¿Poco de qué asombrarse? ¿Cómo nos repensamos de cara a un bicentenario que nadie imaginó?

Por: Mauricio Castro, especialista en Derecho Laboral

Las que eran certezas y una ruta de desarrollo económico relativamente exitoso para algunos, se han hecho pedazos.  En muchos países se han retomado discusiones sobre el rol del estado y la centralidad de la función pública, el rol del gasto público y las limitaciones de la teoría económicamente dominante respecto de elementos como el gasto público y las reglas fiscales, aunque sectores políticos y económicamente dominantes en Costa Rica no se dan por enterados.   En la cabeza de algunos esto pasará como quien supera un “hipo” que fue muy molesto por un tiempo, pero pasado el cual nos permitirá retomar donde dejamos, aunque con algunas consecuencias graves desde el punto de vista económico.

Esa es una forma de verlo, o mejor dicho, de no ver lo que es evidente.   El modelo construido a partir de una globalización económica por especialización por país de sus ventajas comparativas, y todos basados en una carrera hacia el fondo en términos sociales, laborales y ambientales es totalmente vulnerable y frágil.  Esta crisis por coronavirus, la crisis económica que le sobrevivirá y la violencia e inmediatez del cambio climático, dejan en evidencia esa fragilidad.

Ante esto, debemos pensar el corto, el mediano y el largo plazo.   Sin duda el bicentenario no se parecerá, o al menos no debería parecerse a lo que habíamos imaginado.  Buenos discursos con los que sectores políticos y económicos se dieran palmaditas en la espalda y se alentaran a seguir haciendo lo que venimos haciendo, pero mejor.   Esto resulta risible en la Costa Rica del 2020.

Por ello debemos pensar esto a partir de las necesidades fundamentales que tenemos como sociedad.   Lo que parecía olvidado ahora se hace necesario: debemos cuidar a los que nos cuidan: servicios y empleo público y sector agropecuario y pesquero para el consumo local.  Esto que hubiera sonado anticuado para esos sectores neoliberales dominantes, se vuelve una verdad clarísima para todos los que pasaron a ver la necesidad y dependencia que tenemos como sociedad de políticas y entidades públicas fuertes y con capacidad de adaptarse a realidades inciertas y cambiantes.  Una seguridad social potente y universal, la Fábrica Nacional de Licores garantizando la producción de alcohol de calidad y con seguridad, el Instituto Nacional de Seguros garantizando la atención y cobertura frente a riesgos nuevos y masivos, Correos de Costa Rica distribuyendo y llevando a todo el país lo que la gente necesita, el ICE garantizando la producción y el suministro eléctrico, así como el acceso a tecnologías de la información que garanticen la comunicación y el trabajo a distancia, el AyA garantizando agua potable aún en tiempos de escasez, o los servicios de policía, emergencias, bomberos, tránsito, son todos ejemplos de esto.  Esto hace evidente que el ímpetu privatizador, de ataque constante al servicio y el empleo público, y la fantasía de un sector privado que puede reemplazar al sector público pierdan su fundamento.

De nuevo se hace central la discusión sobre soberanía alimentaria que nos asegure que ante el colapso de las cadenas mundiales de producción y suministro, los agricultores nos garantizan las cadenas cortas de producción y suministro de las que dependemos para vivir.   Esto hace evidente que los agricultores no puedan seguir siendo los sacrificados de las políticas comerciales, tanto internacionales como a lo interno del país.

Y, finalmente, es evidente que debemos garantizar un ingreso mínimo vital a todas las personas que habitan este país.  Esto hace evidente que el hecho de que Costa Rica sea uno de los países más desiguales de Latinoamérica sea absolutamente inaceptable, de manera que las grandes riquezas y grandes capitales deben ayudar a garantizar esa renta mínima vital para todas las personas.

Es decir, el bicentenario sería una excelente oportunidad para repensar el país, pero no a partir de modelos frágiles y excluyentes, sino a partir de las necesidades más básicas: servicios públicos fuertes y universales, soberanía alimentaria e ingreso mínimo vital.   Esa sería una Costa Rica capaz de enfrentar de mejor manera crisis similares a la actual, como las que nos traerá la crisis económica y el cambio climático.

¿Cómo encarar esos desafíos, incluyendo la necesaria modificación de nuestra matriz energética hacia un modelo que además de no depender de los hidrocarburos en materia de transporte, no ignore la gravedad de la situación climática mundial?

Pero todo esto debe plantearse a partir de las enormes oportunidades y las enormes debilidades que tenemos como país.   Dentro de las enormes oportunidades está la destrucción de esas certezas construidas sobre una globalización económica inevitable.  Me atrevería a decir que de esta vamos a salir habiendo resignificado la importancia de esos tres elementos: servicios públicos potentes y universales, soberanía alimentaria e ingreso mínimo vital.

Pero dentro de las enormes debilidades tenemos una élite política y económica que no “acusó recibo” y piensa esta situación como un hipo del que nos curaremos y seguiremos haciendo lo mismo, pero mejor.  Son desesperanzadoras las manifestaciones de las cúpulas empresariales del país, zafándole el lomo a las necesidades que tenemos como sociedad.  

A UCCAEP como organización empresarial (muy distinta a la diversidad de empresarios que existen en el país) la mantiene unida tres ideas: el antisindicalismo, la oposición a impuestos que les implique pagar en función de sus rentas reales o de su riqueza, y la prevalencia de los intereses del sector financiero.   Es por ello que no me sorprende en lo más mínimo, que este momento de crisis, UCCAEP recurra a las mismas tres ideas, utilizando estereotipos, y buscando desviar la atención de la extraordinaria labor de los funcionarios públicos y de las instituciones públicas, hacia el lugar donde se sienten más cómodos: los privilegios, sindicatos del sector público, y a la imposibilidad de tocar al sector financiero y al sector empresarial bajo ninguna circunstancia.

UCCAEP sabe que si no logran cargar (toda) la factura al empleo público y a la reducción del gasto público, esto implicará impuestos y contribuciones adicionales para las élites económicas.  De manera que reflotan la idea de los privilegios, el empleo público, la eliminación de derechos laborales, etc. como el camino para pagar la factura de ayudas a las personas que claramente lo necesitan.  No hablan de gravar todos los ingresos altos (públicos Y PRIVADOS), y de gravar no solo los ingresos salariales sino TAMBIEN LOS INGRESOS NO SALARIALES (rentas, ganancias de capital, etc.).

