Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

3 mil 800 millones de dólares, conservadoramente hablando y por lo bajito, es el monto anual del gigantesco robo de impuestos por la vía de la descarada evasión tributaria y de la no menos sucia elusión fiscal, del cual somos víctima la población costarricense y, en especial, su mayoritario segmento, la clase trabajadora.

3 mil 800 millones de dólares equivalen a 2 billones 166 mil millones de colones (¢2.166.000.000.000), los cuales mensualmente desagregados nos indican de una cantidad de 72 mil 200 millones de colones (¢72.200.000.000) cada 30 días.

Estamos hablando de, aproximadamente, 6,18 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) de ingresos, potencialmente frescos, que deja de percibir el fisco. Sin embargo, para otras personas y entidades de enorme seriedad en el tema tributario, el robo de impuestos en Costa Rica es mayor, del orden del 8-8,5 puntos PIB anuales.

El medio de comunicación digital El Faro ha dado a conocer una interesantísima entrevista al señor Rodrigo Chaves Robles, hasta hace poco ministro de Hacienda, quien indicó esa cifra de los 3 mil 800 millones de dólares anuales en materia de evasión-elusión tributarias, haciendo la salvedad de que hay otras fuentes que, repetimos, plantean cifras muy superiores en esto del robo de impuestos.

Como sabemos, don Rodrigo Chaves Robles fue expulsado del gobierno de Alvarado Quesada, mediando una pifia política de su parte; pero, a la vez, porque pudo haber cometido dos graves herejías políticas que son imperdonables para un jerarca político de su nivel y, mucho menos, en una cartera ministerial como la de Hacienda.

Él se dejó decir, en el seno de la propia Asamblea Legislativa, sus datos sobre el robo de impuestos arriba indicado; y, lo que es más grave aún, se pronunció porque en nuestro país se legislara para abrir el secreto bancario y poder detectar más el manejo sucio de capitales y fortunas, acumuladas ya sea por defraudación fiscal y/o por dinero sucio producto del crimen organizado y del negocio más que turbio del narcotráfico.

Este señor parece que les salió “güero” a los detentadores del poder real en Casa Presidencial y en el gobierno de facto que existe paralelo al formal, pues como venía de trabajar durante 25 años en el Banco Mundial no pensaron que la magnitud del déficit fiscal que él se encontró, más el desastre institucional del Ministerio de Hacienda en cuanto a su papel contralor de la evasión fiscal, pudieron llevar al señor Chaves Robles a husmear demasiado y haber constatado la espantosa red de corrupción que media en este asunto de la evasión fiscal en todas sus derivaciones y presentaciones; siendo la más vergonzosa e ignominiosa esa de los grandes contribuyentes que no declaran impuestos porque declaran cero ganancias.

En la indicada entrevista digital (y que usted puede conseguir en www.anep.cr), el exministro de Hacienda, Chaves Robles, afirmó que tal cifra de evasión fiscal, pese a que como indicamos es bajita, 3 mil 800 millones de dólares, es muy superior a la que implica el monto del préstamo “stand by” (convenio de estabilización de las finanzas públicas o de ajuste estructural), que nos quieren imponer con el Fondo Monetario Internacional (FMI), 2 mil 250 millones de dólares; a cambio de que se le ponga más impuestos a la gente (incluyendo subir el IVA al 15% o más), y a cambio de la tal venta de activos que no es más que la privatización abierta, pura y dura, de las principales empresas públicas que todavía quedan en manos de la sociedad.

Jamás podemos aceptar, dócilmente, esa imposición fondomonetarista y, mucho menos, aceptar más impuestos para seguir haciendo más ricos todavía a los evasores fiscales. El verdadero ajuste estructural que le urge a Costa Rica es el de su sistema tributario y aduanal. No habrá ninguna sostenibilidad fiscal posible si casi 4 mil millones de dólares ¡al año! no llegan a las arcas del Estado, producto de leyes de impuestos que ya están establecidas.

Considérese además que otro gigantesco ámbito del problema fiscal del país está políticamente “inmaculado”: el de las exenciones-exoneraciones, mismas que andan por los 6 puntos PIB anuales.

