Autor: ANEP

Seccional ANEP-AyA denuncia faltante de protocolos sobre COVID-19 en planteles de Acueductos y Alcantarillados

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La Seccional ANEP-AyA denunció ante las máximas autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) la carencia de protocolos e insumos de higiene, para prevenir el contagio de COVID-19 en varios planteles de la institución.

Así lo consigna una nota publicada por Diario Extra este 12 de junio donde se explica que varias cuadrillas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) trabajan en planteles de la entidad donde no hay ni agua potable ni jabón de manos, por eso están muy molestos y piden a la administración que corrija de forma inmediata esa situación de riesgo ante la pandemia de Covid -19. 

Sin agua y jabóm

Diario Extra también indica que, los jerarcas no tienen listo aún el protocolo de salubridad para sus empleados.

Las cuadrillas tienen más de 15 días de salir al desarrollo de sus labores de campo sin conocer lo que es la aplicación de protocolos sanitarios oportunos luego de que el pasado 15 de mayo el AyA comunicó que todos los trabajos retornarían a su normalidad, a saber: atención de fugas, reparaciones, lectura de medidores, entre otras. Pero el pasado 20 de marzo la institución las pausó nuevamente, indica el medio de comunicación.

Además amplia, Sin embargo, la situación tuvo un punto de quiebre este 8 de junio, luego de que en la zona de Pérez Zeledón varios trabajadores afiliados a la ANEO hicieran un paro por la desprotección en que se encontraban por parte de su patrono.

Dicha situación no es exclusiva del Valle de El General, pues los problemas también se presentaron en oficinas de la provincia de Puntarenas, San Vito de Coto Brus y Santa Cruz en Guanacaste, entre otras.

 La Seccional de ANEP-AyA y otros sindicatos denunciaron la situación, la cual consideran que lesiona intereses y derechos fundamentales de los colaboradores.

Edwin Marín, presidente de la seccional indicó a Diario Extra que las cuadrillas hacen peticiones razonables para ponerse a salvo, piden no salir en grupos grandes a labores de campo, que en los planteles haya agua y jabón para la higiene de manos y la disposición de dispositivos de protección como máscaras o caretas, entre otros.

“Nosotros no entendemos por qué se debe de salir con una denuncia para que ocurran las reuniones, como es el caso de que hasta hoy se emitiera un protocolo para lo que es el personal operativo cuando llevamos más de tres meses de pandemia”, manifestó Marín.

Además, Marín dio a entender que hace apenas dos días el grupo asesor de la gerencia general del AyA les confirmó que se encontraban en el diseño de los protocolos y que su distribución empezaría con prontitud a las distintas sedes regionales. 

Lo anterior podría reafirmar que por varios días los colaboradores de la institución estuvieron con un trabajo ejecutado bajo su propio riesgo en el campo, sin embargo, a quienes están en las oficinas sí les entregaron los respectivos insumos para laborar con mayor seguridad.

“Hasta donde tenemos entendido, el ingeniero Irving Zelaya giró la disposición inmediata de que las cuadrillas no salgan en su totalidad, que sean grupos reducidos, además de colocar piletas para el correspondiente lavado de manos, el alcohol en gel. Es así como los compañeros se sienten satisfechos con lo acordado y así se levanta el paro”, explicó Marín.

Mensaje del Secretario General de la ANEP a trabajadores del plantel del AyA en Pérez Zeledón

Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y extranjería: “Urgen recursos para hacer un mejor trabajo”

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Ante las declaraciones del Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Renato Alvarado, de que son necesarias las inspecciones en las plantaciones agrícolas; la Seccional de la ANEP en la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME) alega de que la petición sería posible si se le asignan «los recursos necesarios para hacer un mejor trabajo en beneficio de la ciudadanía».

Gerardo Mora Ordóñez, Presidente de la Seccional ANEP-PPME explicó que al momento en que se retire a todo el personal dedicado a reforzar el control migratorio en las fronteras, las oficinas policiales regionales de Migración en San Carlos, Los Chiles, Las Tablillas, Upala y Sarapiquí quedarían con 37 oficiales para el trabajo diario, distribuidos de la siguiente manera:

San Carlos 12
Los Chiles 5
Las Tablillas 12
Upala 4
Sarapiqui 4

El horario es de 7 a.m. a 7 p.m., en dos turnos de 3×3. Sólo Upala y Sarapiquí trabajan de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. con un oficial disponible para fines de semana

Se estiman un faltante de 84 a 100 oficiales para la zona norte (sin contar la zona de Peñas Blancas), en el cual se pueda hacer un horario de 24 horas

ANEP denuncia ante Ministerio Público 4 posibles delitos en detención arbitraria e ilegal de Albino Vargas Barrantes

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–Informe policial presenta grandes y graves inconsistencias

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó ante el Ministerio Público la denuncia penal por la detención arbitraria e ilegal que sufrió el pasado 3 de junio el Secretario General de la organización, Albino Vargas Barrantes, en la zona de Talamanca, donde se solicita investigar cuatro posibles delitos.

En la denuncia que fue presentada este jueves 11 de junio, ante la Unidad de Transparencia, Probidad y Anticorrupción, figuran como imputados el alcalde de Talamanca, Rugelli Morales Rodríguez y Jorge Rojas González, Fiscal de la Fiscalía de Talamanca, a quienes se les achaca los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias y denuncia calumniosa.

Sobre el delito de abuso de autoridad la denuncia indica que se estaría bajo este ilícito ya que “el fiscal no contaba ni con denuncia penal formal ni con informe policial alguno y si bien, el alcalde confirma su (la del fiscal) presencia en la Municipalidad, lo cierto del caso es que a pesar de que se da un conflicto de varios contra otros, éste, ordenando u cometiendo cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien, detiene para investigar y no investiga para detener”, esto respaldado en el artículo 338 del Código Penal.

Con respecto al delito de incumplimiento de deberes, éste se le achaca al alcalde de Talamanca Morales Rodríguez quien, en vez de recibir una documentación oficial contra el municipio y su persona, ordenó la detención de los representantes de la ANEP.   

La denuncia presentada por la ANEP, también solicita que se investigue el posible delito de tráfico de influencias, ya que el propio alcalde de Talamanca confirmó en un medio de comunicación que, el fiscal Jorge Rojas se encontraba en su oficina durante los hechos.

“…se desprende que la presencia del fiscal en la oficina del alcalde tal y como este último lo afirmó es factible de subsumirse en lo descrito por el numeral 52 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito cuando mediante un tráfico de influencias, el alcalde de Talamanca -influyendo en un servidor público- (el fiscal aquí imputado), prevaleciéndose de su cargo influyó en el fiscal para que éste haga un acto o resolución propio de sus funciones, de modo que genere un beneficio económico o ventaja indebido para sí o para otro”. Dicha ventaja podría apreciarse en un alcalde que no resolvería un tema laboral que le era álgido y en una protección velada a otro sindicato del cual no era asociado el funcionario que a nosotros (ANEP) había recurrido para la defensa adecuada de sus derechos”, indica la denuncia.

