Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

La Confederación Sindical Internacional (CSI), ha dado a conocer su Índice Global de los Derechos 2020, con la preocupante situación de que se trata del mayor número de violaciones en siete años. La corriente sindical nacional que representamos está adscrita a la CSI y, por eso, estimamos valioso que este importante señalamiento sobre Libertades Sindicales a nivel global se sepa en nuestro país.

La ruptura del contrato social queda expuesta en el Índice Global de los Derechos de la CSI 2020, con el mayor número de violaciones de los derechos de los trabajadores y trabajadoras en siete años.

Se ha intensificado la tendencia por parte de Gobiernos y de empleadores, a restringir los derechos de los trabajadores limitando la negociación colectiva y el derecho de huelga, y excluyendo a los trabajadores de los sindicatos, con un aumento del número de países que bloquean el registro de sindicatos.

Un incremento en el número de países que deniegan o limitan la libertad de expresión viene a demostrar la fragilidad de las democracias, mientras que el número de países que restringen el acceso a la justicia ha seguido siendo inaceptablemente elevado, al mismo nivel que el año anterior.

Una nueva tendencia identificada en 2020 guarda relación con escándalos respecto a la vigilancia gubernamental de dirigentes sindicales, en un intento de instigar temor y presionar a los sindicatos independientes y sus miembros.

La Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow, declaró que: “Estas amenazas hacia los trabajadores, nuestras economías y la democracia eran endémicas en los lugares de trabajo y en distintos países ya antes de que la pandemia del COVID-19 viniese a trastocar vidas y medios de subsistencia. En muchos países, la represión existente contra los sindicatos y la negativa de los Gobiernos a respetar los derechos y entablar el diálogo social ha dejado expuestos a los trabajadores a la enfermedad y la muerte, dejando a los países totalmente incapaces de combatir la pandemia de manera efectiva”.

“Con la vista puesta en la recuperación y la construcción de economías resilientes, el Índice Global de los Derechos de la CSI 2020 constituye una referencia que utilizaremos para pedir cuentas a gobiernos y empleadores. Como si los datos del Índice no fuesen suficientemente chocantes, estamos viendo que algunos países van incluso más lejos. Con la excusa de las medidas adoptadas para combatir la pandemia del coronavirus, están avanzando con su agenda contra los derechos de los trabajadores. Es una tendencia que debe frenarse y revertirse”.

Agrega la declaración de la compañera Sharan Burrow:” El Índice Global de los Derechos pone de manifiesto la ruptura del contrato social entre Gobiernos y empleadores y la gente trabajadora. Se registra una tendencia a restringir los derechos en el trabajo mediante violaciones de la negociación colectiva, privando a los trabajadores del derecho de huelga y excluyéndolos de los sindicatos.

“Pero el Índice es algo más que una simple lista de violaciones. Constituye un claro reflejo del déficit de derechos que hemos de corregir para construir el nuevo modelo económico que necesita el mundo cuando se recupere de la pandemia de COVID-19. Deberá ser una economía global resiliente, que se apoye en un Nuevo Contrato Social: un nuevo compromiso con los derechos en el trabajo, inversiones renovadas cumpliendo con el Estado de derecho, y sentar las bases para la democracia en el lugar de trabajo”.

La región de Oriente Medio y Norte de África es la peor región del mundo para los trabajadores y trabajadoras por séptimo año consecutivo, debido a la persistencia de inseguridad y conflictos en Palestina, Siria, Yemen y Libia, a lo que se suma el hecho de ser la región más regresiva en lo que respecta a la representación de los trabajadores y los derechos sindicales.

Los diez peores países para los trabajadores y las trabajadoras en 2020 son Bangladesh, Brasil, Colombia, Egipto, Filipinas, Honduras, India, Kazajstán, Turquía y Zimbabwe.

La séptima edición del Índice Global de los Derechos de la CSI clasifica a 144 países en función del grado de respeto hacia los derechos de los trabajadores/as. Entre las principales conclusiones figuran:

En el 85% de los países se ha vulnerado el derecho de huelga.

En el 80% de los países se ha vulnerado el derecho de negociación colectiva.

El número de países donde se impidió el registro de sindicatos ha aumentado.

