Autor: ANEP
ANEP apoya expediente legislativo 21.922, las municipalidades deben ser fortalecidas
–Municipalidades deben ser liberadas de la dictadura de la regla fiscal
–El extremismo ideológico macrofiscal vulnera a los gobiernos locales
De manera clara y contundente dejamos constancia del total respaldo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), al Expediente Legislativo No. 21.922, denominado Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19; mismo que ha sido enviado para su tramitación urgente por parte del Poder Ejecutivo para que la Asamblea Legislativa lo vote en el actual período de sesiones extraordinarias del parlamento, mismas que finalizan el próximo 30 de abril. Se trata de una atinada decisión de Casa Presidencial que debemos aplaudir.
Las municipalidades, como la figura institucional republicana de gobierno más cercana a la gente, a la ciudadanía, deben jugar un extraordinario rol a fin de atajar e, incluso, revertir el delicado proceso de exclusión social y económica que Costa Rica ya ha venido padeciendo en los últimos años; sistemática desigualdad que ahora se ve agravada, de manera radical, dada las graves consecuencias económico-sociales y productivas de los efectos en el país de la pandemia del coronavirus COVID-19.
Desde un principio y muchísimo antes de que al país se le impusiera la fatídica ley No. 9635, erróneamente denominada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en diciembre de 2018, la ANEP levantó como una sus principales argumentaciones para oponerse a la misma, la derogatoria de facto que se produciría mediante tal legislación de la autonomía constitucional del régimen municipal, violentándose así, de manera grosera, la propia Carta Magna del 7 de noviembre de 1949, que le dio a los gobiernos locales un régimen autonómico que solamente podría ser eliminado reformando ese postulado constitucional, lo que nunca se hizo. Sin embargo, con esa Ley 9635 violentaron la Constitución de 1949 en este (y en otros) ámbito de la autonomía constitucional.
La fuerte lucha de la ANEP, prácticamente en solitario en aquellos momentos en defensa de la autonomía constitucional del régimen municipal, de cierta manera tiene ahora una expresión fructífera concreta con el proyecto de ley 21.922; lo cual nos lleva a dejar manifestación pública de nuestro vehemente llamado para que la Asamblea Legislativa lo vote, favorablemente, cuanto antes, dado que este proyecto viene impulsado de manera multipartidista por 40 personas legisladoras.
Muchas personas conocedoras de los beneficios que para la institucionalidad democrática del país supone un régimen de gobiernos locales de carácter municipal, saben que éstos deben fortalecerse, lo cual recibió un duro golpe con la inclusión de los mismos dentro de los parámetros de orden fiscal-autoritario de la Ley 9635, conocidos como regla fiscal.
La pandemia del coronavirus COVID-19 está, en estos mismos momentos, haciendo añicos en muchos países del planeta tales dictados fiscalistas, de signo ideológico neoliberal; precisamente porque sus respectivos pueblos están sufriendo, aparte de la irreparable pérdida de vidas humanas, graves quebrantos productivos, económicos y sociales que, como se está haciendo constar, solamente desde la iniciativa de lo público-estatal se podrán confrontar y revertir exitosamente para el bien común y para la propia paz social.
Este proyecto de ley 21.922 pondrá, precisamente, a las municipalidades en mejores condiciones de impulsar una serie de acciones de diverso orden en la línea de la preservación de la paz social, misma que si ya había estado amenazada por la indicada exclusión y social económica de los tiempos pre-pandemia; ahora, con el hambre en ciernes en miles de hogares, no se podrá garantizar esa paz sin contar con una acción pública fuerte desde local, lo que las municipalidades no podrán hacer si sigue pesando sobre ellas, la imposición fiscalista de quienes la impulsan desde sus cómodas oficinas con salarios e ingresos jugosos de por medio, que no saben para nada de las peripecias, angustias y pesares de los alcaldes, de las alcaldesas y de las personas regidoras que todos los días en sus propias comunidades, se enfrentan a este drama social y económico que es la pobreza y la vulnerabilidad de pobreza en crecimiento, ahora más motorizadas por el COVID-19.
Las honorables señoras diputadas y los honorables señores diputados que se alistan a apoyar este proyecto de ley 21.922, deben saber que están recogiendo un clamor en el nivel local que se expresa en miles de voluntades a favor de todo tipo de medidas para que la pandemia del coronavirus COVID-19 no cause devastadores daños en el propio tejido social que da sustento a la estabilidad democrática del país.
