Autor: ANEP

Sindicato denuncia tráfico de influencias en AyA

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NOTA: Diario Extra

Un nombramiento hecho en 13 días a una funcionaria que no contaba con los requisitos del puesto es la nueva polémica que involucra al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Según el sindicato ANEP-AyA, ocurrió un posible tráfico de influencias con la designación de Kattia Sánchez Sánchez, quien habría laborado para el ahora gerente institucional, Manuel Salas Pereira, en la empresa INNO Inmobiliaria.

“Los errores se están cometiendo en la Gerencia General y aquí lo que vemos es un posible tráfico de influencia, no es común que a una persona se le nombre en 13 días e inclusive se sigue presentando la alteración de requisitos”, menciona Edwin Marín, de la seccional ANEP-AyA.

Sánchez habría presentado su oferta de servicios el 22 de mayo de 2019 ante el Instituto, luego el 5 de junio de ese mismo año el gerente general solicitó a la directora de Capital Humano, Yolanda Salas, que se nombrara a la funcionaria de manera interina en un puesto de ejecutivo especialista.

“Se habla de temas de interés institucional y no se justifica cuál es ese interés, y esto se suma a los procesos de contratación irregulares que se reportaron por la auditoria”, dijo Marín.

La solicitud de la designación interna queda en evidencia en el memorando GG-2019-01709 del 5 de junio de 2019, 13 días después de que Sánchez presentara la oferta de servicios.

FUNCIONES

Las funciones que le fueron asignadas a Sánchez en el puesto están relacionadas a la gestión de proyectos, supervisión de cumplimiento de requisitos, brindar capacitaciones y ser coordinadora de la comunicación entre líderes.

También se le designó proponer cambios en políticas y reglamentos internos para mayor efectividad de la organización funcional y hacer informes para entidades externos, con respecto a la ejecución de presupuestos.

Siete días después, el 12 de junio y mediante el oficio GG-2019-01786, el subgerente general del AyA, Annette Henchoz, le comunicó a la directora de Capital Humano, Yolanda Salas, que se aprobaba el nombramiento interino, haciendo una excepción a la regla.

“En adición al memorando GG-2019-0179, en concordancia con la justificación aportada para el nombramiento interino de la Ing. Kattia Sánchez Sánchez, se autoriza a realizar dicho nombramiento, haciendo una excepción de lo establecido en la Directriz No. GG-2017-02945 en cuanto al tema de subutilización del puesto”, menciona el escrito dirigido por Henchoz.

Ante esto, el sindicato considera que la forma de actuar de la Gerencia es criticable.

“¿A quién se le da una plaza subutilizada, por qué hacer una excepción a una directriz? Se pierde la confianza en la Gerencia General y la junta directiva no está haciendo nada. Inclusive a la fecha no sabemos si se tomaron medidas con respecto a los auditorajes con los procesos poco transparentes”, menciona Marín.

MEJORA DE PUESTO

Tan solo tres meses después de que fuese nombrada en el puesto, el propio gerente general le solicita a la Dirección de Capital Humano que se traslade a Kattia Sánchez a otro puesto “con cargo de ejecutivo experto a partir del 01 de octubre del 2019, hasta el 31 de diciembre de 2019”, se lee en el documento.

El sindicato critica que se haya hecho una excepción a la directriz que limita subutilizar plazas y además aduce que se siente desconfianza con respecto a las decisiones que emiten quienes dirigen la entidad.

DIRECTRIZ

Precisamente, el 12 de diciembre de 2017 el gerente Manuel Salas emitió la directriz GG-2019-00285, titulada “Nombramientos y Movimientos de Personal”, documento dirigido a las jefaturas.

“Es preciso aclarar sobre el tema de subutilización de plazas que para las nuevas contrataciones en puestos catalogadas de servicios especiales y de cargos fijos, no se permitirá contratar nuevo personal subutilizando las plazas”, expresa la orden.

