Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La gran mayoría de la población trabajadora de nuestro país (con empleo formal, sin él, en la informalidad), ya la estaba pasando mal antes de la llegada de la pandemia. Ésta lo que ha hecho es agravar tal circunstancia y ha vuelto a nuestro país irreconocible.

El rumbo económico de los últimos tiempos ha estado más que equivocado y los partidos responsables de ello, Liberación, Unidad y PAC, se degeneraron, políticamente hablando, a tal nivel que hoy son la “dirección ejecutiva”, la “gerencia política” de un conglomerado de empresaurios.

En materia de la política económica y macroeconómica ejecutada por los indicados partidos, se debe decir que ésta es un soberano fracaso en cuanto a la inclusión social. Ha fomentado la exclusión económica y ha propiciado la obscena concentración de riqueza.

Por tanto, la gran tarea que la gente golpeada, estafada, desilusionada, precarizada y empobrecida tiene por delante es, al menos, cambiar el rumbo de esa política económica que nos lleva al despeñadero. Tenemos que ir por otro rumbo contrario. Cuatro pistas para ese cambio de rumbo son las siguientes.

UNO: Debe establecerse una política pública para enfrentar la circunstancia del dinero sucio, el del narcotráfico, el del crimen organizado como agente activo del sistema económico y bancario-financiero del país. Serían unos 4 mil 200 millones de dólares anuales del total de la plata sucia, lavado de dinero, que transita en Centroamérica, según la entidad Global Finance Integrity. Instaurar en Costa Rica la Tasa Tobin, un impuesto a las transacciones financieras, es una alternativa.

DOS: La evasión tributaria en el país es, por lo bajo, de 3.800 millones de dólares anuales: 6.1% del Producto Interno Bruto (PIB). Curiosamente, un 6.1% es el cálculo de incumplimiento tributario a nivel regional y para el 2018, según datos de la prestigiosa Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de Naciones Unidas. El gobierno empresaurial que nos agobia en Costa Rica está proponiendo un recorte presupuestario de un 1% PIB, teniendo 6 puntos a su disposición… si tuviéramos otro sistema tributario. A este respecto las propuestas están formuladas para una transformación tributaria estructural. En la Asamblea Legislativa anterior (2014-2018), quedaron planteadas en las conclusiones de la comisión investigadora de Los Papeles de Panamá.

TRES: “Recortar el gasto público muy pronto descarrilaría la recuperación”. Éste es un planteamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), al mencionar que sin un activo papel del sector Público no será posible que las economías salgan del grave problema socioeconómico que implica la pandemia del covid-19. Aquí se está promoviendo y haciendo todo lo contrario, llegando al punto de rebajar salarios del empleo público. Países europeos que habían mandado al cajón de la basura sus servicios públicos de salud, hoy lo lamentan por los muertos que han tenido. El recortismo fanático-fundamentalista actualmente en desarrollo en el país, representa un suicidio político-colectivo y eso debe ser revertido.

CUATRO: Millonarios por la humanidad es un movimiento global de personas archi-adineradas, poseedoras de fortunas en cantidades inimaginables, acumuladas por sistemas tributarios endebles y por esos nefastos paraísos fiscales. Ellos están pidiendo, paradójicamente, a sus propios gobiernos que les tase (“tax us”,denominación en idioma inglés del movimiento que promueven), a sus propias fortunas, para que haya recursos frescos a fin de potenciar fuertemente la recuperación económica de los países que han sido y que están siendo devastados por la pandemia. Es hora de que, en Costa Rica, los súper-ricos y sus fortunas sean tasados, al menos, con un impuesto solidario para la crisis. Nunca han tributado lo justo, las administraciones tributarias (por decir lo menos), han sido “complacientes” con ellos.

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Para el año 2019, a pesar de que la fuerza laboral asalariada del sector Público apenas representó un 18% de la Población Económicamente Activa (PEA), con empleo formal y con salario fijo, su aporte a las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), andaba por el orden del 45% de los ingresos de tan vital institución para la salud de la población y para la vida democrática misma del país.

Es decir que antes de la llegada de la pandemia a suelo costarricense, casi la mitad de los ingresos de la Caja era producto de la fuerza laboral estatal. Dicho de otra forma: de cada 100 personas trabajadoras asalariadas con empleo formal y salario fijo que estaban laborando a la llegada del covid-19, 18 de ellas lo hacían para el Estado y, sin embargo, su aporte a la sostenibilidad financiera de la CCSS casi llegaba al 50% de lo que la institución ocupaba para funcionar.

Durante los primeros seis meses del presente año 2020, en plena pandemia (aunque ésta nos llegó en marzo anterior), el conjunto del aporte obrero del personal asalariado del Estado para con las finanzas de la Caja ha crecido sustancialmente, si consideramos que la parte del aporte obrero-privada ha mermado de manera significativa por la suspensión de contratos laborales, las reducciones de jornada, los despidos duros y abiertos.

Los datos provienen del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Incrementar las dificultades financieras de la Caja en estos durísimos momentos que muchos pensamos van a ser más dolorosos próximamente, mediando una rebaja salarial para el sector Público, viene a representar una especie de crimen social que debemos condenar enérgicamente.

La institución ya acumula enormes dificultades, no solamente por la acumulación de la deuda del Estado con ella sobre lo cual no se ve voluntad política alguna para empezar a saldarla como debe ser; sino que la han obligado a otorgar concesiones al empresariado con relación a las propias responsabilidades de éstos en cuanto patronos, lo cual parece haber rebasado una lógica comprensible por las circunstancias, agravando más la reducción de ingresos que sufre.

Sin duda alguna, se están presentando diversas circunstancias que obligan a lanzar una alerta general a la población trabajadora del país, acerca de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), enfrenta el más severo ataque de toda su historia; pues sus enemigos los de siempre, los que ansían apropiarse de los servicios públicos de salud para convertirlos en mercado de negocios, se han descarado a tal nivel que ya plantean, sin asco, su privatización abierta como lo impulsa el sindicato patronal-empresarial más agresivo del país en contra del Estado Social.

Nada raro sería que la primera rebaja salarial en contra del empleo público esté concatenada para golpear más duro a la Caja, más allá de las insostenibles justificaciones fiscales que se vienen esgrimiendo en contra de las personas asalariadas del sector Público.

Hay que señalar con el dedo cívico-popular acusador a quienes, de manera farisea, se rasgan las vestiduras a propósito del amor que dicen tenerle a la Caja pero que, en la práctica, están haciendo todo lo contrario para estrangularla.

Si grandes e importantes movilizaciones obrero-sociales hubo en los años 40 del siglo anterior para que tuviéramos Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); tocará a la generación presente (joven, adulta y adulta mayor), salir a defender su existencia, también mediando importantes movilizaciones obrero-sociales.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Una importante cantidad de las actuales personas legisladoras de los partidos políticos ideológicamente afines, aunque con nombres distintos, insisten en forzar un recorte presupuestario en las finanzas del Estado central que para nosotros es políticamente suicida; desde el punto de vista que no resuelve el problema estratégico de las finanzas públicas en sus dos principales vertientes. Por un lado, no se mueve ni la más mínima legislación en torno a las urgentísimas transformaciones tributarias estructurales hace ya largo tiempo plenamente definidas pero que nunca se materializaron. Por otro, un endeudamiento público sin fin al borde del default, con un insaciable e imposible de cubrir, cobro de intereses.

Empecemos por esto último. El recortismo suicida que están pidiendo, es para autorizarles al gobierno más endeudamiento, ante la desesperación de éste por la disminución de 3.3 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) de ingresos fiscales previstos para el año en curso. Paradójicamente, el endeudamiento que se está pidiendo, el “salvavidas” que desesperadamente pide el gobierno, apenas es de dos tercios de ese faltante, con lo cual el recortismo exigido no va a alcanzar y en próximos días o meses nuevas exigencias de nuevos recortes aparecerán. Para empeorar la situación no existe en ese escenario legislativo ni la más mínima disposición para considerar las razones por las cuales, cada año se ha dejado de percibir 3.800 millones de dólares, como evasión impositiva en todas sus formas, lo cual nos dice que en la última década los estafadores tributarios habrían acumulado hasta unos 38.000 millones de dólares. ¿Lo anterior lo afirma un sindicalista?, ¡No! Fue Rodrigo Chaves Robles, funcionario por 25 años del Banco Mundial y que fue “expulsado” del cargo de Ministro de Hacienda, por sus propios errores, pero básicamente por haber afirmado lo anterior, como parte de varias herejías que se dejó decir en el seno de ese parlamento de tantas curules ideológicamente afines, por lo general, muy dóciles al pensamiento del accionariado mediático del periodismo del odio.

Insistimos en que este tipo de recortismo presupuestario es suicida porque, al no resolver el fraude estructural tributario, va a llegar un momento en que lo único que quedará es despedir maestros, despedir policías, y­/o reducir el Poder Judicial a una caricatura institucional, por ejemplo. Porque la esencia del recortismo es seguir pidiendo prestado y los nuevos préstamos, cada vez más difíciles de obtener, son para pagar los intereses de las deudas anteriores, ni siquiera para amortizar al principal de las mismas. Nos han metido en una espiral infernal de suicidio político colectivo.

Ese recortismo presupuestario es también, fanático. Poco antes de la llegada de la pandemia al país ya teníamos un endeudamiento atroz y el fanatismo ideológico imperante impedía considerar alternativas responsables que no nos metieran en esa espiral infernal. Tan solo pensar en esta asociación de datos nos da escalofríos: 10 años de robo de impuestos, a 3.800 millones de dólares como promedio anual, arroja unos 38.000 millones de dólares, como indicamos arriba. Por otro lado, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) según informe oficial en poder de la ANEP, indicaba que el sistema financiero costarricense tenía una cifra muy cercana a la indicada como “depósito del público en moneda extranjera” en un período relativamente similar (para arriba o para abajo), a una década de evasión tributaria incontrolada.

¿Cuál segmento de la población costarricense podría haber acumulado tal cantidad de dinero como para que fuera conceptuada como “depósito del público en moneda extranjera”? es más que obvio que no es la población trabajadora ni las clases medias. Ni el empresariado honesto. Esa acumulación de capital tan desenfrenada está en otro parte; al punto de que no es extraño afirmar que tiene que ver con el dinero sucio del narcotráfico y el crimen organizado, también indicado por el mencionado ciudadano exministro de Hacienda, no por un sindicalista aunque hace tiempo lo veníamos diciendo antes de que apareciera en escena el señor Chaves Robles.

Insistimos: esa política macroeconómica y fiscal nos lleva al precipicio. La pandemia está acelerando ese perverso tránsito hacia tan grande y dolorosa caída. ¡Dejen de gobernar para los grupos fanáticos de la acumulación de capital financiero-bancario, irresponsablemente insaciable! El incendio social por venir también los quemará.