Les instamos a poner oídos sordos a las ya conocidas voces estridentes insensibles y deshumanizadas para las cuales las personas deben estar al servicio de la economía y no que ésta esté al servicio de la gente. Lamentablemente, hace ya bastante tiempo que la propia Contraloría General de la República (CGR) se matriculó, política e ideológicamente, con una visión del ordenamiento social que excluye la promoción del bien común y que favorece la exclusión social y económica.
Instamos, de manera vehemente, a que todas las organizaciones laborales del servicio municipal costarricense para que se pronuncien con urgencia en esta misma línea de pensamiento; especialmente, a las entidades seccionales de la ANEP presentes ya en 65 de las 82 municipales del país. Idéntico es nuestra solicitud, por demás respetuosas, para las actuales alcaldías, las próximas a entrar a regir y a los concejos municipales salientes y entrantes.
San José, jueves 16 de abril de 2020.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto de la ANEP
La institucionalidad al rescate de sectores laborales y productivos ante los efectos del Covid-19 en el país
Una propuesta desde “la otra acera”
Documento compilado por César López Dávila para ANEP, ASDEICE,CONACOOP, FIT, SIPROCNP, MEDSE, UNAG y Encuentro Social Multisectorial.
El documento que se presenta a continuación, se enmarca en la vocación propositiva, que a lo largo de las últimas dos décadas, diferentes personas, organizaciones y sectores sociales, hemos presentado a la comunidad nacional ante grandes desafíos o temas país.
Desde ya forma parte del cúmulo de propuestas de pensamiento, realizadas a través de planteamientos tales como “Costa Rica: Hacia la Tercera República frente a los desafíos nacionales del siglo XXI”(2003); “Aportes para una nueva Cota Rica Inclusiva y Solidaria (propuesta CRISOL)” (2005); “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva” (2009); “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja” (2012), “Agenda Patriótica para el bien común” (2015) y “Una Reforma Fiscal Justa y Solidaria para Costa Rica –Propuesta Sindical Común” (2018).
Con preocupación, ante la magnitud que en el territorio nacional podrían alcanzar las repercusiones laborales, económicas y sociales, provocadas por la pandemia del COVID-19; en los últimos días, nuevamente una pluralidad de organizaciones y personas nos hemos sentido convocadas por dicha vocación propositiva y la responsabilidad ante el futuro.
La generalidad de lo aquí expuesto, propone una suerte de compilación de algunas de las ideas fuerza, que, a manera de hilo conductor, busca evitar dispersión de iniciativas aisladas, y tomar la palabra a distintas personas, organizaciones e instancias que con genuina preocupación y bajo el denominador común de comprender el rol clave del estado social para el bien común; han plasmado públicamente, diversas propuestas ante la situación que vive el país.
El presente compilado más que un producto acabado, se enmarca en la lógica de ser un proceso colectivo de adhesión y enriquecimiento. Sin embargo, dada la urgencia del contexto económico y social actual; representa desde ya una propuesta concreta ante la clase política de todo signo.
Debido a los actuales acontecimientos, y de cara a la estructura dirigente de la nación (conformada por quienes formalmente ocupan los puestos de toma de decisiones en los Poderes Ejecutivo y Legislativo); es esta una iniciativa realizada desde quienes en apego al artículo 9 de nuestra Constitución Política1, entendemos que reside en la ciudadanía, la legitimidad de mandato de las grandes decisiones que le atañen, sobre situaciones nacionales de fuerza mayor que inciden directa o indirectamente en su diario vivir.
Compartimos el documento «La institucionalidad al rescate de sectores laborales y productivos ante los efectos del Covid-19 en el país»
La institucionalidad al res… by EugenioGuerrero on Scribd
La verdad sobre el Salario Escolar
Fuente: Farid Ayales Esna, ex ministro MTSS de aquel entonces (1994)
El salario escolar nació en 1994 a través de un decreto ejecutivo del entonces Presidente de la República, José María Figueres Olsen.
“En 1994 se llega a un acuerdo de política salarial. Ahí se estableció la creación de esta figura del salario escolar”. Se pactó un aumento de salario de un 8%. Pero en lugar de entregarle al trabajador ese 8% de salario, le entregaron el 6,75%,porque el 1,25% decidieron retenerlo mes a mes y en el mes de enero del año siguiente, se le iba a dar ese dinero con la misma finalidad: que los trabajadores tuvieran un ingreso que les permitiera soportar los gastos académicos de sus hijos”.