Tres nuevos países han entrado en la lista de los diez peores países para los trabajadores y trabajadoras: Egipto, Honduras, India.

El número de países que denegaron o reprimieron la libertad de expresión se ha incrementado, pasando de 54 en 2019 a 56 en 2020.

Los trabajadores se vieron expuestos a actos de violencia en 51 países.

Los trabajadores no tienen acceso a la justicia, o lo tienen restringido, en el 72% de los países.

Se registraron arrestos y detenciones de trabajadores en 61 países.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

“Es más que notorio que la Uccaep exige responsabilidades, pero no asume ninguna responsabilidad. El mensaje implícito que transmite es el de que se considera una clase social aparte y superior, una especie de estamento aristocrático al que Costa Rica entera ha de rendirle tributo y pleitesía”.

Así de tajante es la categorización sociopolítica que le merece al respetado grupo de ciudadanos que se presentan al país como Grupo Economía Pluralista, la propuesta que el más grande sindicato patronal del país, la Uccaep, ha dado a conocer con el pomposo nombre de Un pacto por el empleo.

Para nosotros es contundente el sesgo esclavista de la propuesta de Uccaep y su comportamiento de clase en el juego democrático: ellos y el resto. Ellos ordenan, los demás obedecen. Es más, ellos no proponen, imponen. 

El Grupo Economía Pluralista puntualiza, con gran acierto, las áreas de política pública que Uccaep desea sabotear con su propuesta: a) quieren la flexibilidad laboral (acabar con la histórica jornada de las 8 horas, por ejemplo); b) el debilitamiento financiero de las instituciones de la seguridad social (a Uccaep le molesta la existencia de la Caja); c) el debilitamiento de la normativa ambiental; d) los esfuerzos (que, por cierto, son poco, débiles y hasta ridículos) para el control de la evasión y de la elusión tributarias. Sin estas piedras angulares de una sociedad que se precie de democrática, entonces qué pretende la Uccaep: ¡una sociedad esclavizada!

Las voces expertas del Grupo Economía Pluralista resaltan que la propuesta de este tipo de empresariado “en vez de una propuesta progresiva destinada a elevar la productividad, se opta por un camino de tono predominantemente regresivo, que busca ‘aplanar’ los costos para hacerlos compatibles con una economía ineficiente y de baja productividad”.

Y no solamente buscan “una economía ineficiente y de baja productividad”, la Uccaep pretende una clase trabajadora sin derechos laborales, prácticamente; sin seguridad social (especialmente, en materia de salud); y sin mayor capacidad salarial que le otorgue real poder adquisitivo. Y como si todo esto no fuese poco para la acumulación desenfrenada que anhelan, ojalá sin ninguna responsabilidad fiscal-tributaria de por medio. Nuevamente, el sesgo esclavista de la propuesta de Uccaep es innegable.

Solamente reparemos en las recientemente “descubiertas” condiciones sociolaborales y ambientales de producciones piñeras en la Zona Norte, donde la naturaleza inhumana y anticristiana de una especie de trabajo esclavo ha alimentado la propagación del coronavirus. Aunque todo el mundo sabía de esta cruda realidad y el Estado estaba mirando para otro lado, la situación de la explotación obrera por parte del capital empresarial comprometido en esa extracción productiva puede darnos una luz de cuál es el ideal de sociedad que quiere la Uccaep con su propuesta Un pacto por el empleo.

Este sesgo esclavista de la propuesta de la Uccaep está alimentado con una carga de cinismo político pocas veces vista en la historia nacional: platean sentirse “acosados”. Veamos cómo nos lo plantea el cívico Grupo Economía Pluralista: “Aducir que propuestas legislativas o disposiciones de política pública, destinadas a proteger el medio ambiente y la salud de la población, vigilar el cumplimiento de las obligaciones tributarias o el respeto de los derechos humanos, son ‘acoso’ contra el empresariado, constituye una exigencia de impunidad, y un total desapego a las más elementales normas de convivencia en democracia”.

Nuestro artículo de la semana pasada catalogó de corte totalitario el documento Una propuesta por el empleo que está formulando el sindicato patronal Uccaep. En el presente ese sesgo totalitario se remarca con lo que denominamos una tendencia esclavista de las relaciones obrero-patronales que estas gentes empresarias (algunas ya muy contaminadas de conductas empresauriales), quieren imponerle a la sociedad costarricense. 

