anualidad que devengan los servidores públicos es parte inescindible de sus salarios. La naturaleza salarial que tienen las anualidades hace de ellas un elemento inmodificable en perjuicio de los trabajadores.

Anular el pago de este rubro salarial a quienes ya les ha sido reconocido como parte de su remuneración, constituye un acto de ius variandi abusivo, sin importar que el mismo provenga de un acto legislativo.

Si bien el Estado puede introducir reformas al esquema remunerativo del sector público, esas reformas en todo caso deberán observar el principio de no retroactividad de la ley, resguardar las situaciones jurídicas consolidadas y respetar los derechos adquiridos de los trabajadores.

En la relación de empleo, sea ésta de naturaleza pública o privada, el salario es el derecho adquirido por excelencia, y ninguna reforma, provenga ésta de un acto privado, administrativo o legislativo, puede modificar a la baja el salario actual que devengan los trabajadores y las trabajadoras.

Los argumentos antes expuestos, nos permiten afirmar que la propuesta de ley planteada por el Gobierno y que 32 personas legisladoras votaron en primer debate, adolece de vicios de inconstitucionalidad que la ANEP, demandará próximamente, exigiendo la responsabilidad correspondiente al Estado como patrono.

Adicionalmente, los especialistas que vienen asesorando a la ANEP en materia de Derecho Internacional en cuanto a Derechos Humanos, de conformidad con todos los tratados que el país ha firmado y ratificado al efecto, están alertados de que éste tema será de obligado litigio internacional contra el país.

El actual parlamento costarricense viene emitiendo legislación contraria ya no solamente a la misma Constitución Política que nos rige, la de 1949; sino las convenciones de DD.HH. que son de obligada observancia por nuestro Estado; tanto a nivel continental (Corte Interamericana de Derechos Humanos), como la propia Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

San José, jueves 1 de octubre de 2020.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto.

Nuestra posición sobre las jornadas de repudio ciudadano ante el acuerdo con el FMI y el aumento del costo de vida con más impuestos para el pueblo trabajador

|ANEP – ASDEICE y la corriente sindical que integramos junto a otras organizaciones, hacemos de conocimiento público nuestra posición ante el movimiento Rescate Nacional, en el marco de las jornadas de 30 de setiembre

1- Ante el descontento generalizado de una gran mayoría ciudadana, la corriente sindical que integramos, decidió a través de dos de sus organizaciones (ANEP –ASDEICE), como muestra unitaria de buena fe, aceptar la invitación que mediante visita presencial, nos hiciera parte de la dirección del Movimiento Rescate Nacional en persona de José Miguel Corrales y otros ciudadanos, para participar de la jornada que habían programado para este día miércoles.

2 –Que de esta forma, adelantamos acciones que teníamos programadas para los próximos días, y este 30 de setiembre realizamos en San José, un plantón frente al Banco Central de Costa Rica para evidenciar la necesidad de usar parte de las reservas internacionales como alternativa al convenio con el FMI. Así mismo, compañeros de nuestras organizsciones, en medida de sus posibilidades, se integraron a participar en distintos puntos regionales para que no se cargue la crisis con más impuestos para el pueblo trabajador.

3- Que en materia de más impuestos para los de abajo y condonación de impuestos para grupos con utilidades multimillonarias, desde 2018 diferimos de la ruta del equipo económico del Gobierno de Alvarado y defendimos los destinos del país con una serie de propuestas en mano, saliendo a las calles exigiendo justicia tributaria para que el rico pague como rico y el pobre como pobre.

4- Que desde inicios del mes de agosto, junto a sectores privados, en momentos en que el temor de la crisis sanitaria inhibía el derecho a protestar contra quienes aprovechaban el dolor del COVID-19 para impulsar su agenda económica, nos pusimos en la primera línea organizando la primera jornada de calle mediante la caravana del 27 de julio, exigiendo junto a la agricultura campesina, y miro y pequeña empresa, que el equipo económico de Gobierno, dejara de ver solo hacia el poder económico y volviera sus ojos a las necesidades de los sectores sociales, laborales y productivos.

5- Que desde que inició la pandemia del COVID-19, hemos realizado a Gobierno los días 14 de abril, 29 de julio y 17 de agosto una serie de propuestas para atender la crisis con equidad, solicitando además una mesa de crisis con sectores sociales, a la que el Gobierno ha hechos oídos sordos.

6 – Que hemos planteado siempre propuestas en mano, soluciones dialogadas para los grandes temas nacionales, haciendo uso también de la democracia de la calle como mecanismo legítimo de expresión del sentir popular.

Por tanto, proponemos: Avanzar hacia unidades más amplias, que permitan clarificar de forma conjunta consignas, objetivos, agenda y discurso, en defensa de las necesidades insatisfechas del pueblo trabajador, y contra las políticas públicas que insisten en la misma receta económica concentradora y excluyente que crea desempleo, desigualdad, aumento de la pobreza, concentración de la riqueza en pocas manos y damnificados y descartados de la economía.

Es hora de que los líderes y liderezas sociales demos ejemplo de unidad y los distintos sectores y movimientos sociales (Rescate nacional incluido) avancemos hacia una sola instancia de convergencia y coordinación, que con una dirección conjunta o compartida desarrolle acciones orientadas hacia la justicia social, económica y fiscal; en busca del bienestar de las mayorías.

MSP destruye evidencia que impide el reclamo de derechos laborales.

A los funcionarios policiales hasta antes del año 2012 no se les reconocían horas extra, aunque su jornada muchas veces fuera superior a las doce horas que se establecen como ordinarias, por ser considerados dentro del régimen de excepción que plantea el artículo 143 del Código de Trabajo.

Es a partir de la resolución número 13023-2012 de las once horas y treinta minutos del catorce de setiembre de dos mil doce, que se establece el derecho para que nuestros policías puedan cobrar horas extra, en caso de superar las doce horas de jornada diaria o de 72 horas semanales, es así como en el año 2014 se establece el reglamento para el reconocimiento de ese derecho en sede administrativa.  

La citada resolución, así como varias sentencias que determinan el pago de dicho extremo laboral a favor de funcionarios o ex funcionarios policiales, pareciera ser el motivante para que ahora al momento de solicitar información de los registros de control interno, en donde se consigna la hora de entrada y de salida del funcionario, por consiguiente, el tiempo efectivamente laborado, se nos responda que los libros fueron desechados por el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (CISED).

Lo extraño de la situación, es que los libros de control interno no se deberían desechar antes de los diez años. Por ello, hemos solicitado una aclaración al señor Michael Soto Rojas, en su calidad de jerarca de la cartera de Seguridad Pública, además, no descartamos sumarnos a las denuncias penales que al efecto se han planteado, con la finalidad de que se investiguen varios supuestos tipos penales por lo supra indicado.

Denuncia ANEP: INA paga más de 490 millones de colones en salarios a funcionarios que no laboran en la institución

ANEP expuso dicha problemática ante las máximas autoridades del INA, a la fecha el problema persiste.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), a través de su seccional ANEP-INA, denuncia ante la opinión pública el gasto injustificado y malos manejos con los fondos del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), ya que en la actualidad existen varios funcionarios, que se encuentran laborando fuera de la institución, sin embargo, continúan activos en la planilla del INA; es decir el INA paga sus salarios.

Este escenario se viene presentando desde el año 2018, mediante una serie de convenios, en los que el INA presta funcionarios a otras instituciones del Estado hasta el año 2022, asumiendo el Instituto el pago de salarios por un monto total de ₡490.688.775.00. Incluso dejando plazas vacantes congeladas en la institución que son esenciales; o en algunos casos recargando funciones a trabajadores del INA.

En uno de los casos un funcionario de la Unidad de Servicio al Usuario (Agencia Nacional de Empleo) del INA, con un salario mayor a los 1.7 millones de colones, fue trasladado al Instituto Costarricense de puertos del Pacifico (INCOP). Actualmente el pago de las remuneraciones que percibe este funcionario siempre han sido cubiertas por el presupuesto del INA, su clave (puesto) no cuenta con sustituto, porque la misma se encuentra presente en la relación de puestos de forma activa para poder hacer efectivo el pago de su salario. El cargo dejado está siendo atendido mediante la figura de recargo de funciones por otra funcionaria de la institución.

En el cuadro adjunto se puede ver el salario percibido por cada funcionario, así como la institución en la que se encuentra laborando a través del convenio interinstitucional y la proyección de lo que estaría cancelando el INA a cada funcionario durante el tiempo de vigencia de cada acuerdo.

Freddy Bonilla, Presidente de la Seccional ANEP-INA, manifestó que esta situación es del conocimiento pleno del Presidente Ejecutivo, la Gerencia General, Unidad de Recursos Humanos y de todos los funcionarios. Ya que la ANEP expuso dicha problemática ante las autoridades del INA y a la fecha el problema persiste.

“Al tener conocimiento de que existen compañeros fuera de nuestra institución y que el INA asume su salario correspondiente de manera mensual, nos cuestionamos: ¿Por qué la Administración cede funcionarios a otras instituciones Públicas y no puede solventar las necesidades internas?, como por ejemplo el Núcleo Agropecuario hace ya más de 4 años que no tienen jefatura, además hace 2 años no hay encargado de Planeamiento y Evaluación y todavía no ha sido nombrado, por lo que por el exceso de trabajo se ven recargados los compañeros administrativos, así como los docentes.”, detalló el presidente de la Seccional de ANEP.

Para Bonilla, saltan a la luz muchas interrogantes sobre el manejo de estos convenios y el por qué el INA está incurriendo en esta erogación de pagos y qué papel asume el Servicio Civil, y si este último tiene conocimiento o no de estos convenios.   

“No sabemos cuál es la política de esta administración al otorgar plazas que realmente necesitamos para cederlas a otras instituciones, sabiendo que de un modo u otro se está pagando una duplicidad de funciones. ¿Por qué la Administración avala dichas erogaciones en donde Costa Rica sufre esta pandemia y la directriz del gobierno es disminuir el gasto?”, finalizó Bonilla

Cuadro sobre funcionarios trasladados del INA a otras instituciones.

INA paga más de 490 millones de colones en salarios a funcionarios que no laboran en la institución by EugenioGuerrero on Scribd

Rodrigo Cubero Brealey: ¡SUELTE EL DINERO!

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

El país está totalmente crispado. Estamos en medio de una severa crisis económico-social desde antes de la llegada de la pandemia. Ésta la agudizó. Costa Rica se ha desdibujado completamente, al punto de que estamos ubicados en el listado de los 10 países más desiguales del planeta. Llegamos a una situación tal en que la quiebra técnica del Estado será realmente dramática en el corto plazo, si no hay de por medio modificaciones estructurales que corrijan el errático rumbo que le han impuesto al país los gobernantes partidos tradicionales.

En lo inmediato, la clase política tradicional solamente atina a seguir impulsando medidas económico-fiscales, dentro de los parámetros fundamentales que han dado soporte al gran fracaso económico-social en que han sumido al país. No muestran ni el mayor asomo de creatividad ni de innovación para sacar a Costa Rica del pantano en que está.

Como gran cosa, lo apuestan todo a un préstamo-convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por 2.250 millones de dólares, de los cuales ya la Asamblea Legislativa aprobó el primer tracto, estando en este momento en fuerte debate lo concerniente a los restantes 1.750 millones de dólares.

Alvarado y su gobierno le están proponiendo al FMI asumir, a cambio de ese dinero, una serie de compromisos que no son más que un nuevo paquetazo de impuestos en contra de los sectores mayoritarios de la población costarricense; precisamente los grupos sociales más afectados por las políticas económicas de los últimos gobiernos y sus duras consecuencias en cuanto a precarización del trabajo, desempleo creciente, salarios congelados, ruina micro-pequeña y mediana empresarial; continuación del fraude fiscal y de las exorbitantes exoneraciones, más una fuerte alza en la concentración de la riqueza. Todos estos problemas se agudizarán con el convenio-préstamo con el FMI.

Lo paradójico del asunto es que el país posee, custodiada por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), una alta cantidad de dólares; específicamente, unos 8.500 millones de dólares conceptuados como reservas monetarias. 1.750 millones viene a representar, aproximadamente, un 20% de ese monto de dinero guardado en el BCCR.

Sin embargo, tienen al país en medio de una gran tensión, en ruta de confrontación abierta, por su obcecada insistencia en que no hay más alternativa que acudir al FMI para obtener ese préstamo. Precisamente, en este mismo día, cientos de compatriotas se manifiestan en diversos puntos del país para mostrar su repudio (entre otros objetivos), a la propuesta de Alvarado de amarrarnos al FMI.

Con el apoyo total de Alvarado, el presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), don Rodrigo Cubero Brealey repite, una y otra vez que no se puede coger esa plata; que no es posible utilizar esos dineros de las reservas monetarias como alternativa al préstamo-convenio con el FMI.

Para la ciudadanía de a pie, resulta incomprensible la posición del señor Cubero Brealey, como si el dinero, como si esas reservas monetarias fueran de su propiedad personal. Lo que pasa es que don Rodrigo está matriculado ideológicamente: él pertenece a esa secta de economistas neoliberales para los cuales uno de sus principales dogmas es la “independencia” del Banco Central, algo tan ridículo si lo contrastamos con la pertenencia de él al equipo económico gubernativo de Alvarado. Entonces, ¿cuál independencia?

Lo que tenemos que entender es que la cerrazón del presidente del Banco Central, su postura ideológica, la fuerte resistencia que muestra para comprender que no estamos en tiempos normales, obliga a que los sectores organizados de las mayorías populares, de manera consistente, construyamos la alternativa que le haga frente a lo que él representa y a los sectores que él protege.

Don Rodrigo sigue apelando a los postulados “sagrados” del recetario macroeconómico que él aplica a la situación estructural nacional de las finanzas públicas; todo lo cual va en contra del bien común y de la inclusión social. La necesaria consigna del momento, don Rodrigo Cubero Brealey, ¡suelte el dinero!, no tendrá el impacto necesario si no es pronunciada, con acciones concretas, por las miles de voces de las personas que nos sentimos perjudicadas por el recetario del señor presidente del BCCR.