En 1994 se le retenía 1,25% mes a mes y se entregaba en enero siguiente. Ese porcentaje de retención de aumento salarial de 1994 se fue ensanchando con los años de esta manera, según según el Ministerio de Trabajo:
1994-1995: se retiene el 1,25%
1996-1997: se retiene el 3,58%
1998-2015: se retiene el 8,19%
En 2016, con el decreto 39202, se establece de manera escalonada el salario escolar hasta llegar al 8,33% con miras a que en enero se pague un salario completo.
2016: 8,23%
2017: 8,28%
2018: 8,33%
En 2019 estamos como el año pasado. Un 8,33% del salario de los empleados públicos será retenido cada mes y se pagará en enero de 2020 en un solo pago equivalente a un salario completo.
EL SALARIO ESCOLAR NO SE PUEDE NI SE DEBE ELIMINAR !!
Fuente: Farid Ayales Esna, ex ministro MTSS de aquel entonces (1994)
ANEP se adhiere a solicitud Latinoamérica denominada «La deuda prioritaria es con la salud de los pueblos»
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), afiliada a la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y a la Confederación de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA), firmó este martes 15 de abril su adhesión al documento “La deuda prioritaria es con la salud de los pueblos”, la cual solicita a los gobiernos de la región dirigir todos sus esfuerzos económicos, políticos y sociales para atender y controlar la pandemia del Covid-19.
A continuación, el documento que ya ha sido firmado por diversas organizaciones y personajes de la sociedad civil Latinoamérica.
LA DEUDA PRIORITARIA ES CON LA SALUD DE LOS PUEBLOS
La crisis que ha desatado la pandemia del coronavirus en América Latina y el Caribe obliga a encarar respuestas urgentes, inmediatas. Frente a una coyuntura tan grave, proseguir con el pago privilegiado de la deuda pública no es compatible con la prioridad absoluta que exige el cuidado de la vida y la salud de nuestros pueblos.
Los gobiernos de América Latina y el Caribe deben afirmar sin titubeos la disposición de todas las riquezas y los recursos naturales de titularidad de los pueblos, tal como lo consagran los Pactos Internacionales de las Naciones Unidas de Derechos Civiles y Políticos (art. 75, inc. 22°, C.N.).
Es obligación de los Estados garantizar esa titularidad jurídica para poder atender la emergencia mediante:
- La declaración por parte de los Estados del “estado de necesidad” (1)
- La suspensión inmediata del pago de capital e intereses de todas las deudas soberanas,
- Impulsar acciones internacionales consensuadas para legitimar aplazamientos de pagos y quitas imprescindibles en las deudas públicas, ante organismos multilaterales y acreedores privados.
Primero, la definición de la emergencia. Luego, los países periféricos deberán generar decisiones -basadas en investigaciones y auditorías públicas previas, meticulosas y transparentes- que lleven al necesario control de legalidad y legitimidad de los compromisos financieros, los eventuales requerimientos vinculados a la anulación de los mismos, la condonación total o parcial de deudas, las reestructuraciones y reprogramaciones de pagos de la deuda declarada legítima.
La prioridad es la salud de los pueblos: los recursos deberán estar disponibles para atender en primer lugar las consecuencias económicas y sociales de una crisis cuya dimensión ni siquiera podemos aún cuantificar
LA CRISIS SANITARIA Y LA DEUDA SOBERANA
El problema de la deuda soberana ha sido una limitante permanente a las posibilidades de crecimiento y desarrollo de nuestros países. Debe ser asumida como un instrumento de financiamiento con responsabilidad y claridad en relación a los fines para los que fuera destinada. Cuando deja de
cumplir esos criterios se convierte en deuda eterna y solo instrumento para el parasitismo especulativo, la exacción usuraria, y las permanentes crisis de las balanzas de pagos.
La historia reciente de nuestra región corrobora que en medio de crisis económicas y sociales de grandes proporciones, enormes sumas dinero fluyeron -y fluyen- frente a cada vencimiento desde las arcas de los países deudores a manos de sus acreedores, coartando la posibilidad de atender tanto el financiamiento de su necesario desarrollo como sostener sus funciones básicas, como la garantía de salud, alimentación y educación para sus pueblos.
Hoy, cuando la vida de millones de personas en todo el mundo depende de la capacidad de respuesta universal de una salud pública sistemáticamente atacada durante décadas, queda en evidencia el obsceno sistema de valores en cual nos hemos estado moviendo.
Discutir condiciones de desarrollo y distribución de esfuerzos y resultados de nuestras economías sigue siendo ineludible. Se deben definir las prioridades, los recursos y el financiamiento para satisfacer las demandas de la sociedad -en el presente y en el futuro-, en forma paralela a un desarrollo equitativo y sustentable.
EL DÍA DESPUÉS DE MAÑANA: SUSTENTABILIDAD EXTERNA
Incluso en medio de la crisis sanitaria es necesario encarar una agenda que permita una solución definitiva al problema de la deuda, de cara al futuro, la que necesariamente debe contemplar:
- Retomar iniciativas para el establecimiento de un marco legal, regional e internacional para la resolución de la deuda soberana y el combate a las prácticas extorsivas de “fondos buitre”, sentando las bases de una nueva arquitectura financiera internacional (2)
- Impulsar una legislación que garantice, acorde a las condiciones de cada país, límites efectivos al endeudamiento en pos de la sustentabilidad externa de nuestras economías.
- Encarar una estrategia, regional e internacional contundente contra la fuga de capitales y la existencia de paraísos fiscales, incluidas iniciativas (legislativas y políticas) para la fiscalización, tributación y recuperación de las riquezas fugadas, aportando al diseño de mecanismos de control, regionales e internacionales que impidan la continuidad del latrocinio a los recursos y el trabajo de los pueblos.
CONVOCATORIA
Este documento es un esbozo contributivo para un amplio llamado a la unidad de América Latina y el Caribe en este momento crítico. Está basado en la convicción de la existencia de un amplio consenso a favor de la más amplia participación democrática para responder en lo inmediato con medidas urgentes, y en perspectiva con acciones solidarias y propuestas consensuadas acordes a esta grave encrucijada histórica.
Estando en circulación y firma el presente documento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha dado a conocer su Resolución 1/2020, de extensa fundamentación, ante la pandemia del COVID 19, cuyo punto resolutivo N° 18, establece: “Suspender o aliviar la deuda externa y las sanciones económicas internacionales que puedan amenazar, debilitar o impedir las respuestas de los Estados para proteger los derechos humanos frente a contextos de pandemia y sus consecuencias. Ello a fin de facilitar la adquisición oportuna de insumos y equipos médicos esenciales y permitir el gasto público de emergencia prioritaria en otros DESCA, sin poner en mayor riesgo todos los derechos humanos y los esfuerzos avanzados por otros Estados en esta coyuntura, dada la naturaleza trasnacional de la pandemia.” (3)
En otros puntos de la Resolución se destaca el carácter imperativo de lo resuelto y su exigibilidad en atención a los principios del derecho internacional y regional de los derechos humanos.
Los firmantes comunicaremos el presente documento a los tres poderes que conforman los gobiernos democráticos latinoamericanos para que las decisiones que se adopten sean tomadas a tiempo, en consonancia con el estado de necesidad que afirmamos.
Notas:
- En el derecho internacional el “estado de necesidad” es “el único modo para el Estado de salvaguardar un interés esencial contra un peligro grave o inminente” (Anexo Recomendaciones de Resolución 56/83 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2001).
- Entre otros: Principios Básicos de los Procesos Reestructuración de Deudas Soberanas (Resolución 69/319 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2015; Ley Relativa a la Lucha contra las Actividades de los Fondos Buitres de Bélgica http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/ 54/1057/54K1057005.pdf
PRIMERAS FIRMAS;
Fernanda Vallejos, Eduardo Barcesat, Raúl Zaffaroni, Andrés Asiaín, Horacio Rovelli,, Jorge Marchini, Víctor Carricarte, Rafael Kohanoff, Julio Gambina, Claudio Katz, Rubén Gilardi, Felisa Miceli, Alfredo Calcagno, Julián Domínguez, Jorge Cholvis, José Cárcamo, Debora Giorgi, Alberto Gandulfo, Marisa Duarte, Alejandro Otero, Marcelo Mazzón, José Sbatella, Alejandro Rofman, Fernando Porta, Pablo Vommaro, Guillermo Wierzba, Jorge Molinero, Pablo Fucci, Graciela Orfeo, Walter Formento, Carlos Pafundo, Eva Sacco, Alejandro López Acotto, Jorge Motta, Hernán Morero, Mercedes La Gioiosa, Laura Villardebó, Pablo Singerman, Sonia Filipetto, Gabriel Merino, Javier Ortega, J.M. Rinaldi, Hernán Morero, Nora Pizarro, Carlos Martínez, Beatriz Rajland, María Elena Saludas, Luis Messina, Juan Sancartángelo. Damián Uberman, Damián Díaz, J.Calvo, Adrián Muracciole, Juan Ortiz, Germán Saller, Santiago Mancinelli, Germán Saller, Alfredo Iñiguez, Ricardo Koss, Gabriel Chamorro, Mercedes González, Carlos Fidel, Valeria Sánchez, Emilio Pérez Campanelli, Noemí Brenta, Martín Barletta, Roberto Rojas, Carlos Gutiérrez Morchio, Valeria Sánchez, Emilio Pérez Campanelli, Martín Barletta, Carlos Fidel, Julián Denaro, Walter Formento, Mireya Baglietto,,Jorge Carpio, Vernal Fritas, Julián Kan, Ramiro Bertoni, Carlos Russo, Víctor Portnoy, Julian Denaro, Magdalena Rua, Mario Rapoport, Sergio Arelovich, Alberto Jozami, Gabriela Golder, Isaac Rudnik, Amado Boudou, Itaí Hagman, Héctor Sosa, Raúl Dellatorre, Gabriela Sharpe, Héctor Fernández, Carlos Minucci, Verónica Mercado, Carlos Raimundi, Pedro Biscay, Leo Bilanski, Tita Ayan, Guillermo Moretti (UIA), Ricardo Carrizo, Margarita Cuenca, Carlos Gonella, Juan Emilio Sala, Héctor Daer (CGT), Eduardo de la Serna, Matías Cremonte, Alberto Letteri, Guido Forcieri, Juliana Di Tulio, Graciela Treber, Milagro Sala, Raúl Noro, Lionel Stiglitz, Sergio Leavy, Alejandro Romero, Graciela Mussi, Mariano Beristain, Juan Cruz Cabral, Jorge Elbaum, Pablo Tigani, Juan Carlos Biani, Hugo Fernández (CEEN), Fabián Autuori, Félix Gibbs, Janet Mehl, Alberto Lettieri, Eduardo Di Cola, Julio Bulacio, Marcos Rebasa (IESO), Diego Penizzotto, Adela Toresano,
Eric Toussaint (Bélgica),
Rosa Marques , Luciano Wexell Severo, Mariana Gouvea, Niemeyer Almeida, Marcelo Alvares de Lima Depieri, Carlos E. Martins, Fabio Barbosa dos Santos , Luis Barbosa dos Santos, Carlos Serrano Ferreira, Alexis Saludjian , Flavia Lessa de Barrios, Judite Stronzake, Bruno De Conti, (Brasil)
Jorge Gonzalorena, Paula Vidal Molina (Chile) Carolina Jiménez (Colombia)
Rafael Heiber ( España) Camille Chalrmers ( Haití)
Josefina Morales, Federico Manchon Cohan, Jaime Preciado Coronado, Alicia Puyana Mutis, Maribel Aponte García, Darío Salinas Figueredo, Sergio Cortes, Sánchez, México),
Alhe Cáceres (Paraguay)
Aram Aharonian , Ramiro Chimuris, Antonio Elías (Uruguay), Pasqualina Curcio (Venezuela), ,,
ORGANIZACIONES
FUNDACIÓN PROYECTO ECONÓMICO.
FILA (Fundación para la Integración Latinoamericana
CIGES ( Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria) CLAE ( Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico)
SEPLA ( Sociedad Latinoamérica de Economía Política y Pensamiento Crítico) CEEN ( Central de Entidades Empresas Nacionales)- Argentina.
CADTM – AYNA ( Comité para la Abolición de Deudas Ilegítimas)- América Latina. CPI (Corriente Política de Izquierda)
Corriente Sindical Carlos Chile
FISYP ( Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas) ATTAC Argentina
LATINDADD – Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social. CEEN (Central de Entidades Empresarias Nacionales)
CESO (Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz)
FOCO ( Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos.) AAJ ( Asociación Americana de Juristas) – Rama Argentina
COMMON ACTION FORUM MOTOR ECONÓMICO
CINFIN ( Centro de Integración Financiera)
ENAC ( Empresarios Nacional para el Desarrollo Argentina.
ANEP (Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados)
Recibidas hasta el 13/04/20 a las 16.00 hs
Se reciben adhesiones en el correo electrónico: edenecesidad@gmail.com
Covid-19: ¢17 millones diarios en cuidados intensivos
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
La semana pasada leímos en prensa, como una noticia destacada de primera plana, que el “sector privado aportará camas de cuidados intensivos ante coronavirus”, comunicando a la opinión pública que varias empresas privadas del negocio con la salud de las personas dejaron ver su intención de “ponerse a las órdenes” de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en el caso de que la pandemia del coronavirus Covid-19 desbordara las capacidades de atención de la medicina pública, especialmente en las denominadas UCI: unidades de cuidados intensivos; punto este más que neurálgico y estratégico para atender a las personas gravemente enfermas producto del nuevo mal.
Sinceramente no deja uno de pensar en cuál podría haber sido el destino de la salud de los y las costarricenses, de la abrumadora mayoría de la población del país, si no hubiésemos tenido estos últimos 30 años esa férrea resistencia popular y cívica ante las diversas intentonas de distinto carácter y a lo largo de las administraciones gubernativas nacionales luego de la Caída del Muro de Berlín, las cuales de un modo u otro han estado cuestionando el modelo de salud pública representado por la CCSS, básicamente, para privatizarlo mediante iniciativas de índole multiforme.
Sin discusión alguna se puede afirmar ya categóricamente que, estando en medio de tal pandemia, la existencia de la CCSS como bien patrimonial público es un asunto de seguridad nacional; como gusta definir los gringos a aquellos aspectos de su institucionalidad que estiman imprescindibles para su supervivencia y su supremacía como nación.
Pero bien, la historia de la resistencia cívico-popular en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social está por escribirse, pese a que, también hay que decirlo, desde su propio seno han salido intentonas privatizadoras perversas, pues paradójicamente cuenta con enemigos internos colocados en posiciones de poder.
Volvamos ahora al eje central de nuestro comentario semanal en esta importante sección de opinión de El Periódico de más Venta en Costa Rica.
$30.000 diarios es el costo de atención, por día, que representa el internamiento de una persona enferma en la unidad de cuidados intensivos de esas empresas privadas de salud que funcionan en Costa Rica.
Es decir, poco más de ¢17 millones diarios viene a ser el costo de permanencia en una UCI; y, un internamiento, mínimo, de unos 10 días pensando en la gravedad de la persona contagiada con Covid-19, estamos hablando de ¢170 millones; subiendo esta cifra hasta un 50% más si tal internamiento llegare a ser necesario por 15 días.
Prácticamente solo una cantidad reducida de costarricenses que tienen altísimos ingresos podría pagar tan calificada atención médica como la que implica el internamiento en cuidados intensivos en caso de sufrir Covid-19, o cualquier otro padecimiento que requiera ser ingresado en una UCI privada.
Dimensionemos ahora lo que significa tener acceso a los servicios de una UCI brindados por la Caja para el pueblo trabajador, mismo que jamás podría tener acceso a medicina privada en cuidados intensivos en el caso de la pandemia que nos afecta.
Para este lunes 13 de abril de 2020, según el reporte gubernamental diario de las personas que presentaban síntomas del coronavirus Covid-19, 14 de ellas estaban internadas en varias UCI de hospitales de la Caja.
Eso significa que al precio de cotización de mercado de la medicina privada que se ofreció para atender en sus propias UCI personas contagiadas de Covid-19, la Caja Costarricense de Seguro Social estaría erogando unos ¢240 millones por día, que es el importe de inversión en salud por tener esas 14 personas en sus propias unidades de cuidado intensivo.
Si esas 14 personas internadas en las UCI de la CCSS tuvieran que permanecer, en promedio y cada una unos 10 días de internamiento, estamos hablando de ¢2.400 millones: una cifra demasiado atractiva para colegir que la salud sí es un negocio cuando fuese privatizada. Esperemos que ello nunca suceda.
Solamente pensemos, a partir de estos datos, el significado de la Caja Costarricense de Seguro Social para la abrumadora mayoría del pueblo costarricense, especialmente de su clase trabajadora; clase trabajadora que en un ciento por ciento nació cuando ya existía la Caja y que por tanto no tiene la menor idea de lo que es vivir sin ella.
Por cierto, la información de prensa que venimos comentando también indicó que un día de internamiento por cuestiones de salud en esas empresas privadas, y que no sea en una UCI, implica erogar al menos $1.000, o sea casi ¢600.000.
No hay discusión: la Caja representa la vida misma y ahora eso ya no amerita discusión alguna. Debe seguir en manos públicas y bajo nuevas formas y sistemas de cuido ciudadano para matarle los virus privatizadores que siempre están esperando oportunidades para atacarla.
Walter Quesada «La gran contradicción»
ANEP se mantiene en lucha permanente
Covid-19: quienes menos tienen son los que más sufren
El denominado bono “Proteger” que está poniendo en práctica el Gobierno de la República para “ayudar”, fundamentalmente, a las personas trabajadoras del sector privado a las cuales les fue aplicado el despido, la reducción salarial y de jornada y/o la suspensión transitoria de sus contratos de trabajo; representa una protección a medias, va a incrementar la miseria y dejó a miles más desprotegidas todavía, pues ya estaban en tal condición antes del estallido en el país de la pandemia del coronavirus covid-19.
La cantidad de 125 mil colones (y, peor aún, el 50% de la misma, 62.500 colones), no alcanza para solventar, en condiciones de dignidad, situaciones de pobreza surgida de manera súbita, lo cual hará crecer la vulnerabilidad de los hogares de escasos recursos que ya antes de la pandemia, sobrepasaban la cifra de 400 mil.
Será, por tanto, sumamente crítico para la fuente de ingresos del hogar que quedó en la calle, las jefaturas de familia, comprar los alimentos básicos, pagar recibos de servicios públicos, alquiler de vivienda y atender deudas con esos 125 mil colones.
Es urgentísimo ampliar las posibilidades de estos hogares para enfrentar la desgracia socioeconómica que ya tienen encima, haciéndose necesario una condonación del pago de los recibos de agua, de luz y de teléfono durante el próximo trimestre, pues ni siquiera una moratoria será beneficiosa dado que, al término de la crisis, esos hogares estarán mucho más endeudados.
Lamentablemente, en sociedades como la nuestra donde las personas han sido condenadas para que estén al servicio de la economía y, más grave aún, si dentro de la misma la prioridad es las cifras macrofiscales asociadas al pago de la impagable deuda pública; quienes menos tienen son quienes más sufren.
En el caso costarricense, este grupo de personas ciudadanas ya había crecido considerablemente antes de la pandemia y, como ahora es notorio, sigue aumentando su número.
En tal sentido, la consigna oficial del “quedarse en casa” incrementa el sufrimiento, la congoja y el estrés de más de la mitad de la población costarricense, lo cual nos da la posibilidad de recordar que sí hay iniciativas de corte alternativo, más humanistas y más congruentes con la filosofía del Humanismo Cristiano que inspira la actual Constitución Política de Costa Rica.
Con la propuesta del Subsidio Social Solidario (SSS), formulada por la ANEP hasta un número de 660 mil personas-familias habrían podido recibir 250 mil colones mensuales, cogiéndose el pago diario de intereses de la deuda pública, declarándose una moratoria para tal efecto, mismo que anda en la cantidad de 5.500 millones de colones diarios. El fundamentalismo ideológico dominante en Casa Presidencial lo impide.
Con estupor y con indignación contemplamos que dentro del presupuesto extraordinario que el Gobierno plantea en estos días a la Asamblea Legislativa para que lo tramite, con toda celeridad y para darle contenido financiero a su bono Proteger, incluye 224 mil millones de colones para atender la deuda pública; es decir, casi 2 mil 500 millones de colones diarios en un período de 90 días, que es el plazo del bono gobiernista.
Casi 300 mil familias podrían haber recibido un Subsidio Social Solidario de 250 mil colones para cada una, durante los meses de abril, mayo y junio, con esos 224 mil millones de colones correspondientes a los acreedores de la deuda pública del país y sus correspondientes intereses obscenos.
