Autor: ANEP

La Fuerza Pública y demás cuerpos policiales, paradójicamente, han sido considerados por la Sala Constitucional dentro de un régimen de excepción, en mi opinión, algo absolutamente incoherente por lo que desarrollaré a continuación:

En principio, es importante revisar la Constitución Política, la cual reza en su artículo 12.-: “Se proscribe el Ejército como institución permanente.  Para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias”.

“Sólo por convenio continental o para la defensa nacional podrán organizarse fuerzas militares; unas y otras estarán siempre subordinadas al poder civil: no podrán deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva”.

Ahora bien, para comprender la hermenéutica del ordinal de marras, se trae a colación la interpretación del jurista Rubén Hernández, sobre dicho artículo, el cual señala que:

“El tercer principio contenido en esta norma es la eventual sujeción de las autoridades militares al poder civil en caso de que se llegaren a organizar aquellas por convenio continental o razones de defensa nacional. Este principio está razonado por lo establecido en el numeral 139 inciso 3) de la Constitución, según el cual corresponde al presidente de la República, en forma exclusiva ejercer el mando supremo de la fuerza pública. La Libertad de expresión garantizada a todas las personas en el artículo 29 Constitucional, se restringe respecto de las fuerzas armadas, dado que se les prohíbe, de manera expresa, deliberar, hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva. Con ello se pretende impedir toda injerencia de las eventuales fuerzas militares que se llegaren a formar en los asuntos políticos del país”.

En tal sentido, en efecto, dicho ordinal no aplica para nuestros cuerpos policiales, toda vez que los mismos tienen carácter civilista. Desde toda perspectiva, se trata de funcionarios públicos cuyas competencias y atribuciones están reguladas por la Constitución Política, la Ley General de Policía Nº 7410 y la Ley General de la Administración Pública ¿Cuál es la excepción entonces?

La única que hemos identificado es aquella que restringe derechos, que es usada por algunos malos mandos dentro de la Fuerza Pública para atropellar la dignidad de sus subordinados; por cuanto, en función de las resoluciones del tribunal constitucional, las autoridades ministeriales han interpretado a conveniencia, la existencia de una imposibilidad o limitante para que nuestros policías se puedan manifestar e inclusive, expresar con libertad sus opiniones sobre aquello que les aqueja. En lo demás, no existe ninguna diferencia entre ser parte de un régimen policial (excepción) y los demás funcionarios públicos; inclusive, en materia disciplinaria los funcionarios policiales son juzgados por funcionarios públicos, en dependencias netamente administrativas.

Las personas trabajadoras de los cuerpos policiales tienen impedimento legal para hacer huelga, así como para negociar una convención colectiva de trabajo. Ello por ser parte de un régimen de excepción y estar contemplada su labor dentro de los servicios esenciales. La principal característica de los servicios esenciales es, precisamente, lo trascendental de su impacto en las personas administradas: “son aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas en toda o parte de la población” (OIT, 1983).

Así las cosas, debería aplicarse la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que sugiere dotar de condiciones laborales favorables a los sectores laborales que se ven excluidos de la negociación colectiva o la huelga, como instrumentos para la demanda de mejores condiciones de trabajo.

En cuanto a la libertad de sindicalización y de manifestación, el criterio N.º C-143-97, de la Procuraduría General de la República, fechado el 4 de agosto del año 1997, en el cual el Dr. Luis Antonio Sobrado González, resuelve una consulta realizada por la otrora Ministra de Seguridad Pública, la MSc. Laura Chinchilla Miranda, con respecto a “… el alcance del artículo 12 de la Constitución Política y qué debe entenderse en lo que se refiere a que no podrán deliberar, ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual, o colectiva, en lo que al derecho de sindicalización de los policías se refiere…”;

Indica el criterio supra, CONCLUSION: “En el ordenamiento jurídico costarricense no existe limitación alguna para que los policías ejerzan el derecho de sindicación que la Constitución garantiza, sin que sea válido interpretar que su numeral 12 sea la fuente de una restricción de tal naturaleza. (…)”.