Por su parte, en lo que a las élites políticas se refiere es necesario recordar que, en Costa Rica se desarrolló una expresión de la socialdemocracia que toda la vida fue antisindical, aunque siempre fue pro- trabajo, es decir, que persiguió de todas las maneras posibles a la organización sindical autónoma, y sólo aceptó la organización sindical que cooptada por el PLN, pero que estaba claramente preocupada por crear empleo y redistribuir la riqueza. Persiguió sindicatos en el sector privado y generó relaciones clientelares y corporativas con algunos sindicatos en el sector público (con quienes fue tremendamente generoso).  Sin embargo, cuando el PLN dejó de ser socialdemócrata, entró en contradicción con sus sindicatos, a quienes empezó a llamar privilegiados, y entró en contradicción con la institucionalidad pública y el empleo público.   Es decir, dejó de ser una socialdemocracia antisindical pero pro-trabajo, y se convirtió en una partido neoliberal más (así le pasó a partidos como el Partido Colorado en Uruguay, al PSOE en España, o al Partido Laborista Inglés).  Esos partidos dejaron de ser pro sindicales y pro trabajo para pasar a ser neoliberales y por lo tanto pro capital privado y antisindical.  El PLN ya era antisindical pero pasó a ser pro capital privado y dejó atrás su inclinación pro empleo.  Dejó de interesarse en la industria nacional y la clase media, para pasar a preocuparse por la apertura comercial.

Así que la bandera la retomó el PAC, como partido que incluyó en sus filas tanto a conservadores antisindicales provenientes del PLN y de otros partidos, como a sectores que estaban dispuestos a entender que en Costa Rica debía legitimarse también a la organización sindical autónoma, en el sector privado y en el público.  Esto permitió que, de manera muy valiente, Luis Guillermo Solís empujara la Reforma Procesal Laboral, a pesar de que la UCCAEP pegaba gritos y amenazaba al PAC.   No obstante, esos días quedaron atrás.   El PAC pasó a ser un partido pro capital privado, que dejó de ser pro trabajo y en el que prevaleció, finalmente, el antisindicalismo.  Es decir, se convirtió en un aprendiz, malo y desdibujado del PLN.   

Esta combinación o maridaje entre estos partidos completamente entregados al neoliberalismo y a los capitales privados, y profundamente antisindicales, es la que se junta naturalmente y sin ningún esfuerzo con la UCCAEP antisindical, anti impuestos progresivos y anti sector y empleo público.   El resultado es muy sencillo: el Poder Ejecutivo, entregado totalmente a esta visión, ya no tiene que enfrentar a UCCAEP o al PLN, sino que los ve como sus aliados naturales con los que tiene que ponerse de acuerdo, y ve como variables de ajuste, a los sindicatos, al empleo publico, a las personas trabajadoras del sector privado y a las instituciones públicas, en función del capital privado y de las tesis neoliberales.  Ya no es un gobierno que se siente como un “sándwich” y que debe construir “justos medios”. 

Por eso es que el gobierno corrió dramáticamente para que se le rebajaran los salarios (en un 50 o 75% a los trabajadores del sector privado), o bien que, sencillamente los enviaran a la casa sin salario  al aceptar un procedimiento “express” para suspender los contratos de trabajo, de manera que los empleadores pudieran dejar de pagar salarios y los trabajadores y sus familias se quedaran a sus casas a desayunar, almorzar y cenar aire.    Esto bajo la “promesa” de que algún día, esos trabajadores serán devueltos al 100% de su salario o a recibir algún salario, una vez que pase esta coyuntura.

Ahora se discute, luego de varias semanas de castigo a los trabajadores, un subsidio para una gran masa de personas.  Los que han perdido su empleo o a quienes se les haya suspendido su contrato; a los que se les ha disminuido su jornada y sus salarios, o sencillamente a quienes tienen que trabajar las mismas horas pero con una disminución de salarios ilegal o los que han sido sometidos a suspensiones ilegales; o bien aquellos que se ven duramente golpeados por no poder continuar en sus emprendimientos productivos, sus estrategias de autoempleo (trabajadores informales e independientes), o sencillamente ya se encontraban desempleados o en condición de pobreza.

De nuevo, el PAC, el PLN o los otros partidos neoliberales (PUSC, Republicano Nacional y cristianos incluidos), no tienen problema en abordar esta discusión a partir la perspectiva macroeconómica, y haciendo eco de la UCCAEP, por supuesto, a quien le preocupa las ganancias del sector financiero si se pone un límite a las tasas de interés de usura o si se accede a los fondos de pensión complementaria, le preocupa tener que pagar más impuestos, o incluso le preocupa tener que pagar impuestos ya que vienen reportando ganancia cero desde hace mucho tiempo, y quien por el contrario ve esta como una oportunidad para reforzar el antisindicalismo, la disminución del empleo público y la privatización de empresas e instituciones públicas.

No importa que el subsidio ofrecido por el gobierno no cubra a todas esas personas sometidas a la dieta del aire, o que el subsidio propuesto ni siquiera cubra la canasta básica alimentaria.   Es claro que, de esta crisis, ningún país de la tierra saldrá bien parado en términos macroeconómicos, pero algunos países habrán arrojado al abismo a buena parte de su población, con consecuencias insospechadas, mientras que otros tendrán que reconstruir sus economías con una población relativamente integrada.

Lo dramático de la situación global ha permitido hablar y hacer cosas que se pensaban prohibidas y olvidadas: Irlanda nacionalizó temporalmente hospitales privados; se exige el incremento del gasto público para no dejar caer a las familias; se habla de moratorias en alquileres y deudas; se rompen reglas fiscales, etc.  Esto ha hecho que algunos países, hayan recordado que eran socialdemócratas, como el PSOE en España.

Las voces que desde el PAC quieren una opción alternativa lo hacen en voz muy baja (porque lo principal es la lealtad partidaria…), quedando muy atrás de las pocas voces del PLN que se sienten avergonzadas de lo que ese partido representa actualmente, pero que no temen ser voces disidentes y, aunque muy minoritarias, dispuestas a ser críticos con el PLN neoliberal.   En el PUSC ni siquiera hay voces disidentes en voz baja. El PLN es el dominante, pero de una porción cada vez más pequeña de electores.  Cada vez más personas ven claro el panorama y entienden que PAC, PUSC, PLN y partidos cristianos nos están llevando al abismo.

