Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Dijo don Elián Valverde Villegas, ministro de Hacienda, en la Asamblea Legislativa, que vienen nuevos impuestos, pero que estos serán “solidarios” y “progresivos”. Si el Estado va hacia la quiebra “que le vuela la chaqueta”; si el déficit fiscal ya está fuera de control; si la prioridad fiscal son los acreedores de la deuda pública y el escandaloso pago de intereses de la misma; parece lógico suponer que a la gente de a pie (la trabajadora en su más amplio concepto, la clase media en desaparición, el micro-pequeño y mediano empresariado en proceso de extinción), dejen de castigarla con el descalabro fiscal en puertas, de lo cual no es responsable, pese a que sí ha estado sobre sus hombros, llevar la parte más dura y durante muchísimo tiempo de la carga tributaria de este país.

Suponemos (como ha sido nuestro reiterado reclamo durante varios años, en esta columna y en otros espacios, momentos y circunstancias), que don Elián, al hablar de impuestos “solidarios”, está pensando en las personas realmente acaudaladas cuyas fortunas individuales y/o corporativas ya eran sumamente gigantescas antes de la llegada de la pandemia del coronavirus Covid-19 al país. Y que, suponemos también, al hablar él de impuestos “progresivos”, se refiere a que todos los actuales, incluido el más injusto de todos, el impuesto al valor agregado (IVA), han sido “regresivos”. 

¡Eureka! ¡Efectivamente! Debemos alegrarnos de que, a lo mejor, el sistema tributario costarricense iniciará, “por fin”, una transición, una transformación; abandonando su histórico e injusto carácter regresivo (pagan todos por igual sin discriminar capacidad de ingreso), para adoptar el carácter progresivo (pagan más lo que más tienen). Si es eso lo que está, realmente, afirmando el actual Ministro de Hacienda, tendrá nuestro aplauso y respaldo.

Ahora bien, aunque fuese tímido un primer paso de la regresividad tributaria a la progresividad tributaria, no se logrará nada sin impulsar y poner en práctica una serie de medidas paralelas (ejecutivas y legislativas), para atacar (o empezar a atacar), lo que hasta ahora ha sido la médula podrida o el ADN tóxico del sistema tributario nacional: la evasión y la elusión: esos 250 millones de colones por hora que se robaban los ladrones de impuestos (al menos, a la llegada de la pandemia), mediante una combinación de triquiñuelas jurídico-legales y administrativas, o por medio de una conducta evasora descarada.

Con ocasión de la manifestación vehicular pacífica que se efectuó el pasado lunes 27 de julio, las entidades sociales y sindicales promotoras, organizadoras y ejecutoras de la misma, entregaron un documento a las presidencias de los poderes Ejecutivo y Legislativo; en cuyo apartado segundo se planteó lo siguiente: “La convocatoria por parte del Poder Ejecutivo, en el próximo período de sesiones extraordinarias a iniciar el 1 de agosto, de expedientes legislativos relacionados con:… Frenar el fraude fiscal que comete el gran capital”. Y, en lo específico, se anotó en ese documento lo siguiente: “Expedientes legislativos que contemplen recomendaciones del Informe Final de la Comisión Especial Legislativa 19.973, que investigó el caso del Bufete Mossack Fonseca, conocido como “Papeles de Panamá”. 

Si alguna vez la Asamblea Legislativa fue responsablemente seria en cuestiones de orden tributario-fiscal, fue en el periodo constitucional anterior, 2014-2018, cuando la indicada comisión especial 19.973, puntualizó, una a una, las bases esenciales para impulsar una transformación tributaria estructural, lo cual ha sido y sigue siendo un eje estratégico de lucha cívica en el seno de la corriente sindical en la cual militamos a lo largo de los últimos años. 

Quienes estamos interesados, con sinceridad, en aportar para que nuestro país no sufra la demencial tragedia social de un default (no poder pagar lo que se debe como país, pese a que podría ser catalogada hasta de inmoral la deuda pública); debemos oponernos a más impuestos de carácter regresivo (como el anunciado incremento en el IVA); y exigir que, si de nuevos tributos hay que hablar, entonces que se trate, de verdad, de los “solidarios” y de los “progresivos”; y, a la vez, paralelamente, que se establezcan las primeras medidas que paren el gigantesco y vulgar robo de impuestos que era de hasta 8,5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), al momento de la llegada del Covid-19.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

Nadie lo pone en duda. A las puertas de la conmemoración del bicentenario de la independencia de Costa Rica del coloniaje español, el próximo año 2021, nuestra querida Costa Rica enfrenta una crisis de enormes proporciones y en distintos órdenes, que la llegada de la pandemia del coronavirus covid-19, tan sólo profundizó abriendo el escenario sanitario de esa crisis.

Antes del 6 de marzo, los principales indicadores socioeconómicos de diversas procedencias ya perfilaban un país con un sostenido crecimiento de la exclusión social y económica, aunado a ello a un debilitamiento de la credibilidad en lo que denominamos la clase política tradicional (“fortalecida” ésta con la inserción en ella del PAC y sus dos gobiernos), de lo cual no escapan los partidos-partidos que gravitan en torno a la misma.

En el campo de lo social y de lo popular la dispersión es la característica. También aquí hay crisis, especialmente en el sindicalismo cuyo corporativismo gremial, su vida básica afincada en el seno del sector Público, mayoritariamente; así como los liderazgos individuales, han marcado un derrotero que, al parecer, no está en condiciones de enfrentar el desafío de esta crisis multidiversa en la república del bicentenario.

Sin embargo, considerando que todo lo que nos confronta parece que arrasará con todo y con todos, emerge la necesidad de un esfuerzo mayúsculo de tolerancia en la diversidad, a tenor de la magnitud que parece mostrar la desestructuración de la sociedad tal cual vio crecer a ese sindicalismo excesivamente corporativista-gremial. Un llamado unitario, por tanto, es lo que conviene y es lo que hacemos por esta vía en lo que a nuestra parte nos toca.

Hemos visto, a la vez, cómo se están mostrando nuevos sectores y nuevos reclamos a raíz de las repercusiones económico-sociales de las restricciones gubernamentales producto de la pandemia; sin dejar de lado las anteriores peticiones y los juntos planteamientos de sectores tradicionales de la lucha social que, en algunos grandes episodios de ésta han coincidido con los sindicales, especialmente cuando éstos deciden juntarse y bajar el diapasón de lo que los estaba confrontando entre sí en un momento coyuntural especial.

Al parecer, aún no hemos tocado fondo. La profundidad y la extensión de la presente crisis augura mayores tormentos y más dolor para los sectores populares. Más pobreza, más desempleo y más desigualdad es lo que pronostica el Ministro de Hacienda, según reportes de prensa de su pasada comparecencia en el parlamento.

El testimonio de calle que están dando micro-pequeños y medianos empresarios, junto a sectores informales que muestran indicios de organización a un nivel superior (como los trabajadores conductores de las plataformas tecnológicas), muestra que se ha de extender la lucha social y que, con sindicalismo o sin él, ésta se va a dar.

El sindicalismo debe poner su parte y debe poner de su parte. Es decir, el amplio abanico de documentación analítica alternativa y propositiva que ha acumulado a lo largo de los últimos años, debe servir de base para construir unos puntos mínimos de acuerdo entre sí; y, presentarse ante el resto de los sectores sociales (y hasta productivos), como un aliado de confianza y de respeto.

Por otra parte, también se nota una actividad en el campo de la ciudadanía activa, es decir, personas y grupos sin pertenencia organizacional de ningún tipo (al menos, aparentemente), que reivindican desde diversos puntos de vista, contenidos patrióticos de integración social y alertan sobre el deterioro y sobre la pérdida de la institucionalidad heredada que, de una manera u otra, funcionó para el bien común y para el ascenso social; enfatizando en el problema de la corrupción gubernamental en sus proclamas. Varios de estos grupos formulan llamados unitarios, pero no muestran efectividad práctico-operativa de cohesión ante tanta diversidad.

No incluimos aquí la inminencia de la llegada del proceso pre-electoral para las votaciones diputadiles y presidenciales de febrero de 2022, estando ya a 18 meses de las mismas. Es de esperar que esto resultará imposible de obviar para la efectividad de los llamados unitarios y con una crisis más profunda, la confusión será mayúscula en amplios sectores de la población golpeada y ya casi que excluida. Sin embargo, los llamados unitarios seguirán siendo legítimamente válidos.