Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Don José María Villalta Florez-Estrada, actual diputado de la Asamblea Legislativa, fue el autor intelectual y el impulsor político de una crucial acción judicial que merece, por siempre, el reconocimiento obrero del pueblo trabajador. Nosotros lo hacemos por esta vía y creemos que es algo muy justo, felicitarle y aplaudirle por ello.

Gracias a su iniciativa, el Estado costarricense ha sido condenado a pagarle a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la gigantesca cantidad de, prácticamente, 6 billones de colones (en cifras así: 6.000.000.000.000); equivalentes a la deuda que se generó cuando se decidió quitarle al Ministerio de Salud el histórico programa, famoso en América Latina y en el mundo, de la Atención Primaria, trasladándosele esa responsabilidad a la Caja para dar paso a lo que hoy conocemos como los EBAIS: Equipos Básicos de Atención en Salud.

Ese traslado ocurrió en 1994, tanto en lo político-institucional, como en la gestión directa de prestación de este servicio, de tanta cercanía a la población asegurada. Sin embargo, la Caja tuvo que hacerse cargo de financiar los EBAIS, pues el Gobierno Central (Estado: Ministerio de Salud-Ministerio de Hacienda), se lavó las manos e indicó algo así como “ahí le va eso… vea a ver cómo hace para financiarlo”. Jamás se le dio a la CCSS recursos nuevos, frescos, para sostener a los EBAIS, debiendo hacerlo la Caja con su propia plata.

De manera irresponsable, la Asamblea Legislativa al momento del traspaso, que fue en 1994, emitió la Ley de la República No. 7374, pero sin ningún traslado presupuestario o financiamiento alternativo alguno para la CCSS.

Luego de un juicio que duró mucho tiempo, agotadas que fueron todas las diversas etapas del proceso judicial, el Estado lo perdió y no le queda más que pagar el monto acumulado de esa deuda que se cuantificó en 5 billones 930 mil millones de colones; prácticamente 6 billones.

Creemos que, llegada esta situación hasta este punto, es más que conveniente que todas las organizaciones sindicales de genuino contenido obrero, se dispongan a actuar como veedoras activas, fiscalizadoras puntuales, promotoras intensas de que el Gobierno no busque subterfugios, tretas manipuladoras, recursos espurios de último momento y de dudosa legalidad, como para no honrar esa deuda con la Caja; monto gigante que dada la crucial situación que enfrenta la CCSS por la cuantiosísima inversión que ha tenido que hacer producto de la pandemia del covid-19, va a representar un respiro muy fuerte en el saneamiento de sus estresadas finanzas.

El proceso para la ejecución de sentencia que ha indicado la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que se acaba de anunciar públicamente, exige, por lo tanto, ese acompañamiento activo, fiscalizador y promotor de parte de las diversas agrupaciones del pueblo trabajador organizado, especialmente en sindicatos; y, especialmente, también, en las entidades sociolaborales que aglutinan a la clase obrera cotizante de la Caja.

Como sabemos, también la Caja se ha visto en aprietos financieros por decisiones gubernamentales pro-patronales, más allá de lo que debió haber sido lógica razonabilidad, estableciéndose por parte de su junta directiva rebajas cuestionables en las aportaciones empresariales para la Seguridad Social; amén de las reducciones de aportaciones obreras por despidos, reducciones salariales y crecimiento de la informalidad.

Y, como es lógico suponer, la crítica situación financiero que vive la institución más emblemática del pueblo costarricense, también ha golpeado las finanzas del régimen de pensiones más importante del país: el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM); el cual, de por sí, ya arrastraba pérdidas sensibles producto de males decisiones político-administrativas, en materia de inversiones que, incluso, están siendo tramitadas como acusaciones penales en el Ministerio Público.

Bien podría considerarse que de esa esperada inyección de 6 billones de colones que el Estado debe honrar con la Caja, se destine una cifra considerable para allegarle recursos frescos a IVM; el cual requiere con urgencia socorro financiero mientras la reactivación económica integral de los tiempos post-pandemia llegue; y, aun así, el envejecimiento poblacional de las personas que con derecho reclaman y reclamarán ser cubiertas por este régimen de pensiones, obligan a las autoridades de la Caja a considerar todas las opciones para su fortalecimiento; opciones que no pueden golpear más a la población trabajadora cotizante, misma que no está ni dispuesta ni en condiciones de que le aumenten la edad para pensionarse, ni la cotización para estar en este sistema, ni tampoco le reduzcan el monto a recibir una vez en estado de jubilación.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

De la manera más categórica y vehemente, tenemos que rechazar la imposición, a cambio de los préstamos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de más cargas tributarias para el pueblo trabajador, para quienes sufren el desempleo y están en la informalidad; para las micropequeñas y medianas empresas.

El propio Ministro de Hacienda, Elián Villegas Valverde, ya lo reconoce abiertamente, aunque era un secreto a voces; como secreto es lo que han pactado con el FMI, con los hermanos Arias Sánchez y con algunos líderes parlamentarios, usuales operadores políticos de los sectores económicos con poder real en estos momentos: andan tras la venta de los activos más rentablemente jugosos que todavía quedan con categoría de propiedad pública.

Guerra a los impuestos debe ser un unánime clamor social, exhortando de nuestra parte a que, desde las bases de la sociedad trabajadora y popular de este país, se articule la necesaria oposición cívica que impida la imposición de más cargas tributarias contra las mayorías muy golpeadas desde antes de la pandemia y producto de la misma.

Lo que sí corresponde es que la injusta estructura tributaria costarricense, profundamente regresiva, agravada por un escandaloso robo anual de impuestos que no es cometido por la gente de a pie, establezca que sea el sector de los superricos ticos el que deba aportar, ahora sí, sustancialmente, para impedir la irreversibilidad de una situación tan injusta como explosiva.

Ahora resulta que es la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), tan “idolatrada” por esos sectores económicos con poder real en estos momentos, la que está planteando subir impuestos al patrimonio, al capital y también establecer los denominados impuestos “verdes”.

Según reporte de noticias de prensa del medio digital español El Mundo, la OCDE acaba de dar a conocer un informe fiscal en el marco de las graves consecuencias socioeconómicas derivadas de la pandemia global del coronavirus covid-19. Dos párrafos de esa noticia son más que elocuentes y, por eso, se los compartimos:

Las medidas puestas en marcha por los países para luchar contra el coronavirus tienen un impacto clarísimo en la economía. A nadie se le escapa eso a estas alturas. Los costes se han disparado y los ingresos se han hundido, de ahí que los países se apresuren a lanzar sus planes de reconstrucción y de estímulo económico, como está haciendo Francia hoy mismo. A la OCDE tampoco se le escapa. Este jueves ha presentado un informe fiscal en el que ahonda precisamente en esa caída de los ingresos. Para la organización que aglutina a los países más desarrollados del planeta, la receta pasa por subir impuestos.

Pero, ¿qué impuestos? Subir ahora los impuestos a las rentas de trabajo o al consumo, como se hizo tras la crisis financiera de 2008, sería un error, a ojos de la OCDE. El empleo está en una posición muy delicada, por no decir en cuidados intensivos, y el consumo, también tocado, hay que reactivarlo, no penalizarlo. La fórmula posible, para la OCDE, es elevar los tributos que gravan el patrimonio o las rentas de capital”.

(https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2020/09/03/5f50dbe221efa006258b467d.html)

Por otra parte, y considerando este elemento que no estaba en la mesa, lo que ahora dice la OCDE, fortalece nuestro clamor que tenemos que repetir hasta la saciedad es que no es necesario acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI), para “resolver” el problema fiscal nacional. Hay alternativas.

Sin embargo, tanto el presidente formal (Carlos Alvarado Quesada), como el real (André Garnier Kruze), realizan una gestión político-ejecutiva de gran carga ideológica, a favor del desmantelamiento final del Estado Social de Derecho y de los valores que le inspiran, insertos en la maltrecha Constitución Política de 1949; gestión que incluye aumentar los impuestos, sin que hayan renunciado a subir el impuesto al valor agregado (IVA).

Con ese objetivo estratégico en sus mentes, la entrada en escena a la política nacional del FMI, no solamente adquiere un matiz estratégico, sino que cuentan con los operadores políticos legislativos necesarios para garantizar las votaciones mecánicas que aprobarán la segunda y vital parte de esos créditos. A eso nos enfrentamos en un marco de condiciones, desde el punto de vista de la lucha social, totalmente adverso. En realidad, ¿cuándo ha sido diferente?…