La situación es critica para miles de personas.  Pero cada vez más personas entienden que ya no hay prensa seria en Costa Rica, sino empresas de comunicación vinculadas con intereses financieros y capitales privados, y que por lo tanto mienten y manipulan abiertamente.

¿Qué saldrá de todo esto? Nadie lo sabe, pero por el rumbo que transitamos es claro que tendremos una sociedad híper fragmentada, con un segmento enorme arrojado al abismo, y una UCCAEP tranquila porque habrá defendido los grandes capitales al sector financiero, y ojalá, a pesar del enorme sacrificio y mística de la enorme mayoría de empleados públicos, habrá debilitado a las instituciones públicas.  

Cada vez más son las personas para las que es evidente que debemos cuidar a quienes nos cuidan: CCSS, FANAL, CNP, INS, RECOPE, JAPDEVA, MEP, Ministerio de Salud, Universidades Públicas, policías, bomberos, investigadores, etc.; agricultores, pescadores y ganaderos que producen la comida aquí cerca; no las grandes cadenas comerciales sino los comercios pequeños y cercanos y las ferias del agricultor; los servicios de transporte púbico; los artistas de todas las ramas que nos han acompañado, gratuitamente, en esta dura coyuntura. 

Estos y otros sectores se han puesto la camiseta, mientras que las grandes riquezas de este país, y los grandes ganadores del modelo económico neoliberal solo saben decir, a mi no me toquen y graven al empleado público.   Todo esto bajo el aplauso y acuerdo del PAC, EL PLN, EL PUSC, el Republicano Nacional y los partidos cristianos.  

Algunos sabremos recordar y exigiremos una reconstrucción de país, a partir de estas nuevas o renovadas claridades.   Pero esto no alcanza.  Si algo nos enseñó la lucha contra el TLC o contra el combo del ICE, es que se requiere articular el tejido social a partir de esas claridades y necesidades.  Esto no se logra poniendo de acuerdo cúpulas de movimientos sociales (sindicales, feministas, ecologistas, etc.), sino articulando los movimientos sociales desde las necesidades locales, si es necesario frente a sus propias cúpulas dirigentes.    La construcción de ese nuevo paradigma no se puede hacer desde Zapote en la Casa Presidencial o desde Cuesta de Moras en el Parlamento.    O re articulamos institucionalidad pública y movimientos sociales desde lo local, o seguiremos dependiendo de esas élites políticas y económicas que se sienten cómodas navegando en el Titanic.

Covid-19 municipalidades: emplazamiento público al presidente Alvarado Quesada

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Con la pandemia del coronavirus covid-19 ya entre nosotros y a un mes de su llegada oficial al país, el 6 de marzo de 2020, resalta la imperiosa necesidad de fortalecer toda la institucionalidad pública que le ha hecho frente a la misma.

Ya no solamente en el campo de la Salud en el cual su éxito es irrefutable (al menos, hasta el momento y no hay elementos fuertes para sostener lo contrario); sino, necesariamente, en el campo de las derivaciones de orden económico y social de su impacto en las comunidades, especialmente las más vulnerables; muchas de las cuales ya mostraban indicadores de impacto negativo fuerte en la calidad de vida de las personas que las habitan, desde antes del nuevo escenario-país que tenemos encima.

En tal sentido, es más que urgente que usted, don Carlos Alvarado Quesada, usando la facultad constitucional que se le da al Presidente de la República en la Constitución Política, para fijar la agenda parlamentaria del período extraordinario de sesiones de la Asamblea Legislativa actualmente en desarrollo, mismo que vence el próximo 30 de abril; proceda a convocar dos expedientes legislativos citados a continuación, los cuales son imprescindibles para la devolución, para el retorno, a las municipalidades costarricenses de la autonomía que la ley 9635 les cercenó, generándose así una de las más graves violaciones de facto constitucionales, ocurridas por la imposición de tal legislación.

Hoy, tal y como puntualizamos al inicio del presente comentario, desde antes del día 6 de marzo de 2020, fecha oficial de la llegada al país de la pandemia del coronavirus covid-19, estaba más que comprobado el fracaso de esa legislación, popularmente conocido como del combo fiscal, Ley de la República No. 9635, erróneamente denominada de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; al punto de que la misma fue catalogada como “insuficiente” por parte de dos de las tres más importantes calificadoras de riesgo que funcionan en los mercados internacionales, a las cuales nosotros denominamos como la policía financiera del planeta.

Hacemos la acotación de que ni Moody’s Investors Service, ni Fitch Ratigns quedaron satisfechas con esa ley pese a que la misma golpeó duramente a quienes menos responsabilidades tienen con relación al déficit fiscal costarricense. La otra calificadora, Standard & Poor’s, no debe andar muy lejos en cuanto a su criterio sobre la ley 9635.

Volviendo al punto central del presente comentario, la relevancia estratégica de que se fortalezca el régimen municipal en la actual circunstancia histórica que nos ha tocado vivir, no se discute.

Las municipalidades cobran un papel fundamental para hacerle frente, de mejor manera, a los perniciosos efectos socioeconómicos de la pandemia, los cuales parecen volverse más injustos con la gente que menos tiene y que es la que más sufre en este tipo de coyunturas.

Sacar a las municipalidades de los alcances de la nefasta regla fiscal establecida en la Ley 9635, es algo ya no solamente un asunto de urgencia política, social y económica; sino un asunto de mera racionalidad habida cuenta de los nuevos desafíos de más desempleo, de más exclusión y de más desigualdad que genera la pandemia covid-19.

Es imperiosamente urgente que la actual Asamblea Legislativa, misma que está tramitando de manera veloz legislación para enfrentar la coyuntura difícil que Costa Rica vive (ya sea que se comparta o no; en todo, o en parte); les dé viabilidad política a dos expedientes legislativos relacionados directamente con la recuperación de la autonomía municipal cercenada por el combo fiscal-ley 9635.

Hablamos de los proyectos de ley números 21.430 y 21.494, presentados en el último año y luego de que importantes figuras legislativas se dieran cuenta del grave error que representó incluir a las municipalidades en esa ley 9635; y, peor todavía, sujetarlas a la nefasta regla fiscal.

Por cierto, ese tipo de regla fiscal, muy de moda ideológica en naciones que se consideraban superiores a países como el nuestro y que hoy están sufriendo duramente por la pandemia covid-19, como los europeos; están haciendo añicos legislaciones inspiradas en ajustes y límites fiscales draconianos; y están pagando con miles de muertos haberles impuesto a sus respectivos pueblos ese fanatismo macroeconómico-fiscalista de orden neoliberal.