Todos estos años me he venido preguntando de dónde surge o cuál es el origen del régimen de excepción, que ha sido utilizado por malos mandos para perseguir, amedrentar, perjudicar los derechos de sus compañeros uniformados de la “tropa”. Traslados arbitrarios bajo la falacia de necesidad operativa, por el simple hecho de que un buen policía se atreva a expresar sus opiniones, ¡sí!, eso permite el régimen de excepción en nuestro Estado de derecho.

Tengo un profundo respeto por las y por los magistrados de la Sala Constitucional, no obstante, he de decir que me parece incoherente que en un país democrático y sin ejército, se restrinjan derechos fundamentales a un grupo de personas trabajadoras, por el hecho de ser parte de la policía administrativa. Paradójicamente, el artículo 33 de la norma suprema, señala que “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”, sin embargo, la excepción establecida por la Sala Constitucional incluye el ser excluidos de garantías constitucionales, un acto desapegado al bloque de legalidad que vulnera a nuestro gremio, siendo discriminado, en comparación del resto de funcionarios públicos.

Si nuestros policías están contemplados dentro de un régimen de excepción, sabidos de lo esencial de su trabajo, debería el gobierno dotarlos de salarios dignos y condiciones laborales justas. Lo contrario, es despreciar el esfuerzo, la mística, la entrega, la vocación y el valor de sus miembros.

Jonathan Flores Mata/Directivo Nacional de ANEP

Costa Rica, al igual que el resto del mundo, se enfrenta a un enemigo inclemente que ha puesto en riesgo la estabilidad de la economía, seguridad y salud de las personas.

Claro está, me refiero a la patología provocada por el virus covid-19. Sin embargo, para nuestra mala fortuna, en medio de la crisis, cuando más unidos deberíamos estar, para hacer frente juntos a los retos que tenemos por delante, nos topamos con la inescrupulosa conducta de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP). Y es que, en momentos en los que se requiere de solidaridad, honestidad y buena fe, los representantes de esta institución han demostrado las muestras más cínicas de egoísmo.

Es claro y evidente que, durante años, esta agrupación ha montado una estrategia anti obrera, especialmente enfilada contra los funcionarios del sector público, a quienes han hecho todo lo posible por arrancar de sus manos las conquistas laborales que tomaron siglos conseguir. Por supuesto, la idea es que sus explotados trabajadores no aspiren nunca a tener las mismas condiciones, y sigan soportando a diario la forma en que les violentan sus derechos laborales. Cada quien, con sus fines, aunque den asco, empero, aprovecharse de la pandemia para entablar una polémica entre trabajadores privados y públicos, con el único objetivo de buscar arrebatar derechos laborales a estos últimos, es un acto vil, despreciable y cabe en otros adjetivos que, por respeto a los lectores no externaré.

Tienen el suficiente descaro de saber que a pesar de representar algunas empresas que eluden y evaden impuestos, robándole así al progreso del país que les cobija, señalan a los servidores públicos como responsables de las dificultades económicas de Costa Rica. Pero la indignación de este servidor no hace más que empezar ahí, pues ya han dejado claro los de UCCAEP que su misión es eliminar las anualidades, el salario escolar, y hasta han tenido la osadía se sacar la calculadora para apuntarle al aguinaldo. Reitero, aprovechándose de la pandemia para extender los virulentos tentáculos políticos que ostentan, e impulsar sus apestosos proyectos.

Como recordará estimado lector, ANEP cobija bajo la protección de su sigla a los sectores laborales más vulnerables, de menos remuneración económica y mayor exigencia en su labor, como las señoras de los CEN-CINAI, recolectores de basura y policías, por nombrar solo algunos ejemplos. Para esta ocasión me voy a enfocar en el sector de servidores policiales.

