Apuntes sobre las desigualdades

Lic. Benjamín Sevilla García, Secretario Nacional Juventud ANEP

Algunos autores deciden utilizar el término desigualdad en lugar de desigualdades, nada hay de inocente en esta decisión. No obstante, es preferible utilizar el plural para profundizar con mayor certeza sobre los problemas sociales, sin que, por ello, se le deba restar importancia a las intenciones de aquellos autores que prefieren el concepto único de “desigualdad”.

Los datos numéricos que ofrecen regularmente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y algunas universidades estatales tienden a coincidir respecto de la distribución de los ingresos y la imperiosa necesidad de aplicar sistemas más justos. Economistas de diferentes partes de la región plantean el asunto del 1 y el 99% y los datos generan una especie de preocupación sin que se atenúen los afectos adversos de las desigualdades.

Quienes hacen de la política una actividad consciente de politiquería no estarán interesados en otra cosa más que en la desigualdad de oportunidades, esa idea clásica de que todas las personas deberían iniciar su carrera desde una misma línea independientemente de las circunstancias, el esfuerzo y las características propias. La idea dominante es que, lo que realmente importa es que las personas tengan un punto de partida igual, sin reparar en los resultados. Esto les da muy buenos insumos para el discurso y la pantomima.

Pese a lo anterior, algunos estudiosos de la materia como Anthony B. Atkinson de manera sutil plantean algunas objeciones a este tipo de análisis. Primero, porque no es correcto que una vez que las personas inician desde un mismo punto de partida se ignore que puede haber circunstancias aleatorias que en el transcurso del camino las condene a un retroceso o aun cruel estancamiento y requieran el abordaje adecuado. Atkinson indica que, “la razón por la que los resultados importan es que no podemos ignorar a aquellos para los que el resultado es la privación – aún si la igualdad de oportunidad ex ante existiera-.”

Por otra parte, analizar detenidamente la desigualdad de resultado es importante por el concepto mismo de competitividad. Suponiendo que todos partimos de un mismo punto, pareciera lógico creer que todos vamos a tener resultados similares, no obstante, y siguiendo la lógica de los juegos, la recompensa no es la misma para todos. Hay quienes podrán servirse con cuchara grande y otros que, por más que se esfuercen sólo lograrán subsistir. Acá podemos analizar el tema de la distribución, que en nuestro caso es altamente desigual.

Tampoco se puede ignorar el impacto de la desigualdad de resultado para las nuevas generaciones, sobre todo por la relación directa sobre la igualdad de oportunidades que va a tener, aspecto que ya se refleja en las personas jóvenes de nuestro país, quienes no logran tener claro el panorama para su futuro. Algunos líderes sociales señalan que, durante su adolescencia y juventud, observaban una Costa Rica que les prometía la oportunidad de desarrollo en unas condiciones moderadamente equitativas, pero que en la actualidad hay una realidad inversa. Notan a las juventudes en una condición de total desesperanza.

De manera que, quienes coincidimos en la necesidad de reducir tanto la desigualdad de oportunidades, como la de resultado, comprendemos que es la manera más efectiva de reducir ciertos tipos de actividades delictivas y la terrible falta de cohesión social.

7 mil personas trabajadoras empleadas públicas obligadas a “auto-despedirse”

  • ¡ENCUBIERTOS, PERO DESPIDOS A FIN DE CUENTAS!
  • Administración determinará cuál puesto es “prescindible”
  • “Economía” fiscal es inversamente proporcional al desastre social en desarrollo

Las 7 mil plazas de empleo público que el Gobierno pretende suprimir, como parte de su entrega al Fondo Monetario Internacional (FMI), anunciadas como “movilidad laboral”, en realidad serán despidos puros y duros, dado que será la administración de cada entidad la que, de manera unilateral y vertical, determinará su carácter de puesto de trabajo “prescindible”. No es difícil imaginar el grave enfrentamiento intra-institucional que esta dura realidad causará.

La injusta medida, impregnada de una fuerte carga ideológica anti-obrera, castigará, fundamentalmente, a las entidades del Poder Ejecutivo, básicamente los ministerios y los entes adscritos a los mismos. Medida más que injusta pues en este tipo de instituciones se devengan los salarios más bajos y precarizados de la Administración Pública costarricense, considerando que es el sistema de Servicio Civil que rige en las entidades del Poder Ejecutivo.

Estas 7 mil personas trabajadoras que perderían sus trabajos, por otra parte, así como sus familias, resultan víctimas inocentes, por cuanto la carga de la deuda pública y el obsceno e irracional pago de intereses de la misma está, precisamente, colocada en el Poder Ejecutivo-Ministerio de Hacienda.

Son estos exorbitantes y astronómicos montos los que asfixian las finanzas en el Estado central; no, el equivalente anual de esos 7 mil puestos de trabajo. La Auditoría Ciudadana de la Deuda le urge al país del pueblo trabajador.