Denuncia ante la Unidad de Transparencia, Probidad y Anticorrupción

Finalmente, la ANEP solicita al Ministerio Público investigar si durante los hechos, la detención y la indagatoria de los representantes de la ANEP se generó una denuncia calumniosa, ya que se cuestiona la forma en que se recabaron los testimonios, así como el propio informe policial.

Ademas, la organización sindical presentó una queja contra el Fiscal de Talamanca ante la Fiscalía General de la República, para que se investigue el actuar de Jorge Rojas González.

Cuestionamiento de informe policial

Para Mainor Anchía Angulo, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública y Directivo Nacional de la ANEP, con más de 9 años de carrera policial y 5 años en área administrativa, ambos en Fuerza Pública, existen varias inconsistencias claras y graves en el informe policial, lo que genera muchas dudas y cuestionamientos.

“En el punto 1 del informe policial se indica que a las 11:30 a.m. el subjefe de la delegación observa que en las instalaciones de la municipalidad (Talamanca) hay un disturbio, a las 11:32 a.m.  llegan al municipio, a las 11:44 a.m. indican que se aprende a Albino Vargas, esto sin comunicárselo. Sin embargo, una hora después el supuesto detenido está brindando una entrevista en vivo con su celular a Noticias Repretel, lo que comprueba que aún no ha sido detenido, ya que de haber sido detenido debió realizarse el decomiso del celular e ingresar al aprendido a una celda de la delegación”, indica Anchía.

Otro cuestionamiento que realiza Anchía sobre el informe policial, es que este tiene el sello de la fiscalía de Bribri con una hora de recibido de las 16:02 horas, pero en el informe, en el punto 7, dice que fue confeccionado para los trámites a las 16:30 horas. “¿Cómo fue entregado antes?, esto permite la presunción que hay una irregularidad”

Dentro de las irregularidades más llamativas encontradas en el informe policial, se encuentra que el testimonio del sindicalista Winston Norman fue tomado a las 11:20 a.m., pese a que en el punto 1 del informe se indica que la Fuerza Pública se apersonó a la Municipalidad de Talamanca a las 11:32 de la mañana para atender la situación.

“Las horas descritas en el informe policial no concuerdan, como es el caso de la declaración de Winston Norman, algo completamente irregular. Incluso, se observa claramente que las entrevistas que confeccionaron los policías a los supuestos testigos fueron escritas por las mismas personas ofendidas, cuando debe ser el oficial quien transcriba la declaración. El informe está plagado de inconsistencias, que evidencias una manipulación de los hechos”, manifestó Anchía. 

Los hechos

La detención de Vargas Barrantes y de las personas que le acompañaban se da luego de que éstos se presentaran en la Municipalidad de Talamanca a entregar un documento, a raíz de una serie de despidos que se están dando en contra de funcionarios municipales de la localidad, afiliados a la ANEP, lo que se considera una clara violación a sus derechos, ya que no existe un argumento claro para el despido.

Dicho documento corresponde a un Conflicto de Carácter Económico y Social presentado por la ANEP ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), contra la Municipalidad de Talamanca el pasado 2 de junio, el cual debía ser presentado por el sindicato ante el municipio, como lo establece el artículo 619 del Código de Trabajo.

Está situación habría desencadenado el enojo del representante sindical del otro sindicato de la Municipalidad de Talamanca, lo que llevó a una agresión en contra de los representantes de la ANEP.

Segunda denuncia

En próximos días, la ANEP presentará una segunda denuncia en contra de las mismas personas; denuncia colectiva a cargo de los tres asesores sindicales acompañantes de Vargas Barrantes, personal profesional integrante de la Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO) de la agrupación y especialistas en organización de los colectivos laborales municipales, Álvaro Valverde Granados, Antonio Ortiz Fiorabanti y Gerardo Cascante Amador. Además, denunciarán los trabajadores despedidos de la Municipalidad de Talamanca, Jonathan Cascante Torres y Christian Rivera González, Presidente y Vicepresidente de la recién conformada Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Talamanca.

ANEP solicitó hace dos meses a Municipalidad de Heredia tomar acciones para prevenir contagio de Covid-19

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La confirmación del contagio de un funcionario en la Municipalidad de Heredia con Covid-19, no sorprende a la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la cual desde el pasado 3 de abril envió una carta a las autoridades municipales donde solicitaba ajustar los mecanismos de trabajo y aplicar protocolos definidos para prevenir el contagio.

La carta fue enviada el pasado 3 de abril del presente año al alcalde municipal José Manuel Ulate Avendaño y a los miembros del Concejo Municipal.

“ (…) Es por eso que remitimos una serie de planteamientos a considerar por parte de su digna autoridad a fin de que se inste, de forma vehemente, a los señores a las distintas jefaturas, gestores de área, así como a todo funcionario o funcionario del municipio, y se articulen esfuerzos entre alcaldías y las personas integrantes del Concejo Municipal de su cantón, y con esto reforzar las medidas para mayor contundencia y consistencia, en resguardo de los trabajadores de aseo de vías, de recolección de basura y de tareas similares con alta exposición de salud”, indica el documento.

El sindicato en representación del Secretario General, Albino Vargas Barrantes, trató de presentar una serie de situaciones que rodea al personal, primordialmente, a los trabajadores de recolección de residuos sólidos y a los de campo.

Parte de las solicitudes que presentó la ANEP consistía en que las jefaturas planificaran la labor por tareas para evitar concentraciones de trabajadores en los planteles, crear grupos de trabajos con jornadas distintas y en tiempo prudente que les permita cumplir con los protocolos de entrada y salida, en este último aspecto, que se tome en cuenta la planilla de limpieza, descontaminación y aseo del equipo y de los trabajadores.

Además, se suma la petición de disponer personal en los planteles que se encarguen de realizar aseo constante y a que, a la vez, se guíen también con una planilla de tareas por cumplir.  Y, por último, se solicitó que el personal trabajador encargado de atender al público o contribuyentes lo hicieran con consultas vía telefónica o por los distintos medios electrónicos.

Para la ANEP no dejar de ser preocupante la desprotección de los funcionarios municipales quienes deben cumplir con sus labores, pese a la falta de planificación en las funciones para así prevenir ser una cifra más en la cantidad de contagios.

El edificio de la Municipalidad de Heredia se mantendrá cerrado hasta el viernes, debido a que el Ministerio de Salud confirmó un caso positivo en el municipio herediano.

s.g. 17-21-1990 20 Coronavirus Municipalidad de Heredia by Yariela Novo on Scribd

Uccaep: una propuesta totalitaria y esclavista (Parte 1)

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Albino Vargas Barrantes/ Secretario General ANEP

“Un pacto por el empleo” es el demagógico nombre escogido por el sindicato patronal Uccaep (Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado) en su más reciente planteamiento (al menos, a nivel público, pues los que no lo son jamás llegan a ser del conocimiento ciudadano), dirigido al Gobierno de la República; pretendiendo un “reordenamiento” de las relaciones económico-sociales para la Costa Rica de los tiempos de la desigualdad y, ahora, los de la pandemia.

Se impone, necesariamente, la formulación de posiciones alternativas, mismas que han de surgir desde la acera opuesta en la cual se encuentra ubicado dicho gremio corporativo de los meganegocios del país; alternativas que ya han venido siendo formuladas desde las vivencias de los sectores obrero-sociales, cívico-patrióticos, así como los agrupamientos micro-pequeños y medianos del empresariado; tanto como desde sectores de la academia y de la intelectualidad inspirados en la promoción del bien común y de la inclusión social.

Es en este último caso que queremos comentar con las personas lectoras los primeros aportes que sobre la propuesta de la Uccaep nos brinda el grupo Economía Pluralista, integrado por “25 economistas que provienen de diversos ámbitos de la academia y del ejercicio profesional de la economía, tanto en el sector público como en el privado”. Así se presentan ellos ante la comunidad nacional. Por demás, personas extraordinariamente serias y profesionales.

El grupo Economía Pluralista expresa su preocupación por el “tono político y moral de las propuestas económicas de la Uccaep”. Desde nuestra perspectiva obrero-social, tal conjunto de propuestas expresa una peligrosa tendencia totalitaria y esclavista.

Bien hace el grupo Economía Pluralista cuando nos enseña que “…en economía no existe ni un único enfoque ni, en consecuencia, tampoco un único camino que pueda seguirse o una única propuesta de políticas que deba considerarse. Esto debe tenerse muy en cuenta, para evitar caer en la trampa de creer que los planteamientos de la Uccaep agotan, ni mucho menos, las posibilidades disponibles. Precisamente es por tal razón que a nosotros nos movió calificar esta propuesta empresarial como totalitaria. 

O sea, lo distinto, lo diferente, lo razonablemente diverso para que un ordenamiento de las relaciones económico-sociales costarricenses, en época de desigualdad y de pandemia sea lo más incluyente posible, no cuenta para Uccaep.

La connotación totalitaria que nosotros decimos tiene la propuesta “Un pacto por el empleo” dada a conocer el sindicato patronal Uccaep se explica muy bien por parte de estas 25 personas académicas integrantes del grupo Economía Pluralista cuando nos hacen ver lo siguiente: “…Costa Rica es una sociedad pluralista y diversa, y que las voces, intereses y necesidades de los diversos sectores de la sociedad, tienen el mismo derecho a ser atendidas y están investidas de la misma legitimidad, que puedan tener las voces de las organizaciones empresariales como la Uccaep. La arrogante y antidemocrática pretensión de esta organización, al insinuar, como claramente lo hace, que su voz es la única que deba ser escuchada, no es de recibo, y merece ser rechazada ad portas”.

Al continuar el análisis efectuado por el grupo Economía Pluralista sobre la propuesta de Uccaep, el carácter totalitario de la misma se refuerza pues presenta una invisibilización histórica de los aportes multifacéticos del desarrollo socioeconómico costarricense a lo largo de la vida republicana del país, aportes que no solamente han sido dados por el empresariado. Uccaep “…ofrece interpretaciones de la historia costarricense sumamente anacrónicas y arbitrarias, cuyo propósito es, claramente, afirmar que Costa Rica debe su existencia entera al empresariado. Es una idea absurda e insostenible, la cual, sin embargo, ha echado profundas raíces en el imaginario de la Uccaep y otras organizaciones empresariales costarricenses, las cuales parece que, en efecto, se la toman en serio”. Para fortuna de la democracia, el grupo Economía Pluralista se ha encargado de cerrarle el paso a esta visión totalitaria de lo que ha sido la construcción social en Costa Rica… Volveremos sobre el tema la semana próxima.

El preocupante tono político y moral de las propuestas económicas de la UCCAEP

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Por: Grupo Economía Pluralista

En esta nota nos referimos a la carta que, con fecha 5 de junio de 2020, es dirigida al presidente Carlos Alvarado, por el señor Álvaro Sáenz Saborío, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), así como al documento que adjunta, titulado “Un pacto por el empleo.”

Nuestro propósito, al referirnos aquí a esa carta y ese documento, es ofrecer algunos criterios de discernimiento, que procuran contribuir a alimentar un análisis crítico en relación con las propuestas que tan importante organización formula.

  1. A modo de introducción, hacemos ver dos detalles que, a estos efectos, son clave. Primero, debe entenderse que en economía no existe ni un único enfoque ni, en consecuencia, tampoco un único camino que pueda seguirse o una única propuesta de políticas que deba considerarse. Esto debe tenerse muy en cuenta, para evitar caer en la trampa de creer que los planteamientos de la UCCAEP agotan, ni mucho menos, las posibilidades disponibles. Segundo, subrayamos que Costa Rica es una sociedad pluralista y diversa, y que las voces, intereses y necesidades de los diversos sectores de la sociedad, tienen el mismo derecho a ser atendidas y están investidas de la misma legitimidad, que puedan tener las voces de las organizaciones empresariales como la UCCAEP. La arrogante y antidemocrática pretensión de esta organización, al insinuar, como claramente lo hace, que su voz es la única que deba ser escuchada, no es de recibo, y merece ser rechazada ad portas. Tener esto en cuenta refuerza lo que apuntamos más arriba: las perspectivas y opciones que se abren frente a la crisis son necesariamente diversas.
  • La carta que Sáenz remite al presidente, ofrece interpretaciones de la historia costarricense sumamente anacrónicas y arbitrarias, cuyo propósito es, claramente, afirmar que Costa Rica debe su existencia entera al empresariado. Es una idea absurda e insostenible, la cual, sin embargo, ha echado profundas raíces en el imaginario de la UCCAEP y otras organizaciones empresariales costarricenses, las cuales parece que, en efecto, se la toman en serio. El propósito ideológico detrás de esto, es obvio: se apela a tan disparatada hipótesis para exigir que todas las políticas públicas giren alrededor de los intereses empresariales. Y aunque en este documento se pretende hacer creer que, de forma equitativa, se habla a nombre de todas las empresas, desde las

micro hasta las más grandes, ello tan solo agranda la falsificación ideológica en la que se incurre. En este coro hay voces del todo inaudibles, y voces que cuentan con amplificadores poderosísimos. Estas últimas son, al cabo, las que realmente pesan en la narrativa que se nos ofrece.

  • Compartimos el llamado que se formula, a la responsabilidad y el compromiso por parte de funcionarios, funcionarias e instituciones del sector público. Diferimos en la pretensión de que esa responsabilidad tiene como único destinatario el sector empresarial, cuando, en realidad, es el deber de la institucionalidad pública para con la ciudadanía en general, pero, muy en especial, los sectores más vulnerables y carenciados de nuestra sociedad. Es más que notorio que la UCCAEP exige responsabilidades pero no asume ninguna responsabilidad. El mensaje implícito que transmiten es el de que se consideran una clase social aparte y superior, una especie de estamento aristocrático al que Costa Rica entera ha de rendirle tributo y pleitesía.
  • En términos generales, la valoración de conjunto que hacemos de las medidas que formula la UCCAEP, es que éstas proponen recurrir al “dumping social”, como mecanismo para recuperar la maltrecha competitividad empresarial. Es lo que, en general, se desprende de las propuestas en materia de flexibilización laboral, debilitamiento financiero de las instituciones de seguridad social, debilitamiento de la normativa ambiental y de los esfuerzos de control de la evasión y elusión tributaria. Si bien algunos elementos en el documento difieren de ese énfasis, el tono general está claramente centrado en ese aspecto. Es decir, en vez de una propuesta progresiva destinada a elevar la productividad, se opta por un camino de tono predominantemente regresivo, que busca “aplanar” los costos para hacerlos compatibles con una economía ineficiente y de baja productividad. Lograr construir una economía de alta productividad, exige al sector público, asumir sus responsabilidades para el logro de mayor eficiencia y capacidad de respuesta. Pero ello también exige un compromiso paralelo y equivalente del sector privado. Sin embargo, y como ya hemos indicado, la UCCAEP elude cualquier posible compromiso o responsabilidad. Exige todo y no ofrece nada.
  • Hay razones teóricas, tanto como evidencia empírica, que permiten poner en duda que ese mecanismo del “dumping social”, pueda tener efectos positivos en términos de reactivación de la economía, particularmente en el contexto de la crisis económica, nacional y mundial, desatada a partir de la crisis sanitarias del Covid-19. Pero aún en la hipótesis, sumamente optimista, de que ello pudiese propiciar una reactivación económica en el corto plazo, sus implicaciones en el mediano y largo plazo serían muy negativas, tanto desde el punto de vista

económico, como social, político y ambiental. Lamentamos la falta de visión estratégica que la UCCAEP pone así de manifiesto.

  • Nos resulta alarmante lo que se plantea en los puntos 1.1. a 1.6 (pp. 9-11), lo cual pareciera proclamar la renuncia explícita, por parte de esta organización, a cualquier compromiso, democráticamente formulado y acordado, en materia laboral, tributaria, ambiental, de protección a las personas consumidoras y a la salud de la población. Aducir que propuestas legislativas o disposiciones de política pública, destinadas a proteger el medio ambiente y la salud de la población, vigilar el cumplimiento de las obligaciones tributarias o el respeto a los derechos humanos, son “acoso” contra el empresariado, constituye una exigencia de impunidad, y un total despego a las más elementales normas de convivencia en democracia.
  • Es llamativo que en distintas partes del documento, se exija facilitar la participación privada en mercados (por ejemplo seguros, p. 29) donde hay una importante presencia estatal, pero que explícitamente se demande limitar la participación del ICE en construcción de obra pública (p. 28), un sector que, como es conocido, ha sido dominado ampliamente por un grupo muy pequeño de grandes empresas privadas, cuya eficiencia es por lo menos dudosa. Estas inconsistencias ideológicas, aportan mucho material para la reflexión.
  • Reconocemos que se plantean aspectos positivos. Si la UCCAEP fuese una organización respetuosa de los principios democráticos más básicos, reconocería –pero no lo hace– que inclusive esas ideas, aun siendo susceptibles de un acuerdo más amplio, deben necesariamente pasar por un proceso de estudio y discusión. Hay otros planteamientos –lamentablemente los que marcan la tonalidad dominante de la propuesta– de signo muy regresivo, y por ello mismo sumamente polémicos. Una democracia que se respete a sí misma, no podría decidir acerca de tales asuntos, si no es con base en un debate público amplio y equitativo. Para la UCCAEP eso está totalmente descartado: su tono, autoritario e imperativo, niega cualquier posibilidad de diálogo y de construcción democrática de acuerdos . Ello se hace evidente, con singular estridencia, en relación con la cuestión de la venta de activos públicos. No obstante ser una problemática que suscita grandes desacuerdos, para la UCCAEP es un “fait accompli”. Nada hay que discutir al respecto, tan solo corresponde “definir -en un plazo perentorio- un plan de venta de activos del Estado” (p. 16).
  • Deploramos el grado de descomposición moral que todo esto pone de manifiesto. Una poderosa organización empresarial que no asume compromisos ni responsabilidades, que exige todo pero no ofrece nada, y que abiertamente

opta por desconocer los mecanismos propios de la democracia, no puede ser una buena representante del empresariado costarricense, ni mucho menos ejercer ninguna forma de liderazgo ante el país. Confiamos, sin embargo, que esto sea tan solo un fenómeno que afecta a un pequeño sector de ese empresariado, y que éste, en su mayor parte, sí asume un posicionamiento político, ético y moral, digno de respeto.

  1. Exhortamos al presidente Carlos Alvarado para que mantenga un mínimo de distancia crítica e independencia de decisión, frente a las presiones que, de forma tan abierta y desembozada, ejerce sobre él esta organización, siendo repudiable que se quiera aprovechar la crisis generada por la emergencia del Covid-19, para imponer, a espaldas de la democracia y la ciudadanía, una agenda de estrecho interés gremial-corporativo. Confiamos asimismo que el presidente sabrá interpretar el desafío que esto plantea a la democracia, y, por lo tanto, la necesidad de promover un debate nacional, amplio y pluralista, en relación con asuntos tan polémicos como las privatizaciones o la flexibilidad laboral, entre otros. Reiteramos nuestra disposición de diálogo con el presidente, en el tanto éste mantenga el interés por escuchar otras voces y considerar otras perspectivas, y, sobre todo, lo que es más importante, tenerlas efectivamente en cuenta.

Nota: El grupo Economía Pluralista reúne a 25 economistas que provienen de diversos ámbitos de la academia y del ejercicio profesional de la economía, tanto en el sector público como en el privado.

Neoliberalismo: el suicidio de un agricultor nacional

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Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Muy temprano en la mañana de este lunes 8 de junio, mediante mensaje colocado en su cuenta de “feisbuc” e inmediatamente compartido, el ciudadano don Mario Redondo Poveda, Alcalde de Cartago nos comunicó este conmovedor acontecimiento: “Una madre de un joven agricultor de Tierra Blanca de Cartago me despierta hoy con el triste mensaje de que su hijo se quitó la vida. Llevaba meses luchando ante entidades financieras por deudas adquiridas en su labor agrícola. Nuestros agricultores merecen mejor trato”.

Aparte de expresar un sentimiento de solidaridad para con la familia de don Andrés Gilberto Ramírez Víquez, costarricense dedicado a la noble actividad de productor agrícola y quien decidió quitarse la vida, el comentario del señor alcalde de Cartago, “Nuestros agricultores merecen mejor trato”, resume lo que ha venido siendo una fuerte lucha en los últimos meses, especialmente a partir de los acontecimientos de calle del año 2019, con ocasión de las movilizaciones que se dieron a raíz de la aparición en la escena sociopolítica del país del Encuentro Social Multisectorial del cual, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), es integrante.

La muerte de don Andrés Gilberto Ramírez Víquez dramatiza el fracaso radical de políticas económicas para el campo agropecuario nacional, inspiradas en doctrinas económicas y en valores políticos ajenos a lo que ha sido la particular forma del ser costarricense; la peculiar idiosincrasia tica que, como un pilar fundamental incluyó el amor por los productos de la tierra generados por el cultivo de los suelos nacionales, por hombres y mujeres compatriotas, como don Andrés Gilberto, como sus conterráneos de Tierra Blanca.

La transformación estructural de la sociedad costarricense que se viene impulsando por los sucesivos gobiernos de los partidos Liberación, Unidad y PAC (transformación que sigue sin terminar habida cuenta de poderosas acciones multifacéticas de resistencia popular a lo largo de tales administraciones), ha tenido en el agro nacional uno de los campos de mayor dolor, exclusión y sacrificio.

La desnaturalización de los principios fundacionales de la nacionalización bancaria, impuesta en 1949 por el líder político del siglo XX, José Figueres Ferrer (don Pepe), tiene consecuencia directa en el suicidio de don Andrés Gilberto Ramírez Víquez; dado que la lógica de acumulación desenfrenada y de intereses de usura extorsionantes y expoliadores, consustanciales a la práctica crediticia de una banca privada, contaminó a los bancos del Estado… los que quedan.

Don Andrés Gilberto Ramírez Víquez se suicidó agobiado por las deudas contraídas y, seguramente, acosado por los personeros de la entidad financiera acreedora. Lo más injusto de esta dolorosa circunstancia es saber que al momento de la llegada oficial al país de la pandemia del coronavirus covid-19, los depósitos del público en moneda extranjera en las entidades y bancos del sistema financiero nacional, estarían llegando a la inmensísima cantidad de 35 mil millones de dólares, unos 20 billones de colones (20.000.000.000.000).

Al respecto, nos preguntamos: ¿de cuántos colones eran las deudas de don Andrés Gilberto?; ¿cuánto porcentaje representaría dentro de un universo monetario de 35 mil millones de dólares?; ¿cuál es el público que tiene esa enorme cantidad de depósitos en moneda extranjera en las entidades financieras del país?… De seguro don Andrés Gilberto no era parte de ese público.

Paralela y colateralmente, casos como el del fallecido don Andrés Gilberto, indican la gravedad del deterior de las políticas públicas de cuido, protección, estímulo y apoyo a los productores agropecuarios nacionales, destacándose la paulatina liquidación del papel del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), entidad ésta despreciada por los indicados partidos y sus respectivos gobiernos.

Cada día queda más claro que el modelo económico todavía hegemónico en nuestro país, el inspirado en el neoliberalismo, es un soberano fracaso: es un modelo que comprende en sí mismo el suicido y la muerte. Don Andrés Gilberto Ramírez Víquez se quita la vida mientras que sus acreedores tenían en sus arcas bancario-financieras 35 mil millones de dólares.

El dolor de su trágico fallecimiento y las circunstancias que lo produjeron ha de servir de abono para continuar la lucha por la liberación de sus deudas a los agricultores y a las agricultoras costarricenses: con su vida don Andrés Gilberto, en el plano moral, ya los liberó.

Pronunciamiento de la seccional Anep-Minae ante la salida del ministro de Ambiente y Energia

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La Seccional ANEP/MINAE, felicita al señor ministro, Carlos Manuel Rodriguez Echandi por su ultimo operativo en el mes de mayo en el Parque Nacional Corcovado, con el grupo denominado GOA (Grupo Operativo Ambiental), pero será este un grupo permanente para la conservación y cuido de los recursos naturales? ¿o se crearan más grupos como este? eso sí, sin dejar al descubierto y sin personal a las demás áreas silvestres del país, pues como se sabe por el momento este GOA se consolida con funcionarios de diferentes sitios naturales del país, lo que quiere decir que cuando se sacan guarda parques de uno de sus sitios de trabajo para reforzar labores en otro lugar del territorio nacional, se provoca dejar sin protección por varios días otras áreas naturales; o lo que popularmente llamamos, “desvestir un santo, para vestir a otro”.

Pero aparte de felicitar también criticamos con mucho malestar muchas de sus acciones y le preguntamos además, si ya le fueron canceladas las horas extraordinarias en su totalidad, a los muchachos que le acompañaron en tal operativo, y recalcamos “en su totalidad”, pues se tiene conocimiento que la entidad bajo su jerarquía, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC, no acepta pagar más de cuatro horas extraordinarias, pues estos y muy de la mano con la legislación laboral solo contempla pago de un máximo de cuatro horas extraordinarias, a pesar de saber que muchas y muchos guarda parques del sistema laboran extenuantes jornadas extraordinarias que van más allá de 4hrs extraordinarias, en el cuido de tortugas marinas, atención de incendios forestales, patrullajes marinos y terrestres, pero sin pago alguno de dicho tiempo extra; pero aquí les comprendemos, pues la frase “El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado” que se arraiga de nuestra Constitución Política en su artículo 58, no es de conocimiento en SINAC-MINAE, a pesar de que la historia de Costa Rica en el cuido y conservación de los recursos naturales y sus áreas silvestres, data ya de más de cuarenta años, y mal pagado, a sus verdaderos vigilantes, a pesar de los sacrificios de familia y demás vida social para quienes su trabajo les obliga a permanecer 24 horas en sus centros operativos, y con prolongadas jornadas mensuales acumulativas.

Don Carlos, le deseamos muchos logros desde su nueva jerarquía en el GEF (Global Environmental Facility), y no olvide ni deje atrás a sus amigas(os) guarda parques, que prácticamente lo pusieron en esa silla, esperamos que desde allí les recuerde, y no vaya a ser que solo les utilizo para su publicidad; pues de ser así, no quedará más que enlistarlo entre aquellas personas que solo han utilizado el tema ambiental para satisfacer intereses propios.

Aprovechando su nueva y valiosa posición internacional, deseamos que lleve en su agenda varios temas pendientes a mencionar desde su jerarquía y antecesores del SINAC-MINAE, mismos que aun y queriéndose indicar que son heredados de otras administraciones; lo cierto es que su persona lleva hoy el mismo compromiso a tales deudas a sus funcionarios y “al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en Costa Rica”, a saber:

CASO DE CRUCITAS:

Como representante de la Seccional ANEP/MINAE, considero que le quedo debiendo muchísimo al país respecto a los daños causados al Medio Ambiente.

RECURSOS DE AMPARO PENDIENTES

1) Exp: 16-010216-0007-CO

Res. Nº 2017014907

Por tanto:

“Se declara parcialmente con lugar el recurso en contra del Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Hacienda y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Se ordena a Edgar Gutiérrez Espeleta, Helio Fallas Venegas y Mario Coto Hidalgo, por su orden Ministro de Ambiente y Energía, Ministro de Hacienda y Director Ejecutivo del SINAC, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, que coordinen lo pertinente a fin de que se evalúe la situación actual de las áreas de conservación y se tomen las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, de tal forma que se atiendan de manera efectiva y razonable las áreas silvestres protegidas del país. Para lo anterior deberán elaborar y ejecutar, en el plazo de SESENTA MESES, un plan de control y protección de las áreas silvestres protegidas que garantice su vigilancia efectiva a fin de prevenir y atender daños ambientales; para lo cual deberá asegurarse la existencia de los recursos necesarios para su cumplimiento. Asimismo, se ordena a Marta Eugenia Acosta Zúñiga, en su condición de Contralora General de la República, o a quien ocupe su cargo, girar las órdenes que estime pertinentes para que se actualice el estado de cumplimiento del informe DFOE-AE-IF-16-2014 y, de acuerdo con los medios que le otorga el ordenamiento jurídico, requiera al SINAC la efectiva atención a las recomendaciones brindadas, ante lo cual, Mario Coto Hidalgo, como Director Ejecutivo del SINAC, o quien ocupe su cargo, deberá gestionar su cumplimiento en los términos y plazos que disponga el requerimiento del órgano contralor. Finalmente se ordena al Director Ejecutivo del SINAC, o a quien ocupe su cargo, realizar un estudio sobre la necesidad de abastecimiento de agua potable en las áreas de conservación contenidas en el oficio SITRA-0023-16 de 9 de febrero de 2016 dirigido al Director del SINAC presentado por SITRAMINAE el 11 febrero de 2016, a efectos de que se evalúe si las personas que se encuentran o visitan esas áreas de conservación requieren o no el servicio de agua potable, y si resulta procedente, gestione ante las autoridades competentes lo necesario a fin de que se determine si  desde el punto de vista técnico y material es posible proveer el servicio” (…).(subrayado no obedece al original)

2) Exp: 15-011930-0007-CO

Res. Nº 2017000641

Por tanto:

“Se declara con lugar el recurso. Se ordena a JULIO JURADO FERNÁNDEZ, en su condición de Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Área de Conservación (SINAC) del Ministerio de Ambiente y Energía, a ÓLGER MÉNDEZ FALLAS, en su condición de Director del Área de Conservación de Osa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), a ÉDGAR E. GUTIÉRREZ ESPELETA, en su condición de Ministro de Ambiente y Energía, a HELIO FALLAS, en su condición de Ministro de Hacienda y a LUIS GUSTAVO MATA VEGA, en su condición de Ministro de Seguridad Pública; o a quienes ocupen sus cargos, que dentro del plazo de dos meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, coordinen lo pertinente para que se elabore y ejecute un plan que garantice la vigilancia y protección permanente del Parque Nacional de Corcovado y la Reserva Forestal Golfo Dulce, contra las actividades ilegales de orería, caza, tala y robo de madera” (…). (subrayado no obedece al original)

3) EXPEDIENTE N° 15-011930-0007-CO

PROCESO: RECURSO DE AMPARO

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

San José, a las nueve horas y cincuenta y dos minutos de diez de mayo de dos mil

dieciocho.

(…) “que consta en el expediente electrónico número 15-011930-0007-CO, en

el que se acusa desobediencia a lo ordenado por esta Sala en la resolución

No.2017000641 de las 09:05 horas del 20 de enero de 2017” (…)

(*) Como puede observarse, este punto alude al punto 2) anterior, Recurso de Amparo con Resolución Nº 2017000641, para el cual ya se apunta desobediencia desde año 2018.

OTROS PENDIENTES ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

1) INFORME Nro. DFOE-AE-IF-15-2015 / 15 de diciembre, 2015 DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES Y DE ENERGÍA INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADA EN EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN

4. DISPOSICIONES

4.1 De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, nro. 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, se emiten las siguientes disposiciones de acatamiento obligatorio que deberán ser cumplidas dentro del plazo (o en el término) conferido para ello, por lo cual, su incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad.

4.8 Elaborar y aprobar el procedimiento para el control y registro contable de las transacciones relativas a la adquisición de terrenos Patrimonio Natural del Estado. Dicho procedimiento debe considerar al menos:

a) Que estos terrenos no se registren como activos del SINAC.

b) Se resguarde apropiadamente la documentación que respalda los registros respectivos.

c) Se efectúen conciliaciones mensuales de la cuenta de Terrenos.

Remitir al Órgano Contralor copia del documento que evidencie la aprobación de este procedimiento, a más tardar el 29 de abril de 2016. Ver párrafos del 2.40 al 2.54 de este informe.

LIC. MARCO TULIO CASTRO CHINCHILLA EN SU CALIDAD DE COORDINADOR ADMINISTRATIVO O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.9 Determinar la composición del saldo contable de la cuenta Terrenos y conciliar dicha cuenta con el respectivo auxiliar SIBINET. Este proceso debe dar de baja los terrenos que permanecen en el SIBINET y en la contabilidad, que son Patrimonio Natural del Estado, pues, son propiedad del MINAE. Remitir a la Contraloría General una certificación que acredite la conciliación y ajustes solicitados, a más tardar el 29 de julio de 2016. Ver párrafos del 2.40 al 2.54 de este informe.

4.10 Analizar las causas por las cuales se presenta una diferencia entre el registro contable del gasto por salario escolar y el cálculo efectuado por la Contraloría General; con base en ello efectuar los ajustes pertinentes. Comunicar a la Contraloría General los ajustes realizados, a más tardar el 31 de marzo de 2016. Ver párrafos del 2.55 al 2.58 de este informe.

4.11 Revelar en los estados financieros al 31 de diciembre de 2015, el registro contable erróneo efectuado en el periodo 2014 en la cuenta de terrenos, relativo a la compra de la propiedad del INBIO. Además, registrar la porción circulante de deuda adquirida para realizar dicha compra. Remitir a la Contraloría General una certificación que acredite el cumplimiento de lo dispuesto, a más tardar el 29 de febrero de 2016. Ver párrafos del 2.59 al 2.65 de este informe.