Estos abnegados trabajadores pierden el arraigo familiar, ven truncados sus estudios, pierden de a pocos su salud por los roles (si, tenemos estudios que lo comprueban), trabajan mínimo 12 horas, un error les puede costar el trabajo, o una vida, sea la de un ciudadano, de un compañero, o la suya propia. Este sector ha sido terriblemente abandonado por décadas, al policía le obligan a presentarse en delegaciones que dan asco, con las aguas negras desbordadas, techos desintegrándose sobre sus cabezas y cableado eléctrico en constante atentado de potencial incendio. Estos seres humanos, que tragan humo, se exponen al sol, la lluvia y arriesgan su vida, todos los días, al enfrentarse contra gente hostil y peligrosa, perteneciente a estructuras de crimen organizado; son remunerados con un salario que constituye una verdadera burla a su sacrificio.

Aún bajo estas condiciones, y a sabiendas de la esencial importancia de los oficiales, de los distintos Cuerpos Policiales, viene UCCAEP con lengua viperina a decir que se les tiene que quitar el salario escolar y las anualidades; ¡Ah, ahora que recuerdo! ¿Es cierto que también estuvieron presionando al gobierno para que no se pagara el aumento extraordinario?

Nos gustaría ver a cualquiera de sus encorbatados neoliberales intentando aguantar al menos una hora de pie, bajo el sol, con el pesado chaleco antibalas y el radio de comunicación zumbándole al oído, con la ansiedad de enfrentar el peligro en cualquier momento y las preocupaciones económicas taladrando la concentración. ¿En serio creen que servidores de esta naturaleza que apenas ganan 450 mil colones mensuales deben perder aún más su salario, por los errores en la dirección de la economía del país? ¿Y si mejor ustedes declaran las ganancias verdaderas y pagan los impuestos con honestidad?

Señores de UCCAEP ¿Y a ustedes quién los cuida? Parece que se les ha olvidado que desfilan sus representantes por los pasillos de las instituciones policiales, demandando más seguridad (y omitiré detalles de las conversaciones y “convenios” en los despachos). Ustedes exigen que el tránsito sea fluido para que las mercancías lleguen rápido, que el sistema de justicia tenga bajo control los sociópatas que sorprendieron robando en un negocio, que pase la patrulla haciendo “comercio seguro” y estén al tanto del transporte público con la modalidad “bus seguro”; por indicar solo algunos ejemplos. ¿Quiénes creen que ejecutan esas tareas? Así es, las y los policías, esos mismos que ahora vienen ustedes a pedir que se les siga desmejorando sus condiciones salariales.

Espero que esas ansias desatadas por perjudicar salarialmente al trabajador policial no deriven de la puesta en ejecución de alguna estratagema pactada con el apretón de manos intercambiado con grandes líderes de organizaciones de crimen organizado. Aunque cuando uno se pone a atar algunos cabos, la idea no parece tan abstracta.

Por cierto, si creen que instruyendo a los negocios para que ofrezcan un café gratuito, o un descuento en sus combos, dan al policía el caramelo tranquilizante para que olviden la puñalada que les están metiendo por la espalda, están muy equivocados. El gremio ha venido despertando de un letargo de sumisión en el que durmió durante años, y ahora más que nunca, poseen la conciencia y el valor para encarar a sus enemigos. ¡Oh si enemigos! Porque en eso se han convertido señores de UCCAEP en enemigos de los trabajadores, públicos y privados, y eso incluye a los policías. ¡Si! Se están echando de enemigos a quienes los cuidan, que grave ¿verdad?

Aun no comprende este servidor como pretenden impulsar una reactivación económica, restándole poder adquisitivo a los trabajadores y me resulta aún más insólito que busquen la manera de desmejorar las condiciones y motivación de los servidores públicos, que constantemente cuidan de sus negocios, sus ganancias, su integridad física y la de sus familias. Den la cara a la policía, explíquenle con claridad, y de frente a los oficiales, la razón por la que ustedes en UCCAEP están luchando para que a ellos se les siga bajando el salario, digan con sinceridad si es cierto que es oponían a la entrega del aumento extraordinario, describan las razones reales por las que quieren que a los uniformados se les quiten las anualidades, el salario escolar y hasta el aguinaldo. Después de eso, ahora sí, pídanles hacer “comercio seguro” …