“Policías no deben tomar fotografías de manifestantes”.

Según abogado (Diario Extra).

Un grupo de ciudadanos con pasado político (figuras públicas), entre ellas José Miguel Corrales y Célimo Guido, convocaron mediante conferencia de prensa a una huelga (manifestación). Al efecto, amprensa.com, publico la siguiente nota: “Un grupo planea una manifestación indefinida para el próximo 20 de agosto, con el objetivo de «quitar» del gobierno a Carlos Alvarado y su equipo”. “Se trata de un grupo con el nombre Q-Anon Costa Rica, el cual promociona la protesta que tiene como segundo objetivo, «no más corrupción» en el país”.

Por su parte, el medio digital elmundo.cr publicó “Varias publicaciones en redes sociales están llamando a participar en una «marcha masiva» para pedir la renuncia del presidente de la República, Carlos Alvarado”. “Además, el Movimiento de Rescate Nacional liderado por José Miguel Corrales y Célimo Guido para el 25 de agosto hacen un llamado al pueblo a «parar a los opresores».

Ahora bien, he leído comentarios de diversas personas, entre ellas un economista, pero, llamó mi atención la del abogado consultado por Diario Extra, el cual aseguró que la Fuerza Pública no puede tomar fotografías. “El Estado está violentando el derecho a la imagen y la integridad de las personas que se están manifestando de forma pacífica en Casa Presidencial, lo que están haciendo es tachándolos de delincuentes y el Estado abusa de su poder intimidándolos para que no puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión que tiene todo costarricense en un país social y de derecho”, adujo. La negrita y el subrayado son nuestros.

Sobre el particular es oportuno traer a colación lo que indica el Código Civil; “La fotografía o la imagen de una persona no puede ser publicada, reproducida, expuesta ni vendida en forma alguna si no es con su consentimiento, a menos que la reproducción esté justificada por la notoriedad de aquélla, la función pública que desempeñe, las necesidades de justicia o de policía, o cuando tal reproducción se relacione con hechos, acontecimientos o ceremonias de interés público o que tengan lugar en público (…)” La negrita y el subrayado no son del original. Al efecto, puede ser que se vea extraño, inclusive desde la perspectiva de estrategia el que uniformados hagan registro fotográfico del evento, sin embargo, el interés de la policía administrativa se circunscribe al ámbito de la vigilancia tal cual lo establece el Código Civil.

Foto tomada por lo manifestantes afuera de Casa Presidencial

Sigue diciendo en su declaración el abogado consultado por Diario Extra: “Cabe señalar que los artículos 24 y 29 de nuestra Constitución Política expresan: “Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones”. Además, “todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca”.

“Como se logra observar la Fuerza Pública abusa de su poder, tomando las fotografías de los manifestantes, seguro para perseguirlos o no se manifiesten contra las arbitrariedades del gobierno de Carlos Alvarado, generando una inseguridad jurídica en la libertad de expresión y la libertad de manifestación de los costarricenses e imagino pretendiendo que el pueblo sea siervo menguado”, dijo Rivera.

“La Fuerza Pública abusa de su poder, tomando las fotografías de los manifestantes, seguro para perseguirlos o no se manifiesten”, el “seguro” que utiliza el licenciado Rivera, es un supuesto que surge de la imaginación, no de la ciencia probatoria, por ello, carece de todo fundamento. Las personas pudieron manifestarse, inclusive muchas de ellas colocaron imágenes en sus perfiles del Facebook, mostrando que participaban de la misma, lo cual quiere decir que no hubo ningún impedimento para ejercer ese derecho.

Bien se dice que el derecho es de interpretación, por ello, debo decir con el respeto que merece el Lic. Rivera, que no estoy de acuerdo con sus criterios, lo cual voy a fundamentar de la siguiente manera:

La manifestación se da en la vía publica, es liderada por figuras políticas, ex diputados y diputados de la actual legislatura, los medios de comunicación dan cobertura y muestran en prensa escrita y televisiva todo lo relacionado con la actividad, o sea, es un evento público, no privado como pareciera lo interpreta al citar el artículo 24 que cita: Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones”. Seguidamente cita el artículo 29 de nuestra Carta Magna: “Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca”.

Por otro lado, nuestra Constitución Política cita en el Art. 12: “Se proscribe el Ejército como institución permanente.  Para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias”. Al efecto, se debe desarrollar ampliamente el término “vigilancia”, que involucra la tecnología que permita posteriormente identificar actos vandálicos y/o delictivos, así que, el que no la debe no la teme. En ese orden de ideas, las empresas públicas y/o privadas utilizan cámaras de monitoreo en sus instalaciones, ello con la finalidad de “vigilar” el desempeño de su personal, así mismo, como una medida de seguridad de sus instalaciones, lo cual sirve para efectos de denuncia en caso de sufrir algún daño o delito contra su propiedad. Puede ser que al personal no le guste esa medida de seguridad y control, pero nuestra legislación lo permite, con algunas excepciones puntuales.

Así las cosas, en mi criterio, el que oficiales de la Fuerza Pública tomen fotografías del evento que se desarrolló en la vía pública, que fue anunciado por diversos medios, no constituye ninguna violación de la intimidad, mucho menos de los demás presupuestos señalados en los numerales citados por el abogado consultado por Diario Extra.

Por último, mi artículo se basa únicamente en aspectos legales y de competencias, no se relaciona con la legitimidad de la actividad como tal, por cuanto entiendo el malestar popular del momento, además, he participado en muchísimas marchas y manifestaciones, lo haré cada vez que lo crea justo, conveniente y necesario.

Al igual que lo he dicho otras veces, al leer mi artículo usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo, únicamente le agradezco ser respetuoso (a) en caso de que quiera comentar.

Lic. Mainor Anchía Angulo

Seccional ANEP Fuerza Pública

Costa Rica no ocupa de “convenio” alguno con el FMI

  • Existen alternativas a la crisis fiscal jamás generada por el pueblo trabajador
  • ANEP rechaza “acuerdos” con el fondo monetario internacional

Hoy, 15 de setiembre de 2020, exactamente en el aniversario No. 199 de la independencia política de Costa Rica con respecto a España; y, justo a un año de la conmemoración del bicentenario de tal acontecimiento histórico, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), recogiendo el sentir de las miles de personas trabajadoras integrantes de esta agrupación, así como haciéndonos eco del sentimiento de múltiples sectores del civismo activo-patriótico del país con los cuales interactuamos en la vida cotidiana de la República, incluyendo a gran cantidad de ciudadanos y de ciudadanas que siguen con detenimiento el accionar de la ANEP y comparten, en términos generales, nuestras posiciones, manifestamos:

PRIMERO: Costa Rica no ocupa de ningún tipo de “convenio” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ente multilateral de crédito de cuestionado expediente con gran carga histórica de generación de sufrimientos y de exclusión social para muchos pueblos de la Tierra, especialmente en la América Latina.

SEGUNDO: Existen alternativas para enfrentar la crisis fiscal nacional, misma que no fue generada por el pueblo trabajador costarricense; pueblo trabajador que siempre ha sido pagador puntual de los impuestos a que ha sido sometido.

TERCERO: Tales alternativas, generadas desde el sindicalismo, por parte personas de gran solvencia moral, por parte de entidades serias de análisis de la realidad nacional, así como producto del sentido común popular al que no se puede seguir estafando, políticamente, más; incluyen aspectos como:

1- Tomar unos mil millones de dólares de las reservas internacionales en dólares que tiene en bóveda el Banco Central de Costa Rica (BCCR), las cuales superan los 8 mil millones en esa moneda estadounidense.

2- Realizar, mediando ley de la República, un Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública, para determinar escenarios de reestructuración, postergación de plazos de vencimiento, obsceno pago de intereses y eventual moratoria en este caso; identidad de las personas/entidades acreedoras; sobrepagos y aspectos similares. Todo ello con el propósito de aliviar la carga de la deuda sobre el pueblo costarricense.

3- Establecer, al menos por un tiempo, un impuesto especial a las transacciones financiero-bancarias diarias después de cierto monto hacia arriba para no afectar a los sectores medios y corporativos honestos; tributo que es conocido internacionalmente como Tasa Tobin. Esto permitiría, además, controlar con realidad activa las gigantescas movilizaciones de capital producto del lavado de dinero proveniente del negocio sucio del narcotráfico, del crimen organizado.

4- Establecer un impuesto solidario a las mega-riquezas, a las gigantescas fortunas, a la ostentación del lujo desenfrenado, a las rentas escandalosamente voluminosas de capital y de patrimonio excesivo; tal y como varios organismos financieros internacionales lo están recomendando.

5- Proceder a impulsar las legislaciones necesarias y/o las medidas administrativas complementarias para que en el país de sé una Transformación Tributaria Estructural; con base en los contenidos del informe legislativo “Los papeles de Panamá”, generado en el período constitucional anterior, 2014-2018. Esto permitirá, por ejemplo, captar recursos frescos provenientes de los 3 mil 800 millones de dólares anuales que se evaden al año.

6- De los 6 puntos porcentuales anuales del Producto Interno Bruto (PIB), en materia de exenciones y de exoneraciones, tomar las medidas pertinentes, con urgencia para, al menos, procurar allegar la mitad de esa escandalosa cifra fiscal, convertida en ingresos frescos a las alicaídas arcas estatales. Son casi 450 leyes emitidas en varias décadas que se pueden tocar con tal finalidad.

7- Descontaminar del peso de las regulaciones financieras abusivas, las gigantescas cantidades de dinero acumuladas en lo que llaman banca para el desarrollo, de forma tal que cientos y cientos de micro-pequeños y medianos emprendimientos, ahora caídos o por crearse, asuman papeles protagónicos en un nuevo brío de reactivación económica y de generación de empleo.

CUARTO: Llamamos a la organización civil, patriótica, obrero-social y laboral desde las propias comunidades, desde la base misma de la sociedad para la articulación de resistencia en el nivel local, al desmontaje del Estado Social de Derecho que viene impulsándose desde el tripartidismo neoliberal, lo cual se ha de fortalecer con la entrada en escena del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la política nacional. Igualmente, pesamos que es menester la construcción de acuerdos de unidad social y popular con compromisos éticos férreos y transparentes por parte de las personas y entidades interesadas para que, sin mediar cálculos electorales de cortedad de visión y de inmediatez fugaz, se le pueda ofrecer al sufrido pueblo tico un esperanzador futuro de real inclusión social y económica.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

FMI: ¡YA TODO ESTÁ “COCINADO”!

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

El gobierno neoliberal de los presidentes Alvarado-Garnier, por medio de su vocería hacendaria, está diciendo que el próximo 17 de setiembre de 2020, los y las costarricenses conoceremos cuáles serán los contenidos que el país (no es el país, son ellos), le propondrá al Fondo Monetario Internacional (FMI), como temas de “negociación” a cambio de los 1.750 millones de dólares del segundo tramo del crédito con este organismo financiero, cuya primera parte, de 508 millones de dólares, fue aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de agosto de 2020.

Varios aspectos indignan. En primer lugar, la soberbia de esta gente de creer que el pueblo tico no entiende de estas cosas, de creer que somos imbéciles, de creer que el sentido común de nuestra precaria situación económica no nos da para olfatear la catástrofe que se nos viene encima.

En segundo lugar, dado que tienen un estilo de gestión gubernativa altamente opaca, sumamente manipulador y groseramente clasista, nadie puede creer que tales temas ya no han sido discutidos en “privado”, virtualmente, con los tecnócratas fondomonetaristas y los de la cúpula política del Ministerio de Hacienda y del Banco Central. Así que lo que van a hacer el 17 de setiembre no es nada más que una operación mediática tratando de fortalecer la estrategia del engaño a la ciudadanía.

Realmente pensamos que es un crimen contra toda la sociedad, más endeudamiento público sin tener absolutamente certeza de todas las circunstancias que a lo largo de los años han confluido como para que el país (ahora sí, el de todos y todas, incluidos ellos), esté al borde del colapso total, económica y financieramente hablando; y cerca del cataclismo social.

Es inmoral, no tiene la menor pizca de ética, es más, se trata de un condenable juego sucio que, sin más ni más, nos estén diciendo que para el 2021, buscando que el país no quiebre, que ocupan 10 mil millones de dólares; cuando la clase gobernante a la que pertenece esa gente permitió que en la última década se diese una defraudación tributaria de casi 4 veces más esa cifra; si consideramos la reiterada denuncia del exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, de que el robo de impuestos fue de 3.800 millones de dólares por año.

Por otra parte, endeudarnos más, en una cifra realmente insignificante para la magnitud del desastre que dicen que se nos avecina, resultaría inmoral si no se procede con la transformación tributaria estructural harto diagnosticada y sabida. Connotados especialistas coinciden en que este crédito con el FMI es innecesario, dado el desastre fiscal estructural que nos tiene al borde de la quiebra. Más deuda, en tales condiciones, es algo más que suicidio colectivo.

Hay trampa en todo esto. La ausencia de voluntad política para impulsar las correcciones estructurales del desastre fiscal del país, indica que la apropiación privada de los más rentables negocios que todavía son propiedad estatal, es lo que verdaderamente les importa. Por tanto, debemos fortalecer esta circunstancia ante la ciudadanía, porque quieren seguir evadiendo de manera obscena, pero acumulando riqueza, también de manera obscena.

Nuevamente, la urgencia de una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública del país, es lo que debería impulsarse, legislarse y ordenarse desde la Asamblea Legislativa. Es monstruoso que la deuda llegue al 80% del PIB el año entrante, 2021, sin siquiera saber quiénes son nuestros acreedores. Sencillamente, todo esto es aterrador, ojalá nos defendamos antes de que nos aplaste.      

Los canales digitales mejoran el acceso a la ayuda al empleo

Nota: OIT.otg

Una nueva reseña de políticas de la OIT muestra que los servicios públicos de empleo utilizan las tecnologías digitales a fin de mejorar la ayuda dirigida a las personas que han perdido su empleo a causa de la COVID-19.

GINEBRA (OIT Noticias) – Los canales digitales están desempeñando un papel cada vez más importante para ayudar a los trabajadores durante la crisis causada por la pandemia de COVID-19 , según una nueva reseña de políticas de la OIT.

Desde el inicio de la pandemia, los Servicios Públicos de Empleo (SPE) se han esforzado para mitigar su impacto sobre el mercado de trabajo. Medidas como las prestaciones por desempleo, con frecuencia combinadas con las transferencias en efectivo y los planes de apoyo a las empresas, han desempeñado un papel central para preservar los empleos y las competencias, y sostener el empleo en los servicios y la producción esenciales, así como para proteger a los trabajadores menos favorecidos, sobre todo en la economía informal.

La nueva nota, COVID-19: Public employment services and labour market policy responses  (COVID-19: Los servicios públicos de empleo y las respuestas políticas del mercado de trabajo), constata que las tecnologías digitales han desempeñado un papel esencial para maximizar el impacto de este tipo de ayuda.

Los países que habían informatizado sus servicios de apoyo antes de la pandemia y que tenían una estrategia de transformación digital clara, han podido responder de manera más eficaz a los desafíos planteados por la COVID-19. Estos países han logrado utilizar los canales de acceso remotos para garantizar la continuidad de sus servicios durante los confinamientos totales o parciales. Además, han utilizado los servicios digitales a fin de seguir asegurando la registración en línea, la adecuación automatizada de la demanda y oferta de empleo y la orientación en materia de “chats” y seminarios virtuales.

A fin de ayudar el creciente número de personas que han perdido su trabajo a causa de la COVID-19 a encontrar un empleo, o a ser recolocadas en otras ocupaciones, sectores o regiones, los gobiernos deben facilitar el acceso a una información precisa sobre el mercado de trabajo y las opciones del desarrollo de competencias. La tecnología ha desempeñado un papel decisivo para garantizar que esta tarea sea realizada de manera rápida y eficiente.

Los canales digitales han permitido que los servicios de apoyo sean accesibles fuera de las horas de trabajo convencionales y a un número mayor de personas. Además, dan lugar a sistemas de adecuación entre la oferta y la demanda de empleo más transparentes. Algunos ejemplos incluyen:

  • En España, durante la cuarentena las oficinas locales de empleo dependían en gran medida de los portales de empleo en línea, de un número de teléfono gratuito para los demandantes de empleo y de la “oficina virtual” que fue activada a fin de adaptar los servicios a las restricciones causadas por la COVID-19.
  • En China, los SPE adoptaron la interacción virtual entre los consultores y los clientes gracias a un sistema de chat en línea. “WeChat Official Accounts”, que fue introducido antes de la pandemia.
  • En India y Uruguay, los SPE fomentaron la registración en línea de los demandantes de empleo y la publicación del listado de las vacantes a través de los portales de empleo en línea, los cuales además suministraban acceso a la formación y a ferias de empleo en línea.
  • En los Países Bajos, durante la cuarentena por la pandemia, los SPE organizaron reuniones virtuales y realizaron seminarios web con los clientes.
  • En Marruecos, los SPE utilizaron unidades móviles atendidas por personal específicamente formado para prestar asistencia a la población que no tenía la posibilidad de acceder a los SPE de manera remota, y para llegar a los clientes en las zonas distantes rurales y urbanas.

Es probable que la crisis provocada por la COVID-19 tenga un impacto duradero sobre el empleo, las empresas y las competencias, advierte la reseña. La recesión prevista podría hacer que el acceso al mercado de trabajo sea aún más difícil para los empleadores y los trabajadores, sobre todo en las economías con grandes mercados laborales informales. En estas circunstancias, la tecnología puede ser una herramienta cada vez más importante para ayudar a quienes más lo necesitan.

Gobierno gastará ¢9.400 mills. en “Censo del Bicentenario”

  • Es requisito de la OCDE, indica ministra Pilar Garrido

NOTA: Diario Extra

En el 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) llevará a cabo el “Censo del Bicentenario”, para lo cual se dispone de un presupuesto de ¢9.426 millones.

Así lo explicó este miércoles la ministra de Planificación, Pilar Garrido, ante los diputados de la Comisión de Hacendarios en el marco de la defensa del presupuesto de la República del próximo año.

La jerarca recordó que en el marco de los cambios que el país aplicó para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se impone un requerimiento para la periodicidad de censos cada 10 años.

Para financiar estos recursos, el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) tiene dispuesto hacer una transferencia al INEC por ¢3.450 millones. 

El resto del presupuesto para el censo sale de recursos que recoge el mismo INEC por la Ley 9694 aprobado en junio pasado del impuesto a las primas de seguro con ¢1.621 millones y el resto de un superávit libre de INEC que según la ley le permite crear fondos para proyectos especiales como este, por un monto de ¢4.355 millones.

Floribel Méndez Fonseca, presidenta del INEC, resaltó la importancia de esta herramienta estadística para el país, ya que con estos datos actualizados se podrá mejorar y actualizar proyectos y políticas públicas.

CENSO EN PANDEMIA

El diputado Otto Roberto Vargas, del Republicano Social Cristiano, cuestionó cómo hará el INEC para implementar un censo en el marco de la pandemia por el Covid-19.

Méndez explicó que deberán replantear la recolección de la información en campo. Si bien reconoce que la operación estadística en un censo nacional es compleja, para ello en noviembre próximo se llevará a cabo un “censo piloto” para aplicar diferentes técnicas en la recolección de la información.

En ese sentido el INEC buscará mantener tanto la técnica tradicional de entrevistas cara a cara, mediante un protocolo sanitario que ya fue aprobado por el Ministerio de Salud.

Y por otro lado con la aplicación de un “autocenso” para cuando no hay posibilidad de una entrevista directa se le contacta a la persona y se le envía las preguntas de forma electrónica.

Sobre la barrera de la regla fiscal que el INEC sobrepasará en su presupuesto del 2021 por este proyecto, la jerarca explicó que ya están trabajando con las autoridades respectivas para que no haya problemas en ese aspecto.

“Me parece que gastar casi ¢10 mil millones para el censo es demasiada plata”, comentó el diputado Vargas, que fue el único legislador de la comisión que mostró alguna oposición sobre el tema.

El censo del bicentenario obligará a contratar a 14.500 personas durante tres semanas para que durante el mes de julio 2021 realicen la recolección de la información. Se visitarán alrededor de 1.800.000 casas y entrevistará a 5.200.000 personas.

Los datos preliminares del censo se comenzarán a conocer al final del 2021.

*Colaboró la periodista Sharon Cascante.

VOCES SINDICALES

Albino Vargas

ANEP

“Estar en la OCDE fue una soberana embarcada para este país porque no le van a hacer caso, primero cuando la OCDE está pida que se le ponga impuestos al gran capital y a las altas rentas. Por otro lado, están forzando a hacer gastos que no son necesarios en este momento de tanta crisis social y económica para miles de familias trabajadoras. Yo creo que están creando condiciones para que cuando termine este gobierno algunos de sus altos cargos pasen a integrar la burocracia de lujo que tiene la OCDE en su sede en París. Algunos jerarcas que impulsan estas cosas, a lo mejor están pensando en concursar para írsela a tirar rico a Francia como altos funcionarios internacionales”.

