Coronavirus y medidas gubernamentales: los ₡900 mil millones para créditos podrían ser “alegrón de burro”

  • Bancos parecen objetar ya directriz del poder ejecutivo
  • 20 billones tendrían los bancos “guardados” al llegar la pandemia: Se podría cancelar toda la deuda del Estado con la Caja  y tal cantidad equivale a 7 préstamos del FMI

La Asociación Bancaria Costarricense (ABC), entidad del poder financiero del país que agrupa a los bancos públicos y privados, está indicando ya que tales entidades están muy reguladas por lo cual deberán comportarse con “prudencia” y con “responsabilidad”, al momento de procesar la directriz del Poder Ejecutivo para que se disponga de la enorme cantidad de 900 mil millones a fin de otorgar créditos altamente flexibles para la reactivación económica del país, en el marco de las graves consecuencias  de la pandemia del coronavirus covid-19; créditos que serían a favor de las micro-pequeñas y medianas empresas.

El planteamiento de la ABC parece indicar una especie de “rebeldía” para con el mandato del Poder Ejecutivo, de forma tal que se estaría confirmando las preocupaciones que surgieron, al momento mismo del anuncio presidencial, en diversos sectores sociales y políticos de que, a efectos de disponer de esos 900 mil millones en poder de los banqueros, no será nada fácil accesar a esos dineros para  las miles de personas trabajadoras y emprendedoras afectadas por el covid-19, las cuales necesitan con urgencia apoyo económico-estatal para salir adelante.

Adicionalmente, ABC lo que está diciendo es que sin el aval del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), así como del propio Banco Central de Costa Rica (BCCR), los 900 mil millones para crédito de emergencia será, repetimos, un “alegrón de burro”.

Así las cosas, pareciera que el anuncio gubernamental de los 900 mil millones para créditos productivos e inmediatos, corre el riesgo de convertirse en un “alegrón de burro”; expresión popular que define un anuncio positivo como algo, finalmente, inmaterializable.

A los banqueros, literalmente hablando, les sobra la plata. Datos en poder de ANEP, proporcionados por el propio Banco Central de Costa Rica (BCCR), indican que, a setiembre de 2018, la cifra total en cuanto a depósitos del público y tenencia de activos de los bancos en moneda extranjera, ascendía, ¡en dólares USA!, a 32 mil 820 millones; es decir, 18 billones 707 mil 400 millones; repetimos, a setiembre de 2018.

Ocho años antes, en el 2010, tal cantidad era de $17 mil 933 millones 900 mil; o sea, 10 billones 222 mil 323 millones. Es decir, en este período de 8 años, los banqueros incrementaron sus activos-depósitos en moneda extranjera es $14 mil 886.100 millones: a razón de $1.860 millones 762 mil 500.

Entonces, si a setiembre de 2018, los banqueros tenían $32 mil 820 millones en activos-depósitos en moneda extranjera (básicamente dólares); y si llegaron a esta cantidad a partir de $17 mil 933 millones 900 mil que tenían en el 2018, ese gigantesco crecimiento fue a razón de 1$.860 millones 762 mil 500 anuales (o, 109.456.617.647 dólares por mes).

Entre setiembre de 2018 y febrero de 2020, transcurrieron 17 meses, lo cual pudo haber incrementado las arcas de los banqueros (creciendo, promedialmente, a razón de 109.456.617.647, por mes), hasta llevarla a la cantidad de $35 mil millones 456 mil 80; nada más y nada menos que 20 billones 209 mil millones.

Los 900 mil millones ofrecidos por el Poder Ejecutivo para crédito urgente a favor de las micro-pequeñas y medianas empresas, apenas representaría un 4.5 % del total de la plata que tienen los banqueros al momento de la llegada de la pandemia del coronavirus covid-19.

Es más, es tan gigantesca la cantidad de plata que hay en el sistema bancario-financiero del país que se podría pagar toda la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), acumulada al momento, unos $3 mil 500 millones, tan solo el 10 % del monto total que habría en las arcas banqueras hoy en día.

Igualmente, $35 mil millones en poder de los bancos equivale a 7 veces el monto del crédito que se pretende imponerle al país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), teniendo Costa Rica que vender sus mejores activos públicos, esos que, precisamente, han destacado en el combate a la pandemia del covid-19.

Nótese que no hemos hablado de los $8 mil millones que tiene por concepto de reservas monetarias internacionales, el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Esto es completamente distinto de lo que hemos comentado aquí.

Definitivamente, el rumbo económico que le han impuesto al país las últimas administraciones gubernativas es una catástrofe para las mayorías ciudadanas; pero, a la vez, ha generado una concentración de poder financiero de tal magnitud que no tiene precedentes en la historia republicana costarricense.

