Autor: ANEP

Confederación de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA)

El presente documento recoge una serie de medidas que ya están siendo planteadas por muchas de nuestras afiliadas en diversos países de las Américas en respuesta a la crisis.

Además de las formulaciones políticas de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), es imprescindible considerar el respeto de todos los Derechos Humanos, así como de los principios y derechos fundamentales en el trabajo tal como lo establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Igualmente, compartimos la sistematización de las respuestas sindicales a la Encuesta Mundial de la Confederación Sindical Internacional (CSI) sobre el COVID-19, que pueden servir como referencia de nuestra acción.

Es necesario tener presente que más allá de las respuestas urgentes y necesarias, esta crisis, antes de ser sanitaria y de salud pública, es una crisis del sistema económico neoliberal y evidencia el fracaso de sus políticas de reducción del Estado, de las privatizaciones, precarización del trabajo y de los derechos sociales.

Para la CSA, la verdadera respuesta a la crisis tendrá que orientarse en medidas de emergencia de mediano y largo plazo. La pandemia, además de mostrar el fracaso del neoliberalismo, abrirá una disputa sobre el modelo económico, social y político en las Américas y el mundo.

Las acciones de emergencia efectivas para garantizar la vida de las personas solo serán posibles con el abandono del paradigma neoliberal y la intervención estatal, basada en principios democráticos, en diversas áreas.

La opción democrática es la única forma de construir el camino para superar la crisis a mediano y largo plazo, a nivel regional e internacional. Las medidas del combate al virus no pueden ser confundidas con posturas autoritarias que se aprovechen de la situación para profundizar el autoritarismo, la exclusión y el ataque a países que son considerados como enemigos por las grandes potencias.

Defendemos el fin inmediato de los embargos financieros y sanciones económicas impuestas a Cuba y a Venezuela para garantizar la atención de la población en estos países. La CSA considera importante que esta medida sea adoptada en otras regiones del mundo. La defensa de la vida de las personas no puede ser confundida con oposición a gobiernos o sistemas políticos de signo ideológico diferente. Reafirmamos nuestra opción irrenunciable por la Democracia, por el Estado democrático de derecho y la soberanía de pueblos y naciones.

Hoy, los organismos multilaterales y los organismos financieros internacionales deben constituir un fondo mundial para financiar a todos los países para la atención de la población. El FMI, Banco Mundial, el BID, el G-20 deben abrir líneas de financiación a los países sin la exigencia de ajustes estructurales ni un incremento en el endeudamiento.

El fin de esas líneas de financiación es la atención a la población, el fortalecimiento de los sistemas de salud pública, la investigación para vacunas, de materiales hospitalarios, de los kits de pruebas masivas; así como también al abastecimiento de alimentos, de productos básicos de higiene, de vivienda para personas en situación de calle, de la renta mínima, del empleo y salarios para trabajadoras y trabajadores.

Defendemos la inmediata legislación para imponer impuestos a las grandes fortunas, las herencias y la ganancia de las grandes empresas. Especialmente a los capitales especulativos del sector financiero y las guaridas fiscales, que continúan ocultando los dineros de la corrupción, el narcotráfico y otros crímenes en el mundo.

Las empresas farmacéuticas y de la salud que se están lucrando de esta crisis, deben responder a las necesidades de la salud de la población con reducción de precios, atención universal, liberación de patentes, entre otras medidas.

Orientamos desde la CSA a todas nuestras organizaciones afiliadas y fraternas a estar en la línea de frente para enfrentar la crisis, comprometiéndose con estas líneas políticas generales y con las propuestas específicas listadas a continuación.

LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES EN EL CENTRO DE LA RESPUESTA A LA PANDEMIA.

1. Reforzamiento/activación de los mecanismos de diálogo social tripartito, bipartito, así como otros instrumentos de diálogo social amplio, a fin de garantizar que la definición y el establecimiento de medidas en el marco de la pandemia, sean tomadas con la participación de los sindicatos y organizaciones sociales con el objetivo de proteger los derechos básicos, de vida, trabajo y salud de la clase trabajadora en su diversidad.