Rodrigo López

ANPE

“Nadie puede estar contento de estar afiliado a una institución que aparte que nos cuesta muchos miles de millones de dólares la afiliación. Nos exige o condiciona cierto tipo de estándares para poder ser parte, no solamente del staff de países que están en ellos como organización, sino para decir que evolutivamente estamos creciendo como sociedad activa, como sociedad económicamente viable dentro de los parámetros neoliberales que están dominando el mundo. Me parece un ridículo que tengamos que utilizar dineros que podrían estar siendo inyectados a programas de desarrollo social en asuntos de un conteo que particularmente me parece no es prioridad que tenga el país. Mucho le debe el Estado costarricense al régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social, en cuanto a la deuda histórica por la no cancelación de dineros que le tocan por ley y la no cancelación de lo que fue el traspaso del primer nivel del Ministerio de Salud a la Caja, para que ahora se diseñen estrategias para gastar una enorme cantidad de dinero y seguir golpeando en los servicios básicos públicos que deberían estar teniendo una tendencia a reforzarse”.

Marvin Atencio

Siprocimeca

“Estar en la OCDE nos ha costado una millonada, todavía yo no he visto cuál es la ganancia o el valor real para Costa Rica por estar metido en la OCDE, de qué forma nos está beneficiando si más bien vemos recomendaciones que van en contra de los intereses de la clase trabajadora y la situación económica del país, más bien nosotros hemos criticado esas posiciones tan extrañas. Para nosotros el pago de la membresía es exageradamente caro para lo que estamos obteniendo. Es una inversión con poco beneficio desde el punto de vista económico, estratégico. Deberían de tomar esos dineros y abonarlos a la deuda del Estado que es una urgencia en este momento por la situación país, a la cual la Caja le está haciendo frente”.

Alvarado se ha quedado sin legitimidad política

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Carlos Alvarado Quesada, como Presidente de la República, se ha quedado ya sin legitimidad política. De seguro, seguirá con la legitimidad formal dada por el resultado electoral de febrero-abril de 2018, según la Constitución y la ley; aunque 2 años y 3 meses después de haber asumido tal rol, crecen las voces que le piden que renuncie.

De manera reiterada lo venimos manifestando, es más, fuimos los primeros en plantearlo de esta forma: que Alvarado es el estafador político más notorio y más cínico en llegar a la Casa Presidencial, desde la caída del Muro de Berlín.

Por otra parte, si consideramos que desde su asunción a la primera magistratura del país a la fecha, 4 de cada 5 costarricenses desaprueben su trabajo, según la más reciente encuesta del Centro de Estudio Político (CIEP), de la Universidad de Costa Rica (UCR), se nos muestra así el carácter, la profundidad y el impacto de esa estafa política.

Alvarado representa un contundente ejemplo de la deslegitimación de la clase política tradicional del país, hoy bien marcada en el tripartidismo PLN-PUSC-PAC (más el turequismo adjunto); si consideramos que la esencia del quehacer de la misma no apunta a impulsar modificaciones estructurales que restauren, de manera estratégica, la promoción del bien común en todas las políticas públicas.

Alvarado y su realidad actual de deslegitimación política como Presidente de la República, refleja algo que también venimos señalando en los últimos tiempos de deterioro integral de nuestra convivencia como nación: cada vez más se amplía, se alarga, se profundiza la distancia entre el gobernante y los gobernados.

Por otra parte, la deslegitimación política de Alvarado es enfática si consideramos cuál es la verdadera naturaleza del real poder al cual él se asoció para gobernar: el mega-empresariado corporativo de los superricos ticos, sector económico que emergió a la luz pública en la persona de André Garnier Kruze, ministro facilitador del proceso de los macro-negocios asociados a entidades públicas determinadas; personaje que nosotros categorizamos como la figura presidencial real quedando la de Alvarado como la figura presidencial formal.

Al respecto, debemos resaltar la denuncia que en redes sociales ha estado circulando por estos días de parte del dirigente campesino don José Oviedo Chaves, quien da cuentas de una reunión en la cual él participó y en la que estuvo presente el Segundo Vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez Cordero, el cual admitió (según nos lo narra don José), de que él mismo ha deseado irse de Casa Presidencial ante la contundencia del poder en el seno de la misma de André Garnier Kruze y su grupo; el cual tiene un agenda totalmente definida hacia el todo mercado-nada Estado, incluyendo la facilitación de la apropiación privada de los más ricos bienes estatales todavía existentes de propiedad pública, los denominados activos.

Además, el presidente real no cree en un auténtico diálogo social multisectorial, de ahí que la única concesión que ha hecho ha sido la fanfarria del buzón digital de sugerencias, oficialmente denominado “Costa Rica escucha, propone y dialoga”; remedo ridículo de participación ciudadana que no contó con la aquiescencia sindical de la corriente en la cual militamos.

Estamos ya a un año de que alcancemos los 200 años de vida republicana independiente. El bicentenario del 2021 nos llegará con una sociedad terriblemente empobrecida, muy penetrada por el crimen organizado y el narcotráfico; de enorme polarización económica en cuanto a la concentración de la riqueza y la entronización de la desigualdad, prácticamente irreversible. Un país con una deuda pública que no puede pagar, un Estado en quiebra y una clase política “bunkerizada” (alusión a la horrible estructura del nuevo edificio legislativo), que está posicionada como un fin en sí misma y gobernando para sí misma y sus círculos de amistades y familiares.

Lastimosamente, la deslegitimación política de Alvarado y todo lo que ello significa, no va acorde con la construcción de una articulación cívico-social y popular-patriótica que se asuma como desafío estratégico a ese real poder del cual el Segundo Vicepresidente de la República, don Marvin Rodríguez Cordero, se “lamenta” intramuros palaciegos.

Sabemos que se hacen esfuerzos de distinta naturaleza y bienintencionados en su gran mayoría. Sin embargo, el otro lado de la acera, jefeados por André Garnier Kruze y su grupo, avanza con rapidez que el campo de lo popular, al menos hasta hoy, no ha podido equilibrar.

Mensaje abierto para las 40 diputaciones fondomonetaristas

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

¡Atención! ¡Su atención, por favor! Señoras diputadas y señores diputados, diputaciones fondomonetaristas: Ustedes 40 (cuyos nombres completos citamos al final del presente artículo), votaron por abrir el pernicioso camino de entrega del país a los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI); negándose a considerar la serie de alternativas que se han venido proponiendo en los últimos tiempos para enfrentar, con real perspectiva humanista, el horroroso panorama fiscal del país: su alto déficit, su impagable deuda pública, la naturaleza perversa de su sistema impositivo radicalmente injusto, así como la espantosa realidad de la evasión y de la elusión tributarias; dado que no puede haber responsabilidad alguna imputable por tal desastre al pueblo trabajador, ni a sus capas medias.

Congruentes con el sistema político-hegemónico del autoritarismo neoliberal que ha venido imponiéndosele a la gente, ustedes 40, diputaciones fondomonetaristas, deciden a espaldas, ya no solamente de las personas electoras que les llevaron a sus respectivas curules legislativas; sino en abierto contubernio con esas fuerzas contrarias al bien común, a la inclusión social y a la reducción de las desigualdades. Fuerzas que nos han situado en la deshonrosa posición de ser uno de los 10 países más desiguales del planeta; fuerzas a las que ustedes, ahora, potencian para que procedan al aniquilamiento final del Estado Social de Derecho, con la consigna ideológica de la venta de activos: la entrega de lo mejor que queda de ese patrimonio público que ya estaba antes de que, ustedes 40, diputaciones fondomonetaristas, hubieran nacido en esta tierra maravillosa llamada Costa Rica.

Nos atrevemos a afirmar que ustedes 40, diputaciones fondomonetaristas, no tienen ni la menor idea de los correspondientes procesos socio-históricos y político-sociológicos que dieron origen a cada una de esas entidades que ustedes se disponen a entregar; una vez que le den viabilidad a la segunda parte del mismo proceso crediticio, por 1.750 millones de dólares que votarán con el FMI; como lo hicieron votando el primer tracto, ese empréstito de los 508 millones de dólares, el pasado jueves 27 de agosto. 

Sin importar el partido político-electoral que les llevó a la actual Asamblea Legislativa, se han comportado ustedes como la mega-fracción parlamentaria al servicio de esos oscuros intereses que ya controlan el Poder Ejecutivo instalado en Zapote, disponiendo de dos presidencias de la República en estos momentos: la formal (Carlos Alvarado Quesada), y la real (André Garnier Kruze).

Sin embargo, todavía hay tiempo de que, por lo menos algunos de ustedes 40, diputaciones fondomonetaristas, retrocedan; especialmente porque ahora se nos está diciendo que esos 2.250 millones de dólares del FMI (los que ya ustedes votaron como primer tracto y el segundo por venir, de 1.750 millones de dólares), ya no se trata de un crédito stand-by, sino uno denominado “facilidad de fondo ampliada” (Extended Fund Facility -EFF-); enredo de modalidades o siglas crediticias que desde nuestra perspectiva obrero-social siempre implican entrega al FMI con ventas de activos incluida, más impuestos y más despidos de personas trabajadoras asalariadas del sector Público. O, ¿estamos equivocados? ¡Corríjannos ustedes y dígannos que no será así! ¿Podrían ustedes 40, diputaciones fondomonetaristas, convocar, al menos, a un conjunto de representaciones sociales de diversa naturaleza, dándonos la cara y explicándonos las razones de fondo, las transparentes, de su actual proceder?… ¡Lo dudamos!

En el entretanto, para las personas lectoras de esta columna, les aportamos los nombres de esas 40 diputaciones fondomonetaristas: Aida Montiel Héctor, Ana Lucía Delgado Orozco, Carlos Avendaño Calvo, Carlos Ricardo Benavidez Jiménez, Carolina Hidalgo Herrera, Catalina Montero Gómez, Daniel Ulate Valenciano, David Gourzong Cerdas, Eduardo Cruickshank Smith, Enrique Sánchez Carballo, Erwen Masís Castro, Floria Segreda Sagot, Geovanny Gómez Obando, Gustavo Viales Villegas, Ivonne Acuña Cabrera, Jorge Luis Fonseca Fonseca, Karine Niño Gutiérrez, Laura Guido Pérez, Luis Antonio Aiza Campos, Luis Fernando Chacón Monge, Luis Ramón Carranza Cascante, María José Corrales Chacón, María Vita Monge Granados, Mario Castillo Méndez, Marulin Azofeifa Trejos, Mileydi Alvarado Arias, Nielsen Pérez Pérez,  Oscar Mauricio Cascante Cascante, Paola Valladares Rosado, Paola Vega Rodríguez, Roberto Thompson Chacón, Rodolfo Peña Flores, Silvia Hernández Sánchez, Víctor Morales Mora, Wagner Jiménez Zúñiga, Welmer Ramos González, Xiomara Rodríguez Hernández, Yorleny León Marchena, Zoila Rosa Volio Pacheco.

ANEP y ASDEICE rechazan participar en foros de diálogo organizados por Gobierno

Nota: Semanario Universidad

Sindicatos califican de «buzón de sugerencias» metodología que usará el Ejecutivo y aseguran que dista mucho de ser una mesa de negociación real.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (ASDEICE) anunciaron, mediante una carta dirigida al Poder Ejecutivo, que no formarán parte del proceso de diálogo con sectores organizado por Casa Presidencial.

La iniciativa, denominada «Costa Rica escucha, propone y dialoga», y que inicia este martes, fue calificada como «un buzón digital de sugerencias» por los representantes de los sindicatos.

«Hemos mandado propuestas al Gobierno y ni siquiera tenemos el acuse de recibido. Desde hace tiempo venimos siendo propositivos, hemos mandado ya dos propuestas con respecto a la situación económica, a la pandemia, y este Gobierno no ha mostrado ninguna apertura a querer tener diálogo. ¿Cómo se va a pretender abrir una mesa de diálogo a través de un buzón?», criticó Juan de Dios Cordero, representante de ASDEICE.

En la comunicación enviada a Casa Presidencial, los sindicatos presentaron una serie de propuestas ante la crisis, como la suspensión para el año 2020 de la Regla Fiscal; el acceso inmediato de los recursos del Fondo de Capitalización Laboral (FCL); utilizar recursos de FONATEL para dotar de equipos tecnológicos a mypimes de la Economía Social Solidaria; establecer un impuesto a las altas fortunas financieras, por un única vez, de 0.01%; e impulsar las recomendaciones de ONU-Mujeres sobre cómo incorporar a las mujeres y la igualdad de género en la gestión de la respuesta a la crisis, entre otras.

Cordero también cuestionó que, según su criterio, el Gobierno se ha ajustado a la agenda del sector privado, ignorando las sugerencias de los sindicatos.

«Ya el gobierno ha venido implementando una agenda que le planteó la UCCAEP y a nosotros no nos ha ‘dado pelota’. Que el Gobierno muestre el interés real de mantener un diálogo con las organizaciones sociales y nosotros veremos, en función de la metodología, si realmente es buena», dijo.

El sindicalista consideró que se debería instaurar una mesa «donde estemos todos los participantes y las personas que seamos partes de la problemática podamos dialogar, intercambiar y buscar las mejores formas».

AyA registra pérdidas por ¢29.400 millones

Entre 2018 y 2019, denuncia sindicato tras auditoría

NOTA: Diario Extra

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) registró pérdidas por ¢29.423.413.055 durante 2018 y 2019, según consta en un informe de Estado de Resultados, elaborado por la Dirección Financiera.

La seccional ANEP-AyA denuncia que este hecho se suma a la baja ejecución presupuestaria que se presenta este año, ya que hasta el mes de mayo habría alcanzado un 32%.

“De un total de 96 metas trazadas durante el año 2019, solo se cumplieron 23, y de ¢298.795 millones presupuestados, solo se gastaron ¢142.565 millones”, indicó Edwin Marín, de ANEP-AyA.

Si se compara la ejecución presupuestaria del plan de inversiones entre los fondos específicos y fondos corrientes de la institución hasta mayo de 2018, 2019 y 2020, esta no alcanza ni el 50% de su inversión a mayo, según el Resumen Ejecutivo de Caja de la Dirección Financiera de AyA, del que DIARIO EXTRA tiene copia.

2018 CRíTICO

Estadísticas del Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría General de la República (CGR) revelan que para hace dos años la administración de AyA estableció un presupuesto de ¢99.218 millones en inversiones, sin embargo, solo se ejecutaron ¢58.190 millones, lo que representa un 58%.

Es decir, de mayo a diciembre de ese año solo se avanzó un 27% del plan de inversión, un progreso relativamente bajo.

Un punto a destacar es que la ejecución del presupuesto de inversión entre enero y mayo de los últimos años no registró un nivel superior al 50% (ver recuadro).

DIFERENCIA

Según el Informe de Ejecución Plan de Inversiones por Fuente de Financiamiento, al 31 de octubre de 2019, el Instituto invirtió un 50% del presupuesto general, siendo el rubro de menor avance el programa Reducción de Agua No Contabilizada (RANC) con un 48%; es decir, ¢977,68 millones.

“Sigue teniendo un rezago significativo y lo que nos preocupa es que hay inversiones muy estratégicas, con proyectos como Agua No Contabilizada, Plan de Contingencia y Orosi II, que son básicas para prevenir los racionamientos. Si no se mejora el nivel de inversión son problemas que no se van a superar”, explicó Álvaro Barrantes, intendente de Aguas.