Efectivamente, según cálculos que hace el Ministerio de Hacienda, 7 mil puestos de trabajo menos en el Poder Ejecutivo, al cabo de 4 años, solamente representará una rebaja presupuestaria de 390 mil millones de colones; es decir, apenas 97.5 mil millones por año.

Por el contrario, solamente en intereses de la deuda pública, estamos ya hablando de 5 puntos porcentuales de PIB, al año, 1 billón 875 mil millones de colones (1.875.000.000.000).

Comparemos: 7 mil despidos, equivaldría a 97 mil 500 millones de colones, al año; vs., intereses de la deuda: 1 billón 875 mil millones de colones, que se traduce en 5 puntos PIB: 1.875.000.000.000.000.

La “economía” fiscal es inversamente proporcional al desastre social de 7 mil familias más agregadas a la brutal tasa de desempleo y de informalidad que azota al pueblo costarricense.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto

Sindicato de policía migratoria quiere evitar demandas por “botar” rechazados

Semanas atrás quedó filmado como funcionarios de la Policía Profesional de Migración y Extranjería dejaban a la deriva a dos personas que no habían sido aceptadas para ingresar a territorio costarricense.

A partir de ahí se generaron muchos comentarios en contra de la acción de los uniformados, quienes deben cumplir este tipo de órdenes superiores, emitida en la circular N 99-06-2020 de la Directora General de Migración, Raquel Vargas.

Por tal motivo, buscando salvaguardar a los uniformados, por parte de la seccional ANEP – Policía de Migración se presentó un recurso ante la Sala Constitucional, para que los oficiales no deban efectuar los cuestionados actos.

Gerardo Mora, Presidente de la seccional indicó, “con el recurso presentado queremos evitar esta amenaza a los compañeros de la Policía Profesional de Migración y así ayudar a los Oficiales, ya que no tendrían que ejecutar ordenes ilegales y que les pueden traer responsabilidades administrativas y penales”.

El recurso interpuesto de número, 20-015249-0007-CO, ya ha sido analizado por parte de los señores magistrados, quienes decidirán si lo ordenado por parte de la titular de dicha cartera es correcto o no.

Sumado a esto, los oficiales temen tener que enfrentar a la justicia por su propia cuenta, ya que a pesar de que siguen la directriz girada por sus superiores, en caso de ser demandados, la institución no los protegerá durante el proceso.

Consultado Daniel Aguilar González, abogado constitucionalista, sobre a qué se exponen los uniformados al incurrir en estos actos, explicó:

“Sí el oficial, de cualquier policía, viola la ley, se expone a responsabilidades legales. En el caso de la Policía de Migración, si dejan “botados “a los rechazados, estarían violando el art. 65 de la Ley General de Migración”, enfatizó.

Durante los próximos días saldrá el fallo donde se conozca lo determinado por parte de los señores magistrados.

El impuesto “Robin Hood”

Albino Vargas BarrantesSecretario General (ANEP)

Robin Hood es el legendario héroe de baladas inglesas que robaba a gobernantes y eclesiásticos acomodados, para entregar parte del botín a necesitados, menesterosos y oprimidos.

Se lo sitúa entre los finales del siglo XIV y principios del XV. Según la leyenda, Robin Hood era un barón llamado Robin Longstride o Robin de Loxsley, quien era de gran corazón y vivía fuera de la ley, escondido en el bosque de Sherwood, cerca de Nottingham, ciudad del centro de Inglaterra. Más simple: Robin Hood le robaba a los ricos para darle a los pobres.

El pasado 8 de marzo, el parlamento europeo, en el cual están representados los 27 países que forman la Unión Europea (UE), votó a favor de ponerle un impuesto a las transacciones financieras (ITF) que se hagan en toda Europa.

Culminaba así una larga lucha, básicamente impulsada por los movimientos sociales y sindicales de la UE, a partir de la propuesta del economista estadounidense James Tobin.

En 1971, él propuso un impuesto sobre el flujo de capitales en el mundo para crear un gigantesco fondo de combate a la pobreza y para propiciar políticas públicas de inclusión social. El señor Tobin recibió el Premio Nobel de Economía en 1981 y a su propuesta de impuesto sobre las transacciones financieras (ITF), se le conoció como la “Tasa Tobin”.

Esa larga lucha por llevar a la realidad la Tasa Tobin, fue liderada por la Asociación por la Tasación de las Transacciones y por la Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC); convirtiéndose en un movimiento internacional que promueve el control democrático de los mercados financieros.

La ATTAC se originó en Francia, en junio de 1998, teniendo entre sus promotores a un extraordinario ciudadano, el periodista español Ignacio Ramonet, director de uno de los periódicos de mayor prestigio en el planeta: “Le Monde Diplomatique”.

Como es bien sabido, la ideología dominante en el mundo, pese a su evidente fracaso, es la que comúnmente denominamos como el “neoliberalismo”, pero dentro de la misma, su parte más criminal, más anticristiana, más deshumanizada, es la del capital financiero-bancario; el cual, sin piedad ni misericordia alguna, arruina países, destruye empleos, produce violencia desenfrenada, potencia a niveles siderales la corrupción y vive en una orgía desenfrenada de acumulación y de concentración de riqueza jamás vista en la historia de la Humanidad.

La propuesta de la Tasa Tobin, es decir, el ITF (Impuesto a las Transacciones Financieras), como indicamos, llegó a popularizarse en Europa como el impuesto “Robin Hood”, dado que ese capital financiero es de tal magnitud, es tan “recontragigantesco”, que quitarle un “poquito”, vía ese impuesto, en nada se le afecta. Aún ese “poquito”, generaría un fondo enorme.

Aunque por ahora el impuesto “Robin Hood” aprobado en la UE es de un monto diminuto, evitaría, por ejemplo, la necesidad de realizar recortes tan drásticos en el gasto público que afectan a miles y miles de personas trabajadoras con rebajas de salarios y con recortes de empleos y eliminación-deterioro profundo de los servicios públicos sociales.

Por ejemplo, el Instituto Austríaco de Investigación Económica, ha estimado que una tasa global de transacciones de 0.05 % podría aportar entre 447 mil millones de dólares y 1.022 millones de millones, ¡al año!

Está más que claro que el impuesto “Robin Hood” no será la solución auténtica y definitiva para atender los problemas de la pobreza y de la desigualdad mundiales, pero su entrada en vigencia podría, con gran fiscalización ciudadana, elevar los ingresos disponibles por los gobiernos para financiar algunos aspectos de una agenda de desarrollo inspirada en el bien común, la inclusión social y el cambio climático, es decir, la preservación de la vida misma del planeta.

El impuesto “Robin Hood” es una iniciativa realista y viable, sumamente necesaria para contrarrestar la dinámica desbocada de los movimientos financieros a nivel internacional (y nacional, también); movimientos que alimentan crisis recurrentes con impactos destructivos sobre la economía de los países y las condiciones de vida la población.

En Costa Rica, el capital financiero-bancario ha sido sino el más, uno de los sectores que más ha acumulado riqueza, en cantidades insospechadas por la ciudadanía, con las políticas económicas dominantes que han prevalecido en los últimos seis gobiernos, incluido el actual.

Tan es así que el comentario siguiente no es de un sindicalista, sino de un costarricense que se ha movido en ese “mundillo” y que lo conoce profundamente. Hablamos del prestigioso economista don Jorge Guardia Quirós, quien el 24 de noviembre de 2009, en su columna de opinión indicó lo siguiente:

“Lo que dije, y sostengo, es una realidad objetiva que… nadie podrá camuflar…: los banqueros han desplegado una influyente labor de cabildeo y logrado beneficios injustificados que el país debe cuestionar. Ese es el punto. Se les permitió captar recursos y efectuar préstamos sin una licencia bancaria (a cualquier mortal lo habrían metido en la cárcel), sin satisfacer encajes ni pagar impuestos. Gracias a esos y otros beneficios, su tasa efectiva es muy baja, mientras se crucifica a otros contribuyentes. Vivieron en la opulencia y cotizaron como paupérrimos. También gozaron de reducciones de encajes que les liberaban recursos para prestar y ganar más… Están las leyes, reglamentos, actos y decretos que lo demuestran, y las actas de la Asamblea donde se bendijo a las offshore, en 1995. Yo no estoy contra la banca. Cumple una función vital. Pero mi preocupación por los privilegios es sana y de interés público. Por eso creí que de la polémica podría emanar algo positivo. Esperaba un examen de conciencia y acto de contrición para pedir perdón al país por todos los beneficios concedidos y su anuencia a consentir reformas para eliminarlos. Pero no…”.

Efectivamente, en Costa Rica ocupamos de la instauración, a lo tico, del impuesto “Robin Hood”. Señora Presidenta Chinchilla Miranda: Con todo el respeto que requiere su honrosa investidura, usted que dice que los sindicatos en vez de protestar deberíamos proponer, aquí le dejamos ésta, junto a los otros 13 planteamientos que ya le formulamos para que se resuelva el grave problema del déficit fiscal que su gobierno dice tener; pero resolviéndolo sin que los y las de abajo (incluida la clase media), siga sufriendo más.

Salud no entrega datos de policías infectados de Covid

Mucha preocupación e incertidumbre hay dentro de los uniformados de las diversas policías nacionales referente a los contagios, puesto que la información emitida por parte del Ministerio de Salud, ha sido nula.

De parte de la Seccional ANEP Fuerza Pública se ha solicitado directamente a Daniel Salas, Ministro de Salud, la información referente a la afectación que han tenido todos los policías del país por el virus, pero no se da respuesta.

Desde inicio de agosto se envió la solicitud hasta el titular de salud, pero a la fecha no se han obtenido los datos, lo que genera mayor preocupación debido al alto riesgo en el que están inmersos los uniformados durante su labor diaria.

Sumado a esto, el 27 de agosto, nuevamente, Mainor Anchía, directivo nacional volvió a remitir la solicitud al Ministerio, ya que muchos de los policías han estado inquietos referente al aumento de casos dentro de la población, pero hasta el momento no conocen a nivel interno de los diversos cuerpos de seguridad como están las cifras.

Además, se ha deseado conocer cuántas delegaciones han tenido que ser cerradas de forma temporal por el impacto del Covid 19, pero tristemente no se ha detallado el número puntual.

Ante esto, Anchía, respetuosamente pidió una respuesta célere y concreta a fin de informar a los miembros de Fuerza Pública, Fronteras, Penitenciaria, Migración, Policía de Tránsito, Unidades Especiales (UEA-UIP), Servicio de Vigilancia Aérea, Guardacostas, Academia Nacional de Policía y Policía de Control de Drogas (PCD).

El representante de la seccional ANEP – Fuerza Pública, expresó, “estaremos esperando la información. En caso contrario procederemos con un nuevo recurso de amparo”.

IVM-CCSS: ¿trabajar más… aportar más… recibir menos?

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Detectada que ha sido una gran sensibilidad obrera de base, así constatada en cientos de consultas efectuadas en el trajinar cotidiano de la verdadera lucha sindical, hay un consenso contundente en materia de IVM-CCSS: rechazo total a la pensión a los 65 años; rechazo total a que se suba más el aporte obrero en la cotización; y, rechazo total a que se reduzca, todavía más, el monto a recibir una vez que se deja de laborar activamente.

Ninguna de las tres circunstancias es aceptable para el gran conglomerado trabajador del país. La corriente sindical en la cual militamos, lo deja constando de manera pública por esta vía, en el sentido de que esta es la base fundamental de nuestra posición para los actuales momentos históricos de IVM.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tiene una junta directiva de 9 personas integrantes. Solamente una de ellas tiene una legitimidad de representación obrera-genuina y es don Mario Devandas Brenes. En la corriente sindical en la cual desarrollamos nuestra lucha diaria, así lo reconocemos. La acertada intervención de él logró que sea hasta el mes de noviembre próximo cuando esa directiva tome decisiones de fondo, sobre el futuro del régimen de pensiones más importante del país: Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Sin embargo, como este es un tema sumamente sensible, de altísimo impacto político-laboral y que se presenta en un delicadísimo momento de riesgo de conmociones sociales impensadas, es que estamos instando, de manera pública, al respetado don Mario Devandas Brenes, para que insista en una ampliación del plazo para esta discusión, más allá de noviembre próximo.

Sabemos que don Mario está, prácticamente, “solo” en esa directiva de la Caja: De las 8 personas adicionales que junto a él la integran, 3 representan al cuestionadísimo actual gobierno; 3, al más renombrado gremio empresarial-corporativo del país, el sindicato patronal UCCAEP (gran aliado de Alvarado). Los dos restantes vienen del sector cooperativo y del sector solidarista. En el primero de los casos, el cooperativo, dudamos mucho que “su” actual directivo pueda exhibir un sólido respaldo proveniente de la base de tan importante y estratégico movimiento social.

Por tanto, será necesario que una fuerte base social se presente y se manifieste en el escenario de la discusión que la Caja quiere que sea ya, de inmediato (… o, que no se dé del todo). La dirección política de la Caja no tiene nada de ganas de que otras perspectivas sobre el estado de situación actual del IVM, se ventilen de manera pública. La Caja prefiere que sus tesis se impongan y para ello ocupa que se las legitime el mundo obrero organizado.

Las principales intenciones de la CCSS, que son las que ya olfatea la clase obrera y trabajadora, son las siguientes: a) hombres y mujeres se pensionarán a los 65 años, sin distingo alguno; b) les subirán a las personas actualmente cotizantes el aporte obrero, sustancialmente; y, c) pretenden reducir de un 60 a un 40% el monto que se recibiría por pensión.

Tampoco es descartable que esas “mentes brillantes” del manejo financiero de la Caja, ya estén pensando en poner a cotizar a las personas actualmente pensionadas por IVM, las cuales deben moverse para organizarse, ¡pero ya!, seriamente.

Para la Caja es “molesto” que se insista en que se ventilen sus decisiones de inversiones. Particularmente, en las del mundo empresarial privado como el Grupo Nación. Igualmente, que se le diga a la clase trabajadora, la verdad acerca de la plata que tiene invertida en bonos del Gobierno; bonos que muchos estiman no valdrán nada en un plazo no muy lejano, si el país llega a un estado de quiebra.

A la Caja no le gusta que se le cuestione, de manera pública, cómo tiene todavía en puestos de sensible toma de decisiones en el ámbito financiero, a personas que están cuestionadas y hasta acusadas en el Ministerio Público, por “malas” decisiones con los fondos de IVM; “malas” decisiones que dejaron un gigantesco hueco en sus finanzas, de muchísimos millones de colones.

Quedan otros ámbitos de abordaje analítico, crítico y propositivo con perspectiva obrero-social sobre este tema IVM-CCSS. Esperamos poner a disposición del pueblo trabajador, en fecha próxima, nuestros planteamientos elaborados con gran solidez técnico-profesional.

Pueblo indefenso ante dos presidentes

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

La crisis económica que ha generado la pandemia, ha fortalecido el control de la política nacional en materia de toma de decisiones, con un profundo contenido ideológico que no es el de la promoción del bien común, ni el de la integración social.

La estafa política cometida por Carlos Alvarado Quesada, hoy con su legitimidad político-presidencial hecha añicos, no hizo más que extender la alfombra para el paso de esas fuerzas que no soportan más la existencia de las concepciones inherentes a un Estado Social que, como el costarricense, propició importantes dosis de humanismo asistencialista con cierto abordaje integral, por una parte; y, por otra, fomentó el desarrollo económico-social de capas medias con decente nivel de vida y buena capacidad de consumo… hasta cierto momento.

Lo uno y lo otro, ya están no solamente en fase de agotamiento inducido, sino que son víctimas de gran orfandad de representación política real y consecuente.

Revertir lo anterior, con un Estado en puertas de su quiebra; o con desesperadas inyecciones de recursos externos, ideológicamente condicionados también, para evitarlo en lo inmediato; requiere de la construcción de un contra-poder que implica más que líricas declaraciones «de concordia», o de «derribamiento del modelo neoliberal».

Varios elementos conviene impulsar en el análisis ante el semejante desafío de la construcción de ese contra-poder. Veamos. Uno piensa que lo subjetivo, hablando de lo que tiene que ver con las personas actoras directas que están ubicadas en diversos segmentos de este lado de la acera, en estos momentos; parece ser un obstáculo fundamental en las actuales circunstancias de gran de soledad política en que se encuentra esa enorme cantidad de compatriotas que está sufriendo a diario por las razones harto sabidas.

Quienes nos proclamamos «defensores» del pueblo costarricense tenemos pleno conocimiento de tan cruel realidad; sin embargo, las mezquindades de la competencia por el protagonismo, el cortoplacismo personalista y la fetidez del gusanillo electorero-sistémico de corte circunstancial, se atraviesan en el camino de la indicada y necesaria construcción de ese contra-poder; contrapoder con el cual se podría atacar de raíz esa soledad política, abriendo el paso a una gran comunidad de resistencia, de esperanza y de acompañamiento colectivo y solidario.

Por el contrario, la acera de enfrente se da el lujo de exhibir ya, sin escrúpulo alguno, dos presidencias: la formal y la real, en ruta articulada y casi-triunfante hacia la polarización económica total desde la perspectiva de la concentración de la riqueza.

Esta gente lo tiene todo tan perfilado, pese a que son ya visibles las pugnas en su interior por el control absoluto de la estrategia, en aras de la apropiación total de lo bueno que queda de la institucionalidad de propiedad estatal; es decir, esa cacería descarnada que se da en el seno del ámbito de la riqueza concentrada para incrementar ésta; dejando al margen a los competidores que, dentro de la misma clase oligárquico-económica, no van a “calificar” para participar el reparto final del pastel que, si bien quieren hacerlo lo más grande posible, los pedazos del mismo serán de tal tamaño que serán pocos para distribuir.

Por ejemplo, es notoria la bronca entre dos conglomerados mediáticos practicantes del periodismo de odio, aunque aliados viles contra el empleo público; ambos con fuertes intereses de macro-negocios.

También es notoria la pugna por el control absoluto de ese proceso de apropiación de lo público que es rentable todavía, entre la estructura tradicional del sindicalismo patronal (conocida en la jerga del mundo de los grandes negocios, como los «trameros de mercado»), vs. el grupo de los «positivistas de horizonte», que tienen en sus manos la presidencia de la República, realmente, y que está funcionando como potenciadora de más mega-negocios de carácter empresaurial.

Los “trameros de mercado” sienten que, al real poder instalado en Zapote, solamente se puede acceder “helicoptereado”, dado que es así como se hacen los mega-negocios; a tal punto que hoy han renunciado a participar en el ahora desacreditado buzón digital de sugerencias, el falso diálogo social “Costa Rica escucha, propone y dialoga”. Pese a sus trifulcas internas por el reparto del pastel, el acuerdo es estratégico e ideológico: nada Estado-todo mercado.

Elección del BID: voto ignominioso

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

El candidato impuesto por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha resultado “electo” a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un período de 5 años que empezará en octubre próximo, contando para ello con el voto, ignominioso en nuestro criterio, de Costa Rica.

Trump, al imponer su candidato, logró así romper un acuerdo político, no escrito, existente desde la fundación del BID, en cuanto a que éste siempre contaría con una persona en la presidencia de origen latinoamericano. Los anteriores mandatorios de esta entidad financiera continental fueron, Felipe Herrera, de Chile (1960-1971); Antonio Ortiz Mena, de México (1971-1988); Enrique Iglesias, de Uruguay (1988-2005); y Luis Alberto Moreno, de Colombia (2005-2020).