Expresiones de una juventud que sueña

Benjamín Sevilla García, Secretario de Juventud ANEP

La crisis que atraviesan nuestros países en la región constituye una enérgica invitación a las juventudes. Una invitación a expresar la solidaridad, el compañerismo y la prudencia.

Con cierta frecuencia escuchamos decir que las personas jóvenes somos agentes de cambio. Esta frase bonita, que al resto de la población le podría resultar excluyente, porque se le adjudica casi de manera exclusiva a un grupo de personas, debería ser una realidad en las distintas áreas de acción en las que nos desenvolvemos. Y para despejar las disconformidades respecto de una posible discriminación generacional, me alío a Douglas Mac Arthur: “La juventud no es una época de la vida sino un estado del espíritu, un efecto de la voluntad, una cualidad de nuestra imaginación, una consecuencia de nuestro entusiasmo”.

Una vez más nos enfrentamos a un enorme desafío global, uno que no admite como solución el populismo, la politiquería ni el “revanchismo”. Las juventudes estamos llamadas a la solidaridad, no podemos mostrarnos indiferentes ante las necesidades de las demás personas. Es momento de cuidar a nuestros adultos mayores, de compartir responsabilidades en el hogar, de contribuir con los programas de ayudas que organizan las distintas comunidades. Sin dejar de lado, que el sólo hecho de atender las medidas recomendadas por el Ministerio de Salud y de nuestras autoridades sanitarias en general, constituye un acto de solidaridad.

Por otra parte, el compañerismo es una expresión de una juventud soñadora, no podemos caer en el bajo juego de quienes desde la politiquería nos han dividido. La crisis social, económica y política nos plantea un nuevo desafío, valorarnos como compañeros. El “otro como enemigo” no funcionó ni como estrategia política ni como política criminal. Creo que este es un buen momento para que las personas jóvenes que ejercemos cierto liderazgo trabajemos en unidad, en un proyecto de ideas. La emergencia nos está indicando que es momento de escucharnos, de acercarnos con una visión fresca y desprovista de los sesgos tradicionales de la política.

Tampoco se debe olvidar que una de las expresiones más acertadas en el seno de nuestras juventudes debería ser la prudencia. Para nadie es un secreto que las personas jóvenes son las que más tiempo dedican al uso de redes sociales y de las tecnologías de la comunicación. Un mensaje bien dirigido genera entusiasmo y promueve el desarrollo de buenas acciones, motiva a las personas para unirse a una buena causa.

Es cierto que las personas jóvenes encontramos en los medios alternativos de comunicación un espacio para la reflexión, para expresarnos y para generar opinión. Incluso, lo vemos como una oportunidad para señalar con valentía los errores de ciertas políticas públicas. No obstante, la prudencia es fundamental, sobre todo cuando se trata de conducirnos con apego a la verdad y cuando lo que está en juego no son las ideas, sino las personas.

Finalmente, las expresiones de una juventud que sueña no son más que aspiraciones y anhelos de hombres y mujeres comunes, que guardan la esperanza en la posibilidad de un mundo mejor. Es la creencia firme de que las personas podemos escucharnos, dejar los protagonismos individuales y trabajar unidos. Es abandonar los falsos progresismos y las propuestas superficiales y volver la mirada a las ideas.

SIPROCNP: Soberanía y Seguridad Alimentaria

La organización sindical socia y hermana de la ANEP, Sindicato Pro-Trabajadores del Consejo Nacional de Producción (SIPROCNP), realiza un aporte extraordinario sobre la soberanía y seguridad alimentaria en el país. Como costarricenses debemos preocuparnos por la alimentación de nuestras familias en estos tiempos de pandemia y considerando los grandes problemas que se anuncian a nivel global.

SIPROCNP-Soberanía y Seguri… by Yariela Novo on Scribd

Parte 2 Soberanía y Seguridad Alime… by EugenioGuerrero on Scribd

Mensaje presidencial: lágrimas de cocodrilo

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Hoy tenemos la capacidad técnica y de análisis de datos para identificar a todas las personas en condición de pobreza, o de informalidad, o que sufren una fuerte caída en su ingreso. Esto hace técnicamente posible eliminar la pobreza en Costa Rica, mediante el adecuado direccionamiento de los recursos”. “Mi dolor, como presidente, es que hoy no tenemos el espacio fiscal para hacerlo”.

Las palabras y frases entrecomilladas fueron pronunciadas por Carlos Alvarado Quesada cuando este lunes 4 de mayo se apersonó ante el plenario de la Asamblea Legislativa para cumplir el requisito constitucional de dar un informe de labores de su gestión a la cabeza del Poder Ejecutivo, al cumplirse el segundo año de su mandato. Para nosotros eso fue “lo más interesante” de la perorata presidencial que escuchamos y que pasamos a comentar.

Por una parte podríamos afirmar que Alvarado Quesada mandó un aviso de cara a las elecciones presidenciales y diputadiles de febrero del 2022: “…todas las personas en condición de pobreza, o de informalidad, o que sufren una fuerte caída en su ingreso”, ya están plenamente identificadas. Es decir, con la extraordinaria rapidez y velocidad tecnológico-digital para usar y mover toda clase de datos que existe actualmente no hay nada que garantice que la información de “…todas las personas en condición de pobreza, o de informalidad, o que sufren una fuerte caída en su ingreso” ya esté fuera de las instituciones estatales encargadas de la atención de estas miles de personas, votantes potenciales que, como sabemos, pueden hacer ganar una elección; es más, así lo han demostrado.

Alvarado Quesada se ufana y hace alarde de que hoy poseen “la capacidad técnica y de análisis de datos”, tanto como pueden ser requeridos en una estrategia de campaña electoral y considerando lo que pasó con la UPAD, políticamente muy “olvidada” por estos días de pandemia, hay que pensar en que la información de “…todas las personas en condición de pobreza, o de informalidad, o que sufren una fuerte caída en su ingreso” podría ya estar en manos del partido gobiernista y/o de la coalición partidista de facto que acompaña la actual gestión gubernativa.

No es cualquier cantidad de votantes en perspectiva: al menos 2 millones de personas la podrían estar pasando ya mal en este país, que antes de la pandemia ya mostraba una alta concentración de riqueza y de desigualdad.

“Mi dolor, como presidente, es que hoy no tenemos el espacio fiscal para hacerlo”, es el otro dicho presidencial que más nos llamó la atención. Se trata del decir más indignante y demagógico de la retórica pronunciado por Alvarado Quesada el 4 de mayo. Legítimas lágrimas de cocodrilo. Imposible calificarlas de otra forma.

Es totalmente falso que no haya hoy en día espacio fiscal para combatir la pobreza, ahora duplicada con la llegada de la pandemia del Covid-19. Realmente es repudiable que la máxima autoridad político-ejecutiva del país diga semejante ignominia en contra de los miles y miles de compatriotas que vienen sufriendo las consecuencias directas de unas políticas económicas macrofiscales y tributarias impuestas deliberadamente para propiciar la concentración de la riqueza y el crecimiento de la desigualdad, la exclusión económica pura y dura.

Alvarado Quesada sí sabe que hay espacio fiscal de sobra para aliviar el sufrimiento, la angustia, la ansiedad y el dolor que se sufre en los hogares de los y las de abajo y en hogares de los y las de en medio; porque hay que ser enfáticos en que el gobierno del tripartidismo PAC y el turequismo afín golpearon durísimo a las capas medias con el combo fiscal-Ley 9635, impuesto con triquiñuelas mediático-constitucionales, especialmente con el impuesto al valor agregado (IVA).

Alvarado Quesada y su política económica hicieron más grande el espacio fiscal para los que ya de por sí lo tenían en demasía con ese 8% del PIB en evasión-elusión fiscal-tributaria y con ese 6% del PIB en las escandalosas exenciones-exoneraciones, sin hablar de las fortunas que gravitan por la política nacional producto del negocio sucio del crimen organizado y el narcotráfico.

¡Lágrimas de cocodrilo! exhibió Alvarado Quesada en la Asamblea Legislativa, puesto que él bien sabe, no es un ignorante, tiene a su disposición el insumo profesional adecuado para abrir un real espacio fiscal a fin de aminorar, aunque sea un poco, el real dolor de esos miles de compatriotas hoy duramente castigados, doblemente castigados, por las consecuencias económico-sociales de la pandemia del coronavirus Covid-19; pero que ya la estaban pasando muy feo gracias al espacio fiscal del que disfrutan los sectores económicamente poderosos, a los cuales Alvarado Quesada se entregó cuando traicionó a los miles de votantes, especialmente de los sectores medios, que le creyeron su perorata de campaña electoral. 

Realmente indigna y enoja el cinismo político de una frase hueca, tan sarcásticamente vil como “Mi dolor, como presidente, es que hoy no tenemos el espacio fiscal para hacerlo”. ¡Legítimas lágrimas de cocodrilo!