SINDICATO ALEGA

Ewin Marín, líder de ANEP-AyA, asegura que concuerda con lo expuesto por la Intendencia de Aguas, pues consideran que la baja ejecución presupuestaria es una gran limitante en el progreso de proyectos de alta necesidad en la ciudadanía costarricense.

“Con esta administración no se ejecuta ni el 32%. No creo que ejecuten más presupuesto y nótese que la administración de Yamileth Astorga tiene dos periodos. Sentimos que el AyA sigue de cabeza si se mantienen los mismos”, denunció.

Para los representantes de los trabajadores la preocupación en el manejo presupuestario se centra en la necesidad de ejecutar proyectos claves para evitar racionamientos y mejorar la calidad del agua.

PLANES PRIORITARIOS

La Intendencia de Aguas rescata que los principales proyectos que presentan rezagos son el Proyecto Orosi II, el cual consiste en llevar abastecimiento del líquido potable al área metropolitana desde esa zona. Según datos del AyA, la obra tiene un avance del 58%.

“Este proyecto supliría 2,5 metros por segundo de agua, es la solución para los racionamientos. Se viene planeando desde hace 10 años y a hoy lo que nos dice AyA es que estará listo en 2025 y cuesta entre $400 millones y $500 millones. Tiene atrasos porque tuvo que estar listo desde hace casi tres años para que hoy no haya racionamientos”, explicó Barrantes.

Respecto de este proyecto el sindicato indica que se encuentra estancado y es la principal razón por la que siguen los racionamientos, medida que afectó a 350.250 habitantes del área metropolitana.

PÉRDIDAS

Parte del agua que se obtiene de las nacientes no llega hasta los usuarios, lo que provoca una pérdida importante del líquido vital. En años anteriores se habló de un proyecto para contrarrestar esa pérdida, pero se ejecutó hace poco.

“Más de la mitad del agua que capta se pierde en la red y no se contabiliza ni le llega al usuario. El proyecto (RANC) busca reducir esa pérdida a cerca de un 30% a un 35%.

Nos preocupa porque arrancó recientemente y debió implementarse hace mucho tiempo. Se espera que esté en aproximadamente tres años”, expresó el representante de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.

FACTURACIÓN

El reciente caso de los errores en facturación y la odisea que enfrentan aún muchos usuarios, quienes reclaman sobrecobros, debido a las tarifas estimadas, también es parte de los cuestionamientos de la Intendencia de Aguas.

“En el caso del AyA el sistema de facturación está muy viejo y da problemas, inclusive probablemente los sistemas de facturación pudieron generarse en parte por el sistema obsoleto. Es un proyecto que debió arrancar hace mucho tiempo y según la institución va a estar hasta el 2026”, afirma el intendente.

SOLUCIÓN

La Intendencia de Aguas manifiesta que para hacer frente a las necesidades empresariales AyA requiere duplicar la cantidad de inversión tarifaria, la cual actualmente ronda los ¢60.000 millones.

AYA RESPONDE

El Diario del Pueblo consultó a la institución con respecto a la ejecución presupuestaria de 2019 y la siguiente fue la respuesta.

“La revisión reciente de la Ejecución del Plan Estratégico y sus metas indica que se ha cumplido sobre la base de 46 objetivos, un 83%, por encima del 70% (de los cuales un 66% corresponde con más del 85%). Se cuenta con un plan de acción para abordar las desviaciones y se han establecidos controles específicos para el área de proyectos”.

Respecto a la ejecución presupuestaria de proyectos durante el año anterior AyA informa: “Según el Resumen Institucional que se encuentra en el SIIP de la CGR, el presupuesto al 31 de diciembre 2019 del AyA fue de ¢251.561.480.73 miles y su ejecución fue de ¢187.189.162.07 miles, que corresponde a un 74,41% de ejecución”.

“Importante señalar que para una institución que desarrolla obra el avance de esta debe valorarse sobre una base plurianual (varios años) y no anual, esto en razón del ciclo de los proyectos que comprende estudios básicos, diseños, contratación y construcción; en general, las obras toman en promedio tres años y se ven afectadas por diversas causas externas, tal como cambios en las obras, fenómenos climáticos, apelaciones durante los procesos licitatorios, entre otros”, agrega.

Al consultar sobre la responsabilidad de la ejecución presupuestaria, además de por qué el porcentaje de este rubro no es más elevado, indicaron: “La responsabilidad de la ejecución del presupuesto descansa directamente en las jefaturas y direcciones, gerentes de unidades ejecutoras, que solicitan los presupuestos, con planes aprobados y gestionan sus centros de costos y gastos. Como se indicó supra hay diversas razones que impiden que la ejecución presupuestaria sea la deseada”.

Edwin Marín

Seccional ANEP

“Con esta administración no se ejecuta ni el 32%. No creo que ejecuten más presupuesto y nótese que la administración de Yamileth Astorga tiene dos periodos. Sentimos que el AyA sigue de cabeza si se mantienen los mismos. Hacemos un llamado fuerte al presidente porque el AyA lo que necesita es un cambio en las jefaturas”.

Álvaro Barrantes

Intendente de Aguas

“Sigue teniendo un rezago significativo y lo que nos preocupa es que hay inversiones muy estratégicas, con proyectos como Agua No Contabilizada, Plan de Contingencia y Orosi II, que son básicas para prevenir los racionamientos. Si no se mejora el nivel de inversión son problemas que no se van a superar”.