Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Luego del fracasado proceso del “buzón digital de sugerencias”, pomposa y engañosamente denominado por el desacreditado Gobierno de Carlos Alvarado Quesada, Costa Rica escucha, propone y dialoga; éste anunció otro proceso de diálogo social previamente diseñado “a su medida”, buscando algo de legitimación social a la decisión política que ya tienen tomada para someter al país al Fondo Monetario Internacional (FMI).

La diferencia, de estilo, en esta ocasión es que han logrado involucrar al proyecto Estado de la Nación, de reconocido prestigio en la sociedad costarricense por la rigurosidad de sus análisis socioeconómicos y políticos; prestigio consolidado en la época de Miguel Gutiérrez Saxe, su gestor y primer director. Tal circunstancia puede deteriorar ese importante reconocimiento social con la decisión de su sucesor, Jorge Vargas Cullell, de prestarse a esta nueva maniobra de Alvarado en materia de diálogo social.

La ANEP considera que este proceso, sin arrancar, ya presenta serios problemas de transparencia y desconfianza en cuanto a su objetividad. Por una parte, el Estado de la Nación está bajo la autoridad del Consejo Nacional de Rectores (Conare), de las cinco universidades públicas. Las máximas autoridades político-académicas de las mismas fueron aliadas tácitas del gobierno PAC con ocasión de la tramitación de la detestada ley del combo fiscal, en el 2018, logrando una especie de acuerdo político con Alvarado que alejó a las respectivas comunidades universitarias de la lucha popular de ese momento.

Quieren revestir de formalidad y legalidad un proceso, que de primera entrada no la tiene y parece ser que no cuenta con los respaldos necesarios, tal es el caso del apoyo en primera fila que brinda el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank para esta convocatoria a ¨diálogo nacional¨, y que no cuenta con un acuerdo de la Asamblea Legislativa, para involucrar al Primer Poder de la República.

Por otro lado, el proceso ha sido diseñado sin considerar la existencia real del Movimiento Rescate Nacional, el cual mantiene amplios sectores populares en las calles de este país desde el pasado 30 setiembre, en medio de una conmoción social inaudita de consecuencias imprevisibles. Desconocer la existencia, el impacto y los planteamientos de este movimiento ciudadano, surgido desde las bases de la sociedad más golpeadas por la exclusión social y económica propiciada en los últimos gobiernos, representa un grave error político.

Sobre la gravedad del tema fiscal del país, del cual el pueblo trabajador, puntual pagador de sus impuestos, no es responsable del mismo, ANEP ha venido formulando planteamientos serios a lo largo de la última década, estudiando la realidad del tema y generado propuestas, las cuales tenemos a disposición de quien nos las solicite.

Reducir el ámbito de trabajo del diálogo que mediaría el Estado de la Nación, solamente para buscar cómo se obtendrían 2 puntos de PIB de ingresos fiscales nuevos, por una parte; y, por otra, de reducir en 8 puntos PIB el problema de la deuda pública, demuestra que este proceso se utilizará, tan sólo, para legitimar al desprestigiado gobierno de Alvarado en el manejo del tema; y, a la vez, ayudarle a diseñar el nuevo contenido de una segunda proposición al Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de que el pueblo en las calles, liderado por el Movimiento Rescate Nacional, obligó al retiro de la primera versión.

Está más que esclarecido que Alvarado no renunciará ni al convenio con el FMI ni a nuevos impuestos. Solamente ocupa una especie de legitimación social y civil. La ANEP no se prestará a la maniobra.

Tal y como nos lo está mostrando el pueblo en la calle, el gobierno cambiará de posición en la medida en que la presión popular se agigante en todas sus dimensiones.