2. La Negociación Colectiva es la principal herramienta para garantizar el diálogo. En este sentido, es fundamental garantizar la ultra-actividad de la negociación colectiva por 180 días o hasta que la crisis sea superada.

3. Garantía de estabilidad de empleo y de salario para trabajadores y trabajadoras a través de políticas públicas existentes, o con la creación de nuevos mecanismos que garanticen el empleo y la renta de trabajadoras y trabajadoras; ya sea en condiciones de formalidad o de informalidad (mecanismo de transferencia de renta directa).

4. Adoptar, restablecer o ampliar regímenes integrales de seguridad social y otros mecanismos de protección social, teniendo en cuenta las legislaciones nacionales y acuerdos internacionales, a fin de garantizar el derecho a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores, independientemente de sus condiciones de formalidad o informalidad laboral.

5. Prohibición de la suspensión o terminación de contratos de prestación de servicios temporales durante el tiempo que dure la emergencia, para todas las entidades públicas nacionales o territoriales, centralizadas o descentralizadas de servicios, así como del ámbito privado en todas sus modalidades; bajo el argumento de quiebra, baja productividad, pérdida de ganancias, entre otros.

6. En aras de garantizar la estabilidad del empleo y del salario, se ha implementado el teletrabajo como respuesta a la parálisis económica; sin embargo, en la región la mayoría de nuestros países no tienen o está insuficientemente regulada; es importante destacar que es fundamental que esta modalidad no precarice y flexibilice las relaciones laborales existentes. Por el contrario, debe tener como premisa la garantía del empleo en concordancia con los estándares de la OIT.

7. Proteger a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores que, por integrar grupos de riesgo han accedido a una licencia médica en el marco de la emergencia; así como a quienes se encontraban de licencia (médica, de maternidad, de vacaciones, etc.), previo a la crisis.

8. Proveer con todos los insumos necesarios a las trabajadoras y a los trabajadores de la Salud y a la totalidad de trabajadoras y trabajadores, públicos y privados, que están al servicio de nuestros pueblos enfrentando a esta crisis en la primera línea.

9. Garantizar el acceso de la clase trabajadora y de la sociedad en general a la información sobre la gravedad de la pandemia a través de los medios, sin ningún tipo de censura o intervención, asegurando que estos cumplan con su papel de informar para que ello contribuya a la prevención y la garantía de la salud de las trabajadoras y de los trabajadores.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE REALIDADES DE LA CLASE TRABAJADORA

10. Garantizar la alimentación, higiene y habitación a personas en situación de calle desde un enfoque de derechos y prestando especial atención a quienes forman parte de la población de riesgo. Esto incluye: disposición de hogares de habitación para personas mayores o con enfermedades preexistentes en situación de calle, disposición de espacios públicos e inclusivos de higiene con productos dispuestos a estos efectos (papel higiénico, alcohol en gel, jabón, agua, duchas, lavatorios), distribución de kits individuales de alimentos y agua.

11. Reforzar, retomar y/o implementar planes de distribución de alimentos y de elementos de higiene a familias en situación de vulnerabilidad, incluyendo acceso a fuentes de energía para uso doméstico (cocción de alimentos, calefacción). Es imprescindible una política de control de precios de todos los artículos incluidos en la canasta básica y extenderlo a la regulación de tarifas de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, etc.), incluyendo la prestación gratuita de estos servicios para los sectores de la población que así lo requieran.

12. Inclusión de las trabajadores y de los trabajadores migrantes, refugiados y refugiadas, así como sus familias en todas las políticas de protección social existentes o que se implementen para atención de la crisis.

13. Reforzar, retomar y/o implementar políticas de prevención y atención de la violencia intrafamiliar, especialmente la violencia de género y el abuso en niños, niñas y adolescentes que se ven incrementados en situaciones de autoaislamiento y cuarentena preventiva y/u obligatoria.

14. Inclusión de trabajadores y de trabajadoras en condiciones de informalidad y precarización a las políticas y prestaciones ya existentes o que se implementen durante el periodo que dure la pandemia. Los trabajadores y las trabajadoras en condiciones de informalidad están presentes en diversos sectores de actividad: economía de plataforma, trabajo doméstico y economía de los cuidados, trabajadores-trabajadoras ambulantes, comercio minorista, cuentapropistas, entre otros. Esto incluye subsidios especiales, extensión de la seguridad social y protección social (políticas distributivas y no contributivas), reducción y/o congelamiento de tarifas de servicios básicos y acceso a productos de higiene y alimentos.

