Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La necesidad que tiene el país de contar con una real legislación que le permita levantar el secreto bancario, pero levantarlo de verdad, es inobjetable. La furia que están mostrando los sectores financieros y económicamente más poderosos así lo ratifica. La prensa que les representa ya se ha descarado, sin asco, en tal sentido, por lo que podemos afirmar de que no queda la menor duda de que estamos hablando de una legislación de enorme urgencia para beneficio de la mayoría.

Y es que no solamente es una medida urgentísima dado la brutalidad anual de las cifras de la evasión y del fraude fiscal en todas sus manifestaciones. Lo que durante muchísimo tiempo veníamos afirmando ya es oficial: prácticamente son 8 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) lo que se dejan los ladrones de impuestos; criminales sociales que no son integrantes de la clase trabajadora, pues esta paga puntualmente lo que le corresponde, como ha sido demostrado hasta el exceso.

Algunos estiman que al día de hoy un punto PIB equivale a 372 mil millones de colones. Nosotros hemos venido manejando la cifra de 350 mil millones por cada punto PIB. Esto quiere decir que, por año, la evasión es de 2 billones 800 mil millones de colones; poco más de 7 mil 600 millones de colones diarios.

Esta cantidad de plata no se guarda debajo de un colchón. Prácticamente no es detectada porque la esconden bajo el esquema de secreto bancario, tal y como está en la actualidad. Por eso, urge levantar el secreto bancario según lo está proponiendo el actual ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles.

Por otra parte, el mismísimo gobierno gringo está alertando al país en cuanto al peligro de que el lavado de dinero esté ya apuntando hacia el financiamiento de las campañas electorales; un secreto a voces en el seno de la clase política (la hegemónica y la que no lo es).

El más reciente reporte anual de la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Cumplimiento de la Ley y Narcóticos (Bureau Of International Narcotics And Law Enforcement Affairs), del Departamento de Estados del gobierno de los Estados Unidos, ha dado a conocer el pasado 2 de marzo lo siguiente, según nota de prensa que leímos: “El financiamiento de las campañas políticas en Costa Rica se ha convertido en un nuevo foco para el lavado de dinero durante el último año”.

Lo que tal informe está indicándonos, ¡costarricenses!, es que en la política electoral ya el dinero sucio entró a jugar. Y si se indica que fue “durante el último año”, habría que preguntarse: ¿fue para la campaña presidencial del 2018?; ¿fue para las elecciones diputadiles de la actual Asamblea Legislativa? ¿Tenemos ya gente en curul legislativa financiada por el narcotráfico? ¿Fue en las elecciones municipales que acaban de pasar donde ya entró el dinero narco? ¿Por qué este informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos no ha sido ampliamente difundido, divulgado, comentado, como debe serlo una noticia que debemos considerar de enorme importancia para la Democracia?

Según tal informe, somos un país sumamente frágil lo cual permite que Costa Rica tenga mucha vulnerabilidad para grupos del crimen organizado transnacional. Somos un punto de atracción “para crímenes financieros debido a limitaciones para el cumplimiento de la ley y a su ubicación en una ruta clave para el tráfico de narcóticos y bienes ilícitos”; indicando que “las instituciones financieras siguen siendo utilizadas para el lavado de dinero”.

Los llamados sportsbooks, los sitios de apuestas en línea (que en Costa Rica son legales), los importantes flujos de turistas y migrantes; la construcción, el mercado inmobiliario y los hoteles; representan ámbitos de negocios a los cuales les tiene puesto el ojo el gobierno gringo, pues estima que posibilitan los flujos ilícitos de capital que en territorio costarricense se pueden lavar fácilmente, debido a limitaciones en la ley para combatir los crímenes financieros.

El levantamiento real del secreto bancario, por tanto, se asocia directamente con el combate a los millones y millones de dólares que inundan la economía costarricense y que escapan al control fiscal, permitiendo la concentración de riquezas y de fortunas en dimensiones inimaginables para el pueblo costarricense, agobiado en su lucha por la subsistencia diaria.

Aunque en un inicio el propio ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, se dejó decir que, en materia de lavado de dinero, de dinero sucio producto del crimen organizado y del narcotráfico, anualmente se estaría alcanzando el equivalente a 22 puntos de Producto Interno Bruto (PIB), alegando conocer informes serios al respecto; rapidito se retractó (¿o lo “retractaron”?), alegando que se había “equivocado”. Sin embargo, admitió que 6 o 7 puntos PIB circulando en el sistema financiero y en la economía costarricense es algo real; cifra que hace ya bastante tiempo de nuestra parte la venimos mencionando.

Así las cosas, 7 puntos PIB de lavado de dinero indica que hablamos de unos 2 billones 450 mil millones de colones anuales. Es decir que unos 6 mil 700 millones de colones por día se mueven, ilegal y suciamente, en el sistema financiero costarricense; lo que no se puede combatir porque los mismos gringos dicen que la legislación costarricense tiene muchas limitaciones para combatir los crímenes financieros.

¿Cómo puede haber oposición a que se proceda a levantar el secreto bancario como Dios manda? ¿Cómo negar esta realidad de que, por día, cada 24 horas, al menos están disponibles unos 14 mil millones de colones (entre robo de impuestos y lavado de dinero); cifra casi tres veces superior a los 5 mil millones de colones, también diarios, que se deben pagar por los intereses obscenos que devenga la impagable deuda pública costarricense?

El levantamiento del secreto bancario está ya en vigencia en unos 150 países y quien se oponga a que en Costa Rica se dé la legislación necesaria para tal efecto, les hace el juego a criminales evasores de impuestos y/o a criminales del narcotráfico; o, lo que es peor, tienen grandes fortunas escondidas y/o camufladas en paraísos fiscales, enormes riquezas que, con toda seguridad, son por dinero mal habido. 

