Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Debemos condenar la torpe y malintencionada decisión tomada por el Gobierno de Alvarado y su ministro del MOPT de aplicar un abusivo recorte presupuestario del aporte estatal para la construcción de caminos, calles y vías vecinales, que promueven y ejecutan las municipalidades del país.

Se trata de un recorte abusivo contra el desarrollo local, por una parte. Por otra, vaticina dolorosos despidos de personal obrero, técnico y profesional, agravando más la situación de caos social en que han sumido al país esas políticas macroeconómico-fiscales de sesgo dogmático y extremista que continúan profundizando la polarización en el seno de la comunidad nacional; políticas perversamente intensificadas en el marco de la tragedia de salud de la pandemia.

El recorte de 41.500 millones de colones pudo ser evitado, si no mediase una posición tan fanática y extremista en quienes hegemonizan las políticas del Ministerio de Hacienda, por un lado; por otro, se pudo haber obtenido esa cantidad tan solo quitándole un poquito a las impresionantes sumas multimillonarias en infraestructura que se vienen invirtiendo y que, por cierto, aumentan descomunalmente las fortunas del oligopolio de las constructoras cuyo peso político en el actual gobierno es, también, descomunal.

Por otra parte, nos preguntamos: ¿habrá algún cobro de factura ideológico, encubierto, por la reciente legislación que sacó a las municipalidades de la regla fiscal y que tanto molestó a los extremistas del déficit bien afincados en una cartera ministerial como la de Hacienda?

Hacemos un llamado a las más conscientes autoridades políticas de las municipalidades para que cuestionen en sede constitucional la decisión abusiva de la Dirección de Planeamiento y Programación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). 

Desde un punto de vista formal-institucional no puede, en nuestro criterio, un departamento de segundo nivel irse contra la majestad de una ley de la República y, mucho menos, agrediendo de paso la autonomía constitucional de las municipalidades.

Debe la población trabajadora municipal que gestiona el desarrollo de caminos, calles y vías vecinales, con base en los recursos que el Estado central debe estar obligado a proveer a las municipalidades por imperativo legal, tomar medidas para organizarse y para que defiendan la continuidad del significativo programa de la Red Vial Cantonal; así como para que defiendan sus propios empleos y el sustento económico familiar. Y aún en tiempos de pandemia, la organización para la movilización inteligente es perfectamente posible.

Los desafíos inauditos que en materia de desarrollo económico y de exclusión que nos están explotando en la cara producto del coronavirus Covid-19 muestran a las claras el reto mayúsculo de la sociedad costarricense en los tiempos por venir, con pandemia o sin ella; reto gigante centrado en la potenciación del papel de las municipalidades en cuanto a atajar el crecimiento de las desigualdades y, por ende, en darle nuevos bríos a una maltrecha democracia que muestra un agotamiento peligroso.

Este recorte en cuanto a los aportes del Estado central para la red vial cantonal deben asumirse como una muestra de desprecio de quienes están tomando decisiones macroeconómicas ya no solamente en función de una coyuntura fiscal radicalmente adversa a la integración social que las municipalidades nunca generaron; sino que el empleo (dentro y fuera de las mismas) es un asunto irrelevante para las autoridades políticas fiscalistas, pues parece ser que la integración social no cuenta ya más en las políticas públicas imperantes en estos momentos que, como lo hemos indicado múltiples veces, no son las del bien común.

Hoy queremos hacer una instancia pública a las entidades que conjuntan los esfuerzos de la institucionalidad de las municipalidades con la finalidad de establecer una mesa de trabajo en la cual, la parte política y la parte obrera promovamos un ejercicio de reflexión conjunta en torno a un objetivo que, creemos, es de amplio consenso: el fortalecimiento municipal ante estos tres grandes retos: a) la recuperación nacional para la post-pandemia; b) la sostenibilidad presupuestaria de los gobiernos locales en el corto-mediano plazo de cara a una crisis fiscal y de endeudamiento público que parece colapsar a la sociedad; c) fortalecimiento de la democracia en el nivel local considerando que es la municipalidad el gobierno más cercano a la gente. Ojalá podamos juntarnos al respecto.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

El neoliberalismo maximizó la capacidad de reproducir el dinero sin que medie el trabajo. Lo logra a través de la especulación financiera. Hoy el sistema bancario reproduce el dinero sin necesidad de crear puestos de trabajo. Es tiempo de un debate sobre el rol del sistema financiero y de las finanzas éticas y solidarias.

El anuncio realizado por las autoridades del BAC-Credomatic no debiera sorprender. Obedece a su misión e inescrupuloso afán de lucro. Su razón de ser no es el servicio, es la maximización de las ganancias a cualquier precio.

El caso en particular es revelador de la naturaleza mercantil a ultranza y el profundo valor antisolidario que motiva su presencia en el mercado. La pandemia no ha movido ni un ápice su naturaleza. Por el contrario, ha permitido mostrar qué los alimenta, cómo ven la vida en sociedad y qué poco les importa el bienestar de la población.

Ahora queda también muy clara la complicidad de todos los voceros, incluyendo al presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), al Superintendente de Entidades Financieras (SUGEF) y a los medios de comunicación que levantaron la voz contra la regulación de la tasa de usura.

Por otra parte, una evaluación ciudadana sobre los comportamientos tributarios del BAC-Credomatic queda o quedará pendiente. Hace tiempo que sobre el sistema financiero pesen fuertes críticas y cuestionamientos con relación a su papel fiscal en materia impositiva dada la acumulación que han venido atesorando.

Con datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), habrían llegado al momento en que apareció la pandemia en el país, a una cifra superior a los 30 mil millones de dólares.

Hoy se hace necesario reflexionar y actuar (en la realidad real), sobre la necesidad del fomento y promoción de una auténtica y ética banca pública y de un fortalecimiento de las cooperativas de Ahorro y Crédito, de las Asociaciones Solidaristas, de la Caja de Ahorro y Préstamo de ANDE, así como demás fondos solidarios mutualistas, como complemento de la presencia pública en el mercado financiero.

Somos del criterio de que la ley de usura tal cual quedó, no erradicó el problema del negocio a partir del expolio abusivo de las necesidades crediticias de la gente. 39% como tope máximo de cobro de intereses, sigue siendo usura.

Sin embargo, ese “pellizco”, logrado con base en gigantescos esfuerzos de sus promotores, los legisladores Welmer Ramos González y David Gourzong Cerdas, abre expectativas con relación a que resulta posible abrir fisuras en el seno del bloque neoliberal político-hegemónico y egoísta expoliador. Nosotros reconocemos el esfuerzo de estos dos señores diputados y de sus colegas del parlamento que les secundaron.

Se ha generado un problema, sin embargo: las personas pobres con ingresos líquidos de 200 mil colones o menos no serían sujetas del mercado financiero “oficial”, lo cual puede llevar a esas personas a caer en manos del prestamista garrotero y del agiotismo ilegal.

Esa liquidez obligada de ahora en adelante para ser sujeto de crédito de, al menos, 200 mil colones, es excesiva, de tal suerte que surge la necesidad ahora de un nuevo sistema financiero, con base en principios éticos y solidarios, que diseñe los mecanismos de inclusión de todas estas personas, básicamente trabajadoras asalariadas de los sectores público y privado que, por altos endeudamientos ya no contarán más para el sistema formal de créditos legales.

Sin duda alguna, estamos de cara a un nuevo frente de lucha para el cual hay muchas personas de buena fe, de sensibilidad social y de holgura ética dispuestas a aportar en esto que podemos denominar como la cruzada civil por la democratización del sistema financiero.