El nuevo presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, es hombre de la total confianza de Trump. Fue su Asistente Adjunto y Director de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca; correspondiéndole fungir como el principal asesor del presidente gringo en temas relacionados con Canadá, América Latina y el Caribe. También fue Director Ejecutivo en la junta directiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), representando al gobierno de los Estados Unidos, por demás, el mayor accionista de esta entidad. Otro cargo relevante fue el de Asesor Senior para Asuntos Internacionales en el Departamento del Tesoro estadounidense.

Inicialmente, el gobierno de Costa Rica postuló como candidata a la presidencia del BID a la señora expresidenta de la República, doña Laura Chinchilla Miranda. Su nombre postulado daba continuidad a la tradición política de una persona de la América Latina en la presidencia del BID; pero, además, más que notoria habría sido de enorme relevancia una mujer en tal cargo; aunque conocida su ideología política para nada representaría, ni siquiera remedos de ruptura, en las líneas políticas fundamentales del banco.

“Sorpresivamente”, tiempo después doña Laura desiste de su candidatura y el gobierno tico la retira, considerando (según se dice), la fuerte presión del gobierno de Donald Trump; luego de que Argentina retirara la suya, en la persona del señor Gustavo Beliz.

Lo que nos interesa destacar en este comentario es lo siguiente:

1) Nunca fue sólidamente consistente el apoyo político del gobierno de Carlos Alvarado Quesada para con la postulación de la señora Laura Chinchilla Miranda. Es decir, prefirieron prosternarse ante la orden estadounidense de dejar “limpia la cancha” al señor Mauricio Claver-Carone.

2) El gobierno gringo reclamó al tico, “le cobró la factura” (como decimos popularmente por acá), que había apoyado al ahora exministro del Ambiente costarricense, Carlos Manuel Rodríguez Echeverría, para que éste ocupara el alto cargo de Director del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés), un cargo al cual no se accede fácilmente sin el apoyo de Estados Unidos. Y, por tanto, dado ese apoyo a don Carlos Manuel, Costa Rica no tenía otra que apoyar al señor Claver-Carone.

3) Podemos suponer, por tanto, que hubo una especie de pacto, de trueque político entre los gobiernos de Alvarado y de Trump; pacto que pudo ponerse en riesgo con la candidatura costarricense de Laura Chinchilla Miranda. Es decir, el gobierno de Trump pudo haberle dicho al de Alvarado algo así como: “mirá, recordá que tenés que apoyar a Mauricio porque yo te apoyé a Carlos Manuel”.

4) La naturaleza del pacto, o el carácter irrefutable de la prosternación del gobierno de Alvarado, es que su gobierno no tuvo la más mínima porción de dignidad, por un lado; y, por otro, ni el más mínimo asomo de lealtad para con la disposición política de la exmandataria tica de poner a jugar su nombre. ¿Por qué lo uno y por qué lo otro? Porque votó, descaradamente, por el candidato de Trump y no se abstuvo, como sí lo hicieron otros 16 gobiernos con pertenencia al BID (entre ellos, México, Chile, Perú, Trinidad y Tobago, más los de la Unión Europea -UE-), mismos que, aunque nada abundantes en cuando a posiciones político-soberanistas y nacionalistas, sí les molestó la soberbia y la prepotencia del “trumpismo” al imponer a Mauricio Claver-Carone.

5) La geopolítica jugó en todo esto, indudablemente. Trump está desesperado por el avance de China hacia lo que ya se estima será su primerísimo lugar como potencia del planeta. Es más que notoria la presencia de China en América Latina. Los gringos necesitan retomar el control de la región latinoamericana y, por tanto, el control del BID les da una poderosa herramienta para el chantaje extorsivo en materia de créditos y de financiamiento a nuestros países, frenando así, creen ellos, el avance chino en Latinoamérica. Eso está por verse.

Concluimos en que estamos de cara a uno de los episodios más ignominiosos de la política exterior costarricense, la cual en los gobiernos PAC ha tenido uno de sus períodos históricos más vergonzantes.

Paradójicamente, este artículo se está publicando este día 15 de setiembre de 2020, exactamente en el 199 aniversario de la independencia política de Costa Rica con respecto a España. El episodio ignominioso que acabamos de comentar nos habla de otras independencias pendientes.

“Policías no deben tomar fotografías de manifestantes”.

Según abogado (Diario Extra).

Un grupo de ciudadanos con pasado político (figuras públicas), entre ellas José Miguel Corrales y Célimo Guido, convocaron mediante conferencia de prensa a una huelga (manifestación). Al efecto, amprensa.com, publico la siguiente nota: “Un grupo planea una manifestación indefinida para el próximo 20 de agosto, con el objetivo de «quitar» del gobierno a Carlos Alvarado y su equipo”. “Se trata de un grupo con el nombre Q-Anon Costa Rica, el cual promociona la protesta que tiene como segundo objetivo, «no más corrupción» en el país”.

Por su parte, el medio digital elmundo.cr publicó “Varias publicaciones en redes sociales están llamando a participar en una «marcha masiva» para pedir la renuncia del presidente de la República, Carlos Alvarado”. “Además, el Movimiento de Rescate Nacional liderado por José Miguel Corrales y Célimo Guido para el 25 de agosto hacen un llamado al pueblo a «parar a los opresores».

Ahora bien, he leído comentarios de diversas personas, entre ellas un economista, pero, llamó mi atención la del abogado consultado por Diario Extra, el cual aseguró que la Fuerza Pública no puede tomar fotografías. “El Estado está violentando el derecho a la imagen y la integridad de las personas que se están manifestando de forma pacífica en Casa Presidencial, lo que están haciendo es tachándolos de delincuentes y el Estado abusa de su poder intimidándolos para que no puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión que tiene todo costarricense en un país social y de derecho”, adujo. La negrita y el subrayado son nuestros.

Sobre el particular es oportuno traer a colación lo que indica el Código Civil; “La fotografía o la imagen de una persona no puede ser publicada, reproducida, expuesta ni vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a menos que la reproducción esté justificada por la notoriedad de aquélla, la función pública que desempeñe, las necesidades de justicia o de policía, o cuando tal reproducción se relacione con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público (…)” La negrita y el subrayado no son del original. Al efecto, puede ser que se vea extraño, inclusive desde la perspectiva de estrategia el que uniformados hagan registro fotográfico del evento, sin embargo, el interés de la policía administrativa se circunscribe al ámbito de la vigilancia tal cual lo establece el Código Civil.

Foto tomada por lo manifestantes afuera de Casa Presidencial

Sigue diciendo en su declaración el abogado consultado por Diario Extra: “Cabe señalar que los artículos 24 y 29 de nuestra Constitución Política expresan: “Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones”. Además, “todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca”.

“Como se logra observar la Fuerza Pública abusa de su poder, tomando las fotografías de los manifestantes, seguro para perseguirlos o no se manifiesten contra las arbitrariedades del gobierno de Carlos Alvarado, generando una inseguridad jurídica en la libertad de expresión y la libertad de manifestación de los costarricenses e imagino pretendiendo que el pueblo sea siervo menguado”, dijo Rivera.

“La Fuerza Pública abusa de su poder, tomando las fotografías de los manifestantes, seguro para perseguirlos o no se manifiesten”, el “seguro” que utiliza el licenciado Rivera, es un supuesto que surge de la imaginación, no de la ciencia probatoria, por ello, carece de todo fundamento. Las personas pudieron manifestarse, inclusive muchas de ellas colocaron imágenes en sus perfiles del Facebook, mostrando que participaban de la misma, lo cual quiere decir que no hubo ningún impedimento para ejercer ese derecho.

Bien se dice que el derecho es de interpretación, por ello, debo decir con el respeto que merece el Lic. Rivera, que no estoy de acuerdo con sus criterios, lo cual voy a fundamentar de la siguiente manera:

La manifestación se da en la vía publica, es liderada por figuras políticas, ex diputados y diputados de la actual legislatura, los medios de comunicación dan cobertura y muestran en prensa escrita y televisiva todo lo relacionado con la actividad, o sea, es un evento público, no privado como pareciera lo interpreta al citar el artículo 24 que cita: Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones”. Seguidamente cita el artículo 29 de nuestra Carta Magna: “Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca”.

Por otro lado, nuestra Constitución Política cita en el Art. 12: “Se proscribe el Ejército como institución permanente.  Para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias”. Al efecto, se debe desarrollar ampliamente el término “vigilancia”, que involucra la tecnología que permita posteriormente identificar actos vandálicos y/o delictivos, así que, el que no la debe no la teme. En ese orden de ideas, las empresas públicas y/o privadas utilizan cámaras de monitoreo en sus instalaciones, ello con la finalidad de “vigilar” el desempeño de su personal, así mismo, como una medida de seguridad de sus instalaciones, lo cual sirve para efectos de denuncia en caso de sufrir algún daño o delito contra su propiedad. Puede ser que al personal no le guste esa medida de seguridad y control, pero nuestra legislación lo permite, con algunas excepciones puntuales.

Así las cosas, en mi criterio, el que oficiales de la Fuerza Pública tomen fotografías del evento que se desarrolló en la vía pública, que fue anunciado por diversos medios, no constituye ninguna violación de la intimidad, mucho menos de los demás presupuestos señalados en los numerales citados por el abogado consultado por Diario Extra.

Por último, mi artículo se basa únicamente en aspectos legales y de competencias, no se relaciona con la legitimidad de la actividad como tal, por cuanto entiendo el malestar popular del momento, además, he participado en muchísimas marchas y manifestaciones, lo haré cada vez que lo crea justo, conveniente y necesario.

Al igual que lo he dicho otras veces, al leer mi artículo usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo, únicamente le agradezco ser respetuoso (a) en caso de que quiera comentar.

Lic. Mainor Anchía Angulo

Seccional ANEP Fuerza Pública

Costa Rica no ocupa de “convenio” alguno con el FMI

  • Existen alternativas a la crisis fiscal jamás generada por el pueblo trabajador
  • ANEP rechaza “acuerdos” con el fondo monetario internacional

Hoy, 15 de setiembre de 2020, exactamente en el aniversario No. 199 de la independencia política de Costa Rica con respecto a España; y, justo a un año de la conmemoración del bicentenario de tal acontecimiento histórico, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), recogiendo el sentir de las miles de personas trabajadoras integrantes de esta agrupación, así como haciéndonos eco del sentimiento de múltiples sectores del civismo activo-patriótico del país con los cuales interactuamos en la vida cotidiana de la República, incluyendo a gran cantidad de ciudadanos y de ciudadanas que siguen con detenimiento el accionar de la ANEP y comparten, en términos generales, nuestras posiciones, manifestamos:

PRIMERO: Costa Rica no ocupa de ningún tipo de “convenio” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ente multilateral de crédito de cuestionado expediente con gran carga histórica de generación de sufrimientos y de exclusión social para muchos pueblos de la Tierra, especialmente en la América Latina.

SEGUNDO: Existen alternativas para enfrentar la crisis fiscal nacional, misma que no fue generada por el pueblo trabajador costarricense; pueblo trabajador que siempre ha sido pagador puntual de los impuestos a que ha sido sometido.

TERCERO: Tales alternativas, generadas desde el sindicalismo, por parte personas de gran solvencia moral, por parte de entidades serias de análisis de la realidad nacional, así como producto del sentido común popular al que no se puede seguir estafando, políticamente, más; incluyen aspectos como:

1- Tomar unos mil millones de dólares de las reservas internacionales en dólares que tiene en bóveda el Banco Central de Costa Rica (BCCR), las cuales superan los 8 mil millones en esa moneda estadounidense.

2- Realizar, mediando ley de la República, un Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública, para determinar escenarios de reestructuración, postergación de plazos de vencimiento, obsceno pago de intereses y eventual moratoria en este caso; identidad de las personas/entidades acreedoras; sobrepagos y aspectos similares. Todo ello con el propósito de aliviar la carga de la deuda sobre el pueblo costarricense.

3- Establecer, al menos por un tiempo, un impuesto especial a las transacciones financiero-bancarias diarias después de cierto monto hacia arriba para no afectar a los sectores medios y corporativos honestos; tributo que es conocido internacionalmente como Tasa Tobin. Esto permitiría, además, controlar con realidad activa las gigantescas movilizaciones de capital producto del lavado de dinero proveniente del negocio sucio del narcotráfico, del crimen organizado.

4- Establecer un impuesto solidario a las mega-riquezas, a las gigantescas fortunas, a la ostentación del lujo desenfrenado, a las rentas escandalosamente voluminosas de capital y de patrimonio excesivo; tal y como varios organismos financieros internacionales lo están recomendando.

5- Proceder a impulsar las legislaciones necesarias y/o las medidas administrativas complementarias para que en el país de sé una Transformación Tributaria Estructural; con base en los contenidos del informe legislativo “Los papeles de Panamá”, generado en el período constitucional anterior, 2014-2018. Esto permitirá, por ejemplo, captar recursos frescos provenientes de los 3 mil 800 millones de dólares anuales que se evaden al año.

6- De los 6 puntos porcentuales anuales del Producto Interno Bruto (PIB), en materia de exenciones y de exoneraciones, tomar las medidas pertinentes, con urgencia para, al menos, procurar allegar la mitad de esa escandalosa cifra fiscal, convertida en ingresos frescos a las alicaídas arcas estatales. Son casi 450 leyes emitidas en varias décadas que se pueden tocar con tal finalidad.

7- Descontaminar del peso de las regulaciones financieras abusivas, las gigantescas cantidades de dinero acumuladas en lo que llaman banca para el desarrollo, de forma tal que cientos y cientos de micro-pequeños y medianos emprendimientos, ahora caídos o por crearse, asuman papeles protagónicos en un nuevo brío de reactivación económica y de generación de empleo.

CUARTO: Llamamos a la organización civil, patriótica, obrero-social y laboral desde las propias comunidades, desde la base misma de la sociedad para la articulación de resistencia en el nivel local, al desmontaje del Estado Social de Derecho que viene impulsándose desde el tripartidismo neoliberal, lo cual se ha de fortalecer con la entrada en escena del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la política nacional. Igualmente, pesamos que es menester la construcción de acuerdos de unidad social y popular con compromisos éticos férreos y transparentes por parte de las personas y entidades interesadas para que, sin mediar cálculos electorales de cortedad de visión y de inmediatez fugaz, se le pueda ofrecer al sufrido pueblo tico un esperanzador futuro de real inclusión social y económica.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP