Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Dos señores diputados pertenecientes a la misma fracción político-ideológica, la del autoritarismo neoliberal, Gustavo Alonso Viales Villegas y Enrique Alejandro Sánchez Carballo, atendiendo instrucciones de una de las “autoridades políticas superiores” del país, Rodrigo Arias Sánchez; anuncian que promoverán un proyecto de ley para que la próxima campaña electoral nacional, la de las votaciones presidenciales y diputadiles del año 2022, se haga de manera “express”; es decir, con una cortedad de tiempo que, por lo menos, salve la formalidad del nombramiento de las nuevas autoridades ejecutivas y legislativas de la República para el cuatrienio 2022-2026.

El argumento central que están brindando para ganarle respaldo a su iniciativa, es que la actual Asamblea Legislativa ocupa de mucha “tranquilidad”, para la tramitación de los proyectos de ley que se deriven de la materialización de los contenidos ideológicos del préstamo-crédito conocido como FMI-Stand-by, que con ardor se está impulsando por la gerencia político-gubernativa del país, instalada en Zapote y en Cuesta de Moras.

La propuesta de los legisladores Viales Villegas y Sánchez Carballo, respectivamente de Liberación Nacional y de Acción Ciudadana, pero, como indicamos arriba, integrantes del mismo parlamentarismo autoritario-neoliberal; ofrece la posibilidad de ser sometidas a análisis desde distintas perspectivas, siendo la de la lucha social de contenido cívico-patriótico, una de ellas.

¡Empecemos! Si consideramos el resentimiento de la gente acumulado en los últimos períodos gubernativos, dada la sucesión de estafas políticas electorales cuatrienales; cualquiera podría estar tentado a aplaudir al juvenil binomio político Viales-Sánchez, pues nos ofrecen un período de fanfarria propagandística de “comercialización electoral” muy corto. “Si va a ser más de lo mismo, pero en menos tiempo y a menor costo en cuanto a dineros públicos, ¿cómo oponerse a ello?”

Visto en la superficie, esto es lo que ellos pretenden: que el común ciudadano capte la “bondad” de su iniciativa y, por ende, la aprobación legislativa de su “ideota” quede asegurada.

Sin embargo, la propuesta Viales-Sánchez muestra una temeridad inusual e insana del ejercicio de la política, según se comprende a partir de la perspectiva del neoliberalismo autoritario y absolutizante.

Los contenidos fundamentales condicionantes del préstamo con el FMI están ya definidos: más impuestos indirectos, venta de empresas públicas rentables y despidos de empleados públicos.

Éstas son las matrices político-ideológicas para las cuales, según el binomio Viales Sánchez, en el parlamento se ocupa de “tranquilidad” en cuanto a la tramitación de los respectivos proyectos de ley; por tanto, los ruidos del “electorerismo comercial circunstancial”, enturbiarían la discusión, por demás, insulsa ante las definiciones macropolíticas pre-establecidas ya indicadas.

Su propuesta manda el siguiente mensaje: todo está decidido… el modelo FMI va… los mismos vamos a quedar en el 2022…; por tanto, con una campaña corta bastará para cumplir la formalidad electoral de legitimación política, internamente y ante el mundo.

Lo peor de todo es que están siendo asesorados por el propio Tribunal Supremo de Elecciones (TSE); el que dirige el cuestionado magistrado Sobrado González, cuya posición política hacia el arismo primero y luego hacia el PAC, es muy notoria en amplios círculos sociopolíticos del país.

La finalidad principal de esta propuesta está en la creación de una serie de condicionalidades ideológico-políticas y político-logísticas que inviabilicen la posibilidad real de construcción de alternativas desafiantes en lo electoral que, articuladas, pudieran poner en riesgo (retardando o revirtiendo), la estrategia de liquidación del modelo de organización política implantado en el país a partir de la vigencia de la Constitución Política, del 7 de noviembre de 1949.

El cómo se puede articular la materialización de esa obstrucción de eventuales construcciones de sujeto electoral contrario a lo representado por el dúo diputadil Viales-Sánchez, nos presenta diferentes opciones; todas las cuales germinarían positivamente para tal finalidad castrante, si el período de relevo formal del dominio hegemónico es lo más corto posible.

Por eso es que tal propuesta es peligrosa y es antidemocrática. Tiene un fuerte contenido de autoritarismo y es congruente con el planteamiento ideológico-económico que se nos está imponiendo; que, aunque partiendo del fracaso fiscal del neo-liberacionismo PAC-PUSC, apuestan férreamente por la concentración de la riqueza y por la exclusión social y económica.

La propuesta del binomio diputadil Viales-Sánchez, acatando directrices superiores, muestra una contundente congruencia con el modelo macrofiscal FMI.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Consta a todo el mundo que el Partido Liberación Nacional (PLN) y, más específicamente, la abrumadora mayoría de su actual fracción parlamentaria, han jugado un papel de soporte estratégico para la gestión gubernativa de Carlos Alvarado Quesada. Es más, podría decirse que, en cuestiones de política económica y fiscal (principalmente), el PLN ha sido su faro ideológico.

Es imposible olvidar lo acontecido con ocasión de la tramitación legislativa del popularmente detestado proyecto de ley del combo fiscal, hoy ley de la República 9635, cuando su operador político central lo fue la connotada figura liberacionista de Carlos Ricardo Benavides Gutiérrez; hoy muy devaluada como para impulsar su ansiado sueño de la inmediatez electoral: ser candidato presidencial del PLN.

Dicha ley causó enorme daño a quienes menos responsabilidad han tenido en cuanto al déficit fiscal del país y todas esas personas afectadas o, gran parte de ellas, tienen factura pendiente de cobro al PLN.

La consumación del ejercicio del doble discurso liberacionista en cuanto a la práctica político-operativo cotidiana, lo ha ejercido su fracción parlamentaria en el presente período constitucional. Han mantenido, una y otra vez, una iniciativa de legislación económica centrada en el fortalecimiento de la exclusión y el potenciamiento de la desigualdad, abriendo nuevos senderos a la concentración de la riqueza.

Si alguna vez el original ideario socialdemócrata fue dejado de lado por el liberacionismo histórico, mostrándose con más crudeza, cinismo y deshumanización, ha sido el presente devenir parlamentario que empezó el 1 de mayo de 2018.

Ese fraude y ese cinismo políticos se muestran en toda su desfachatez cuando anuncian, con bombos y platillos, que no votarán la segunda parte del crédito stand-by con el Fondo Monetario Internacional (FMI), si el gobierno de Alvarado “no ordena las finanzas públicas”.

Desvergüenza total en el parlamentarismo liberacionista pues le dieron todos sus votos (excepto uno que salva la honra histórica del PLN), al primer tracto de dicho crédito, el de 508 millones de dólares, antesala del que ya está encima, por 1.750 millones de dólares. Juntos completarán el propagandizado préstamo stand-by de 2.250 millones en moneda estadounidense.

El fraude político del parlamentarismo liberacionista se nos presenta en un nuevo escenario de cinismo descarnado, pues “el ordenamiento de las finanzas públicas” ya está ideológicamente definido por el FMI en el marco de ese préstamo stand-by: 1) más impuestos, especialmente subir el impuesto al valor agregado; 2) venta de activos que no es más que pasar a manos privadas (nacionales e internacionales), las más rentables empresas públicas que todavía quedan; y 3) despidos puros y duros de una elevada cantidad de personas trabajadoras empleadas públicas.

Nótese que la fracción verdiblanca no objeta por el fondo el crédito stand-by con el FMI. Es decir, están de acuerdo en que haya más impuestos indirectos, en que se pongan en subasta las más ricas instituciones públicas y que se vaya gente empleada pública a la calle. Esto es para estas diputaciones liberacionistas-fondomonetaristas, “ordenamiento de las finanzas públicas”, en concordancia con lo que ya tienen pactado con el FMI, Alvarado y su grupo.

Las diputaciones fondomonetaristas del PLN y su propio Comité Ejecutivo siguen menospreciando la capacidad de asimilación por parte de amplios sectores del pueblo costarricenses, acerca de la naturaleza estratégica de su transición desde la socialdemocracia al neoliberalismo, hoy más evidente que nunca: guiando ideológicamente la gestión de Alvarado por la senda dorada del arismo: el autoritarismo en democracia.

Hace mucho tiempo lo habíamos planteado de que, en nuestro país, se quedó huérfana la Socialdemocracia y que quienes pensaron en el Partido Acción Ciudadana como su albergue sustituto, todavía no terminan de salir de su asombro ante la profundidad de la estafa política cometida con el proceso electoral nacional de 2018.

La Socialdemocracia, aún la más condescendiente con un orden económico global de desastre generalizado, en Costa Rica no tiene futuro alguno en los marcos del sistémico y corrupto “bunkerizado” ejercicio de la política nacional, tal cual la venimos viviendo (y sufriendo) en los últimos tiempos; particularmente en los dos años y resto que lleva el gobierno de Alvarado “alumbrado” por su faro ideológico, el PLN.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La corriente sindical en la cual militamos, por medio de sus organizaciones ANEP y ASDEICE, le entregó al Gobierno su posición acerca del proceso que éste denominó “Costa Rica escucha, propone y dialoga”. Al hacer un análisis serio y responsable del asunto, llegamos a la conclusión de que tan sólo será una especie de buzón digital de sugerencias. Seguidamente, le compartimos algunos extractos de nuestra comunicación al Gobierno, indicándole que no nos prestaremos para legitimar un proceso que si de algo carece es, precisamente, de diálogo.

Para empezar, caracterizamos de la siguiente forma el estado actual del país de esta forma: “En momentos en que la preocupación principal del gran capital es perder lo menos posible, hay personas que lo están perdiendo todo. Hay compatriotas con hambre y hay compatriotas en condiciones de mayor precariedad, quienes viven en menos metros cuadrados, que no tienen ingreso fijo, que ocupan solidaridad e instituciones que les acompañen”.

Pensamos que “…flaco favor se la hace a la tradición democrática que distingue la vía costarricense en el concierto de las naciones, reducir a lo ínfimo, a lo minúsculo, la promoción de diálogo social sobre políticas públicas; circunscribiéndolo a un simple ‘buzón digital de sugerencias’, donde las propuestas que se realicen tienen destino incierto, donde no esté transparentado los indicadores de valoración ni la persona, el jerarca, asesor, funcionario o equipo encargado de valorar cuál propuesta es buena, cuál no lo es y en función de qué criterios; dónde previo a toda notificación formal sobre el tema, la agenda, tiempos y enfoque están preconcebidos en muchas de las áreas sensibles que requieren un abordaje más participativo y, por ende, realmente democrático.

En nuestro planteamiento, resaltamos una circunstancia muy notoria acerca de la conducta presidencial en momentos en que se lanzaba el indicado proceso: “…resulta llamativo que quien ostenta la primera magistratura del país, no estuviese presente en la conferencia de prensa en la que el pasado domingo 9 de agosto, el Gobierno anunciaba el proceso que han nombrado como “Costa Rica escucha, propone y dialoga”. Mala seña de apertura o escucha, reforzada pocos días después, al enterarnos las personas habitantes de la República, que dicha ausencia coincidió con el caso de las “vacaciones presidenciales”, que tomó notoriedad por denuncias en prensa de hechos aún no esclarecidos a profundidad.

Tanto para ANEP como para ASDEICE, el Gobierno decide impulsar ese proceso que, repetimos, es cualquier cosa menos que un diálogo social, considerando dos grandes antecedentes de movilización social: “El primero de ellos en reacción a la oposición de sectores sindicales al popularmente denominado combo fiscal (hoy, la cuestionada Ley No. 9635); y, el segundo, en reacción al manifiesto del Encuentro Social Multisectorial que implicaba la salida del entonces Ministro de Educación Pública, entre otra serie de demandas de diferentes sectores (estudiantes, sindicatos, transportistas, agricultores, pescadores, etc.).”.

Así las cosas, ANEP y ASDEICE concluimos que “…los procesos de interlocución a los que tuvo disponibilidad el Gobierno, no contaron con una voluntad política real para poner un alto a la ruta trazada por el Ejecutivo y su interlocución legislativa, acerca de las políticas públicas que causaban malestar social y que hoy hacen a Costa Rica más desigual”.

Por tanto, se le está indicando al Gobierno lo siguiente: “A pesar de la pandemia y sus efectos económicos y sociales, la iniciativa de interlocución de Gobierno para agosto de este año, no posee señas de diferenciarse de los episodios anteriores recién mencionados. Por el contrario, replica y profundiza parte de sus características.

En consecuencia, la opinión pública debe ser que ANEP y ASDEICE decidieron lo siguiente: “Ante tales coincidencias del actuar del Ejecutivo en esta materia durante los últimos tres años; resulta difícil catalogar como omisión lo que más bien pareciera ser un estilo: el de impulsar este tipo de procesos de limitado alcance, en busca de proteger en momentos de efervescencia social, la consecución de la ruta previamente trazada que no es la de la promoción del bien común ni la de la reducción de la desigualdad”. Ambas entidades sindicales, por tanto, ¡no participarán! en ese buzón digital de sugerencias promovido por el Gobierno. Eso no es diálogo social.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La corriente sindical en la cual militamos, por medio de sus organizaciones ANEP y ASDEICE, le entregó al Gobierno su posición acerca del proceso que éste denominó “Costa Rica escucha, propone y dialoga”. Al hacer un análisis serio y responsable del asunto, llegamos a la conclusión de que tan sólo será una especie de buzón digital de sugerencias. Seguidamente, le compartimos algunos extractos de nuestra comunicación al Gobierno, indicándole que no nos prestaremos para legitimar un proceso que si de algo carece es, precisamente, de diálogo.

Para empezar, caracterizamos de la siguiente forma el estado actual del país de esta forma: “En momentos en que la preocupación principal del gran capital es perder lo menos posible, hay personas que lo están perdiendo todo. Hay compatriotas con hambre y hay compatriotas en condiciones de mayor precariedad, quienes viven en menos metros cuadrados, que no tienen ingreso fijo, que ocupan solidaridad e instituciones que les acompañen”.

Pensamos que “…flaco favor se la hace a la tradición democrática que distingue la vía costarricense en el concierto de las naciones, reducir a lo ínfimo, a lo minúsculo, la promoción de diálogo social sobre políticas públicas; circunscribiéndolo a un simple ‘buzón digital de sugerencias’, donde las propuestas que se realicen tienen destino incierto, donde no esté transparentado los indicadores de valoración ni la persona, el jerarca, asesor, funcionario o equipo encargado de valorar cuál propuesta es buena, cuál no lo es y en función de qué criterios; dónde previo a toda notificación formal sobre el tema, la agenda, tiempos y enfoque están preconcebidos en muchas de las áreas sensibles que requieren un abordaje más participativo y, por ende, realmente democrático.

En nuestro planteamiento, resaltamos una circunstancia muy notoria acerca de la conducta presidencial en momentos en que se lanzaba el indicado proceso: “…resulta llamativo que quien ostenta la primera magistratura del país, no estuviese presente en la conferencia de prensa en la que el pasado domingo 9 de agosto, el Gobierno anunciaba el proceso que han nombrado como “Costa Rica escucha, propone y dialoga”. Mala seña de apertura o escucha, reforzada pocos días después, al enterarnos las personas habitantes de la República, que dicha ausencia coincidió con el caso de las “vacaciones presidenciales”, que tomó notoriedad por denuncias en prensa de hechos aún no esclarecidos a profundidad.

Tanto para ANEP como para ASDEICE, el Gobierno decide impulsar ese proceso que, repetimos, es cualquier cosa menos que un diálogo social, considerando dos grandes antecedentes de movilización social: “El primero de ellos en reacción a la oposición de sectores sindicales al popularmente denominado combo fiscal (hoy, la cuestionada Ley No. 9635); y, el segundo, en reacción al manifiesto del Encuentro Social Multisectorial que implicaba la salida del entonces Ministro de Educación Pública, entre otra serie de demandas de diferentes sectores (estudiantes, sindicatos, transportistas, agricultores, pescadores, etc.).”.

Así las cosas, ANEP y ASDEICE concluimos que “…los procesos de interlocución a los que tuvo disponibilidad el Gobierno, no contaron con una voluntad política real para poner un alto a la ruta trazada por el Ejecutivo y su interlocución legislativa, acerca de las políticas públicas que causaban malestar social y que hoy hacen a Costa Rica más desigual”.

Por tanto, se le está indicando al Gobierno lo siguiente: “A pesar de la pandemia y sus efectos económicos y sociales, la iniciativa de interlocución de Gobierno para agosto de este año, no posee señas de diferenciarse de los episodios anteriores recién mencionados. Por el contrario, replica y profundiza parte de sus características.

En consecuencia, la opinión pública debe ser que ANEP y ASDEICE decidieron lo siguiente: “Ante tales coincidencias del actuar del Ejecutivo en esta materia durante los últimos tres años; resulta difícil catalogar como omisión lo que más bien pareciera ser un estilo: el de impulsar este tipo de procesos de limitado alcance, en busca de proteger en momentos de efervescencia social, la consecución de la ruta previamente trazada que no es la de la promoción del bien común ni la de la reducción de la desigualdad”. Ambas entidades sindicales, por tanto, ¡no participarán! en ese buzón digital de sugerencias promovido por el Gobierno. Eso no es diálogo social.