Hacemos un llamado para potenciar la más grande articulación cívico-popular que requieren los tiempos más delicados desde que se fundara lo que la historia oficial denomina como “Segunda República”. El Movimiento Rescate Nacional, mismo que cuenta con el apoyo total de la ANEP, representa el retrato más dramático de lo que ha sido la exclusión social y económica en los últimos gobiernos; contrastándose ello con el cruel avance de la concentración de la riqueza y de la destrucción de las capas medias, otrora bastión de la estabilidad democrática.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

A pesar de que éste es un asunto que nadie en el seno de la clase dominante, integralmente conceptuada, quiere abordar de manera abierta y transparente, hablar de él en los “pasillos de palacio” es cada vez más usual. Particularmente, con relación a la campaña electoral pasada, las de las elecciones presidenciales y diputadiles del 2018.

Don José Miguel Corrales Bolaños se refirió al punto de la intrusión del narcotráfico en el tejido social costarricense, exponiéndolo como la razón fundamental de su retiro de las acciones de protesta social impulsadas por el Movimiento de Rescate Nacional, las cuales, a la fecha de elaboración del presente comentario, están en su día decimotercero.

Lo que debió abrir un debate serio y necesario en los “grandes” medios de comunicación colectiva, fue solamente abono para alimentar la campaña de desprestigio y de desacreditación al indicado movimiento social; cuya irrupción en el escenario nacional a más de uno ha conmovido, a otros ha preocupado y para esos sectores dominantes, ha generado la emisión de una orden político-ideológica de exterminarlo.

Con un sistema democrático “enfermo” y con una institucionalidad republicana que se ha venido alejando de la gente, emerge con inmensa potencia que el pueblo costarricense tenga plena noción de quién financia a los diferentes partidos políticos en sus desbocadas carreras por alcanzar las diputaciones en pugna y ganar la Presidencia de la República.

Esto no será posible si el secreto bancario sigue siendo bastión de la opacidad en cuanto a financiamiento de campañas electorales para los diversos partidos políticos.

Particularmente, puede ser muy interesante si la gente manejara al dedillo qué personas, qué empresas, qué corporaciones entregaron dineros, al margen de la ley, a las diferentes candidaturas, en los niveles local, regional y nacional; de tal suerte que, a lo mejor, pueda haber interpretación correcta de las conexiones de la legislación que se promueve y de las decisiones de política pública impulsadas por el Poder Ejecutivo, con los intereses de negocios que nutren el capital de las personas y entidades donantes. “Nadie arranca pelo sin sangre”, dice el consabido refrán popular. O, muy usual en estos ámbitos electorales, “no hay almuerzo gratis”.

Apuntamos lo anterior pues todavía no encontramos lógica en cuanto a la intensa obsesión del gobierno de Carlos Alvarado Quesada para que se disponga la venta del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) y de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL); considerando que su valor potencial es inmensamente pequeñito comparado con el espeluznante volumen de la deuda pública del país y, por tanto, en nada va a resolver ese gran problema-país con los dineros obtenidos de su privatización mediando la venta directa a inversores nacionales y/o extranjeros.

Sin embargo, para esos grupos inversores comprar BICSA y/o comprar FANAL podría generarles la recuperación, con creces, de grandes cantidades de dineros que habrían puesto, ilegalmente, en la campaña política pasada, la cual fue tan intensa y dura que debió haber demandado mayores recursos que los que, oficialmente, se aceptan.

Si el secreto bancario fuera levantado para efectos de auscultar hasta la médula quién puso plata, cuánto puso, a quién le puso; se podría analizar las supuestas conexiones de interés directo en activos públicos a partir de investigar el giro de negocios y/o la actividad comercial-empresarial del grupo o de la persona donante.

Adicionalmente, si las contribuciones privadas a las campañas políticas se pueden rastrear desde sus fuentes primarias, levantando el secreto bancario para tal efecto, puede que haya múltiples sorpresas de encontrar empresas fantasmas, bancos de portafolio, cuentas bancarias abiertas en paraísos fiscales, de modo tal que quede como irrefutable que a las campañas electorales costarricenses han estado llenando dineros sucios.