Haber llegado hasta aquí, como corriente sindical que ha tenido como una de sus luchas fundamentales el abordaje, serio y responsable, del grave problema fiscal-tributario del país, representa una enorme satisfacción. Que un exfuncionario del Banco Mundial, por 25 años, que es costarricense y que fue ministro de Hacienda esté ahora certificando que siempre hemos estado con razón y del lado correcto en esta parte de la lucha social de los últimos 25 años nos da una legitimidad más que sobrada para aportar e impulsar la otra parte de esta historia: el ajuste estructural del sistema tributario costarricense.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Honorable señor, Lic. Eduardo Cruishank Smith, Presidente de la Asamblea Legislativa: la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como de su Junta Directiva Nacional (JDN), le comunica lo acordado recientemente por nuestra organización en punto a la Defensoría de los Habitantes de la República:

“Que la actual titular de la importante institución pública de servicio ciudadano, la Defensoría de los y de las Habitantes de la República, la señora Catalina Crespo Sancho, ha venido desarrollando un accionar político contraproducente para los importantes fines de defensa social de tal entidad, disminuyendo la credibilidad ciudadana en la misma; así constatado al verse ella misma envuelta en situaciones de orden político-partidista que impulsan el sendero de pérdida de confianza que ha venido experimentando la Defensoría de los y de las Habitantes de la República en los últimos tiempos y por diversos factores; llegándose al punto máximo de intolerancia cívica de su propio papel y el de la institución en cuanto tal en el controversial asunto del escándalo público conocido como la UPAD. La recuperación de la confianza plena de los y de las habitantes en su Defensoría, especialmente en estos tiempos de incesante desigualdad y exclusión social y económica pasa, necesariamente por que la señora Catalina Crespo Sancho deje libre ese cargo.

Confiamos en que, por su intermedio, sea comunicado el contenido de la presente al honorable plenario legislativo, a la brevedad posible y en su literalidad.

Esperamos, igualmente, que las fracciones legislativas se hagan eco de nuestras solicitudes y recomendaciones, no sólo por la importancia de acudir en rescate de esa instancia auxiliar de la Asamblea Legislativa y su legitimidad frente a la ciudadanía, a la que se debe más ampliamente: a los y a las Habitantes; sino porque se le haría un flaco favor a la credibilidad del Congreso, sosteniendo a quien hoy es tenida como la “Defensora de los Políticos”, la señora Catalina Crespo Sancho, de quien los sectores sociales ya no esperamos nada y a quien tampoco reconoceremos, en adelante; perdiéndose así un espacio que en condiciones normales estaría llamado a mediar y facilitar diálogos sociopolíticos constructivos, máxime en tiempos tan difíciles para nuestra coexistencia democrática, como sabemos y como debería ser del interés de todas las personas diputadas.

En caso de que la Asamblea Legislativa deje pasar esta oportunidad para devolverle el fuste y brillo a una institución con tan enorme potencial constructivo, desaprovechado hasta ahora según nuestro criterio, veremos pasar de lejos una institución que estimaremos cooptada por el poder político y servicial a intereses manidos, claramente identificables.

Ha quedado claro, no sólo para ustedes como legisladores o legisladoras, o para nosotros y nosotras como integrantes del sector social y sindical; sino para todo habitante de la República medianamente atento al debate público, que la señora Crespo Sancho no contaba con las capacidades, la experiencia, formación ni el nivel requeridos para un cargo tan complejo como el que le aseguró su patrocinador oficial, el ciudadano Rodolfo Piza Rocafort, con quien mantuvo una cercanía político-electoral harto conocida y, por lo demás, absolutamente inconveniente.

Finalmente, y en seguimiento a éste, nuestro acuerdo unánime, subrayamos nuestra intención de no desatender este tema, para nosotros sensible y urgente, ni mucho menos permitir esta vez, que si se abre el espacio para nombrar a un verdadero Defensor o Defensora de los Habitantes, nos aseguraremos de que no sólo se observen las formas en la Comisión de Nombramientos; sino y sobre todo, de que el pueblo de Costa Rica cuente con alguien valiente y firme, independiente y honesto, pero sobre todo: apolítico. En una palabra: del pueblo, en vez de permitir la tradición con alguien de los políticos.

Dejamos así constancia de nuestra respetuosa, pero firme y oportuna instancia, solicitándole ponerla a despacho para que sean ustedes como personas legisladoras bajo su presidencia, quienes corrijan su error al haber nombrado a Catalina Crespo Sancho en un cargo que debería servir a los y a las Habitantes.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

Notarán lo curioso del título del presente artículo. Son dos cantidades: 9000 y 2250. Lo pusimos así tratando de que esto pudiera llamar más la atención de quienes, semana a semana y en este prestigioso diario de negocios, La República, nos honran con su lectura de los artículos que estamos publicando por este medio, todos los viernes.

El número 9000 hace referencia a la cantidad de millones de dólares que están al resguardo del Banco Central de Costa Rica (BCCR), bajo la categoría de reservas internacionales, en dólares, esencialmente. Esos 9 mil millones de dólares son propiedad del Estado costarricense, es decir, de toda la población habitantes de nuestro país nacida en él o nacionalizada. En realidad, es un poco menos de esos 9 mil millones, por ahí de los 8.700 millones; pero, para efectos de mejor comprensión del mensaje que le queremos dejar a usted, hemos redondeado la cifra.

El número 2250 nos habla de los 2 mil 250 millones de dólares que el país recibiría a cambio de firmarle, prácticamente, un cheque en blanco al Fondo Monetario Internacional (FMI), para que este organismo multilateral de crédito de dudosa reputación en cuanto a las consideraciones sociales y humanitarias de su política de préstamos; le otorgue a Costa Rica un crédito (¡otro más!), bajo la modalidad de convenio de estabilización, conocido por su vocablo en idioma inglés como “stand by”.

Y esos 2250 millones de dólares se lo darían a Costa Rica en tres tractos, a razón de 750 millones de dólares cada uno. A cambio, el país debe asumir una serie de compromisos macroeconómicos y fiscales con el fin de ordenar sus finanzas públicas, las cuales presentan (entre otros problemas), dificultades enormes como el alto déficit, las obligaciones diarias del pago de intereses de la deuda pública y los abonos a la deuda misma; así como el tamaño de la misma con relación al Producto Interno Bruto (PIB).

Como es lógico suponer, dada la supremacía ideológica dominante en lo fiscal, nada se plantea dentro de tales compromisos, con relación a la urgente y siempre postergada, transformación tributaria estructural que la misma preservación de la Democracia está exigiendo hace tiempo.

De lo que públicamente se ha estado divulgando (pues el secretismo y la opacidad han caracterizado el proceso “negociador” del gobierno de Alvarado Quesada con el FMI), es que tales compromisos incluyen, por ejemplo: a) subir el impuesto al valor agregado (IVA), hasta el 15% o más; b) empezar el proceso de rebajas salariales para quienes laboran en el sector Público (que no es lo mismo que congelamiento salarial pues éste ya está operando, en la práctica); c) impuestos a la propiedad; y d) venta de activos: lo que queda de las empresas públicas patrimonio estatal que presentan atractivo rentable para el capital privado. Por ejemplo, las ya anunciadas Bicsa y Fanal; y ahora, muy probablemente, el Banco de Costa Rica, el ICE, el INS… para empezar.

Cada uno de los tópicos anteriores, cada uno por sí mismo, da para un abordaje extenso, profundo, diverso, multifacético. Por supuesto que esto no es posible en una única columna de opinión. Tampoco lo pretendemos en este momento.

Sin embargo, sí queremos ser enfáticos en lo siguiente. Los 2.250 millones de dólares que al país le prestaría el Fondo Monetario Internacional (FMI), apenas representan un 25% del total de las reservas monetarias que tiene en resguardo el Banco Central de Costa Rica (BCCR), que no son “propiedad particular” de éste (al que, ideológicamente, le han venido dado el concepto de “república independiente”), sino de toda la sociedad; reservas monetarias que estarían ya llegando a los 9 mil millones de dólares.

Por tanto, cabe preguntarse: ¿serán capaces los extremistas ideológicos que hegemonizan el control de la política económico-fiscal del país, dentro y fuera del presente gobierno, de someternos a un altísimo estrés social, a una confrontación social abierta, dada la necesaria y obligada respuesta civil organizada que habrá que darle a las condiciones del crédito “stand by” con el FMI; préstamos que apenas representa un 25% del total de las reservas monetarias internacionales propiedad del país y que custodia el BCCR?

¿Valdrá la pena confrontarse con una sociedad en camino tormentoso hacia una gran precariedad, altamente enojada y molesta; brava por el impacto negativo del combo fiscal (sobre todo la aplicación del IVA); y, para peores, con las graves consecuencias negativas sociales y económicas de la pandemia? ¿Están dispuestos a correr ese riesgo? ¿Serán capaces de fomentar el caos social que podría ser superior a los eventos de calle de los años 2018 y 2019, con tanto ingrediente “explosivo” que se ha estado adhiriendo desde entonces a la caldera del descontento popular?…