Sin discusión alguna, quienes menos tienen son los que más sufren. Pero alternativas hay para que esto no fuera así.
El Papa a los movimientos populares: salario universal para los excluidos
-«Ustedes, trabajadores informales, independientes o de la economía popular, no tienen un salario estable para resistir este momento», escribe Francisco en una carta.
Por: Vativano News
Lo define «un verdadero ejército invisible que pelea en las más peligrosas trincheras». Dice que son «un ejército sin más arma que la solidaridad, la esperanza y el sentido de la comunidad que reverdece en estos días en los que nadie se salva solo».
En el Día de Pascua, mientras el mundo sigue experimentando la emergencia de la pandemia causada por el Covid-19 y crece la preocupación por las consecuencias que tendrá especialmente para los más pobres, el Papa Francisco envía un mensaje a los «hermanos y hermanas de los movimientos y organizaciones populares» con los que ha mantenido un diálogo desde el comienzo de su pontificado. Un ejército sin más arma que la solidaridad, la esperanza y el sentido de comunidad que reverdece en estos días en los que nadie se salva solo.
Es cierto que el virus afecta a todos, sin diferencia de nacionalidad o de afiliaciones religiosas o sociales, pero, observa Francisco, son los pobres y los descartados los que pagan el precio más alto en estos días y que pagarán el precio más alto en el futuro. Y pensando en la dificultad que están teniendo para resistir en este momento, dice que tal vez ha llegado el momento de pensar en un salario universal para los excluidos.
Francesco dirige sus pensamientos a los muchos que, a escondidas y fuera de los reflectores de los medios de comunicación, siguen sirviendo. «Pienso en las personas, sobre todo mujeres, que multiplican el pan en los comedores comunitarios cocinando con dos cebollas y un paquete de arroz un delicioso guiso para cientos de niños, pienso en los enfermos, pienso en los ancianos. Nunca aparecen en los grandes medios. Tampoco los campesinos y agricultores familiares que siguen labrando para producir alimentos sanos sin destruir la naturaleza, sin acapararlos ni especular con la necesidad del pueblo. Quiero que sepan que nuestro Padre Celestial los mira, los valora, los reconoce y fortalece en su opción”.
Luego el Papa menciona la situación determinada por la emergencia del virus y la ayuda concreta que los movimientos populares ofrecen a los que sufren: “Qué difícil es quedarse en casa para aquel que vive en una pequeña vivienda precaria o que directamente carece de un techo. Qué difícil es para los migrantes, las personas privadas de libertad o para aquellos que realizan un proceso de sanación por adicciones. Ustedes están ahí, poniendo el cuerpo junto a ellos, para hacer las cosas menos difíciles, menos dolorosas. Los felicito y agradezco de corazón”.
El Santo Padre habla también del modelo económico-financiero actual en relación con la emergencia: “Espero que los gobiernos comprendan que los paradigmas tecnocráticos (sean estadocéntricos, sean mercadocéntricos) no son suficientes para abordar esta crisis ni los otros grandes problemas de la humanidad. Ahora más que nunca, son las personas, las comunidades, los pueblos quienes deben estar en el centro, unidos para curar, cuidar, compartir”.
“Sé que ustedes – agrega el Papa – han sido excluidos de los beneficios de la globalización. No gozan de esos placeres superficiales que anestesian tantas conciencias. A pesar de ello, siempre tienen que sufrir sus perjuicios. Los males que aquejan a todos, a ustedes los golpean doblemente. Muchos de ustedes viven el día a día sin ningún tipo de garantías legales que los proteja. Los vendedores ambulantes, los recicladores, los feriantes, los pequeños agricultores, los constructores, los costureros, los que realizan distintas tareas de cuidado. Ustedes, trabajadores informales, independientes o de la economía popular, no tienen un salario estable para resistir este momento … y las cuarentenas se les hacen insoportables”.
“Tal vez sea tiempo de pensar – es la conclusión de Francisco – en un salario universal que reconozca y dignifique las nobles e insustituibles tareas que realizan; capaz de garantizar y hacer realidad esa consigna tan humana y tan cristiana: ningún trabajador sin derechos”.
Adjuntamos el mensaje completo del Papa Francisco a los Movimientos Sociales
Mensaje del Papa Francisco a los Movimientos Sociales Pascua 6 Abr 2020 (1).PDF by EugenioGuerrero on Scribd