Y agrega que “los postulantes deberán cumplir al 100% los requisitos exigidos en los manuales institucionales para ocupar las plazas disponibles vacantes, lo anterior con el fin de dar el mejor aprovechamiento y con ello la mejor ejecución presupuestaria”.

El texto también menciona que solo podrá haber una subutilización de una plaza cuando haya escasez de personal y debe estar debidamente justificada.

“Eso se está manejando dentro de la misma red de cuido de la junta directiva, Annette Henchoz fue nombrada por este gobierno y se apresta para hacer excepciones, entonces para qué se emiten directrices si no se van a cumplir”, comentó Marín.

Inclusive, el gerente rectifica lo mencionado por la directriz el 5 de febrero de 2019 con la resolución GG-2019-00285.

“Se mantienen las disposiciones emitidas en la directriz No. GG-2017-02945, de fecha 12/12/17, relativas al tema de la subutilización de plazas para las nuevas contrataciones en puestos catalogados de servicios especiales y de cargos fijos”, dice el documento.

GERENTE 

El gerente Manuel Salas critica las denuncias que últimamente han circulado en diversos medios de comunicación en una carta que dirigió a los funcionarios de la entidad el pasado 19 de agosto.

“Grupos privados y políticos, perfectamente coordinados en el mensaje, repiten y se apoyan mutuamente con pretendidas denuncias, exageraciones, distorsiones, verdades a medias y llanas mentiras”, reza el escrito.

“Su táctica consiste seleccionar aquellos temas que son más fácilmente susceptibles de enfocar negativamente en la opinión pública y darles una connotación de corrupción e incompetencia”, añade la carta.

También, Salas se refiere a las opiniones que tienen diversos sectores cuando se denuncian actos de corrupción y salen a la luz pública.

“No son más que opiniones fundamentadas en titulares, notas livianas de prensa, filtraciones incompletas de información interna y febriles teorías de conspiración, que nunca le dan el espacio debido a las muchísimas explicaciones serias que ha dado la institución. Luego, por supuesto sirven para un refrito, cuando carecen de material nuevo. Nada de esto es casualidad”, agrega.

Al respecto, la seccional ANEP considera sentir preocupación, ya que si se debilita demasiado la entidad podría haber un riesgo o intención de querer privatizarla.

“Hay una pérdida de confianza y sentimos que no hay transparencia, nosotros estamos informando y diciendo a la población lo que sucede a lo interno y encontrarle la solución al problema”, expresó el presidente del sindicato.

Salas también justifica la inversión de $45 millones en la modernización de la plataforma tecnológica de la institución que forma parte de los temas por los cuales deberán comparecer los miembros de la junta directiva ante los diputados.

“Sin duda es uno de los ataques más infundados, acríticos e incoherentes que potencialmente podrían dañar de forma grave al AyA, si lograran su objetivo. Algunos lo han llevado a la prensa, que se caracteriza por su sensacionalismo”, relata la carta.

El comunicado dirigido a los trabajadores menciona que de manera paulatina irán explicando los temas por los cuales se cuestiona a la administración de Acueductos y Alcantarillados.

Edwin Marín

Seccional ANEP-AYA

“La situación en AyA es algo crítico, aquí se ha generado un fenómeno sociopolítico como nunca antes desde su creación se ha visto, es preocupante cómo hay tanto despilfarro, discriminación, falta de transparencia. Parece que quieren debilitar la institución para someterla a una posible privatización, esto va a terminar en una intervención administrativa del AyA, y estos hechos hacen que se ponga en juego la estabilidad del personal”.

MSP debe pagar diferencia salarial a policía

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Sin acudir a la vía judicial se logró que el Ministerio de Seguridad Pública ordenara pagar las diferencias salariales a un policía que cubrió por aproximadamente un año un rango más alto al del sueldo que recibía.