ANEP logra reinstalación de trabajadora municipal de Goicoechea tras despido injustificado

La ANEP, por medio de su Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), logró la reinstalación de una trabajadora municipal de Goicoechea de apellido Herrera, luego de que fuese despedida de forma injustificada. Incluso su jefatura habría pasado por encima del reglamento interno de la institución para realizar el cese de funciones.

Así lo explicó Priscilla Castro, abogada de la UAJ de la ANEP, quien indicó que a la funcionaria se le abrió un Proceso Disciplinario producto de unas supuestas ausencias en el mes de octubre del 2019. El acto final de parte de la Alcaldía encabezada por Ana Lucía Madrigal, decidió desproporcionadamente aplicar el despido sin responsabilidad patronal.

Ante este acto, la abogada Castro presentó la apelación correspondiente ante el Juzgado de Trabajo del II Circuito del San José, en su modalidad de Jerarquía Impropia.  

En la apelación, la abogada indicó que la municipalidad había pasado por encima a los lineamientos establecidos en los artículos 57 del Reglamento Interno de Organización y Servicio de la Municipalidad de Goicoechea y artículo 160 del Código de Trabajo, impidiéndolo a la funcionaria justificar su ausencia al trabajo los días 1 y 2 de octubre del año 2019. Ausencias que, incluso obedecían a una incapacidad por acoso laboral por parte de su jefatura directa.

Debido a los argumentos utilizados por la ANEP, el Juzgado de Trabajo falló en favor de la trabajadora y ordenó su reinstalación inmediata.

«De conformidad con lo expuesto, y normativa citada, SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO interpuesto por la servidora HERRERA CARPIO, se ANULA la resuelto por resolución administrativa MG-00765-2020 de las nueve horas y cincuenta y ocho minutos del siete de febrero del año 2020 se ordena a la Municipalidad de Goicoechea proceder a justificar la ausencia de la señora Daniela Herrera Carpio de los días 01 y 02 de octubre del año 2019, conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 57 del Reglamento Interno de Organización y Servicio de la Municipalidad de Goicoechea y artículo 160 del Código de Trabajo. Se da por agotada la vía administrativa. Tome nota la parte recurrente de lo indicado en el último párrafo del considerando. Es todo. Notifíquese. Msc. Patricia Quesada Alpizar, Jueza de Trabajo del II Circuito Judicial de San José en funciones de Jerarca Superior Impropio», indica el por tanto.

Municipio negó reinstalación

El 9 de marzo del 2020, la afectada en compañía de la abogada, Priscilla Castro y el vicepresidente de la seccional ANEP-Municipalidad de Goicoechea, Melvin Montero se apersonaron ante la oficina de Recursos Humanos para realizar la debida reinstalación tal y como lo dispuso el Juzgado de Trabajo, sin embargo, se negaron a realizar la reinstalación; aduciendo que requerían necesitaban un oficio de la Alcaldía para ejecutar.

“Al no recibir ningún oficio por parte de la Alcaldía, se procedió a realizar el reporte al Juzgado sobre el incumplimiento. Esto evidenció otro error que cometió la Municipalidad, ya que cuando presentaron la apelación, no pusieron un medio de notificación. Así que la Alcaldía no ejecutaba porque no habían sido notificados, por un error de ellos mismos”, explicó Castro. 

Pese a que esta omisión fue evidenciada ante el Juzgado de Trabajo, no hubo respuesta rápida, por lo que la ANEP recurrió a presentar una queja en la Contraloría de Servicios y múltiples llamadas por el atraso.

Poco más de un mes de haberse presentado para ser reinstalada, precisamente el 16 de abril del año en curso, el Juzgado notificó de forma personal a la Municipalidad de Goicoechea para que la trabajadora fuese instalada nuevamente en su puesto.

El tren eléctrico puede esperar… ¡la Caja no!

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El proyecto multimillonario del tren eléctrico puede esperar, pero la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ¡no!

Salvar a la Caja, garantizarle su sostenibilidad financiera futura, tanto en lo inmediato como en el mediano y largo plazo, debe convertirse en la más grande prioridad de la política pública, junto a la imperiosa necesidad de la reactivación económica y la generación de empleos de calidad bajo los principios de Trabajo Decente impulsados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT); sin dejar de lado la urgencia fundamental de que tengamos en el país otro sistema tributario.

Se debe atender con prontitud el grave problema financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); básicamente generado por la deuda contraída por el Gobierno con esta imprescindible institución para la vida del pueblo costarricense; deuda cuyo monto es, ya, sin discusión alguna, de 1 billón 900 mil millones de colones… hasta este momento. En cifras así: 1.900.000.000.000.