El mundo obrero organizado y la sociedad civil deben alarmarse y empezar a tomar serias medidas de contrapeso: Uccaep tiene un total desprecio por “las más elementales normas de convivencia en democracia”, tal como nos lo alerta el Grupo Economía Pluralista.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

“Subir impuestos a los más ricos reducirá la desigualdad sin dañar el crecimiento”. Este es el criterio de la señora Kristalina Georgieva, Directora-Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), asunto que ya venimos mencionando pero que necesitamos insistir mucho más en este punto y por los más diversos medios. Ella publicó este artículo recientemente y nosotros leímos la nota del caso en el sitio web estrategiaynegocios.net, el cual, a su vez, lo consignó de un relevante sitio internacional de noticias del capital y de los negocios denominado Business Insider. Así que las fuentes son cualquier cosa, menos pro-sindicales.

En esa misma dirección, otro artículo llegó a nuestras manos y nos causó tremendo impacto: “Reino Unido: avanza el impuesto a los ricos con fuerte aval de la población”. Se nos indica, además, lo siguiente: La iniciativa gana terreno en la gestión de Boris Johnson, y cuenta con el apoyo del 61% de los británicos. Digite baenegocios.com y se encontrará esta interesante nota de prensa: “… una encuesta de YouGov publicada a mediados de mayo mostró que el 61% de los británicos estaban a favor de un nuevo impuesto sobre el patrimonio para las fortunas de más de 750,000 libras”.

“Portugal cobrará tasa solidaria a los bancos para atender crisis del covid-19”, otro artículo en la misma línea: está en esta dirección digital: elperiodicocr.com/Portugal: “En Europa Portugal es uno de los países que mejor control ha tenido de la pandemia del Covid-19 y sigue implementando medidas públicas que muchos aplauden y otros no, pero los resultados son eficientes. Ese país anunció que cobrará una tasa solidaria a la banca pública y estatal para responder a la crisis por el nuevo coronavirus”.

Solidaridad tributaria: ¡Ahora le toca a los superricos! Al momento de la detección del primer caso del coronavirus covid-19 en el país, el 6 de marzo, el sistema financiero-bancario costarricense tenía en depósitos del público en moneda extranjera, unos 35 mil millones de dólares. ¿De cuál público estamos hablando?

Del millón de personas desempleadas a esa fecha, ¡no creemos! de las micro-pequeñas y medianas empresas asfixiadas por la imposición del impuesto al valor agregado (IVA), con la ley del combo fiscal, ¡tampoco! ¿De las personas trabajadoras asalariadas del Estado? Tal vez, una reducidísima cantidad, pero no creemos que tuvieran depósitos del público en moneda extranjera en cantidades astronómicas. ¿Y qué decir de las miles de personas trabajadoras asalariadas del sector privado, gran parte de las cuales solamente gana el salario mínimo de ley o, ligeramente por encima del mismo, sin hablar de las que se quedaron sin ingresos producto del covid-19? ¿Creen ustedes que estas personas tengan en el sistema bancario-financiero del país depósitos del público en moneda extranjera?

Debemos repetirlo de manera insistente: hasta unos 35 mil millones de dólares estaban como depósitos del público en moneda extranjera en el sistema financiero-bancario del país a la llegada del covid-19. Si ninguno de los segmentos sociales indicados en el párrafo anterior tenía para esa fecha, 6 de marzo de 2020, depósitos del público en moneda extranjera en esa cantidad, entonces, ¿quién los tenía? ¡Los superricos!

Es que no es posible aceptar que la inmensa mayoría de la población costarricense siga siendo la sacrificada mediando la continuación de un modelo económico que ha sido tan explotador que permitió que esa inmensa cantidad de millones de dólares, 35 mil millones de dólares, estuviera como depósitos del público en moneda extranjera al momento del primer caso del covid-19 en el país.

No puede el presente gobierno ni las actuales personas diputadas pretender que la gente acepte, dócilmente, más impuestos: ni aumentar el IVA, ni impuesto al salario escolar, ni a la canasta básica, ni más impuestos indirectos (los que paga todo el mundo sin discriminar capacidad de ingreso). Tenemos que rebelarnos, de manera inteligente y cívica, ante estas funestas iniciativas.