Este policía quien prefirió el anonimato, comentó que fue inició funciones como agente 1 en el 2011 y sus labores se desarrollaban en la parte preventiva. Para el 2016 fue nombrado como Agente 2, pero seguía recibiendo el salario del antiguo cargo.

Ante la duda que le embargaba decidió buscar la asesoría del departamento jurídico de la ANEP, donde su caso fue tomado por parte de David Estrada, quien inició con todo el proceso

El defensor indicó que la prioridad era que el uniformado pudiera recibir bien su salario y que todo se diera conforme a ley.

Por lo que se presentó un recurso administrativo donde se evidenciaba la diferencia en sus pagos.

El recurso fue estudiado por parte de Michael Soto, Ministro de Seguridad, quien ordenó que se organizara el tema a nivel interno y que se le cancelara al oficial lo que correspondía.

Lamentablemente de parte de la institución no se ha pagado la totalidad del dinero, puesto que aducen que se cancelará el monto a partir de que el policía presentó y demostró que cumplía con todos los atestados para tomar el cargo.

A pesar de esto por parte de Estrada se alabó la solución rápida que obtuvo el oficial y que se evitó por parte del Ministerio llevar el caso hasta los estrados judiciales.

“Es importante recalcar que en este caso se logra hacer justicia a la persona trabajadora sin necesidad de acudir a un juicio, sino que ha sido mediante el agotamiento de la vìa administrativa que se ha logrado que la persona reciba una remuneración justa por la labor desempeñada. 

También cabe señalar que el Ministerio de Seguridad Pública parece haber acogido una tesis jurisprudencial bastante nueva, como que para conceder el pago de diferencias salariales la persona trabajadora debe acreditar que cumple con los requisitos académicos y profesionales para desempeñarse en el puesto. Una postura que ha sido objeto de crítica últimamente por parte de los sectores pro-trabajador como la ANEP.», señaló.

Por parte de la defensa no se descarta que se interponga otro recurso para que el policía tenga que recibir la totalidad del dinero y no una parte.

Funcionarios municipales de Sarchí reciben reajuste salarial

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  • Salarios se encontraban por debajo de lo indicado por ley
  • Municipalidad actualizó manual de puestos para bases salariales

Luego de luchar por aproximadamente tres años y medio, los funcionarios de la Municipalidad de Sarchí recibirán un reajuste salarial. El acuerdo entre las partes se firmó el viernes 21 de agosto entre la alcaldía y trabajadores.

Precisamente este lunes, 24 de agosto quedó ratificado en el concejo municipal el convenio simple, lo que trae consigo la actualización del manual de puestos para las bases salariales.  ANEP fue uno de los actores principales durante el proceso.

Entre lo acordado por las partes se definió que el reajuste se haga de forma escalonada, debido a las afectaciones económicas que ha generado la emergencia sanitaria.

Albán Loría Presidente de la ANEP – Municipalidad Sarchí manifestó, “Con esta nueva negociación hemos logrado que se llegue al menos a lo que establece la ley, luego de un arduo proceso que contó con la garantía del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”.

También, expresó estar muy esperanzado por el acuerdo logrado, ¨este resultado nos permitirá realizar nuestro trabajo de la mejor manera. Además, da orden en la parte legal, presupuestaria y administrativa, trayendo un beneficio para los trabajadores”, indicó.

Por último, hizo el llamado a todos los compañeros de la función pública para que día a día se brinde un mejor servicio y se enriquezca la función de servir con calidad para todos los usuarios.

Albán Loría, Presidente ANEP Municipalidad de Sarchí explica los acuerdos

Denunciar corrupción no traduce hostigamiento laboral

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Luego de un largo proceso que se extendió por más de 5 años, los afiliados de la ANEP, Carlos Moreno y Ronald Fuentes, oficiales de la policía municipal de Escazú quedaron absueltos de una denuncia por hostigamiento laboral.

Los hechos iniciaron cuando ambos dirigentes sindicales recopilaron información y denunciaron una serie de actos irregulares por parte de una funcionaria de la misma institución de apellidos Alfaro Vega.

Alfaro al darse cuenta, tomó represalias en contra de los policías, por lo que acudió a la vía judicial denunciándolos por Hostigamiento laboral.

Luego de que ambas partes presentaran sus argumentos, la Sala Segunda dio la razón a los uniformados Moreno y Fuentes, donde descartaron algún tipo de acoso laboral dirigido a Alfaro Vega.

Dentro de los respondido se indicó por parte de la Sala de que el ejercicio de un derecho, aunque incomode, no constituye acoso laboral.

David Estrada, representante legal de los oficiales, mencionó que este tipo de fallos hace que la democracia gane y que la libertad sindical pueda ser garantizada.

Además, añadió “considero que éste caso explora una línea jurisprudencial beneficiosa para éste sindicato y sus dirigentes, pues se respalda el trabajo que éstos hacen en la investigación y denuncia de irregularidades en la Administración Pública, y que dicha labor no debe considerarse como manifestaciones de hostigamiento laboral, sino por el contrario, como un reflejo del Estado Social de Derecho en que vivimos, donde prevalece la justicia, la transparencia y la democracia”.

Pandemia y hambruna

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Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

¡Hambruna de proporciones bíblicas! Así nos lo está alertando la principal entidad del sistema jurídico-político internacional, la Organización de Naciones Unidas (ONU); considerando que las graves consecuencias de la pandemia del coronavirus covid-19 sobre los sistemas económicos de los países del orbe, generarán el riesgo de que millones de personas enfrenten uno de los más crueles males que un ser humano pueda sufrir: tener hambre.

«Estamos en riesgo de una hambruna que podría alcanzar proporciones bíblicas», ha advertido el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, David Beasley. Así fue consignado en diversas publicaciones digitales a las cuales tuvimos acceso.

Los datos más relevantes que tenemos a disposición nos indican que al terminar el presente año 2020, la gente con hambre podría aumentar en un 80% a nivel mundial con relación al período pre-pandémico.

Pero, lo que más dolorosamente impacta es que en nuestra región latinoamericana, tal aumento será terrible: hasta un 269%.

Una circunstancia que refuerza la triste realidad, ya ampliamente constatada, de que es la América Latina la región más desigual del planeta.

Como costarricense activo en la lucha social, creemos que es de extraordinaria relevancia que pensemos, seriamente, si Costa Rica ha de vivir tan doloroso drama humano: una hambruna, como dice la ONU, de “proporciones bíblicas”.

La triste realidad multifacética de la pandemia, tal cual la estamos viviendo en el día a día, nos estalló en nuestra propia cara de nación, al mostrarnos con datos crudos cuán desigual nos habíamos vuelto como sociedad; y, cómo, había ya crecido la exclusión económica y social cuando el coronavirus llegó al territorio nacional. ¡La pandemia nos desnudó!

Este terrible anuncio de la ONU, en nuestro respetuoso y humilde criterio, debe darle un fuerte impulso, nuevo y renovado, a la lucha multisectorial que se ha venido dando en estos recientes años, para que Costa Rica restaure una fuerte política pública de soberanía y de seguridad alimentaria.

Diversos esfuerzos se vienen manifestando de manera reiterada, así como varios sectores vienen pujando por ello. Particularmente, nos consta del incansable esfuerzo de profesionales honestos, tanto del MAG como del CNP, que desde las correspondientes bases institucionales y asociados en gremios de real conciencia patriótica; han dedicado muchísimas horas de estudio y de análisis a la elaboración de políticas revitalizadoras del agro nacional que, precisamente, nos harían inmunes a una hambruna.

Uno, que no es especialista en el tema, ha tenido la oportunidad de conocer de tales esfuerzos; ya no sólo los de carácter intelectual, sino los de las vivencias cotidianas, durísimas y sacrificadas, de personas agricultoras compatriotas, las cuales desarrollan una titánica tarea de sobrevivencia propia y familiar y para darle al país lo que ocupa para alimentarse de manera suficiente y sana nutritivamente hablando.

Hasta hoy, la política pública les ha visto con desdén y, en el “mejor de los casos”, casi que con asistencialismo caritativo de humillante consecución.

¡En Costa Rica ya hay hambre! Es más, antes de la pandemia, muchos y muchas compatriotas desempleadas y/o ubicadas en la informalidad laboral, presentaban en sus hogares serios problemas de abastecimiento básico-alimentario y nutritivamente elemental.

Nadie duda de que la pandemia está profundizando esta situación.

Si no es posible lograr cambios estratégicos radicales en cuanto a las políticas públicas necesarias para imponer la soberanía y la seguridad alimentaria; al menos, los sectores sociales ligados al tema, en el marco de la “hambruna de proporciones bíblicas” de que nos habla la ONU, deberíamos relanzar su coalición de lucha multisectorial con nuevos aires de desafío a favor de la vida. “Nadie con hambre en Costa Rica”, podría ser un lema aglutinador.

Es hora de que los megarricos ticos aporten:¡lo pide la ocde!

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Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

De la manera más categórica y vehemente, tenemos que rechazar la imposición, a cambio de los préstamos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de más cargas tributarias para el pueblo trabajador, para quienes sufren el desempleo y están en la informalidad; para las micropequeñas y medianas empresas.

El propio Ministro de Hacienda, Elián Villegas Valverde, ya lo reconoce abiertamente, aunque era un secreto a voces; como secreto es lo que han pactado con el FMI, con los hermanos Arias Sánchez y con algunos líderes parlamentarios, usuales operadores políticos de los sectores económicos con poder real en estos momentos: andan tras la venta de los activos más rentablemente jugosos que todavía quedan con categoría de propiedad pública.

Guerra a los impuestos debe ser un unánime clamor social, exhortando de nuestra parte a que, desde las bases de la sociedad trabajadora y popular de este país, se articule la necesaria oposición cívica que impida la imposición de más cargas tributarias contra las mayorías muy golpeadas desde antes de la pandemia y producto de la misma.

Lo que sí corresponde es que la injusta estructura tributaria costarricense, profundamente regresiva, agravada por un escandaloso robo anual de impuestos que no es cometido por la gente de a pie, establezca que sea el sector de los superricos ticos el que deba aportar, ahora sí, sustancialmente, para impedir la irreversibilidad de una situación tan injusta como explosiva.

Ahora resulta que es la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), tan “idolatrada” por esos sectores económicos con poder real en estos momentos, la que está planteando subir impuestos al patrimonio, al capital y también establecer los denominados impuestos “verdes”.

Según reporte de noticias de prensa del medio digital español El Mundo, la OCDE acaba de dar a conocer un informe fiscal en el marco de las graves consecuencias socioeconómicas derivadas de la pandemia global del coronavirus covid-19. Dos párrafos de esa noticia son más que elocuentes y, por eso, se los compartimos:

Las medidas puestas en marcha por los países para luchar contra el coronavirus tienen un impacto clarísimo en la economía. A nadie se le escapa eso a estas alturas. Los costes se han disparado y los ingresos se han hundido, de ahí que los países se apresuren a lanzar sus planes de reconstrucción y de estímulo económico, como está haciendo Francia hoy mismo. A la OCDE tampoco se le escapa. Este jueves ha presentado un informe fiscal en el que ahonda precisamente en esa caída de los ingresos. Para la organización que aglutina a los países más desarrollados del planeta, la receta pasa por subir impuestos.

Pero, ¿qué impuestos? Subir ahora los impuestos a las rentas de trabajo o al consumo, como se hizo tras la crisis financiera de 2008, sería un error, a ojos de la OCDE. El empleo está en una posición muy delicada, por no decir en cuidados intensivos, y el consumo, también tocado, hay que reactivarlo, no penalizarlo. La fórmula posible, para la OCDE, es elevar los tributos que gravan el patrimonio o las rentas de capital”.

(https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2020/09/03/5f50dbe221efa006258b467d.html)

Por otra parte, y considerando este elemento que no estaba en la mesa, lo que ahora dice la OCDE, fortalece nuestro clamor que tenemos que repetir hasta la saciedad es que no es necesario acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI), para “resolver” el problema fiscal nacional. Hay alternativas.

Sin embargo, tanto el presidente formal (Carlos Alvarado Quesada), como el real (André Garnier Kruze), realizan una gestión político-ejecutiva de gran carga ideológica, a favor del desmantelamiento final del Estado Social de Derecho y de los valores que le inspiran, insertos en la maltrecha Constitución Política de 1949; gestión que incluye aumentar los impuestos, sin que hayan renunciado a subir el impuesto al valor agregado (IVA).

Con ese objetivo estratégico en sus mentes, la entrada en escena a la política nacional del FMI, no solamente adquiere un matiz estratégico, sino que cuentan con los operadores políticos legislativos necesarios para garantizar las votaciones mecánicas que aprobarán la segunda y vital parte de esos créditos. A eso nos enfrentamos en un marco de condiciones, desde el punto de vista de la lucha social, totalmente adverso. En realidad, ¿cuándo ha sido diferente?…

Poder Judicial ¿Otra Marioneta del Capital Neoliberal?

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Jonathan Flores Mata, Criminólogo / Directivo Nacional de ANEP

No es una novedad hablar del tema de la pérdida de confianza de muchos costarricenses en la administración del sistema de justicia de nuestro país. Y si nos centramos en el Poder Judicial, como institución encargada de tal función, las circunstancias cuestionables se incrementan.

Los factores que originan tal percepción sientan sus bases en variadas situaciones, que se han dado a conocer a la opinión pública por medio de redes sociales y medios de comunicación. Así es, lamentablemente, la dama de la justicia en Costa Rica ha sido desnudada en variadas ocasiones, por la exposición de diferentes hechos que dan mucho que pensar sobre la vulnerabilidad y transparencia del Poder Judicial.

En esta ocasión, me gustaría enfocarme en aquel factor que considero más peligroso, la influencia política. Y es que, desde el momento en que vemos el sistema de elección de los magistrados de las distintas salas de la Corte Suprema de Justicia, nos damos cuenta de la forma en que la clase política comienza a fabricar favores que cobran en el momento que más lo requieran (no por nada se pelean por elegir específicamente los de Sala III-penal).

¿Por qué estoy seguro que la política influencia las decisiones de las altas magistraturas? Muy sencillo: Además de que son ubicados en sus puestos por políticos: ¿Han visto el ataque sistemático que ha sufrido la clase trabajadora en este país en los recientes años? Pues justamente, muchos de los golpes a los bolsillos de las y los trabajadores, han contado con la venia de las Salas de la Corte.

Refresquemos nuestra memoria con la resolución de Sala Constitucional, que prácticamente dio un argumento político para dar luz verde a la Ley 9635 (combo fiscal). A eso le podemos sumar el coincidente y curioso cambio de criterio de mucha jurisprudencia laboral, como en lo referente al cobro de tiempo extraordinario y diferencias salariales, por ejemplo (ojo, esto se las trae).

Por supuesto, no es posible olvidar la forma en que los procesos que son ventilados en medios de comunicación avanzan con más rapidez que los de la ciudadanía común. Tampoco se puede obviar la preocupante impunidad que afronta el país en temas de delitos de cuello blanco, corrupción en la función pública y legitimación de capitales.

