Nuestra organización sindical considera que la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, ha desarrollado un accionar político contraproducente.
La Junta Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicitó la salida de la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho; así lo oficializó ante el Presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruishank Smith, mediante una carta enviada este jueves.
La Junta Directiva Nacional ANEP, en su sesión ordinaria No. 2213, consideró que la actual titular de la Defensoría de los Habitantes, ha desarrollado un accionar político contraproducente para los fines de defensa social de la entidad, lo cual ha provocado disminución en la credibilidad ciudadana en la Defensoría.
“(…) así constatado al verse ella misma envuelta en situaciones de orden político-partidista que impulsan el sendero de pérdida de confianza que ha venido experimentando la Defensoría de los y de las Habitantes de la República en los últimos tiempos y por diversos factores; llegándose al punto máximo de intolerancia cívica de su propio papel y el de la institución en cuanto tal en el controversial asunto del escándalo público conocido como la UPAD”, indica la carta.
Para la ANEP es necesario recuperar la confianza de los ciudadanos en la Defensoría de los Habitantes, especialmente en estos momentos que el país atraviesa por mucha desigualdad; y exclusión social y económica. Además, espera que las fracciones legislativas hagan eco de nuestras solicitudes y recomendaciones “no sólo por la importancia de acudir en rescate de esa instancia auxiliar de la Asamblea Legislativa y su legitimidad frente a la ciudadanía, a la que se debe -más ampliamente: a los y a las Habitantes-; sino porque se le haría un flaco favor a la credibilidad del Congreso”.
El Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes explica que Catalina Crespo Sancho es considerada por los sectores sociales como la “Defensora de los Políticos”, debido a ello se han perdido espacio que en condiciones normales se podría facilitar el diálogo constructivo para la sociedad.
“En caso de que la Asamblea Legislativa deje pasar esta oportunidad para devolverle el fuste y brillo a una institución con tan enorme potencial constructivo, desaprovechado hasta ahora según nuestro criterio, veremos pasar de lejos una institución que estimaremos cooptada por el poder político y servicial a intereses manidos, claramente identificables”, agrega.
La ANEP recalca que la escogencia del o la representante de la Defensoría de los Habitantes no debe tomarse a la ligera, es un tema muy sensible y urgente por lo que si se abre un espacio para nombrar a otro representante nos aseguraremos “de que no sólo se observen las formas en la Comisión de Nombramientos; sino y sobre todo, de que el pueblo de Costa Rica cuente con alguien valiente y firme, independiente y honesto, pero sobre todo: apolítico. En una palabra: del pueblo, en vez de permitir la tradición con alguien de los políticos”.
-Posición oficial de la ANEP ante las seis medidas adoptadas por la alcaldía como forma de asegurar estabilidad laboral y financiera institucional.
–No aceptamos que la factura la paguen los trabajadores.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) envió a la Municipalidad de San José su oposición a las seis medidas que pretende adoptar el municipio josefino para asegurar estabilidad laboral y financiera institucional, lo que significaría despido de personal.
Como organización socio-laboral y practicante del Sindicalismo Sociopolítico, reconocemos dos fuerte impactos de orden financiero que han vivido nuestros gobiernos locales. Nos referimos, en primera instancia, al sometimiento de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, con la cual el Poder Legislativo entregó la autonomía constitucional, política, administrativa y financiera del régimen municipal costarricense y, particularmente, la perversa regla fiscal; misma de la cual finalmente logramos excluirnos y recobrar en el mediano plazo, la necesaria estabilidad financiera y, por ende, la estabilidad laboral institucional.
En este mismo contexto, las sabidas consecuencias en el ámbito local, nacional y global del COVID-19, con lo cual sufrimos un grave deterioro de orden económico y social en las ya deterioradas finanzas públicas centrales y las del nivel municipal; factura que hemos tenido que pagar la clase trabajadora, con despidos, reducción de jornadas laborales y, por ende, los mas golpeados, los sectores sociales históricamente mas excluidos de la sociedad
En este contexto de situación, no es de recibo que todas las medidas para asegurar la estabilidad financiera institucional, la mayor estabilidad laboral y financiera institucional, tenga que recaer sobre las espaldas de las trabajadoras y de los trabadores municipales, que han mostrado sobrado compromiso en los momentos de mayor adversidad institucional.
Ante las seis medidas restrictivas de la Alcaldía, factura que no debemos pagar los trabajadores y trabajadoras institucionales y que son rechazadas por la ANEP y la Seccional ANEP-Municipalidad de San José, argumentamos seguidamente la implementación institucional de tres medidas estratégicas, para la recuperación de los ingresos municipales, que exponemos a continuación.
1)-EQUIPO GERENCIAL INSTITUCIONAL DEBERA REALIZAR UNA REINGENIERIA FINANCIERA EN ALQUILERES Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
ANEP y nuestra seccional ANEP-Municipalidad de San José consideran oportuno y de extrema urgencia, un profundo y auscultado diagnóstico de situación institucional de mayor calado, que nos permita visualizar y enfocar la toma de decisiones más estratégicas a través de una reorganización financiera; priorizando actividades sustanciales de orden operativo y administrativo, así como toma de decisiones, que generen sobrados réditos financieros; contrarrestando así las proyecciones negativas aproximadas a los quince mil millones de colones menos en ingresos, según lo estima esa honorable alcaldía.
Se requiere un profundo análisis de orden financiero que determine lo estrictamente necesario para la operación institucional , en contratación admirativa, alquileres de edificios, alquiler de camiones recolectores privados, alquiler de camiones, vehículos y maquinaria pesada, en las distinta áreas institucionales; venta de algunos activos o bienes muebles e inmuebles que generan poco o ningún redito financiero, cero contratación de servicios que no sean indispensables o fundamentales, así como el aplazamiento a mediano plazo en compra de equipos y maquinaria, tanto como la posposición de inversiones en infraestructura que sea considerada como no fundamental en el corto plazo.
En este contexto de situación, no justificamos bajo ninguna circunstancia que se continúe pagando sumas millonarias a la empresa privada que brinda los servicios de recolección; y, reconocemos la atinada decisión de comenzar a invertir en la recuperación de, al menos, cuatro camiones recolectores institucionales que todavía puedan mantener o alargar su vida útil. En esta misma dirección, es propicio que esta municipalidad despliegue una considerable inversión en el fortalecimiento del taller mecánico, tanto en equipo, en capacitación como en recurso humano.
De igual manera hacemos hincapié para efectuar una estricta revisión de bienes muebles alquilados, pues esta municipalidad cancela sumas millonarias en activos que nunca serán propiedad institucional; adicionándole una serie de activos inmuebles que son patrimonio institucional. Ejemplo de ello, el terreno que recientemente adquirió esta municipalidad en Pavas, por la suma de dos millones de dólares.
2)-URGENTE INICIO DE ESTUDIOS DE PRE Y FACTIBILIDAD PARA LA OPERACIÓN DE UN MEGA RELLENO SANIARIO, MEDIANTE UNA ALIANZA ESTRATÉGICA DE MUNICIPALIDADES.
Uno de los temas sensibles para la toma de decisiones de esta honorable Alcaldía, tiene que ver con la interrogante siguiente: ¿Continuamos cancelando más de mil millones al año a la Empresa Berthier EBI de Costa Rica S.A, por la disposición y manejo integral de residuos sólidos; o, emprendemos el ambicioso proyecto de un relleno sanitario de primera generación, mediante alianzas estratégicas con otros gobiernos locales? En ANEP consideramos como de orden estratégico el inicio de estudios de pre y factibilidad de lo que estamos seguros sería un rentable negocio empresarial municipal.
Si bien esta última interrogante sobre la decisión estratégica del relleno sanitario, es un proyecto de mediano plazo y largo plazo, que no impactaría de manera positiva las actuales finanzas intencionales; sí podría representar un negocio rentable que aliviaría de manera considerable las golpeadas finanzas institucionales, permitiendo realizar grandes inversiones infraestructurales y servicios; un enorme desafío, una gran oportunidad.
Así las cosas, estamos convencidos de que si el equipo gerencial institucional se de a la tarea de realizar el diagnóstico respetuosamente sugerido por ANEP y su Seccional ANEP-Municipalidad de San José, lo cual implicaría revisar cada renglón presupuestario para lograr visualizar si es estrictamente sustancial la inversión, o contrario sensu, destinar dichos recursos en otros renglones o modificaciones presupuestarios, harían innecesaria la adopción de las seis medidas anunciadas por la alcaldía y que ANEP considera medidas inaceptables, no por mero populismo sino porque hay otras alternativas institucionales para contrarrestar las proyecciones de los quince mil millones menos en ingresos.
igual manera, se contaría con los recursos necesarios para la disposición de tiempo extraordinario, indumentaria, no requiriéndose la implantación de horarios alternos y rotativos y estaríamos garantizando la estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras de Seguridad Interna y Consejería, sin necesidad de tercerizar servicios o privatizar estas dependencias institucionales.
3-) RENEGOCIACIONES CREDITICIAS CON ENTES BANCARIOS, ORGANISMOS ESTATALES Y FINANCIEROS, PARA REAUDECUACUÓN DE CRÉDITOS Y PAGOS DE INTERESES.
Desde nuestra visión, consideramos como de primer orden que se direcciones todas las gestiones posibles con la finalidad de buscar formas negociadas con las instancias financieras con las que este municipio ha contraído créditos para la inversión social.
4-) ALCALDÍA DEBE DE RECONONOCER EL AJUSTE SALARIAL CORRESPODIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE, JULIO A DICEIMBRE DEL 2020 Y 2021.
Con respecto al ajuste salarial del segundo semestre del 2020, la alcaldía pactó con los sindicatos que firmaron el Acuerdo Simple, reconocer el porcentaje del 1 %, siempre y cuando las municipalidades fueran excluidas de la regla fiscal, cometido que logramos; en consecuencia, deberá ser reconocido dicho porcentaje. De igual manera ya existen dos importantes pronunciamientos: MIDEPLAN-DM-OF-0616-2020 DG-OF-357-200 y el C-202-2020 de la Procuraduría General de la Republica(PGR), dando sustento jurídico para que las trabajadoras y los trabajadores tienen el derecho de percibir los ajustes salariales semestrales.
Documento con selleos de recibido
En conclusión, la ANEP y la Seccional ANEP-Municipalidad de San José consideramos que la solución para el saneamiento y fortalecimiento financiero de la Municipalidad de San José, como consecuencia de la regla fiscal y del COVID-19, radica en una rigurosa reingeniería financiera de orden estratratégico, que determine la estricta y necesariamente cuáles inversiones sociales deben de seguir manteniéndose
operados por la municipalidad; disminuyendo a la mínima expresión los alquileres de equipos, camiones, vehículos edificios y maquinaria, contemplando la venta de activos en desuso.
Así las cosas, de la manera mas respetuosa instamos a que esta Alcaldía instruya a su equipo gerencial al respectivo análisis financiero en cada uno de los renglones presupuestarios, direccionando los recursos a fortalecer cada una de las seis áreas a las cuales se les aplicaría medidas restrictivas anunciadas por la alcaldía, las cuales respetuosamente deben de quedar sin efecto y ser archivadas.
Finalmente nos permitimos solicitar ser atendidos por su autoridad y el equipo gerencial institucional, incluyendo al Lic. Marco Vinicio Corrales Xatrux, Gerente de Servicios y Provisión; al Lic. Edgar Sandoval Montero, Gerente Financiero; a don Rodolfo Fonseca Pérez, Director Financiero; al Lic. Allan Vásquez Salazar, Director de Talento Humano; así como jefaturas de área y departamentos operativos; lo anterior con el propósito de discutir las argumentaciones institucionales sobre nuestra perspectiva sociolaboral, conjuntamente con las organizaciones que conforman la Junta de Relaciones Laborales.
Quedaremos a la espera de vernos complacidos en nuestra respetuosa solitud.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Bolívar Sánchez Alvarado, Presidente Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de San José
La doble moral de Costa Rica en materia de Derechos Humanos ha quedado completamente al desnudo con las revelaciones públicas de las precarias y pésimas condiciones de trabajo a que son sometidas cientos de personas trabajadoras, básicamente nicaragüenses en situación migratoria irregular dentro de nuestras fronteras, en algunas plantaciones de producción piñera en la Zona Norte del país, especialmente en los cantones de San Carlos y de Los Chiles.
Y ha tenido que ser a propósito de la explosión de casos sanitarios de contagio del Covid-19 para que las máximas autoridades políticas del país tomaran nota y dejaran de hacerse de la vista gorda (aunque fuera por apariencia), de que esas condiciones de trabajo esclavo han estado por mucho tiempo en la Zona Norte del país; contándose con la complicidad de algunas autoridades de las diversas entidades públicas que, de un modo u otro y en función de sus respectivas responsabilidades legales, debieron de haber sido tajantes, desde un inicio, en cuanto a fiscalizar las regulaciones de seguridad social, obrero-laborales, de salud de las personas y de protección ambiental.
Nada de eso venía ocurriendo y no se puede descartar de que, en no pocos casos, la compra de conciencias y el pago de sobornos haya mediado para que el Estado estuviese mirando para otro lado, mientras la explotación laboral piñera de carácter esclavo producía ganancias excesivas a cierto empresariado inescrupuloso que venía haciendo clavos de oro con ello, perjudicando a aquella actividad productiva que sí se ha venido haciendo de manera legal.
Efectivamente, sabemos de la existencia de un importante grupo de empresarios honestos que en esa misma región han venido sufriendo las consecuencias de una competencia desleal debido a que sí han venido observando las estipulaciones jurídico-legales del propio Código de Trabajo y de responsabilidad patronal para con la Seguridad Social del país (particularmente, lo concerniente a la Caja Costarricense de Seguro Social -CCSS-); conciencias productivas limpias que, hoy, sienten que sus propias actividades podrían desaparecer, es decir, arruinarles, si la producción piñera con base en el trabajo esclavo no se extermina.
No creemos en que deba darse ningún tipo de amnistía, de perdón, de tregua, de borrón y cuenta nueva, a esos empresaurios (concepto este acuñado para distinguir del empresario que juega limpio), que, sorprendidos en la ilegalidad y en la inmoralidad de la explotación piñera en condiciones de trabajo, prácticamente, esclavo, ahora están derramando lágrimas de cocodrilo, planteándole al Gobierno y a las autoridades locales (algunas de ellas con su transparencia en todo esto bastante cuestionada), “bola al centro”.
Gente de la comunidad todavía no contaminada, fuerzas vivas productivas y cívicas sanas de esa región, se muestran sumamente desconfiadas del veredicto gubernamental emitido con ocasión de la gira de inspección de representantes institucionales que se efectuó en estos días, acerca de que el 80% de la producción piñera y agrícola de estas regiones “observan” las condiciones sanitarias obligadas en materia de combate al Covid-19.
Y es que, según tenemos entendido, las cantidades de dinero que se juegan en todo esto pesan muchísimo a la hora de imponer una fuerte política pública de saneamiento total para que el ciento por ciento de la producción piñera en la Zona Norte del país sea laboral, social y ambientalmente sostenible; condiciones estas que parecen observar algunas conciencias empresariales limpias que, precisamente, saben que el país requiere de que en los mercados estadounidense y europeo se tenga plena certeza de que la piña costarricense es generada por una producción también limpia.
No menos preocupante es empezar a tomar conciencia de que en ciertos ámbitos de esa producción piñera que ha venido empleando trabajo esclavo, podría haber capitales productivos de dudosa procedencia; secreto a voces en los ámbitos político-económicos de la zona (en los que todavía están limpios y en los que ya no lo están); de suerte que ante las debilidades de inspección y control estatales (algunas muy sospechosas), pudiéramos estar presenciando la entronización de un Estado fallido en el plano regional; estado fallido que, poco a poco, pareciera que también empieza a tomar fuerte cuerpo y poder en la zona portuaria atlántica de nuestro país desde la cual salen hacia Europa, cada vez con más frecuencia, cargamentos ilegales de drogas no menos ilegales, potenciando un comercio ilícito casi imposible de controlar por el Estado.
Nuevamente emerge con fuerza el tema de la perversidad del sistema tributario costarricense, su profunda injusticia e inequidad, a propósito de la gestión emprendida por el señor diputado don José María Villalta Flórez-Estrada, quien emplazó al Ministerio de Hacienda para conocer la lista de las empresas catalogadas como Grandes Contribuyentes Nacionales y como Grandes Empresas Territoriales, las cuales declararon CERO IMPUESTOS en sus correspondientes Declaración de Utilidades, para los períodos fiscales 2018 y 2019. Solamente caben dos palabras para calificar la respuesta de dicha entidad ministerial: Escándalo e indignación.
Y, nuevamente, resalta la gran vitalidad política del concepto que hemos acuñado desde este lado de la acera, EMPRESAURIO (así, en mayúscula para resaltarle), y su relación profunda con la naturaleza regresiva del perverso sistema tributario nacional.
Recordemos parte de la definición nuestra de EMPRESAURIO: “Dícese de una persona empresaria (por lo general, del sexo masculino), sumamente adinerada, de negocios multimillonarios, con conexiones políticas al más alto nivel (a veces, son co-gobernantes, de facto), de dudosa reputación tributaria, declarante de “cero” ganancias y/o “pérdidas”. Evasor-elusor fiscal…”(https://anep.cr/empresaurios/)
Ahora que se nos está amenazando, como sociedad trabajadora, con la eventual suscripción de un convenio draconiano, “stand by”, con el Fondo Monetario Internacional (FMI), centrado en elevar el impuesto al valor agregado (IVA) y en congelamiento total (preludio de las rebajas salariales, crudas y duras), de los salarios públicos; se impone la imperiosa necesidad de una fuerte resistencia cívica de amplia base, misma que tendría abundantes argumentos para potenciar-obligar a que la clase política gobernante se vaya por otros caminos a fin de enfrentar la crisis fiscal del país que, por más grave que sea, no puede responsabilizarse de la misma al pueblo trabajador.
Al respecto, debemos confesar que las esperanzas son pocas. Sin embargo, ciudadanías activas y en fuerte movilización han puesto en jaque a gobiernos que, descaradamente como los nuestros de las últimas administraciones, ejecutan accionar estratégico en favor del alto corporativismo empresarial, mucho del cual tienen comportamientos de corte empresaurial ya, abiertamente, cínicos y descarados.
La más profunda indignación se apodera de nuestras conciencias al revisar la lista de los Grandes Contribuyentes Nacionales que, en su Declaración de Utilidades reportaron CERO IMPUESTOS en el período fiscal 2018, y encontrar en ella nombres de firmas corporativas de renombre, conocidas ampliamente en sus correspondientes mercados de negocios; e, imposibles de la menor pizca de credibilidad en cuanto a que no tuvieron ganancias como para declarar CERO IMPUESTOS.
Tanto tiempo abordando esta temática de la inenarrable perversidad de un sistema tributario, nos lleva a la contundente conclusión de que su naturaleza regresiva y fraudulenta, es la principal explicación de la profundidad del déficit fiscal que está ahogando al país en estos momentos y que lo tiene al borde de la quiebra y del default (imposibilidad de atender las obligaciones de la deuda pública); esto, por un lado.
Por el otro, una sofisticada red de corrupción, con base legal y/o sin ella, mediante la más vergonzosa colusión de los intereses privados con los públicos, permite que la defraudación fiscal-tributaria llegue a cinismos políticos tan descarados que ni la menor pizca de sonrojo asoma por los máximos niveles del Ministerio de Hacienda, del presente y de los anteriores gobiernos, como para decirle el país este es el abc del adecentamiento tributario que urge la maltrecha Democracia costarricense, en estos momentos históricos en que, pandemia incluida, la desigualdad y la exclusión socioeconómica hace daños de tal magnitud que podrían ser irreparables.
En el entretanto, el empresauriado anidado en los segmentos de Grandes Contribuyentes Nacionales y Grandes Empresas Territoriales, pueden seguir su “fiesta”.
–Asamblea Legislativa debe reconocer su error y eximirla del IVA completamente.
ANEP lanza idea de manifestación en carros.
Es sumamente urgente que las personas diputadas de la actual Asamblea Legislativa corrijan el grave error político de haber gravado con el injusto impuesto al valor agregado (IVA), los artículos de la canasta básica; tal y como se castigó al pueblo trabajador mediante la detestada ley del combo fiscal, No. 9635.
Tal corrección no puede ser otra más que los 195 artículos de la canasta básica, de manera definitiva e indefinida, sean eximidos de la aplicación del IVA; por demás, el más injusto de todos los impuestos de un sistema tributario como el costarricense que es profundamente inequitativo.
Además, se debe rechazar, radicalmente, la manipuladora pretensión del gobierno de Alvarado de que se posponga la aplicación de la entrada del IVA para la canasta básica, sustituyendo los recursos que tal impuesto le generaría al fisco, gravando el salario escolar con tributo de renta.
Esto no tiene ni pies ni cabeza, pues solamente busca incrementar el odio de clase en contra de las personas trabajadoras asalariadas del sector público, aumentando el escenario de confrontación social que, de por sí, está en desarrollo.