El expediente legislativo No. 21.430, titulado Ley de fortalecimiento de la autonomía constitucional del régimen municipal, cuenta con el patrocinio político de los señores diputados Wálter Muñoz Céspedes, José María Villalta Florez-Estrada, Ignacio Alberto Alpízar Castro y Dragos Dolanescu Valenciano; así como de las señoras diputadas Sylvia Patricia Villegas Álvarez, Araycelly Salas Eduarte, Shirley Días Mejía y Carmen Irene Chan Mora.

Por su parte, el Expediente Legislativo No. 21.494, ha sido impulsado por los señores legisladores Roberto Hernán Thompson Chacón, Erwen Yanán Masís Castro, Luis Ramón Carranza Cascante, Wálter Muñoz Céspedes, David Hubert Gourzong Cerdas, Óscar Mauricio Cascante Cascante, Edward Newton Cruickshank Smith, Gustavo Alonso Viales Villegas, Daniel Isaac Ulate Valenciano, José María Villalta Florez-Estrada, Jonathan Prendas Rodríguez y Dragos Donalescu Valenciano. Las señoras diputadas Franggi Nicolás Solano, Paola Alexandra Valladares Rosado, María José Corrales Chacón, Nidia Lorena Céspedes Cisneros, Carmen Irene Chan Mora y Aracelly Salas Eduarte, también están firmando este proyecto 21.494.

Note usted nombres repetidos en uno y otro expediente; es decir, voluntades compartidas en la misma dirección: devolver a las municipalidades la autonomía municipal. La misma representa ahora un obligado interés patriótico que sea retornada con urgencia.

Las municipalidades, el gobierno más cercano a la gente, ahora se necesitan más cercanas a sus respectivas comunidades. De ambos proyectos se puede hacer uno solo y tramitarlo rápidamente si el Poder Ejecutivo los convoca ahora mismo para que las nuevas autoridades municipales que asumen este primero de mayo puedan disponer de sanos recursos propios para coadyuvar a que salgamos mejor, como país y con más justicia de la pandemia del covid-19. Ese es nuestro llamado a usted, señor Presidente de la Republica.

Covid 19: todos y todas tenemos que caber en Costa Rica

Una vez más tenemos que insistir que antes de la llegada oficial de pandemia del coronavirus Covid-19 al país, el 6 de marzo de 2020, los indicadores sociales y económicas más relevantes y de mayor credibilidad según las entidades que nos los dan a conocer; nos permitían sacar estas cincos conclusiones determinantes: alto desempleo e informalidad, alta concentración de la riqueza y desigualdad, alto endeudamiento salarial, alta exclusión social y económica, alto endeudamiento público y déficit fiscal.

En lo específico, se nos informó de, al menos, unas 309 mil personas desempleadas, 12.4%  de desempleo abierto según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Podríamos colegir que en unos 309 mil hogares costarricenses las dificultades económicas llegan al punto de determinar problemas para que hubiese comida, lo que es lo mismo que determinar dificultades de subsistencia, al mínimo, para esos y esas compatriotas en desventaja económica y social.

En tal sentido y considerando los efectos de la pandemia del covid-19 más allá de la cuestión de Salud, se nos viene un problema ético y moral a considerar desde el punto de vista de la política económica y fiscal gubernativa: darle prioridad al pago de la deuda y/o de sus intereses vs. darle prioridad a que el encierro obligado que se nos recomienda, sea con hambre o sin ella.

Por eso venimos insistiendo en que se debe utilizar la partida presupuestaria que el Ministerio de Hacienda tiene asignada para el reconocimiento del pago de intereses de la deuda pública y destinarla para darle de comer a los varios miles de personas-familias que no tenían cómo llevar comida a sus hogares producto del desempleo y de la informalidad; personas compatriotas o que viven en suelo nacional que ya tenía problemas de ese tipo antes de la pandemia del covid-19.

Esa plata destinada a pagar intereses cuyo monto se estima en unos 165 mil millones de colones mensuales alcanza para darle un Subsidio Social Solidario a todas esas personas-familias afectadas por carecer de ingreso mínimo desde antes de la pandemia y las que ésta está afectando ya o lo va a hacer en el futuro cercano. En total, unas 660 mil familias podrían beneficiarse si se les explica a los acreedores-tenedores de bonos de deuda pública que no se les pagará sus intereses en los próximos tres meses, al menos; pues esos dineros se emplearán, más bien, se invertirán en paz social.

¡Sí!, en paz social. ¿Es que acaso no se ha pensado en qué podría derivar la desesperación de padres de familia, de madres de familia (muchas de ellas al frente de sus hogares), que no tienen cómo darle un plato de arroz, un plazo de frijoles a sus hijos e hijas?

En las próximas horas, en la Asamblea Legislativa y con la urgencia del caso y que nosotros aplaudimos, se tramitará una iniciativa del Gobierno para darle asistencia económica mínima a familias de personas desempleadas que perdieron su trabajo producto de la pandemia del covid-19; o bien, víctimas de rebajas salariales producto de reducciones de jornada, así establecido legalmente. Se pretende legislar un contenido de 225 mil millones de colones para un trimestre, a razón de 75 mil millones por mes.

¡Eso no alcanzará! Son más personas, son más familias, son más niños, son más niñas y son más adolescentes con problemas de comida producto de la pandemia covid-19. A los que ésta ha afectado, se suman los que ya estaban afectado y que, por tal circunstancia, estarán en peor o nulas condiciones de conseguir un sustento por vía legal, el trabajo, para sí mismos y para sus propios seres queridos.

La propuesta de la moratoria del pago de intereses de la deuda pública, que no afectará el principal adeudado y cuyos acreedores ya tienen bastante poder económico-financiero acumulado, permitirá ayudar hasta 660 mil familias en los próximos tres meses. La propuesta del Gobierno, en el mejor de los casos, solamente aliviará la vivencia cotidiana a unas 375 mil. Es ésta la gran diferencia. Posterguemos el pago de los intereses de la deuda. Es más rentable en términos de paz social, de estabilidad y de seguridad. Los señores diputados y las señoras diputadas tienen la posibilidad de que, al menos, en los próximos tres meses, todos y todas tendremos cabida en Costa Rica en lo que respecta, al menos, a tener un plato de comida seguro en nuestras mesas.

Bono “Proteger” protege a medias, incrementa la miseria y deja a miles desprotegidos

Tarifas de agua, de luz y de teléfono deben ser condonadas a los hogares en desgracia

Sí hay alternativas para el “quedarse en casa” con dignidad: ANEP las propuso

El denominado bono “Proteger” que está poniendo en práctica el Gobierno de la República para “ayudar”, fundamentalmente, a las personas trabajadoras del sector privado a las cuales les fue aplicado el despido, la reducción salarial y de jornada y/o la suspensión transitoria de sus contratos de trabajo; representa una protección a medias, va a incrementar la miseria y dejó a miles más desprotegidos todavía, pues ya estaban en tal condición antes del estallido en el país de la pandemia del coronavirus covid-19.

La cantidad de 125 mil colones (y, peor aún, el 50 % de la misma, 62.500 colones), no alcanza para solventar, en condiciones de dignidad, situaciones de pobreza surgida de manera súbita, lo cual hará crecer la vulnerabilidad de los hogares de escasos recursos que ya antes de la pandemia, sobrepasaban la cifra de 400 mil.

Será, por tanto, sumamente crítico para la fuente de ingresos del hogar que quedó en la calle, las jefaturas de familia, comprar los alimentos básicos, pagar recibos de servicios públicos, alquiler de vivienda y atender deudas con esos 125 mil colones.

Es urgentísimo ampliar las posibilidades de estos hogares para enfrentar la desgracia socioeconómica que ya tienen encima, haciéndose necesario una condonación del pago de los recibos de agua, de luz y de teléfono durante el próximo trimestre, pues ni siquiera una moratoria será beneficiosa dado que, al término de la crisis, esos hogares están mucho más endeudados.

Lamentablemente, en sociedades como la nuestra donde las personas han sido condenadas para que estén al servicio de la economía y, más grave aún, si dentro de la misma la prioridad es las cifras macrofiscales asociadas al pago de la impagable deuda pública; quienes menos tienen son quienes más sufren. 

En el caso costarricense, este grupo de personas ciudadanas ya había crecido considerablemente antes de la pandemia y, como ahora es notorio, sigue aumentando su número.

En tal sentido, la consigna oficial del “quedarse en casa” incrementa el sufrimiento, la congoja y el estrés de más de la mitad de la población costarricense, lo cual nos da la posibilidad de recordar que sí hay iniciativas de corte alternativo, más humanistas y más congruentes con la filosofía del Humanismo Cristiano que inspira la actual Constitución Política de Costa Rica.

Con la propuesta del Subsidio Social Solidario (SSS), formulada por la ANEP hasta un número de 660 mil personas-familias habrían podido recibir 250 mil colones mensuales, cogiéndose el pago diario de intereses de la deuda pública, declarándose una moratoria para tal efecto, mismo que anda en la cantidad de 5.500 millones de colones diarios. El fundamentalismo ideológico dominante en Casa Presidencial lo impide.

Con estupor y con indignación contemplamos que dentro del presupuesto extraordinario que el Gobierno plantea en estos días a la Asamblea Legislativa para que lo tramite, con toda celeridad y para darle contenido financiero a su bono Proteger, incluye 224 mil millones de colones para atender la deuda pública; es decir, casi 2 mil 500 millones de colones diarios en un período de 90 días, que es el plazo del bono gobiernista.

Casi 300 mil familias podrían haber recibido un Subsidio Social Solidario de 250 mil colones para cada una, durante los meses de abril, mayo y junio, con esos 224 mil millones de colones correspondientes a los acreedores de la deuda pública del país y sus correspondientes intereses obscenos.

Sin discusión alguna, quienes menos tienen son los que más sufren. Pero alternativas hay para que esto no fuera así.

ANEP propone 15 medidas para enfrentar la crisis ante la emergencia del Covid-19

San José, lunes 13 de abril de 2020.

-Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

-Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto de la ANEP

¿De qué sirven los aplausos?

En los últimos días, en función de la emergencia nacional por el Covid 19, hemos visto como se aplaude la labor de nuestros policías; los cuales se mantienen en controles de carretera, vigilando que se cumpla la restricción sanitaria vehicular, evitando que personas irresponsables acampen en las playas, en las fronteras, evitando el ingreso de personas de manera irregular, así como en mantenimiento del orden publico y la seguridad ciudadana. Los aplausos incluyen al presidente de la República, el cual, en mi opinión ha procurado “reconciliarse” con la Fuerza Pública, que en definitiva y a pesar de las veces que el mandatario le ha dado la espalda, sigue siendo su “brazo fuerte”. 

La función policial, por disposición normativa y jurisprudencia constitucional ha sido considerada como excepcional, se ha definido como una labor esencial. Sin embargo, tal consideración únicamente se ha utilizado como mecanismo para restringir Derechos Humanos y derechos laborales a las personas trabajadoras de los distintos Cuerpos Policiales. En tal sentido, los policías (funcionarios públicos) tienen una jornada laboral ordinaria de doce horas, sea diurna o nocturna y no aplica el pago de horas extra (salvo que supere las doce horas), ni pago de jornada nocturna, tal cual sucede en la mayoría de los casos, en materia de derechos fundamentales, prevalece la “necesidad operativa”.

Ahora bien, de que sirven los aplausos si nuestros uniformados siguen ayunos de legislación, de herramientas que les permitan hacer mejor su trabajo, e inclusive, proteger de mejor manera su integridad física. En un par de oportunidades he planteado ante las máximas autoridades ministeriales, la necesidad de invertir en una mejor capacitación, en la adquisición de equipo policial (armas menos letales); no obstante, para quienes dirigen la etapa de formación policial, así como para el Ministro de Seguridad Pública (así se ha interpretado de sus respuestas) el proceso de adiestramiento policial tiene lo necesario. 

En criterio del suscrito, el proceso de formación policial es apenas una inducción, tal afirmación tiene sustento en que por ejemplo; en defensa personal la capacitación tiene una duración de 45 horas, o sea, imposible pensar que la persona adquiera destrezas que le permitan neutralizar a su oponente en un cuerpo a cuerpo, de ahí que veamos muchas veces a nuestros uniformados a los revolcones, en algunos casos, salvados por la gracia de Dios, cuando han quedado inmovilizados y con sus armas totalmente expuestas a merced del rival.

Claro, muchas de esas deficiencias en la formación policial, se suplen con la experiencia del día a día, con la vocación y el esfuerzo personal. Un día dijo un ex coronel: “puedes hacer de un policía un buen abogado, pero no necesariamente un abogado, puede ser un buen policía”. Lo anterior se relaciona con la vocación, la convicción, la mística, el estar listo para las faenas más difíciles, cuando las circunstancias lo ameritan y lo demandan.

El abandono a la policía ha sido algo sostenido en el tiempo. Sin embargo, esperamos que los aplausos y los mensajes que ahora le dedican a la Fuerza Pública, se transformen en dignificación para las personas que la integran, en condiciones laborales dignas, trato humano y respetuoso, profesionalización verdadera, equipamiento, capacitación, remuneración justa; porque ha quedado demostrado en la atención del Covid 19, que sus funcionarios (as) son tan importantes y esenciales como los de la salud.

 “El buen general cuida de sus hombres como si fueran sus hijos. Por ello, sus soldados lo seguirán hasta donde sea. Cuida de sus tropas como si fueran sus criaturas amadas y ellos no dudaran en morir por él”. (El arte de la guerra).

Lic. Mainor Anchía Angulo

ANEP

Tenemos que hablarnos y dialogar porque es tiempo de construir para sobrevivir

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

No sabemos cuándo esto terminará. No sabemos cómo terminará. Por supuesto que todo el mundo quiere que esto termine pronto y que termine bien… ¡para todos y para todas!

Sin embargo, diversos líderes mundiales ya están aceptando que esta es la peor crisis planetaria desde la Segunda Guerra Mundial. Como sabemos, de este acontecimiento surgió un reordenamiento del escenario político internacional del cual su más notable resultado fue la fundación de la Organización de Naciones Unidas (ONU)… para bien, o para mal.

Cada cual puede tener su criterio al respecto. Tal nuevo orden, como es lógico suponer, fue diseñado por las potencias vencedoras; pero, para excluir no para incluir. Desde antes del estallido de la pandemia del covid-19, los resultados hablaban ya por sí solos.

En el caso de nuestra amada Patria, Costa Rica, el último acontecimiento traumático y doloroso fue, sin duda, los sucesos armados entre costarricenses ocurridos en el año 1948. De ello derivó un nuevo orden interno, plasmado en la Constitución Política de 1949… también diseñada por el bando de los vencedores. Aquí pareciera que la conclusión es más para bien que para mal. También, cada cual puede tener su criterio al respecto; sin embargo, hasta hace un tiempo fue que nos perdimos (o, nos perdieron) y se empezó a excluir. Desde antes del estallido de la pandemia del covid-19, los resultados hablaban ya por sí solos, al igual que a escala planetaria.

Estamos viviendo un acontecimiento que ya, sin terminar y sin saber cómo ha de concluir, es histórico. Sin embargo, a como estamos viendo todo esto y, especialmente, conmovidos y horrorizados por lo que vemos en otras latitudes, la historia no va a ser escrita ni por los vencidos, ni por los vencedores. Será escrita por las personas sobrevivientes.

Si ya estamos conscientes de que en Costa Rica estamos viviendo el acontecimiento más relevante desde 1948 a la fecha; y, que, además, a quienes tengamos la dicha de ser sobrevivientes (pues quiero ser uno de ellos), nos corresponde la ineludible responsabilidad de construir; entonces hay que plantearse construir ese nuevo orden nacional, basado éste en esos valores eternos formulados por el cristianismo original; y valores que, precisamente, la dimensión de esta tragedia del covid-19, está mostrando cuánto se habían olvidado.

El reto mayúsculo es si podemos dar paso a la tolerancia para aceptar que debo sentarme con el otro, tan diferente a mí, por encima; pero tan igual a mí, por lo humano que somos; y, además, con el mismo riesgo ambos de sucumbir; y si conscientes de esto último, de que ambos podemos sucumbir, podemos estar en un mismo espacio como para decirnos la razón por la cual no nos soportamos.

El reto mayúsculo es comprender que la institucionalidad formal que, acertadamente, parece ir sacando la tarea de la urgencia inmediata; podría no poderlo realizar más, a la hora de la construcción, porque hace tiempo mucha gente siente que esa institucionalidad formal tomó partido a favor de una parte y no del todo; que hace tiempo renunció a potenciar el equilibrio para dar paso a la controversia que tiende a transmutarse en conflicto.

El reto mayúsculo es comprender que lo público nos está salvando de sucumbir del todo, como a ningún otro país, al parecer; pero que lo público por sí solo no será suficiente para la sobrevivencia, que lo privado juega en todo esto.

El reto mayúsculo es saber discernir cuál fue la parte de lo público que se desbordó para desnaturalizarse y olvidarse del bien común; como el reto, también, será discernir cual es la parte de lo privado que se creyó en el Olimpo y que se sobreestimó al punto que la pandemia le desnudó su incompetencia y sus insensibilidades.

La tarea de la sobrevivencia es el reto de la construcción con inclusión. Eso ya lo experimentamos en Costa Rica y desde que empezamos a ser República. La exclusión es el alimento de la destrucción. Covid-19 se ha encargado de mostrarlo y de qué manera.

COVID-19 y municipalidades: emplazamiento público al presidente Alvarado Quesada

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Con la pandemia del coronavirus COVID-19 ya entre nosotros y a un mes de su llegada oficial al país, el 6 de marzo de 2020, resalta la imperiosa necesidad de fortalecer toda la institucionalidad pública que le ha hecho frente a esta circunstancia.

Ya no solamente en el campo de la Salud en el cual su éxito es irrefutable (al menos, hasta el momento y no hay elementos fuertes para sostener lo contrario); sino, necesariamente, en el campo de las derivaciones de orden económico y social de su impacto en las comunidades, especialmente las más vulnerables; muchas de las cuales ya mostraban indicadores de impacto negativo fuerte en la calidad de vida de las personas que las habitan, desde antes del nuevo escenario-país que tenemos encima.

En tal sentido, es más que urgente que usted, don Carlos Alvarado Quesada, usando la facultad constitucional que se le da al Presidente de la República en la Constitución Política, para fijar la agenda parlamentaria del período extraordinario de sesiones de la Asamblea Legislativa actualmente en desarrollo, mismo que vence el próximo 30 de abril; proceda a convocar dos expedientes legislativos citados a continuación, los cuales son imprescindibles para la devolución, para el retorno, a las municipalidades costarricenses de la autonomía que la ley 9635 les cercenó, generándose así una de las más graves violaciones de facto constitucionales, ocurridas por la imposición de tal legislación.

Hoy, tal y como puntualizamos al inicio del presente comentario, desde antes del día 6 de marzo de 2020, fecha oficial de la llegada al país de la pandemia del coronavirus covid-19, estaba más que comprobado el fracaso de esa legislación, popularmente conocida como el combo fiscal, Ley de la República No. 9635, erróneamente denominada de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; al punto de que esta misma fue catalogada como “insuficiente” por parte de dos de las tres más importantes calificadoras de riesgo que funcionan en los mercados internacionales, a las cuales nosotros denominamos como la policía financiera del planeta.

Hacemos la acotación de que ni Moody’s Investors Service, ni Fitch Ratigns quedaron satisfechas con esa ley pese a que esta golpeó duramente a quienes menos responsabilidades tienen con relación al déficit fiscal costarricense. La otra calificadora, Standard & Poor’s, no debe andar muy lejos en cuanto a su criterio sobre la ley 9635.

Volviendo al punto central del presente comentario, la relevancia estratégica de que se fortalezca el régimen municipal en la actual circunstancia histórica que nos ha tocado vivir, no se discute.

Las municipalidades cobran un papel fundamental para hacerle frente, de mejor manera, a los perniciosos efectos socioeconómicos de la pandemia, los cuales parecen volverse más injustos con la gente que menos tiene y que es la que más sufre en este tipo de coyunturas.

Sacar a las municipalidades de los alcances de la nefasta regla fiscal establecida en la Ley 9635, es ya no solamente un asunto de urgencia política, social y económica; sino un asunto de mera racionalidad habida cuenta de los nuevos desafíos de más desempleo, de más exclusión y de más desigualdad que genera la pandemia COVID-19.

Es imperiosamente urgente que la actual Asamblea Legislativa, misma que está tramitando de manera veloz legislación para enfrentar la coyuntura difícil que Costa Rica vive (ya sea que se comparta o no; en todo, o en parte); les dé viabilidad política a dos expedientes legislativos relacionados directamente con la recuperación de la autonomía municipal cercenada por el combo fiscal-ley 9635. 

Hablamos de los proyectos de ley números 21.430 y 21.494, presentados en el último año y luego de que importantes figuras legislativas se dieran cuenta del grave error que representó incluir a las municipalidades en esa ley 9635; y, peor todavía, sujetarlas a la nefasta regla fiscal.

Por cierto, ese tipo de regla fiscal, muy de moda ideológica en naciones que se consideraban superiores a países como el nuestro y que hoy están sufriendo duramente por la pandemia COVID-19, como los europeos; están haciendo añicos legislaciones inspiradas en ajustes y límites fiscales draconianos; y están pagando con miles de muertos haberles impuesto a sus respectivos pueblos ese fanatismo macroeconómico-fiscalista de orden neoliberal.

El expediente legislativo No. 21.430, titulado Ley de fortalecimiento de la autonomía constitucional del régimen municipal, cuenta con el patrocinio político de los señores diputados Wálter Muñoz Céspedes, José María Villalta Florez-Estrada, Ignacio Alberto Alpízar Castro y Dragos Dolanescu Valenciano; así como de las señoras diputadas Sylvia Patricia Villegas Álvarez, Araycelly Salas Eduarte, Shirley Días Mejía y Carmen Irene Chan Mora.

Por su parte, el Expediente Legislativo No. 21.494 ha sido impulsado por los señores legisladores Roberto Hernán Thompson Chacón, Erwen Yanán Masís Castro, Luis Ramón Carranza Cascante, Wálter Muñoz Céspedes, David Hubert Gourzong Cerdas, Óscar Mauricio Cascante Cascante, Edward Newton Cruickshank Smith, Gustavo Alonso Viales Villegas, Daniel Isaac Ulate Valenciano, José María Villalta Florez-Estrada, Jonathan Prendas Rodríguez y Dragos Donalescu Valenciano. Las señoras diputadas Franggi Nicolás Solano, Paola Alexandra Valladares Rosado, María José Corrales Chacón, Nidia Lorena Céspedes Cisneros, Carmen Irene Chan Mora y Aracelly Salas Eduarte, también están firmando este proyecto 21.494.

Note usted nombres repetidos en uno y otro expediente; es decir, voluntades compartidas en la misma dirección: devolver a las municipalidades la autonomía municipal, la cual representa ahora un obligado interés patriótico que sea retornada con urgencia.

Las municipalidades, el gobierno más cercano a la gente, ahora se necesitan más cercanas a sus respectivas comunidades. De ambos proyectos se puede hacer uno solo y tramitarlo rápidamente si el Poder Ejecutivo los convoca ahora mismo para que las nuevas autoridades municipales que asumen este primero de mayo puedan disponer de sanos recursos propios para coadyuvar a que salgamos mejor, como país y con más justicia de la pandemia del COVID-19. Ese es nuestro llamado a usted, señor Presidente de la República.

COVID-19: Todos y todas tenemos que caber en Costa Rica

Albino Vargas Secretario General, ANEP

Una vez más tenemos que insistir en que antes de la llegada oficial de pandemia del coronavirus COVID-19 al país, el 6 de marzo de 2020, los indicadores sociales y económicos más relevantes y de mayor credibilidad, según las entidades que nos los dan a conocer; nos permitían sacar estas cincos conclusiones determinantes: alto desempleo e informalidad, alta concentración de la riqueza y desigualdad, alto endeudamiento salarial, alta exclusión social y económica, alto endeudamiento público y déficit fiscal.

En lo específico, se nos informó de, al menos, unas 309 mil personas desempleadas, 12,4% de desempleo abierto según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Podríamos colegir que en unos 309 mil hogares costarricenses las dificultades económicas llegan al punto de determinar problemas para que hubiese comida, lo que es lo mismo que determinar dificultades de subsistencia, al mínimo, para esos y esas compatriotas en desventaja económica y social.

En tal sentido, y considerando los efectos de la pandemia del COVID-19 más allá de la cuestión de Salud, se nos viene un problema ético y moral a considerar desde el punto de vista de la política económica y fiscal gubernativa: darle prioridad al pago de la deuda y/o de sus intereses vs. darle prioridad a que el encierro obligado que se nos recomienda, sea con hambre o sin ella.

Por eso venimos insistiendo en que se debe utilizar la partida presupuestaria que el Ministerio de Hacienda tiene asignada para el reconocimiento del pago de intereses de la deuda pública y destinarla para darle de comer a los varios miles de personas-familias que no tenían cómo llevar comida a sus hogares producto del desempleo y de la informalidad; personas compatriotas o que viven en suelo nacional que ya tenía problemas de ese tipo antes de la pandemia del COVID-19. Esa plata destinada a pagar intereses cuyo monto se estima en unos 165 mil millones de colones mensuales alcanza para darle un Subsidio Social Solidario a todas esas personas-familias afectadas por carecer de ingreso mínimo desde antes de la pandemia y las que esta está afectando ya o lo va a hacer en el futuro cercano. En total, unas 660 mil familias podrían beneficiarse si se les explica a los acreedores-tenedores de bonos de deuda pública que no se les pagará sus intereses en los próximos tres meses, al menos; pues esos dineros se emplearán, más bien, se invertirán, en paz social.

¡Sí!, en paz social. ¿Es que acaso no se ha pensado en qué podría derivar la desesperación de padres de familia, de madres de familia (muchas de ellas al frente de sus hogares), que no tienen cómo darle un plato de arroz, un plazo de frijoles a sus hijos e hijas?

En las próximas horas, en la Asamblea Legislativa y con la urgencia del caso y que nosotros aplaudimos, se tramitará una iniciativa del Gobierno para darle asistencia económica mínima a familias de personas desempleadas que perdieron su trabajo producto de la pandemia del COVID-19; o bien, víctimas de rebajas salariales producto de reducciones de jornada, así establecido legalmente. Se pretende legislar un contenido de 225 mil millones de colones para un trimestre, a razón de 75 mil millones por mes.

¡Eso no alcanzará! Son más personas, son más familias, son más niños, son más niñas y son más adolescentes con problemas de comida producto de la pandemia COVID-19. A los que esta ha afectado, se suman los que ya estaban afectado y que, por tal circunstancia, estarán en peor o nulas condiciones de conseguir un sustento por vía legal, el trabajo, para sí mismos y para sus propios seres queridos.

La propuesta de la moratoria del pago de intereses de la deuda pública, que no afectará el principal adeudado y cuyos acreedores ya tienen bastante poder económico-financiero acumulado, permitirá ayudar hasta 660 mil familias en los próximos tres meses. La propuesta del Gobierno, en el mejor de los casos, solamente aliviará la vivencia cotidiana a unas 375 mil. Es esta la gran diferencia. Posterguemos el pago de los intereses de la deuda. Es más rentable en términos de paz social, de estabilidad y de seguridad. Los señores diputados y las señoras diputadas tienen la posibilidad de que, al menos, en los próximos tres meses, todos y todas tendremos cabida en Costa Rica en lo que respecta, al menos, a tener un plato de comida seguro en nuestras mesas.

Reducir el salario de los empleados públicos

Lic. Benjamín Sevilla García, Secretario Juventud, ANEP

Me parece que la propuesta de reducir el salario de las personas trabajadoras del sector público es una desafortunada ocurrencia de quienes no tienen reparo en hacer gala de su ignorancia. Pero estoy convencido que insistir en tal decisión es un error que nos conduciría a consecuencias irreparables.

No es sólo porque constitucionalmente no proceda, aunque, eventualmente, estas ideas puedan tener el visto bueno de sus serviles leguleyos que tuercen la Constitución a conveniencia. El asunto es que estamos ante una emergencia sanitaria y las medidas que se adoptan en tales circunstancias obedecen a esa naturaleza. No se requiere mayor grado de inteligencia para darse cuenta que el salario tiene vinculación con una serie de derechos que no pueden ser limitados o suspendidos en momentos de emergencia.

Quizá las voces disidentes aleguen que el impacto del COVID-19 sobre la economía es una realidad ineludible, es verdad. Lo que no dicen es que las medidas que se deben adoptar no se limitan a reducir el salario de las personas trabajadoras o a despedirlas. Tal vez es momento de analizar las previsiones de aseguramiento que deben adoptar las empresas; o bien, la posibilidad de hacer recortes a las pensiones de lujo -aunque esas si gocen de protección política-; quizá sea momento para renegociar la deuda, en todo caso, se está hablando de utilidades, de una afectación temporal a la desmedida acumulación de riqueza y no de vidas humanas, como sucedería en eventuales despidos o recortes a los salarios.

Ser solidarios no implica quitarles el alimento a las personas trabajadoras, ser solidarios es pensar que las alternativas están en otro lugar y no en los salarios. En momentos críticos como los que estamos atravesando, debemos quitarle la voz a la politiquería y dársela a la Democracia, a los políticos serios, a los actores representativos de la sociedad, aunque sean oposición. En momentos como los actuales debemos escucharnos, porque la falta de empatía, la intolerancia y la confrontación, son pésimos consejeros en circunstancias turbulentas. Los trabajadores y las personas menos privilegiadas de la sociedad, siempre seremos mayoría y a veces la adversidad nos recuerda el “poder del soberano”.

En este momento lo que necesitamos es trabajar en alternativas, buscar opciones para reducir el impacto de la crisis y encontrar la manera de superarla. Cualquier decisión que se tome al margen de las personas trabajadoras -que al fin de cuentas son las que generan riqueza-, sería una estrategia errada. Costa Rica puede superar el distanciamiento por razones sanitarias, pero un distanciamiento por odios y por discrepancias no resueltas, sería fatal.

Cuando la Cámara de Empresarios se da la oportunidad de tener en su dirección personas inteligentes y con visión, no sólo las empresas se benefician, también las personas trabajadoras y el país. Esto hizo la diferencia en otros momentos de crisis, lo que pasa es que en la actualidad su falta de visión los lleva a enfrascarse en una lucha a muerte en contra del sector público. Me gustaría pensar que esta actitud mezquina no se debe a una estrategia para terminar de desmantelar el Estado social de Derecho o para buscar privatizar algunas instituciones del Estado. Lamentablemente, su propuesta de reducir el salario de los empleados públicos es muestra fehaciente de su ignorancia y de su mala fe.

Aun así, nuestro deber es llamar a la prudencia y hacerle ver a todas las personas que no se trata de una lucha entre trabajadores del sector privado contra el sector público. Que el despido o la reducción salarial de las personas trabajadoras es irracional.