Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Debemos condenar la torpe y malintencionada decisión tomada por el Gobierno de Alvarado y su ministro del MOPT de aplicar un abusivo recorte presupuestario del aporte estatal para la construcción de caminos, calles y vías vecinales, que promueven y ejecutan las municipalidades del país.

Se trata de un recorte abusivo contra el desarrollo local, por una parte. Por otra, vaticina dolorosos despidos de personal obrero, técnico y profesional, agravando más la situación de caos social en que han sumido al país esas políticas macroeconómico-fiscales de sesgo dogmático y extremista que continúan profundizando la polarización en el seno de la comunidad nacional; políticas perversamente intensificadas en el marco de la tragedia de salud de la pandemia.

El recorte de 41.500 millones de colones pudo ser evitado, si no mediase una posición tan fanática y extremista en quienes hegemonizan las políticas del Ministerio de Hacienda, por un lado; por otro, se pudo haber obtenido esa cantidad tan solo quitándole un poquito a las impresionantes sumas multimillonarias en infraestructura que se vienen invirtiendo y que, por cierto, aumentan descomunalmente las fortunas del oligopolio de las constructoras cuyo peso político en el actual gobierno es, también, descomunal.

Por otra parte, nos preguntamos: ¿habrá algún cobro de factura ideológico, encubierto, por la reciente legislación que sacó a las municipalidades de la regla fiscal y que tanto molestó a los extremistas del déficit bien afincados en una cartera ministerial como la de Hacienda?

Hacemos un llamado a las más conscientes autoridades políticas de las municipalidades para que cuestionen en sede constitucional la decisión abusiva de la Dirección de Planeamiento y Programación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). 

Desde un punto de vista formal-institucional no puede, en nuestro criterio, un departamento de segundo nivel irse contra la majestad de una ley de la República y, mucho menos, agrediendo de paso la autonomía constitucional de las municipalidades.

Debe la población trabajadora municipal que gestiona el desarrollo de caminos, calles y vías vecinales, con base en los recursos que el Estado central debe estar obligado a proveer a las municipalidades por imperativo legal, tomar medidas para organizarse y para que defiendan la continuidad del significativo programa de la Red Vial Cantonal; así como para que defiendan sus propios empleos y el sustento económico familiar. Y aún en tiempos de pandemia, la organización para la movilización inteligente es perfectamente posible.

Los desafíos inauditos que en materia de desarrollo económico y de exclusión que nos están explotando en la cara producto del coronavirus Covid-19 muestran a las claras el reto mayúsculo de la sociedad costarricense en los tiempos por venir, con pandemia o sin ella; reto gigante centrado en la potenciación del papel de las municipalidades en cuanto a atajar el crecimiento de las desigualdades y, por ende, en darle nuevos bríos a una maltrecha democracia que muestra un agotamiento peligroso.

Este recorte en cuanto a los aportes del Estado central para la red vial cantonal deben asumirse como una muestra de desprecio de quienes están tomando decisiones macroeconómicas ya no solamente en función de una coyuntura fiscal radicalmente adversa a la integración social que las municipalidades nunca generaron; sino que el empleo (dentro y fuera de las mismas) es un asunto irrelevante para las autoridades políticas fiscalistas, pues parece ser que la integración social no cuenta ya más en las políticas públicas imperantes en estos momentos que, como lo hemos indicado múltiples veces, no son las del bien común.

Hoy queremos hacer una instancia pública a las entidades que conjuntan los esfuerzos de la institucionalidad de las municipalidades con la finalidad de establecer una mesa de trabajo en la cual, la parte política y la parte obrera promovamos un ejercicio de reflexión conjunta en torno a un objetivo que, creemos, es de amplio consenso: el fortalecimiento municipal ante estos tres grandes retos: a) la recuperación nacional para la post-pandemia; b) la sostenibilidad presupuestaria de los gobiernos locales en el corto-mediano plazo de cara a una crisis fiscal y de endeudamiento público que parece colapsar a la sociedad; c) fortalecimiento de la democracia en el nivel local considerando que es la municipalidad el gobierno más cercano a la gente. Ojalá podamos juntarnos al respecto.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

El neoliberalismo maximizó la capacidad de reproducir el dinero sin que medie el trabajo. Lo logra a través de la especulación financiera. Hoy el sistema bancario reproduce el dinero sin necesidad de crear puestos de trabajo. Es tiempo de un debate sobre el rol del sistema financiero y de las finanzas éticas y solidarias.

El anuncio realizado por las autoridades del BAC-Credomatic no debiera sorprender. Obedece a su misión e inescrupuloso afán de lucro. Su razón de ser no es el servicio, es la maximización de las ganancias a cualquier precio.

El caso en particular es revelador de la naturaleza mercantil a ultranza y el profundo valor antisolidario que motiva su presencia en el mercado. La pandemia no ha movido ni un ápice su naturaleza. Por el contrario, ha permitido mostrar qué los alimenta, cómo ven la vida en sociedad y qué poco les importa el bienestar de la población.

Ahora queda también muy clara la complicidad de todos los voceros, incluyendo al presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), al Superintendente de Entidades Financieras (SUGEF) y a los medios de comunicación que levantaron la voz contra la regulación de la tasa de usura.

Por otra parte, una evaluación ciudadana sobre los comportamientos tributarios del BAC-Credomatic queda o quedará pendiente. Hace tiempo que sobre el sistema financiero pesen fuertes críticas y cuestionamientos con relación a su papel fiscal en materia impositiva dada la acumulación que han venido atesorando.

Con datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), habrían llegado al momento en que apareció la pandemia en el país, a una cifra superior a los 30 mil millones de dólares.

Hoy se hace necesario reflexionar y actuar (en la realidad real), sobre la necesidad del fomento y promoción de una auténtica y ética banca pública y de un fortalecimiento de las cooperativas de Ahorro y Crédito, de las Asociaciones Solidaristas, de la Caja de Ahorro y Préstamo de ANDE, así como demás fondos solidarios mutualistas, como complemento de la presencia pública en el mercado financiero.

Somos del criterio de que la ley de usura tal cual quedó, no erradicó el problema del negocio a partir del expolio abusivo de las necesidades crediticias de la gente. 39% como tope máximo de cobro de intereses, sigue siendo usura.

Sin embargo, ese “pellizco”, logrado con base en gigantescos esfuerzos de sus promotores, los legisladores Welmer Ramos González y David Gourzong Cerdas, abre expectativas con relación a que resulta posible abrir fisuras en el seno del bloque neoliberal político-hegemónico y egoísta expoliador. Nosotros reconocemos el esfuerzo de estos dos señores diputados y de sus colegas del parlamento que les secundaron.

Se ha generado un problema, sin embargo: las personas pobres con ingresos líquidos de 200 mil colones o menos no serían sujetas del mercado financiero “oficial”, lo cual puede llevar a esas personas a caer en manos del prestamista garrotero y del agiotismo ilegal.

Esa liquidez obligada de ahora en adelante para ser sujeto de crédito de, al menos, 200 mil colones, es excesiva, de tal suerte que surge la necesidad ahora de un nuevo sistema financiero, con base en principios éticos y solidarios, que diseñe los mecanismos de inclusión de todas estas personas, básicamente trabajadoras asalariadas de los sectores público y privado que, por altos endeudamientos ya no contarán más para el sistema formal de créditos legales.

Sin duda alguna, estamos de cara a un nuevo frente de lucha para el cual hay muchas personas de buena fe, de sensibilidad social y de holgura ética dispuestas a aportar en esto que podemos denominar como la cruzada civil por la democratización del sistema financiero.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

3 mil 800 millones de dólares, conservadoramente hablando y por lo bajito, es el monto anual del gigantesco robo de impuestos por la vía de la descarada evasión tributaria y de la no menos sucia elusión fiscal, del cual somos víctima la población costarricense y, en especial, su mayoritario segmento, la clase trabajadora.

3 mil 800 millones de dólares equivalen a 2 billones 166 mil millones de colones (¢2.166.000.000.000), los cuales mensualmente desagregados nos indican de una cantidad de 72 mil 200 millones de colones (¢72.200.000.000) cada 30 días.

Estamos hablando de, aproximadamente, 6,18 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) de ingresos, potencialmente frescos, que deja de percibir el fisco. Sin embargo, para otras personas y entidades de enorme seriedad en el tema tributario, el robo de impuestos en Costa Rica es mayor, del orden del 8-8,5 puntos PIB anuales.

El medio de comunicación digital El Faro ha dado a conocer una interesantísima entrevista al señor Rodrigo Chaves Robles, hasta hace poco ministro de Hacienda, quien indicó esa cifra de los 3 mil 800 millones de dólares anuales en materia de evasión-elusión tributarias, haciendo la salvedad de que hay otras fuentes que, repetimos, plantean cifras muy superiores en esto del robo de impuestos.

Como sabemos, don Rodrigo Chaves Robles fue expulsado del gobierno de Alvarado Quesada, mediando una pifia política de su parte; pero, a la vez, porque pudo haber cometido dos graves herejías políticas que son imperdonables para un jerarca político de su nivel y, mucho menos, en una cartera ministerial como la de Hacienda.

Él se dejó decir, en el seno de la propia Asamblea Legislativa, sus datos sobre el robo de impuestos arriba indicado; y, lo que es más grave aún, se pronunció porque en nuestro país se legislara para abrir el secreto bancario y poder detectar más el manejo sucio de capitales y fortunas, acumuladas ya sea por defraudación fiscal y/o por dinero sucio producto del crimen organizado y del negocio más que turbio del narcotráfico.

Este señor parece que les salió “güero” a los detentadores del poder real en Casa Presidencial y en el gobierno de facto que existe paralelo al formal, pues como venía de trabajar durante 25 años en el Banco Mundial no pensaron que la magnitud del déficit fiscal que él se encontró, más el desastre institucional del Ministerio de Hacienda en cuanto a su papel contralor de la evasión fiscal, pudieron llevar al señor Chaves Robles a husmear demasiado y haber constatado la espantosa red de corrupción que media en este asunto de la evasión fiscal en todas sus derivaciones y presentaciones; siendo la más vergonzosa e ignominiosa esa de los grandes contribuyentes que no declaran impuestos porque declaran cero ganancias.

En la indicada entrevista digital (y que usted puede conseguir en www.anep.cr), el exministro de Hacienda, Chaves Robles, afirmó que tal cifra de evasión fiscal, pese a que como indicamos es bajita, 3 mil 800 millones de dólares, es muy superior a la que implica el monto del préstamo “stand by” (convenio de estabilización de las finanzas públicas o de ajuste estructural), que nos quieren imponer con el Fondo Monetario Internacional (FMI), 2 mil 250 millones de dólares; a cambio de que se le ponga más impuestos a la gente (incluyendo subir el IVA al 15% o más), y a cambio de la tal venta de activos que no es más que la privatización abierta, pura y dura, de las principales empresas públicas que todavía quedan en manos de la sociedad.

Jamás podemos aceptar, dócilmente, esa imposición fondomonetarista y, mucho menos, aceptar más impuestos para seguir haciendo más ricos todavía a los evasores fiscales. El verdadero ajuste estructural que le urge a Costa Rica es el de su sistema tributario y aduanal. No habrá ninguna sostenibilidad fiscal posible si casi 4 mil millones de dólares ¡al año! no llegan a las arcas del Estado, producto de leyes de impuestos que ya están establecidas.

Considérese además que otro gigantesco ámbito del problema fiscal del país está políticamente “inmaculado”: el de las exenciones-exoneraciones, mismas que andan por los 6 puntos PIB anuales.

Haber llegado hasta aquí, como corriente sindical que ha tenido como una de sus luchas fundamentales el abordaje, serio y responsable, del grave problema fiscal-tributario del país, representa una enorme satisfacción. Que un exfuncionario del Banco Mundial, por 25 años, que es costarricense y que fue ministro de Hacienda esté ahora certificando que siempre hemos estado con razón y del lado correcto en esta parte de la lucha social de los últimos 25 años nos da una legitimidad más que sobrada para aportar e impulsar la otra parte de esta historia: el ajuste estructural del sistema tributario costarricense.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Honorable señor, Lic. Eduardo Cruishank Smith, Presidente de la Asamblea Legislativa: la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como de su Junta Directiva Nacional (JDN), le comunica lo acordado recientemente por nuestra organización en punto a la Defensoría de los Habitantes de la República:

“Que la actual titular de la importante institución pública de servicio ciudadano, la Defensoría de los y de las Habitantes de la República, la señora Catalina Crespo Sancho, ha venido desarrollando un accionar político contraproducente para los importantes fines de defensa social de tal entidad, disminuyendo la credibilidad ciudadana en la misma; así constatado al verse ella misma envuelta en situaciones de orden político-partidista que impulsan el sendero de pérdida de confianza que ha venido experimentando la Defensoría de los y de las Habitantes de la República en los últimos tiempos y por diversos factores; llegándose al punto máximo de intolerancia cívica de su propio papel y el de la institución en cuanto tal en el controversial asunto del escándalo público conocido como la UPAD. La recuperación de la confianza plena de los y de las habitantes en su Defensoría, especialmente en estos tiempos de incesante desigualdad y exclusión social y económica pasa, necesariamente por que la señora Catalina Crespo Sancho deje libre ese cargo.

Confiamos en que, por su intermedio, sea comunicado el contenido de la presente al honorable plenario legislativo, a la brevedad posible y en su literalidad.

Esperamos, igualmente, que las fracciones legislativas se hagan eco de nuestras solicitudes y recomendaciones, no sólo por la importancia de acudir en rescate de esa instancia auxiliar de la Asamblea Legislativa y su legitimidad frente a la ciudadanía, a la que se debe más ampliamente: a los y a las Habitantes; sino porque se le haría un flaco favor a la credibilidad del Congreso, sosteniendo a quien hoy es tenida como la “Defensora de los Políticos”, la señora Catalina Crespo Sancho, de quien los sectores sociales ya no esperamos nada y a quien tampoco reconoceremos, en adelante; perdiéndose así un espacio que en condiciones normales estaría llamado a mediar y facilitar diálogos sociopolíticos constructivos, máxime en tiempos tan difíciles para nuestra coexistencia democrática, como sabemos y como debería ser del interés de todas las personas diputadas.

En caso de que la Asamblea Legislativa deje pasar esta oportunidad para devolverle el fuste y brillo a una institución con tan enorme potencial constructivo, desaprovechado hasta ahora según nuestro criterio, veremos pasar de lejos una institución que estimaremos cooptada por el poder político y servicial a intereses manidos, claramente identificables.

Ha quedado claro, no sólo para ustedes como legisladores o legisladoras, o para nosotros y nosotras como integrantes del sector social y sindical; sino para todo habitante de la República medianamente atento al debate público, que la señora Crespo Sancho no contaba con las capacidades, la experiencia, formación ni el nivel requeridos para un cargo tan complejo como el que le aseguró su patrocinador oficial, el ciudadano Rodolfo Piza Rocafort, con quien mantuvo una cercanía político-electoral harto conocida y, por lo demás, absolutamente inconveniente.

Finalmente, y en seguimiento a éste, nuestro acuerdo unánime, subrayamos nuestra intención de no desatender este tema, para nosotros sensible y urgente, ni mucho menos permitir esta vez, que si se abre el espacio para nombrar a un verdadero Defensor o Defensora de los Habitantes, nos aseguraremos de que no sólo se observen las formas en la Comisión de Nombramientos; sino y sobre todo, de que el pueblo de Costa Rica cuente con alguien valiente y firme, independiente y honesto, pero sobre todo: apolítico. En una palabra: del pueblo, en vez de permitir la tradición con alguien de los políticos.

Dejamos así constancia de nuestra respetuosa, pero firme y oportuna instancia, solicitándole ponerla a despacho para que sean ustedes como personas legisladoras bajo su presidencia, quienes corrijan su error al haber nombrado a Catalina Crespo Sancho en un cargo que debería servir a los y a las Habitantes.