Sí, para el suscrito, igual que para gran parte de la población, es muy difícil decir que confía en la transparencia del Poder Judicial, cuando escenarios como los antes indicados evidencian que hay un terrible tráfico de influencias de la clase política. Ahora bien, si dentro del Poder Judicial se promueven acciones bajo dicha influencia, y sabemos de sobra que la política está dominada por grandes empresarios neoliberales (de esos que evaden, eluden, se llevan las grandes licitaciones del Estado y ponen plata para comprar votos), entonces, podemos concluir que estos sectores económicamente poderosos también mandan en la institucionalidad judicial. (JCB fue solo un pequeñísimo ejemplo).

Hace unos meses testificamos como al máximo referente en materia sindical del país, Albino Vargas Barrantes, se le emitió en tiempo récord, una orden de captura en su contra, por parte de las autoridades judiciales del sector Caribe, gracias a la solicitud de una autoridad política del lugar. Recientemente, nos damos cuenta, por medios de comunicación, que curiosamente, se enteran primero que las partes del proceso, de las decisiones judiciales; que el caso seguido contra el Secretario General de la ANEP, por supuesta instigación durante la huelga del 2018, se elevará a juicio.

Así es, mientras cientos de expedientes abiertos por robos, estafas y hasta homicidios, se extinguen bajo los criterios “objetivos” de la fiscalía, que no encuentra suficientes elementos de prueba para llevar la causa a instancias mayores, curiosamente, en este proceso si hay acusación. No es mi intención ofender, pero solo dar una rápida lectura a la acusación inicial es suficiente para saber que la misma estaba plagada de percepciones subjetivas, apoyadas en elementos probatorios risibles.

Si hacemos el sencillo asocie de que Albino Vargas es prácticamente un enemigo declarado de los poderosos neoliberales que acumulan riqueza de manera desigual; con el hecho de que son estos empresarios quienes mueven los políticos que influencian el Poder Judicial, entonces se podría señalar que este proceso está siendo empujado, y será manipulado, por intereses que van más allá de la institucionalidad. En pocas palabras, cuando el acusado difiere de los intereses de la clase con el poder económico, como Albino Vargas, el sistema si actúa eficientemente.

Como ciudadanos debemos preocuparnos, este es el primer antecedente de represión gubernamental, como títeres de las clases que realmente representan, a la libertad de expresión. Sin duda, un espeluznante precedente que nos muestra no solo los alcances que la corrupción y el tráfico de influencias tienen en nuestras autoridades (ni siquiera me quiero imaginar lo que puede estar pasando con el crimen organizado), sino también la forma en que se debilitan los pilares de nuestra democracia.

¿Nos vamos a cruzar de brazos mientras pasa?

Trabajadores de AyA de Osa exigen condiciones decentes para laborar

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No tienen donde cambiarse, ni lugar para ducharse luego de su jornada laboral debido a que todos los días llegan sucios tras sus labores. Esto se suma a muchos deterioros que hay en las oficinas administrativas.

Lamentablemente, hay presupuesto y vía libre para construir un lugar nuevo y propio, pero no se ha hecho. En la actualidad se alquila el espacio donde opera la oficina en Osa.

ANEP constató las condiciones precarias en la que laboran.

Membresía a OCDE costará ¢2.165 millones por año

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  • Gasto presupuestario de Comex crece 43% para el 2021

Nota: Diario Extra

En plena crisis fiscal Costa Rica se dará el lujo de destinar ¢2.165 millones para el pago de la membresía a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

Así se desprende del proyecto de presupuesto para este 2021 del Ministerio de Comercio Exterior. Debido a ello, los gastos para esta cartera crecen en un 43,1%.

Sin embargo, el Ministerio de Comercio Exterior aduce que la membresía es de sólo ¢1.400 millones por año. El incremento del monto para 2021 obedece a un gasto extra de ¢749 millones requeridos por ser el primer año de ingreso.

Se habla de que esta es la cuota “post adhesión”. El ministro a.i, Duayner Salas, indicó que para el 2021 el monto es más elevado por gastos extras derivados del proceso de adhesión.  