2) INFORME Nro. DFOE-AE-IF-16-2014 DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES Y DE ENERGÍA INFORME DE LA AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE LA EFICACIA DEL SINAC EN LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DENTRO DE LAS ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS CONTINENTALES

4. DISPOSICIONES

4.1 De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Nro. 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo (o en el término) conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad.

AL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN

4.3 Resolver acerca de la propuesta que le remita el Director Ejecutivo del SINAC relativa a los mecanismos de financiamiento, los criterios y ajustes de distribución de personal, el plan de desarrollo y mantenimiento de las sedes administrativas, el mecanismo para determinar el estatus legal de los terrenos dentro de las Áreas Silvestres Protegidas y acciones de integración al Patrimonio Natural del Estado, el mecanismo de control y protección, y el de asignación y ejecución de recursos en la atención de desastres y emergencias ambientales. Remitir a la Contraloría General, en el transcurso de los dos meses calendario siguientes a recibir la propuesta de la Dirección Ejecutiva, copia de los acuerdos que resuelvan sobre cada asunto. Ver párrafos del 2.1 al 2.80 de este informe.

AL DR. JULIO JURADO FERNÁNDEZ, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR EJECUTIVO DEL SINAC O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.4 Establecer e implementar los mecanismos de financiamiento que aseguren la sostenibilidad de la gestión de las Áreas Silvestres Protegidas. Remitir copia del oficio mediante el cual se someten tales mecanismos a la aprobación del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, a más tardar el 31 de agosto de 2015, un primer informe de avance de la implementación de los mecanismos al 29 de enero de 2016 y un segundo informe al 30 de junio de 2016.  Ver párrafos del 2.4 al 2.12 de este informe.

4.5 Establecer los criterios de asignación de personal en las Áreas Silvestres Protegidas, y con base en dichos criterios ajustar su distribución en lo procedente. Remitir a la Contraloría General copia del oficio mediante el cual se someten los criterios de distribución y los ajustes a la aprobación del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, a más tardar el 30 de setiembre de 2015, un informe de avance en la implementación de los ajustes, a más tardar el 29 de febrero de 2016 y un segundo informe a más tardar el 31 de agosto de 2016. Ver párrafos del 2.13 al 2.18 de este informe.

4.6 Establecer e implementar un plan de desarrollo y mantenimiento de las sedes administrativas prioritarias de las Áreas Silvestres Protegidas, considerando entre las variables técnicas al menos las necesidades de control y protección, investigación y monitoreo. Remitir a la Contraloría General, copia del oficio mediante el cual se somete el plan a la aprobación del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, a más tardar el 30 de setiembre de 2015, un primer informe de implementación al 27 de abril de 2016 y un segundo informe al 31 de agosto de 2016. Ver párrafos del 2.19 al 2.21 de este informe.

4.7 Priorizar las Áreas Silvestres Protegidas que requieren la elaboración o actualización del Plan General de Manejo. Remitir a la Contraloría General, un oficio en el cual conste esta priorización, a más tardar el 30 de junio de 2015. Ver párrafos del 2.22 al 2.27 de este informe.

4.8 Establecer e implementar el mecanismo de seguimiento a la implementación de los planes generales de manejo de las Áreas Silvestres Protegidas. Remitir a la Contraloría General, copia del documento que evidencie la instauración del mecanismo, a más tardar el 31 de agosto de 2015; además, un primer informe de seguimiento al 30 de noviembre de 2015 y un segundo informe al 30 de junio de 2016. Ver párrafos del 2.22 al 2.27 de este informe. 

4.9 Establecer e implementar un mecanismo para determinar el estatus legal de los terrenos ubicados dentro de los límites de cada Área Silvestre Protegida y priorizar las acciones para su integración al Patrimonio Natural del Estado, su demarcación y señalización, según proceda. Remitir a la Contraloría General copia del oficio mediante el cual se somete esa estrategia a la aprobación del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, a más tardar el 30 de noviembre de 2015; además, un primer informe de implementación a más tardar el 30 de junio de 2016, y un segundo informe a más tardar el 30 de noviembre de 2016. Ver párrafos del 2.28 al 2.37 de este informe.

4.10 Establecer e implementar un mecanismo de control y protección aplicable a todas las Áreas Silvestres Protegidas del país, la cual, deberá establecer al menos los objetivos y metas en la materia, la capacitación de los funcionarios destacados en esas labores, los mecanismos formales de coordinación con actores relevantes involucrados, de conformidad con las amenazas y presiones a la biodiversidad identificadas dentro de estos territorios. Remitir a la Contraloría General, copia del oficio mediante el cual se somete esta estrategia a la aprobación del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, a más tardar el 30 de octubre de 2015, un primer informe de implementación a más tardar el 31 de marzo de 2016, y un segundo informe a más tardar el 31 de octubre de 2016. Ver párrafos del 2.38 al 2.42 de este informe.

4.11 Establecer un mecanismo para asignar y ejecutar recursos con la oportunidad requerida en la prevención y atención de desastres y emergencias ambientales, aplicable a todas las Áreas Silvestres Protegidas del país. Remitir a la Contraloría General copia del oficio mediante el cual se somete el mecanismo a la aprobación del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, a más tardar el 30 de setiembre de 2016. Ver párrafos del 2.43 al 2.45 de este informe. 

4.12 Establecer los ámbitos de la gestión del SINAC en los que se deba fomentar la cooperación interinstitucional, con organizaciones no gubernamentales y con las comunidades locales y los pueblos indígenas; ello, de conformidad con el ordenamiento jurídico para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad dentro de las Áreas Silvestres Protegidas continentales. Remitir a la Contraloría General, una certificación que haga constar lo actuado, a más tardar el 31 de julio de 2015. Ver párrafos del 2.46 al 2.53 de este informe.

4.13 Realizar un diagnóstico acerca de las actividades de uso público que se realizan dentro de las Áreas Silvestres Protegidas, así como, sus efectos en la biodiversidad y oportunidades y recomendaciones para impulsar su potencial. Con base en ello, elaborar un plan de implementación de las mejoras. Remitir a la Contraloría General una certificación de la elaboración del diagnóstico, a más tardar el 16 de octubre de 2015; un primer informe de implementación de las recomendaciones a más tardar el 29 de julio y un segundo informe a más tardar el 18 de noviembre de 2016. Ver párrafos del 2.70 al 2.75 de este informe.

4.14 Realizar un diagnóstico acerca de las actividades de uso sostenible de la biodiversidad que se realizan dentro de las Áreas Silvestres Protegidas, así como, sus efectos en la biodiversidad y oportunidades y recomendaciones para impulsar su potencial. Con base en ello, elaborar un plan de implementación de las mejoras.  Remitir a la Contraloría General una certificación de la elaboración del diagnóstico, a más tardar el 16 de octubre de 2015; un primer informe de implementación de las recomendaciones a más tardar el 29 de julio y un segundo informe a más tardar el 18 de noviembre de 2016. Ver párrafos del 2.76 al 2.80 de este informe.

LEGISLACION NO ATENDIDA COMO CORRESPONDE

1) *LEY DE BIODIVERSIDAD 7788

ARTÍCULO 11.-Criterios para aplicar esta ley

Son criterios para aplicar esta ley:

1.-Criterio preventivo:  Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de la biodiversidad o sus amenazas.

(*) Una ley de la cual la institucionalidad SINAC-MINAE, a cargo del señor Carlos Manuel Rodríguez nos queda en una amplísima deuda, pues es notorio a nivel país, que el faltante de funcionarios que atienden la conservación y uso racional de los recursos naturales, se encuentra en números rojos, provocando una altísima suma de delitos contra el ambiente: lo que refleja que no existe la debida prevención ante tales delitos.

2) *LEY ORGANICA DEL AMBIENTE 7554

ARTÍCULO 36.- Requisitos para crear nuevas áreas.

Para crear áreas silvestres protegidas propiedad del Estado, cualquiera sea la categoría de manejo que él establezca, deberá cumplirse previamente con lo siguiente:

a) Estudios preliminares físico geográficos, de diversidad biológica y socioeconómica, que la justifiquen.

b)  Definición de objetivos y ubicación del área.

c)  Estudio de factibilidad técnica y tenencia de la tierra.

d)  Financiamiento mínimo para adquirir el área, protegerla y manejarla.

e)  Confección de planos.

f)  Emisión de la ley o el decreto respectivo.

(*) Para resaltar este artículo de ley, haremos recordatorio de la creación del Parque Nacional Miravalles Jorge Manuel Dengo, el 5 junio 2019, mismo que con tanta alegría y bullicio nos anunciara el señor ministro de Ambiente Carlos Manuel Rodríguez y la Presidencia de la República. Pero ¿está cumpliendo este parque nacional con todo lo que establece la ley y articulo de cita? O fue otra reacción emocional y ambiental de este jerarca y presidencia.

Se estima que la deuda de tierras privadas que fueron afectadas por la ampliación o creación de algún área silvestre en Costa Rica supera los 100.000 millones de colones, e imaginamos que, con este nuevo parque nacional, que igualmente ha afectado tierras privadas, dicha deuda económica se ha ampliado. Además de la afectación que ha cientos de personas de escasos recursos en zonas rurales han causado tales iniciativas, pues se realizan al margen de lo que la legislación para la creación de áreas silvestre establece, sin economía para adquirirlas, funcionarios para su cuido, estudios científicos actualizados, tenencia de la tierra y demás, que no afecte a los más vulnerables.

Entonces ¿Podría determinarse estas creaciones de áreas silvestres o parques nacionales tipo exprés, como un prevaricato?

 Aunado a todas estas anomalías tenemos que agregar en su mala administración, toda la cantidad de órganos directores interpuestos en puestos políticos y de confianza como lo son los casos de Alberto Bravo exdirector de Hidrocarburos, Alfonso Pérez exgerente de Comcure, Juan Carlos Fallas exdirector del IMN, Ileana Boschini Directora de Geología y Minas.

Solo esperamos señor Ministro  Carlos Manuel Rodríguez, que  desde su nueva trinchera, no olvide los pendientes que ha dejado en este país, y sus promesas a los funcionarios, pues ahora posee el insumo económico para dar un respiro a nuestra materia ambiental, si es que desde su nuevo puesto, se acordara de aquellos que aun caminaron entre charcos, ríos y bajo la lluvia cuidando el Patrimonio Natural del Estado, igualmente del humilde campesino y sus familias, que hace años esperan se resuelva el que si la tierra que heredaron es aún suya o de algún parque nacional estilo exprés.

Atentamente:

William Arias Soto

Presidente Seccional ANEP-MINAE

La detención de Albino Vargas

Publicada el | por ANEP | Dejar un comentario en La detención de Albino Vargas

Benjamín Sevilla García, Secretario Nacional de Juventud, ANEP

La detención de Albino Vargas Barrantes, reconocido sindicalista a nivel nacional y quizá, como menciona el constitucionalista Pablo Barahona, la cara más visible de los movimientos sociales, no toma por sorpresa a ningún auténtico defensor de derechos humanos. La expresión “auténtico” no busca generar roces con aquellas personas que tienen un solo tema de defensa y que genuinamente dan la lucha por ello. Más bien, está dirigida a esos engreídos intelectuales que cegados por el pseudo-progresismo creen tener la decencia suficiente para relativizar los derechos humanos, para decirnos “cuáles sí y cuáles no”.

Las personas que ejercen una función auténtica en la defensa de estos derechos saben que hay una realidad que supera la politiquería, una que nos advierte la regresividad de ciertos derechos humanos y lo que esto implica para la continuidad efectiva de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho. Las reformas al Código de Trabajo y las constantes amenaza a las justas conquistas de las personas trabajadoras, no les es suficiente. La criminalización de la protesta ya no les da resultado, con la detención del señor Vargas Barrantes se aclaran algunas dudas: el siguiente paso, al parecer, es acallar las voces disidentes, silenciar la real oposición.

La detención de Albino Vargas, en las condiciones en las que se dio, no le puede generar alegría a ningún ser humano decente y civilizado. Las serias discrepancias que con él podamos tener por su forma de expresarse, o por el contenido de sus argumentos, deben llevarse al plano del debate, ahí donde somos fuertes contra las ideas con ideas, pero sin desprendernos del carácter humano. Se debe comprender que el tiempo en el que las actividades sindicales eran tratadas con barbarie y con la complicidad de funcionarios de Estado pasó, que las llamaditas telefónicas para arreglar la detención de líderes de oposición debe quedar en la faceta más oscura de nuestra historia.

Lo anterior no quiere decir que los dirigentes sindicales estén exentos de enfrentar procedimientos judiciales cuando actúen de manera ilegal. Lo que no se puede admitir es que en el ejercicio legítimo de sus funciones sean agredidos o estigmatizados, como hasta hoy ha sucedido con el reconocido sindicalista, cuyo nombre evitan mencionar quienes carecen de liderazgo.

Creo que como país tenemos que plantearnos algunos asuntos relativos al honor de las personas, los líderes sindicales y Albino Vargas en concreto, siempre han tenido que lidiar con una serie de amenazas, de ofensas y de ataques a su honor. Una forma reiterativa de violencia por parte de quienes se esconden en perfiles falsos o se escudan detrás de algunas redes sociales. Y de forma más directa, por el mensaje de odio construido de manera permanente y maliciosa por un sector de la prensa.

Concluyo indicando que, pese a las adversidades mencionadas, tanto en la Fuerza Pública como en el Poder Judicial hay un enorme grupo de personas -la mayoría- honestas que no responden a las presiones externas. Eso nos da la confianza suficiente para saber que este asunto en contra del sindicalista Albino Vargas no prosperará.