15. Garantía de salarios para aquellos trabajadores y para aquellas trabajadoras que no presten sus servicios por causa de medidas de auto-aislamiento y cuarentena obligatoria: trabajadoras/trabajadores del hogar, de los cuidados, trabajadoras/trabajadores sexuales quienes se ven obligadas a continuar ejerciendo su actividad para poder alimentar a sus familias y la estigmatización y discriminación de la que son objeto en la sociedad, reforzando su vulnerabilidad.

LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES NO DEBEMOS PAGAR LA CRISIS

16. Los Estados deben responder garantizando los derechos de la población en general y exigiendo el pago por parte de quienes se han beneficiado históricamente: grandes empresas y capital trasnacional.

17. Las instituciones financieras internacionales deben estar al servicio de las necesidades financieras de los pueblos. La ayuda que otorgan estas instituciones no puede significar un nuevo ciclo de endeudamiento de los países ocasionando restricciones presentes y futuras ni condicionándolos a planes de ajuste estructural.

18. El Estado es responsable por garantizar el acceso a la salud para toda la población afectada y en riesgo. Es urgente incrementar la inversión en salud, tanto en adaptación de infraestructura, compra de insumos de salud e higiene como en el pago de salarios y garantía de condiciones de trabajo dignas para los y las trabajadores/as vinculadas al sector. La reducción del gasto y la privatización del sector deben revertirse como primer paso para enfrentar la pandemia.

19. Es necesario definir medidas de ampliación del gasto público para responder a esta coyuntura que incluyan: subsidios al desempleo; reducciones al pago por alquiler, impuestos o servicios; transferencias monetarias básicas para trabajadoras/es en condiciones de informalidad o precarización, del campo y de la ciudad; subsidios a la pequeña agricultura y a la agricultura familiar; apoyos a las PyMEs y micro PyMES que garanticen la nómina de sus trabajadoras/es; pago a cuidadoras/es para trabajadoras/es que están en primera línea de atención, entre otras.

20. Las medidas de atención a la emergencia sanitaria, social y económica exigen la suspensión y/o eliminación de las restricciones a la inversión y al gasto social, así como a las reformas fiscales que han sido propuestas y/o impuestas en algunos países.

21. Suspender el pago del servicio de la deuda pública en el contexto actual y, cuando sea necesario, pedir su renegociación por parte de los gobiernos, en condiciones que permitan la autonomía en la definición de políticas públicas hacia el futuro. Por otro lado, con relación a la deuda privada de PyMEs, independientes y trabajadora-trabajadores, ofrecer alternativas de renegociación o suspensión de pago de cuotas, diseñar nuevas líneas de crédito en condiciones de bajo interés y plazos favorables, para los y las más personas afectadas por la crisis.

22. Suspender o revertir las reformas tributarias que han exonerado a las grandes empresas e incrementado los impuestos para la población en general. Es preciso orientar a impuestos directos y progresivos, cobrar impuestos a las grandes fortunas, ganancias y fondos ilícitos, cobrar impuestos a evasores, así como a las empresas transnacionales; de esta manera, se puede financiar la necesaria ampliación del gasto fiscal. La población trabajadora no puede continuar asumiendo el costo del gasto público con impuestos indirectos y regresivos o con rebajas salariales para contribuir a fondos para combatir la pandemia.

23. Es urgente y necesario regular precios y garantizar el abastecimiento y acceso para la totalidad de la población de los productos de la canasta básica. Así mismo, apoyar a pequeños y medianos comerciantes en la venta de producción nacional y la implementación de políticas de compras públicas, lo que contribuye a generar un efecto positivo en la economía en el mediano plazo.

24. Con relación a las empresas transnacionales, renegociar y regular tarifas y regalías, por ejemplo, de telefonía, comunicaciones y energía.

DEMOCRACIA Y SOLIDARIDAD

25. Los sindicatos somos actores de la democracia, representantes de un sector fundamental de la sociedad, vinculados a los centros de trabajo, las comunidades y los territorios y conectados con las necesidades de la población. Nuestro papel frente a la contingencia actual es de primerísimo orden y reclamamos nuestra participación, fortaleciendo los mecanismos de diálogo tripartido y bipartito, así como en otras instancias de participación y diálogo con los demás actores de la sociedad, comprometidos con el enfrentamiento de la crisis.

26. Las Américas son territorios de paz. Las medidas que tomen los gobiernos para frenar la propagación del virus no pueden provocar el aumento de la militarización, violencia y criminalización en los territorios. El aislamiento social es la medida más efectiva para la no propagación del virus, según recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las medidas no pueden impedir el acceso a alimentos, atención médica, insumos de higiene y otros bienes esenciales durante todo el período en que estén vigentes, por lo que deberá garantizarse acceso seguro y sin consecuencias para la integridad personal de aquellos trabajadores y de aquellas trabajadoras que deba desplazarse.

27. Las fuerzas de seguridad policiales y militares deben ser desplegadas con mesura evitando generar estados de alarma en las comunidades. La presencia de militares y fuerzas de seguridad (públicas y privadas) en la región  están, a menudo, asociadas a situaciones de violencia y operan con impunidad criminalizando protestas y el ejercicio de la libertad de expresión. El aislamiento no puede convertirse en la excusa para profundizar la criminalización de líderes sindicales y sociales. Llamamos a los organismos judiciales y a la comunidad internacional a mantener la observancia sobre las medidas de seguridad pública que puedan atentar contra la libertad sindical y los derechos a la manifestación pacífica, respetando las medidas orientadas por la OMS de no aglomeración para no propagación del virus.

28. La clase trabajadora, en especial en las Américas, tiene un legado histórico de construcción de redes de solidaridad nacional, regional e internacional en épocas de restricción de derechos, libertades y ataques a la democracia. En esta pandemia llamamos a todas las organizaciones sindicales y sociales a unir fuerzas y activar estas redes de solidaridad internacionales pues serán fundamentales para poder sostener a las clases populares en épocas de crisis sanitaria, económica y social.

29. La Central de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA), nuestros sindicatos, las organizaciones y movimientos sociales aliados, seguiremos unidos por otro mundo, no solamente posible, sino necesario para un planeta sano para nuestros pueblos en la defensa de avances civilizatorios para la Humanidad.
¡Seguiremos en lucha!

El Gobierno ha venido anunciando que se propone otorgar un subsidio por la cantidad mensual de 200 mil colones para ayudar a la sobrevivencia de unas 375 mil personas-familias, las que están recibiendo afectación directa producto de la crisis económica en desarrollo, derivada de la pandemia Covid-19; compatriotas que se han venido quedando sin trabajo del todo o que han sido afectados por la reducción de jornada y la rebaja salarial subsecuente. 

Nosotros pensamos que se trata de una iniciativa correcta, pero que no estaría considerando que la pandemia Covid-19 vino a agravar lo que ya era antes de la misma una grave situación social, producto de que el país fue sometido a un modelo económico que concentró, de manera abusiva la riqueza; que, además, ya había generado 309 mil personas desempleadas (según la última encuesta oficial en la materia por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos -INEC-); que ya tenía a casi el 50% de la Población Económicamente Activa (PEA) en la informalidad y al margen de la Seguridad Social; que teníamos montos de todo tipo de fraude fiscal de, prácticamente, un 8% del Producto Interno Bruto (PIB); modelo que había acumulado hasta 6 puntos PIB en exenciones-exoneraciones; que teníamos una clase trabajadora altísimamente endeudada; que teníamos a la producción agropecuaria nacional, prácticamente en la quiebra por las altas deudas, impagables todas, de los productores, etc.

Es decir que si para el Gobierno la consecuencia directa de los efectos económicos perversos de la pandemia Covid-19 se debe contabilizar a 375 mil personas-familias, está sumamente equivocado. ¡Son más de 375 familias! 

En tal sentido, la iniciativa gubernamental se queda muy corta. Es por eso que la ANEP, con el respaldo del Encuentro Social Multisectorial, ha formulado una iniciativa con la cual se podría cubrir hasta unas 660 mil personas-familias; es decir, ya no solamente las 375 mil que señala el Gobierno, sino 285 mil más, o sea, un 37.5% adicional de lo que el oficialismo está previendo; y con 250 mil mensuales, no 200 mil. No obstante, la situación se ve tan grave que la cifra de familias afectadas podría ser superior a las 660 mil personas.

La propuesta obrero-social que formula la ANEP parte de la gran decisión política que debería tomar el Gobierno para dejar de pagar los intereses diarios que le demanda el gigantesco momento de endeudamiento público, en este caso deuda interna contraída con acreedores nacionales, con lo cual dispondría de 5.500 millones por día para ayudar a esas 660 mil familias con un monto mayor al que ellos están proponiendo; es decir, 250 mil colones mensuales en vez de los 200 mil, como ya indicamos.

5.500 millones por día equivalen a 165 mil millones de colones por cada uno de los tres meses en los cuales regiría tal moratoria, inicialmente, puesto que la crisis se ve tan profunda que podría implicar más meses la ayuda de lo que nosotros denominamos el Subsidio Social Solidario (SSS) para esas 660 mil personas. Ese trimestre de moratoria representa unos 495 mil millones de colones.

Los acreedores nacionales que, en su mayoría (según entendemos), son entes públicos, saben que no estamos en tiempos de normalidad y que estamos en una situación sociohistórica y económica inédita, requiriéndose también, decisiones inéditas como la moratoria de pago de intereses de la deuda pública, en este caso interna, que estamos planteando. 

Además, hay que tener en cuenta que el otro segmento de la deuda pública, que es el contraído con organismos financieros internacionales, las posibilidades de condonación de la deuda externa, en el marco de la crisis de la pandemia Covid-19, parece emerger como una posibilidad política real en el plano internacional. Hasta el mismo Gobierno actual lo ha estado planteando ante la comunidad mundial de naciones.

Es decir, la moratoria planteada para el establecimiento del Subsidio Social Solidario (SSS) de 660 mil personas-familias, por un monto de 250 mil colones mensuales, podría ser sostenible con los recursos que se liberarían ante la eventualidad de la condonación de la deuda pública externa o parte de ella.

Por otra parte, se está planteando por otras voces calificadas, como la del ciudadano William Hayden, utilizar unos mil millones de dólares de las reservas internacionales que resguarda el Banco Central de Costa Rica (BCCR), que andan por poco más de ocho mil millones de dólares. 

Es decir, se podría echar mano a unos 565 mil millones colones adicionales a los 495 mil millones que daría la moratoria de tres meses del pago de intereses de la deuda pública que nosotros estamos planteando, pues, como dijimos, 5.500 millones de colones diarios de moratoria, durante 90 días, representan esos 495 mil millones. 

Los mil millones de dólares a emplear de las reservas del BCCR vienen a ser unos 188 mil millones de colones mensuales con los cuales se podría, en consecuencia, ante un eventual agravamiento de la crisis, atender, solidaria y socialmente, hasta 753 mil personas-familias adicionales, a las 660 mil, con los mil millones de dólares de las reservas del BCCR. 

¿Se imaginan ustedes el enorme impacto que tendría para una recuperación y una reactivación económica que, en los próximos tres meses, esté circulando la enorme cantidad de 1 billón 60 mil millones de colones en la economía para el relanzamiento del mercado interno? 

Estamos hablando de que, durante un periodo de 90 días, la economía del mercado interno estaría recibiendo unos 11 mil 777 millones de colones cada 24 horas; compuestos por, repetimos, los 495 mil millones de colones de los tres meses de moratoria del pago de intereses de la deuda pública interna, digamos; y los mil millones de dólares que se sacan de las reservas del BCCR para, en conjunto, atender hasta 1 millón 353 mil personas-familias sumidas hoy en la desesperanza.

Si se dejan de lado los dogmas macrofiscales, mismos que han sido los causantes de la desigualdad cruel e inhumana que ya teníamos antes del estallido de la pandemia y desigualdad que está profundizándose como jamás se pensó, nadie pasaría hambre en nuestra Patria y todos podríamos quedarnos en casa con el plato de comida garantizado durante, al menos, 90 días.