Mantener el impuesto a los artículos de la canasta básica representa una burla grotesca para miles de personas trabajadoras en severa angustia económica en estos momentos, dado que acaba de conocerse el listado de las grandes empresas que, cínicamente, volvieron a declarar CERO IMPUESTOS alegando no haber tenido utilidades en los pasados períodos fiscales 2018-2019.
La continua agresión socioeconómica al pueblo trabajador costarricense y, en lo especifico, mostrar un apoyo fuerte a que los artículos de la canasta básica queden completamente libres de ser gravados con el IVA, motiva a la ANEP a proponer y a fomentar la realización de una manifestación en carros, en fecha próxima, a convenir entre los sectores que estemos dispuestos a mostrar gran repudio por las continuadas políticas de exclusión social y de empobrecimiento generalizado.
La ANEP y su Junta Directa Nacional, realizaron un merecido reconocimiento a Luis Gerardo Obando Chavarría, trabajador de la Municipalidad de San José quien ha permanecido afiliado a nuestra organización por 22 años.
– En el noveno aniversario de la adopción del Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, nuevas estimaciones de la OIT ponen de manifiesto el riesgo que corren estos trabajadores debido a la pandemia del COVID-19.
ILOGINEBRA (OIT Noticias) – Nuevas estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indican que casi las tres cuartas partes de los trabajadores y las trabajadoras domésticas del mundo –más de 55 millones de personas– corren un importante riesgo de perder su trabajo y sus ingresos debido al confinamiento y a la falta de cobertura efectiva de seguridad social.
La amplia mayoría de estos trabajadores, 37 millones son mujeres.
Los datos de junio indican que la región más afectada es Asia Sudoriental y el Pacífico, donde el 76 por ciento de los trabajadores domésticos está en situación de riesgo, seguida de las Américas (el 74 por ciento), África (el 72 por ciento) y Europa (el 45 por ciento).
En este sector, la crisis ha afectado tanto a personas cuyo empleo es formal, como a quienes trabajan de modo informal, pero estos últimos representan el 76 por ciento de quienes pueden perder su trabajo u horas de trabajo. En países con medidas de confinamiento más estrictas, quien realizaba trabajo doméstico, estuviera empleado formalmente o no, no podía ir a trabajar. Así, algunas de las personas que tenían un empleo formal han tenido derecho al seguro de desempleo, pero no ha sido el caso de quienes trabajaban un situación informal, para quienes la inmovilización ha supuesto la pérdida de los medios de vida, no contar con una red de seguridad de respaldo, y verse en aprietos a la hora de poner alimentos sobre la mesa.
La pandemia ha agravado la situación preexistente. Solo el 10 por ciento de las personas que realizan trabajo doméstico están al amparo de la seguridad social, lo que equivale a que los demás no tienen derecho a ausencias por enfermedad pagadas, acceso garantizado a la atención de salud, prestaciones por lesiones profesionales, o seguro de desempleo. Muchas de estas personas perciben una paga de no más del 25 por ciento del salario medio, por lo que carecen de ahorros con los que afrontar una emergencia financiera.
“La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad particular de los trabajadores y las trabajadoras domésticas informales, y la necesidad acuciante de que se les incluya efectivamente en el ámbito de protección laboral y social”, dijo Claire Hobden, Oficial Técnica de la OIT en trabajadores vulnerables, “la cantidad de mujeres afectadas es desproporcionada, pues son la amplia mayoría de quienes realizan esta actividad en el mundo.”
En algunas regiones, las trabajadoras domésticas son predominantemente inmigrantes que cuentan con su paga para mantener a la familia en el país de origen. Tanto el impago de los salarios como el cierre de los servicios del envío de remesas han puesto en situación de riesgo de hambre y de pobreza a las familias de estas mujeres.
Quienes vivían en el lugar de trabajo en general han seguido trabajando en confinamiento con sus empleadores. No obstante, se sabe que han trabajado más horas a causa del cierre de las escuelas, y que están realizando tareas de limpieza más exigentes.
En otros casos, los propios empleadores se han visto en dificultades económicas y han dejado de pagar a quienes tienen trabajando en su domicilio, o incluso han dejado de pagarles aduciendo que no necesitan el salario porque no pueden salir.
En algunos países, se ha dado el caso de inmigrantes que ejercían el trabajo doméstico y vivían en casa del empleador, y que se han encontrado en la calle después de que el empleador se deshiciera de ellos por temor a contraer el virus, dejándolos expuestos a la trata de personas.