De la exposición de motivos se desprende que todo gobierno debe estar preparado para asumir las obligaciones de la membresía para adherirse a la convención. Esto forma parte de la declaración general de aceptación. 

Según Comex, resulta fundamental asignar los recursos necesarios para cubrir estos gastos. Ahora, su aprobación queda en manos de los diputados como parte del análisis del presupuesto para el próximo año. 

El Ministerio había explicado que el monto de esta contribución es establecido con base en el PIB (Producto Interno Bruto) de cada nación. La OCDE se financia con las contribuciones de sus miembros. 

El pasado 15 de mayo de 2020, el país recibió la invitación formal del consejo de la organización para convertirse en el miembro número 38 de la organización y suscribir la convención.  

Esto luego de cinco años de iniciado el proceso de adhesión, y de que los 22 comités emitieron su opinión formal. 

Recientemente el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, señaló que el convenio de adhesión a la OCDE sería remitido a la Asamblea Legislativa a más tardar este viernes.

Otro tema pendiente es quién será el representante de Costa Rica ante ese organismo. Según Prieto, esto quedó claro desde que Dyala Jiménez, era ministra de Comercio Exterior. 

Sin embargo, uno de los motivos de la salida de la jerarca fue que al parecer había interés del gobierno de que fuera de Cancillería quien ocupara ese lugar, algo con lo que Jiménez, dijo no estar de acuerdo. Posteriormente, Presidencia diría que eso no era así. 

Una vez que se firme el protocolo de adhesión, el país tendrá que nombrar a un embajador. 

“UN POBRE EN EL
INDOOR CLUB”

La OCDE es una organización internacional, cuya misión es diseñar políticas para una mejor calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, es decisión de cada país si implementa sus recomendaciones.

Para Rafael Mora, encargado de Asuntos Políticos de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), resulta una contradicción que se diga que no habrá aumento salarial para los empleados públicos el próximo año y se vayan a pagar millones por estar en este organismo.  

“Es condenable que en plena crisis como está este país estar pagando a organismos internacionales. El pueblo lo siente como una burla, mientras que los trabajadores les congelan el salario o se le reduce la jornada laboral, se ponen a pagar dinero en afiliaciones en organismos internacionales”, comentó. 

Mora dijo que además de la membresía hay que tomar en cuenta que este ingreso se convertirá en viajes aquí y allá y el pago de un jugoso salario para quien sea el embajador.  

“Nos condenan a una situación de congelamiento salarial injusto e inaceptable, pero tienen para andar pagando estas membresías, entonces uno ve que las medidas son contra la clase trabajadora. Es imposible que Costa Rica haya cumplido en transparencia fiscal, aquí lo que hay es una mafia y seguro le hicieron el favor para el ingreso. Esto de la OCDE es como un pobre en el Indoor Club”, añadió. 

Lenin Hernández, secretario del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae), manifestó que esto demuestra que el país se está equivocando nuevamente en la ruta económica. 

“Ahí es donde decimos que se destinan los dineros de forma equivocada con la OCDE, asesorías y gastos superfluos que solo traen más pobreza y desigualdad. Si uno se pone a analizar el contexto mundial ¿Qué se ganan con estar en la OCDE?, yo diría que nada, más bien los países bajo la perspectiva de la autonomía y la pandemia están asumiendo el manejo de su economía. La respuesta la tiene cada país de acuerdo a su desarrollo cultural, cada país es distinto. La solución no está en estos organismos”, recalcó.

RUMBO EQUIVOCADO

•Rafael Mora

ANEP

“Es condenable que en plena crisis como en la que está este país, estar pagando a organismos internacionales. El pueblo lo siente como una burla, mientras que los trabajadores les congelan el salario pagan estas millonadas”.

•Lenin Hernández

Sinae

“Ahí es donde decimos que se destinan los dineros de forma equivocada con la OCDE, asesorías y gastos superfluos que solo traen más pobreza y desigualdad”.