Lic. Benjamín Sevilla García, Secretario Nacional de Juventud, ANEP
El Sistema Penitenciario Nacional, en términos generales, muestra un importante deterioro. Esto es reflejo inobjetable del tipo de sociedad que se viene construyendo desde hace muchos años; razón tenía Mandela cuando dijo que: “nadie conoce realmente como es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles”. La clase política, desde hace mucho tiempo, encontró en la excusa un aliado perfecto. Se le adjudica al mal comportamiento todas las desgracias de la sociedad y se muestra cierta indiferencia ante los problemas estructurales que requieren atención inmediata.
El Sistema Penitenciario, su rol en materia de seguridad, su aporte en trabajo técnico y su comprensión del fenómeno criminal, está pasando a un segundo plano. Un escenario donde no hay espacio para procurar la reinserción, la re-educación, la resocialización. Hoy, el Sistema Penitenciario se observa simplemente como un conjunto de bodegas para apilar “inadaptados” sociales, delincuentes pobres, sujetos violentos que viven al margen de la ley; y, como, un espacio fértil para la escuela del crimen.
Más allá de si la Política Criminal costarricense analiza que la cárcel está dada para retener a los delincuentes pobres, a los del “narcomenudeo”, a quienes no tienen los recursos económicos para evadir la justicia y costearse una buena defensa, lo cierto es que, la clase política tampoco hace mucho por crear las herramientas que permitan eficazmente perseguir a los grandes estafadores, los delitos de cuello blanco o a sus colegas que defraudan al fisco por miles de millones.
La Cenicienta –termino que se toma prestado de una exministra de Justicia- es recreada en el trabajo de las servidoras y de los servidores del Sistema Penitenciario Nacional, hombres y mujeres que en condiciones precarias y con altísima exposición de su integridad física, dan la cara por la seguridad penitenciaria. Los eufóricos discursos parlamentarios señalan a los funcionarios públicos como privilegiados, como vividores, como una horda de “vivillos” con salarios de lujo. Pero muy pocos de estos políticos se atreven a señalar cuáles son los sectores privilegiados y quiénes los afortunados. Cuando, modestamente, señalan que no todos los funcionarios públicos son unos vividores, tampoco le hacen justicia a la inmensa mayoría de ellos que apenas les alcanza para llevar una vida digna.
Recientemente, fue dado a conocer que la Asamblea Legislativa pretende hacer un recorte millonario del presupuesto asignado al Ministerio de Justicia. Una decisión como ésta, de concretarse, implicaría una solemne violación de los derechos humanos de las personas en los centros penitenciarios del país. No se habla sólo de los derechos que debe observar el Estado por mandato directo de organismos internacionales, Tratados y Convenios, en favor de la población privada de libertad, sino de todas las personas que laboran en los centros penitenciarios del país.
Es importante señalar que el Ministerio de Justicia, es un ministerio vivo, en constante movimiento y con tendencia al crecimiento poblacional. No se concibe como la inteligencia parlamentaria podría justificar recortes a una población que se encuentra en una condición de especial vulnerabilidad. Por el contrario, el abandono histórico del Sistema Penitenciario y los efectos propios de la pandemia demandan mayor inversión.
El crecimiento de la población privada de libertad demanda la creación de más espacios carcelarios; de contratación de más policías, de más personal técnico, profesional y administrativo; de modernizar la infraestructura de seguridad; de equipo tecnológico; de capacitación; de atención de emergencias como las actuales; de alimentación y uniformes; entre otros. Ninguno de estos aspectos sería posible ante un irreflexivo recorte, tomando en consideración que el Sistema Penitenciario Nacional arrastra una crisis histórica; y, como si eso fuera poco, la pandemia vino a encrudecer los afectos adversos, ocasionando una mayor vulnerabilidad del Sistema y de la propia seguridad.
Finalmente, el Sistema Penitenciario no puede seguir siendo la “Cenicienta” de la clase política. No es justo que por la falta de recursos el personal que labora en las cárceles del país deban seguir arriesgando sus vidas, sacrificando su tiempo de descanso y con recargo de funciones. No es correcto que las condiciones de salud ocupacional y de infraestructura continúen como están. La falta de uniformes, de zapatos, los chalecos de seguridad, las condiciones de los fortines y de los dormitorios y, hasta la situación salarial del personal policial, es un claro ejemplo de este abandono.