La OIT está trabajando con organizaciones de trabajadoras y trabajadores domésticos y organizaciones de empleadores para que se garantice la salud y el sustento de estas personas. Está realizando evaluaciones rápidas del nivel y tipo de riesgos que afrontan, para que los gobiernos puedan formular políticas que garanticen al menos una cobertura de seguridad social básica, y para que dispongan de acceso a una atención de salud esencial y una seguridad básica de los ingresos.
Estas medidas han aumentado el número de trabajadoras y trabajadores domésticos en el empleo formal, pero el porcentaje general de informalidad sigue siendo elevado. La OIT ha hecho un llamamiento a acelerar con urgencia las iniciativas destinadas a formalizar el trabajo doméstico a fin de proteger de futuras crisis a quienes trabajan en este sector.
Este viernes en la sesión ordinaria de la Junta Directiva Nacional de la ANEP, se dio la firma de la denuncia penal que estarán presentado tres asesores sindicales de la ANEP, junto a dos ex trabajadores municipales contra el Alcalde Talamanca y el Fiscal de la zona.
Indignación, condena y preocupación por lo que pasa en AyA
Deben sentarse todas las responsabilidades sin miramiento alguno
Al parecer los enemigos están dentro de la institución y los privatizadores, felices, están al asecho
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), deja pública constancia de su profunda indignación, de su más vehemente condena y de su honda preocupación por lo que denominamos como la crisis estructural que está viendo el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA); entidad más que estratégica para la paz social y para la propia estabilidad republicana y democrática del país.
ANEP, con una sólida autoridad moral acumulada por su larga lucha en defensa del patrimonio institucional que nos fuera heredado por las generaciones anteriores que siempre se preocuparon por el bien común y la inclusión social, patrimonio del cual AyA es parte fundamental; exige que se sienten todas las responsabilidades y sin miramiento alguno, mucho menos con tutelas de compadrazgo politiquero, a fin de sancionar a las personas culpables de los nada creíbles “errores” por los abusivos cobros tarifarios que se han hecho evidentes en las últimas semanas, afectando a miles de familias de los sectores obrero-sociales y de la clase trabajadora, muchas de las cuales están sufriendo por la consecuencias económicas negativas de la pandemia del coronavirus covid-19.
Esta legítima exigencia por transparentar al máximo el señalamiento de responsabilidades incluye, por supuesto, a las autoridades políticas de mayor nivel, empezando por la propia Presidencia Ejecutiva de la institución y por su Junta Directiva. No pueden mirar para otro lado y si competencia grave les cabe por la agresión económica sufrida por la población usuaria, deben dejar la institución.
ANEP está convencida de que mucha de las razones de la crisis estructural que sufre el AyA se debe a la perversa acción de ciertos enemigos internos colocados en posiciones claves y que, pese a los cambios de administración, siguen ostentando cargos de poder que en nada contribuyen a la superación de la acumulación de problemas y de severos yerros de gestión.
Con dolor tenemos que admitir que presumimos la acción oscura de las fuerzas político-privatizadoras alimentando el desarrollo de la crisis estructural de AyA, para llevarla a un punto de no retorno en el cual sea la propia población afectada la que clame por su entrega a las despiadadas fuerzas del mercado abierto, mismo que opera sin la menor pizca de sensibilidad social y de preocupación por el bien común.
ANEP refirma su compromiso sociopolítico y sindical en defensa de la institucionalidad del AyA y de lo que representa, teniendo absoluta certeza de que la mayoría de su personal operativo, técnico, administrativo y profesional no solamente representan un funcionariado honesto, sino que tienen plena convicción de que la institución debe ser defendida de la “tiburonada” que desea engullirla y que saben que el agua privatizada es un negocio de demasiados millones de colones y de dólares en juego. Damos un paso al frente en defensa activa de AyA.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
Edwin Marín Bonilla, Presidente Seccional Nacional ANEP-AyA
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
Se equivocan si creen que su agenda neoliberal y su estilo autoritario nos representan. ¡Las personas jóvenes NO votamos por el desmantelamiento del Estado Social de Derecho! Ustedes no solo rompen una mesa de negociación; están rompiendo el pacto social que permitía a la hija de una madre soltera, al joven de los territorios indígenas y al estudiante de escasos recursos soñar con una vida digna.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