Se nos ha informado de que el proyecto del tren eléctrico ya no costará 703 mil 950 millones de colones (703.950.000.000), por los 73 kilómetros que, en un inicio, se dijo que era el valor de construirlos. Prácticamente, 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB). Esto es un promedio de 9 mil 643 millones de colones por km. (9.643.000.000).

Se indica, ahora, que se han agregado 11 kilómetros más, para un total de 84, lo que eleva el costo total del proyecto a 855 mil millones de colones (885.000.000.000).

Pasar de un costo total de 703 mil 950 millones por 74 km. a 855 mil millones por 84 km, nos dice que, entonces, hubo un fuerte aumento de 151 mil 050 millones de colones por esos 11 km. adicionales (151.050.000.000); es decir, 13.731 millones de colones por cada uno de esos 11 km. adicionales (13.731.000.000). Algo no nos calza aquí…

Nótese que los 73 km iniciales salían a un promedio de 9.643 millones por km.; mientras que los 11 km adicionales, costarían 13.731 millones cada uno. ¿Qué pasó, entonces?

Al ser el monto ya oficialmente reconocido como deuda del Gobierno con la Caja, de 1 billón 900 mil millones de colones, los 855 mil millones del nuevo costo del proyecto de tren eléctrico, vienen a representar casi el 50% de esa deuda; para ser exactos, un 45%.

Con una decisión política contundente de parte del Poder Ejecutivo (y la cuestión de la pandemia del coronavirus covid-19 da argumentos de sobra), el ente financiero que prestará al Estado los 550 millones de dólares para el proyecto del tren eléctrico, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), bien puede considerar su redireccionamiento a fin de honrar la deuda del Gobierno con la Caja, bajándola significativamente.

Es más, el país podría tener ambas posibilidades para considerar con seriedad (tren eléctrico y un buen abono a la deuda del Gobierno con la CCSS), considerando el monto multimillonario de las reservas monetarias internacionales en poder del Banco Central de Costa Rica (BCCR); reservas que superan los 8 mil millones de dólares. Apenas un 6.8% representan esos 550 millones de dólares que se quieren imponerle al país para el proyecto del tren eléctrico; si en que, en serio, están considerando la reactivación económica como algo fundamental en estos tiempos.

Exhortamos a los señores diputados y a las señoras diputadas a la más profunda auscultación político-financiera de un proyecto de tantísimos millones de dólares, en momentos en los cuales las prioridades de la política pública están más que claras producto de las consecuencias económicas y sociales de la pandemia; aunque ya antes de la misma, la deuda social acumulada por el país era de enorme envergadura, a juzgar por los índices de desempleo, de informalidad, de exclusión económica y de concentración de riqueza que golpeaban la Democracia misma antes de la llegada del covid-19.

Igual relevancia será tener precisión exacta de las firmas asesoras, consultoras, ingenieriles, jurídicas y de diversa especie profesional o técnica que ya han entrado en escena cuando suele suceder en negocios tan multimillonarios como éste; tanto como es muy necesario denunciar si alguien ya está pensando en redituar, electoralmente y de cara a los comicios diputadiles de 2022, esto del tren eléctrico para construirse desde ahora ya una plataforma personal. En síntesis, en esto del tren eléctrico a la ciudadanía le falta mucha información y, especialmente, la de carácter transparente. La vehemencia con que ya empezó a ser defendido este proyecto por parte de la prensa oligárquica, es motivo más que suficiente para desconfiar la naturaleza del negocio que se pretende imponer a la gente.

Asesor Legal de ANEP logra exoneración de dos oficiales de la Fuerza Pública de procedimiento disciplinario

El abogado David Estrada, de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la ANEP logró ganar un procedimiento disciplinario que se le había establecido a dos afiliados de apellidos Castro y Céspedes, oficiales del Ministerio de Seguridad Pública.

“Los policías Castro y Céspedes se encontraban en su tiempo libre,  caminaban por San José centro, cuando fueron abordados por un grupo de 2 mujeres y 2 hombres, quienes trataron de asaltarlos y le sustrajeron una batería externa a uno de ellos. Los oficiales intentaron resistirse al asalto, lo que dio lugar a una discusión entre las personas presentes y el evento ocasionó la llegada de agentes de policía que estaban patrullando por la zona”, indicó el abogado.

Las mujeres sospechosas del asalto trataron de acusar a los señores Castro y Céspedes de haberlas agredido, por lo que el Ministerio de Seguridad Pública les abrió un procedimiento disciplinario en su contra.

“No obstante, la UAJ-ANEP les brindó  el acompañamiento legal a los dos afiliados y eventualmente, se demostró la inocencia de los dos policías por lo que se les estaba  acusando y resultaron exonerados de toda responsabilidad disciplinaria” agregó.