Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes/ Secretario General ANEP

Hacemos de su conocimiento que, aparte de lo que ya usted está debiendo, debe agregarle una cantidad más: 4 millones 400 mil colones (¢4.400.000). Es lo que “le corresponde” a usted del total de la deuda pública del país, que ya es de 22 billones de colones (¢22.000.000.000.000).

Como somos 5 millones de habitantes, entonces, ¢4.400.000 es el monto “adeudado” por cada costarricense vivo en estos momentos, ya sea bebé, niño o niña, adolescente, joven, persona adulta y de la tercera edad.

Convertida esa cantidad de 22 billones de colones a dólares y calculando el precio de un dólar a 575 colones, entonces la deuda del país es de 38 mil 261 millones de dólares, aproximadamente. Es decir, cada persona costarricense estaría “debiendo” 7 mil 652 dólares. 

Por supuesto que usted, en lo particular, no está debiendo esa plata. Es la deuda pública-país generada por los gobiernos del tripartidismo (Liberación, Unidad y PAC); aunque, según los entendidos, es el PLN el que más ha endeudado al país (hasta la llegada de la pandemia).

¡Sigamos sacando cuentas! Quien hasta hace poco fue Ministro de Hacienda, don Rodrigo Chaves Robles (quien venía de laborar los últimos 25 años de su vida profesional en el Banco Mundial), le dio carácter de información de Estado a un dato que era secreto a voces; y que, en nuestro caso, como corriente sindical nacional, de manera reiterada lo hemos venido denunciando en los últimos años. 

Dijo don Rodrigo que, por lo bajo, la evasión tributaria y la elusión fiscal en nuestro país es del orden de los 3 mil 800 millones de dólares, ¡por año! En colones, serían 2 billones 185 mil millones de colones. Esta cantidad equivale a unos 6,1 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), de estos momentos. Sin embargo, según otras fuentes (y también lo admite el señor Robles), el robo de impuestos es hasta del 8-8.5 puntos PIB. ¡Realmente monstruoso!

Entonces, en los últimos diez años fiscales, 2010-2019, el robo de impuestos en todas sus manifestaciones sería esa cifra de 3 mil 800 millones de dólares, pero multiplicada por 10. Es decir, 38 mil millones de dólares. ¡Prácticamente, es la misma suma de la deuda pública del país en estos momentos: ¡38 mil millones de dólares!

Esa plata de impuestos que se robaron de múltiples maneras ahora nos tienen como país al borde del precipicio. Esa gigantesca deuda, 38 mil 260 millones de dólares, estrangula el presupuesto nacional por el pago de intereses que supone y, por tanto, con la pandemia encima, estamos llegando a situaciones límite como que el país se declare en quiebra y no pueda amortizar ni el principal ni el pago de los intereses.

En esto de sacar cuentas, ¡también hay que pedir cuentas! No puede haber impunidad. En los últimos 10 años fiscales, tres administraciones gubernativas tienen responsabilidad política inobjetable por este desastre: Chinchilla Miranda, Solís Rivera y Alvarado Quesada. 

Vamos a tener que ponerle rostro a las principales personas de altísima jerarquía política en esas administraciones que están relacionadas, directa o indirectamente, con esos 3 mil 800 millones de dólares de evasión y elusión fiscales en cada uno de esos 10 años. ¿Cómo se llaman las personas que en la última década fiscal estuvieron en estas entidades: Dirección General de Aduanas, Dirección General de Hacienda y Dirección General de Tributación? Aparte de, por supuesto, quienes estuvieron en la cima del Ministerio de Hacienda, como ministros-ministras de Estado. Igual responsabilidad es la de quienes se han sentado en la silla presidencial.

La catástrofe por venir es de tal magnitud y de tantísimo dolor, y dado que el gobierno de Alvarado mantiene una intransigente posición, abiertamente autoritaria y de menosprecio absoluto a escuchar alternativas; lo más conveniente sería que las fuerzas sanas y representativas de la sociedad se juntaran, con urgencia, a hablar por lo menos.

Por la relevancia del tema que se está discutiendo, a golpe de tambor, en la Asamblea Legislativa, consideramos pertinente publicar en este espacio semanal de opinión que nos brinda La Prensa Libre, el artículo escrito por la compañera María Laura Sánchez Rojas, sindicalista y socióloga, Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Formación Político Sindical (UCFPS) de ANEP; el cual transcribimos a continuación:

Con mucha emoción nos disponíamos a celebrar la aprobación en segundo debate de la Ley contra el Acoso Sexual Callejero, una herramienta jurídica que nos proporciona un poco más de seguridad a las mujeres, ante quienes solo con estos mecanismos se dan cuenta que las mujeres no somos un objeto sexual, a la cual se le dice una frase insultante, un gesto brusco o pasar a una acción de violencia física, tocando nuestro cuerpo, sin nuestra autorización, que las mujeres somos sujetas de Derechos Humanos y que no somos una “pila de agua bendita para que nos metan las manos”.

Es una pena que, en un país respetuoso de Derechos Humanos, se tenga que llegar a estos extremos; que, por medio de una ley, algunos hombres se “enteren” que a las mujeres se nos debe respeto.

Pero más lamentable es que en un país que se jacta de respetar los Derechos Humanos, y un gobierno que, también se jacta, de promover la defensa de los derechos de las mujeres, promueva un proyecto de ley de flexibilización laboral, el cual se tramita bajo el expediente legislativo número 21.182, denominado “Reforma de los artículos 136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo, para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los Derechos de las Personas Trabajadoras”

Primero: una garantía social que con mucho esfuerzo lograron nuestros y nuestras antepasadas, una verdadera conquista de la clase trabajadora, siguiendo lo aceptado socialmente en la distribución del tiempo para laborar, para recrearse y para el descanso por medio del sueño. Esta jornada ha permitido a muchas mujeres, distribuir su tiempo para no solo aportar a la sociedad con su trabajo productivo y reproductivo, sino para prepararse académicamente y de esa manera lograr una movilidad social ascendente y, por lo tanto, mejorar su calidad de vida, la de su familia; así como a la sociedad.  

Segundo: este proyecto de ley violenta nuestra propia Constitución Política, así como la norma jurídica internacional, consignada por medio del Convenio de la OIT C001-Sobre las horas de trabajo-1919. El cual fue ratificado por nuestro país, mediante la ley número 6711 del 8 de enero de 1982, publicada en el diario Oficial La Gaceta no. 23 del 3 de febrero de 1982.

Tercero: afecta seriamente a las mujeres, especialmente a las jefas de familia, quienes deberán de aumentar las horas de cuido de su familia mientras laboran, lo que lleva a pagar más por ese servicio, cuando han podido asumirlo o lo que es peor, cuando recae en un integrante de la familia que sea “más grande” para que cuide a las demás, generalmente le “toca” a las hijas. Esto conlleva a que no solo la madre se afecte de este tipo de jornada, porque estará muchas horas fuera del hogar y sin poder compartir y reforzar los lazos familiares, sino que a la “grande” le tocará “quedarse en la casa” y asumir el trabajo reproductivo, minimizando sus posibilidades de estudio.

Cuarto: coarta alguna posibilidad de que la mujer trabajadora pueda iniciar o continuar estudios para poder en algún momento, aspirar a un mejor empleo. ¿o es que se podrá indicar en el centro de estudio los horarios en que se puede asistir a lecciones, sean presenciales o virtuales?

Quinto: a pesar de la Ley contra el Acoso Sexual Callejero, con este proyecto de ley de flexibilización laboral, expone a las mujeres trabajadoras, a vivir una situación de este tipo de acoso; al tener que salir de sus hogares en horas muy tempranas y regresar a altas horas de la noche, lo que pondría en peligro su integridad física y emocional.  

Si el acoso sexual callejero nos hace sentir que las mujeres estamos a “disponibilidad” de quien quisiera irrespetarnos, con este proyecto de ley, refuerza esa situación. Estamos “disponibles” para que la “clase empresaurial” que a toda costa tiene que mantener y aumentar sus ingresos, sin importar las necesidades y particularidades de muchas mujeres trabajadoras, sin importar los postulados de Trabajo Decente, sin importar los Derechos Laborales, que son parte de los Derechos Humanos, sin importar la relevancia de un equilibrio laboral, social, emocional y económico de las mujeres; son tan “angurrientos” que ni siquiera son capaces de percatarse que los efectos de este proyecto de ley, les afectará en la calidad del trabajo, porque no se estará en un ambiente laboral sano.

Nuestros derechos como mujeres trabajadoras reciben una de cal y otra de arena, otra vez nos violentan, se burlan de nuestra condición y provocan ampliar las ya existentes brechas de género en salario, en acceso a estudio, en acceso a mejores puestos. Refuerza la relación de poder de quienes poseen los medios de producción y la clase trabajadora, particularmente de las mujeres trabajadoras.