Gran parte de esa millonada en dólares que se catalogan como depósitos del público en moneda extranjera debe tener orígenes diversos, algunos éticamente correctos y otros no tanto; en este caso, de seguro es la mayoría. Con un empresauriado evasor y elusor de impuestos, con un sistema de robo tributario anual superior a los 8 puntos PIB, con un sistema de exenciones-exoneraciones igual a los 6 puntos PIB; con una impresionante cifra del dinero sucio procedente del crimen organizado y del negocio del narcotráfico, ¿cómo no explicarnos que hubiese 35 mil millones de dólares a la llegada de la pandemia en depósitos del público en moneda extranjera? Es a estos grupos/personas de los superricos a los cuales les toca ahora, al menos, una solidaridad tributaria frente a la crisis en desarrollo. ¡No a la gente!

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Bien hizo la abrumadora mayoría legislativa que decidió excluir a las municipalidades de la regla fiscal, reparando el grave error político cometido por ella misma, cuando en diciembre de 2018 votó por imponerle al país la estrambótica ley Fortalecimiento de las finanzas públicas,profundamente detestada por la población; golpeándole el corazón al régimen municipal costarricense: su autonomía constitucional.

La gendarmería ideológica del sistema económico dominante, el del desastre de la exclusión social y económica, mediante su periódico estrella, está bufando de cólera, escupiendo rayos y centellas porque la policía financiera del planeta, las calificadoras de riesgo, argumentan que esa legislación, la de la exclusión de las municipalidades de la regla fiscal, es la “culpable” de que la calificación riesgo-país de Costa Rica esté en caída. El enojo de dicha prensa se contrapone a la satisfacción de la corriente sindical en la cual militamos por haber impulsado y apoyado tal legislación.

Nada más injusto y nada más temerario para la propia estabilidad democrática del país que continuar con esos esquemas y dogmas de ortodoxia económica cuando todos los indicadores muestran que andamos mal en integración social; situación que ha agravado la pandemia del covid-19 con cuestionables decisiones gubernativas contrarias al derecho de las personas trabajadoras, pero sí muy oportunas para un empresariado afín a la evasión y a la elusión fiscales y tributarias.

Las calificadoras de riesgo, como bien apuntó el señor Ministro de la Presidencia, don Marcelo Prieto Jiménez, no le dan de comer a la gente. Por el contrario, tienen responsabilidad por la muerte y por la pobreza de millones de personas dado que nunca se han preocupado por la importancia de la vigencia plena de los Derechos Humanos en las sociedades-países que evalúan, cuando éstos están, per se, intrínsecamente ligados a sistemas tributarios justos y equitativos.

Las legítimas aspiraciones para el establecimiento de sociedades realmente democráticas, con inclusión socioeconómica y productiva, entran en colisión cuando las variables fundamentales de las calificadoras se centran, únicamente, en el nivel de producto interno bruto per capita, algo sumamente engañoso.

Además, el crecimiento real del PIB, el nivel de deuda pública y el balance de la gestión del Gobierno para honrar sus compromisos financieros al respecto, agravan más las posibilidades políticas de tener un desarrollo integral de las personas; si se omite que todo eso pasa, necesariamente, por un sistema de distribución justo y de los beneficios del crecimiento económico que no miden las calificadoras.

Más desarrollo económico, más y mejor distribución de la riqueza, más inclusión social y productiva no es más que, más democracia y más calidad de la misma. Las municipalidades están destinadas a jugar un rol sumamente estratégico en mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, considerando que es el gobierno más cercano a la gente.

Esto no les importa a las calificadoras de riesgo, como no les importa a quienes en el país han acumulado riquezas inconmensurables y a sus cuadros gerenciales ideológicos y político-tecnocráticos que controlan la gestión macroeconómico fiscal y financiera, ganando jugosos salarios, regalías y dividendos no oficiales.

Hace tiempo que el Banco Central de Costa Rica, que el Ministerio de Hacienda y que la Contraloría General de la República trabajan teniendo como eje central de su quehacer político fundamental las líneas ideológicas que se marcan desde las calificadoras de riesgo. Prefieren quedar bien con la policía financiera del planeta que no con la gente, que no con bien común.