No hay duda. Ésta es una tarea histórica a impulsarse como tarea central de una nueva institucionalidad democrática.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

A pesar de que éste es un asunto que nadie en el seno de la clase dominante, integralmente conceptuada, quiere abordar de manera abierta y transparente, hablar de él en los “pasillos de palacio” es cada vez más usual. Particularmente, con relación a la campaña electoral pasada, las de las elecciones presidenciales y diputadiles del 2018.

Don José Miguel Corrales Bolaños se refirió al punto de la intrusión del narcotráfico en el tejido social costarricense, exponiéndolo como la razón fundamental de su retiro de las acciones de protesta social impulsadas por el Movimiento de Rescate Nacional, las cuales, a la fecha de elaboración del presente comentario, están en su día decimotercero.

Lo que debió abrir un debate serio y necesario en los “grandes” medios de comunicación colectiva, fue solamente abono para alimentar la campaña de desprestigio y de desacreditación al indicado movimiento social; cuya irrupción en el escenario nacional a más de uno ha conmovido, a otros ha preocupado y para esos sectores dominantes, ha generado la emisión de una orden político-ideológica de exterminarlo.

Con un sistema democrático “enfermo” y con una institucionalidad republicana que se ha venido alejando de la gente, emerge con inmensa potencia que el pueblo costarricense tenga plena noción de quién financia a los diferentes partidos políticos en sus desbocadas carreras por alcanzar las diputaciones en pugna y ganar la Presidencia de la República.

Esto no será posible si el secreto bancario sigue siendo bastión de la opacidad en cuanto a financiamiento de campañas electorales para los diversos partidos políticos.

Particularmente, puede ser muy interesante si la gente manejara al dedillo qué personas, qué empresas, qué corporaciones entregaron dineros, al margen de la ley, a las diferentes candidaturas, en los niveles local, regional y nacional; de tal suerte que, a lo mejor, pueda haber interpretación correcta de las conexiones de la legislación que se promueve y de las decisiones de política pública impulsadas por el Poder Ejecutivo, con los intereses de negocios que nutren el capital de las personas y entidades donantes. “Nadie arranca pelo sin sangre”, dice el consabido refrán popular. O, muy usual en estos ámbitos electorales, “no hay almuerzo gratis”.

Apuntamos lo anterior pues todavía no encontramos lógica en cuanto a la intensa obsesión del gobierno de Carlos Alvarado Quesada para que se disponga la venta del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) y de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL); considerando que su valor potencial es inmensamente pequeñito comparado con el espeluznante volumen de la deuda pública del país y, por tanto, en nada va a resolver ese gran problema-país con los dineros obtenidos de su privatización mediando la venta directa a inversores nacionales y/o extranjeros.

Sin embargo, para esos grupos inversores comprar BICSA y/o comprar FANAL podría generarles la recuperación, con creces, de grandes cantidades de dineros que habrían puesto, ilegalmente, en la campaña política pasada, la cual fue tan intensa y dura que debió haber demandado mayores recursos que los que, oficialmente, se aceptan.

Si el secreto bancario fuera levantado para efectos de auscultar hasta la médula quién puso plata, cuánto puso, a quién le puso; se podría analizar las supuestas conexiones de interés directo en activos públicos a partir de investigar el giro de negocios y/o la actividad comercial-empresarial del grupo o de la persona donante.

Adicionalmente, si las contribuciones privadas a las campañas políticas se pueden rastrear desde sus fuentes primarias, levantando el secreto bancario para tal efecto, puede que haya múltiples sorpresas de encontrar empresas fantasmas, bancos de portafolio, cuentas bancarias abiertas en paraísos fiscales, de modo tal que quede como irrefutable que a las campañas electorales costarricenses han estado llenando dineros sucios.

No hay duda. Ésta es una tarea histórica a impulsarse como tarea central de una nueva institucionalidad democrática.