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

“…Que veinte años no es nada”: Nos inspiramos en esta frase contenida en la letra del inmortal tango “Volver”, cantado por el no menos inmortal Carlos Gardel, para hacer alusión a que, luego de los ya históricos acontecimientos de lucha cívico-social y sindical del año 2000, contra la venta-privatización del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la gesta patriótica del Combo ICE; surgió a la vida política del país un fenómeno partidario, conocido luego como el Partido Acción Ciudadana (PAC); que vino a quebrar el, hasta ese momento, hegemónicamente vigente bipartidismo clásico reinante en la vida pública nacional, constituido por los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC).

Recordemos que ambos partidos constituyeron corrientes de pensamiento (no las únicas, por supuesto), herederas de un gran proceso histórico que Costa Riva vivió en los años 40 del pasado siglo XX; el cual desembocó en los acontecimientos bélicos entre costarricenses, conocidos como la Guerra Civil de 1948 y la posterior instauración de una dictadura, a cargo de José Figueres Ferrer (Don Pepe), de dieciocho meses de duración, para dar paso a lo que la historia oficial denomina como la Segunda República.

Posteriormente, ambos se fundirían ideológicamente, adoptando los postulados dogmáticos del Consenso de Washington, el comúnmente denominado neoliberalismo; renunciando uno, el PLN, a su filosofía socialdemócrata; y el otro, el PUSC, a su ideario básico inspirado en el humanismo cristiano y en la Doctrina Social de la Iglesia Católica.

El pueblo costarricense, en su imaginario colectivo, los fundió en uno solo: el PLUSC (Partido Liberación-Unidad Social Cristiana), al quedar reducidos a meras maquinarias electorales, reparte-puestos públicos y soporte para grandes negocios con la cosa pública contaminada de corrupción.

“…Que veinte años no es nada”. Fundado en diciembre del año 2000 e, indudablemente, hijo político del combo ICE, el Partido Acción Ciudadana (PAC), representó para muchísimas personas la renovación de la credibilidad en la política-partidista; para otro gran número, la recuperación de la senda de desarrollo con inclusión y con movilidad social que habíase convertido en un distintivo costarricense en medio de una conflictiva región centro y latinoamericana marcada por la sangre de conflictos civiles, dictaduras y regímenes militares. Otros, bastantes, creyeron que el PAC sería la nueva socialdemocracia costarricense, al haber el PLN prostituido su filosofía original y haberse entregado a ser receptor del ideario anti-estatista de signo neoliberal.

Fundamentalmente, resaltó la circunstancia de que el PAC había nacido para la recuperación de la esencia de un servicio público transparente, de confrontación total a la corrupción y de imperio de la ética; vicios de la cosa pública que con gran descaro caracterizaron al PLUSC.

“…Que veinte años no es nada”. Hoy, a mitad de camino de su segunda gestión gubernativa (conocido ya qué fue lo acontecido en su primera administración ejecutiva); con un mandatario completamente descreditado, desprestigiado y en medio de una soledad política pasmosa, aislado ante un sonado caso de espionaje presidencial que, presuntamente, él mismo ordenó ejecutar; las muletas políticas que llegan para sacarlo del lodazal de la impopularidad y del rechazo ciudadano, ahora más extendido que nunca, nos ponen en un regreso al pasado.

La llegada política a Casa Presidencial del “trío de los RO”: ROdolfo Méndez Mata, ROdrigo Arias Sánchez y ROlando Laclé Castro; para que los tres saquen del bache en que la misma se encuentra por su cadena de yerros, su pésima estrategia de comunicación y por la gravedad de las revelaciones del escándalo de espionaje UPAD; marcan el entierro político-simbólico del Partido Acción Ciudadana (PAC); pues esos señores han sido categorizados como figuras emblemáticas de la transmutación de los partidos PLN y PUSC en el PLUSC, cuyos modos de hacer política fueron radicalmente rechazados por los postulados fundacionales del PAC.

Nos preguntamos: ¿qué podrían estar sintiendo en estos mismos momentos todo ese conglomerado ciudadano limpio, harto del PLUSC, al contemplar cómo su segundo presidente entrega el comando ejecutivo a personeros claves de ese bipartidismo clásico tan repudiado por el PAC? ¿Es que acaso no se sienten traicionados?

“…Que veinte años no es nada”: En estos veinte años del PAC, entonces, ¡nada cambió! Ese es el mensaje que nos deja la conformación de esa especie de “Junta de Gobierno”, con toda la carga ideológica que representan esas tres personas, los grupos económicos a los cuales pertenecen, las matrices mediáticas del corporativismo del negocio de las noticias que les respaldan, así como las férreas posiciones que siempre han estado promoviendo esos señores, para profundizar la puesta en práctica en nuestro país, de manera total, de los postulados del Consenso de Washington; incluido, por supuesto, la privatización-venta de los mejores activos-empresas públicas que todavía quedan en manos del pueblo costarricense.

Con ocasión de las alianzas político-partidistas que el señor Carlos Alvarado Quesada llevó a cabo para lograr ganar la Presidencia de la República en segunda vuelta electoral, en abril de 2018; apuntamos nosotros que esas “malas compañías”, lo hicieron cometer una gran estafa política; estafa política que hoy queda completamente al desnudo, totalmente expuesta, pues el “trío de los RO”, no significa más que el relanzamiento de la política del bipartidismo clásico que tanto repudio popular había concitado como para dar vía y viabilidad, hace 20 años, al surgimiento del PAC.

Así las cosas, teniendo como inspiración al tango de Carlos Gardel, hay que decir “…Que veinte años no es nada”: