Autor: ANEP

Con gran pompa, la prensa oligárquico-oficialista dio cuenta de que ya ingresaron a las arcas del Banco Central de Costa Rica (BCCR) la cantidad de 1.500 millones de dólares que se consiguieron en el mercado financiero internacional, luego de que el Parlamento le aprobó al Gobierno una emisión de eurobonos para obtener esa plata.

Ahora, el Gobierno nos anuncia que irá, de nuevo, a pedir permiso a la Asamblea Legislativa para colocar 4.500 millones de dólares adicionales a esos 1.500 millones, de modo tal que alcance la meta que se fijó de endeudar más al país, con un total de 6 mil millones de dólares.

Esto le permitiría al Gobierno de Alvarado Quesada terminar su período con “holgura fiscal” y de paso, hacer la pantomima patriótica de la celebración del Bicentenario, tirándose flores y haciéndose autobombo, aunque a la gente común y corriente, que es la mayoría de la población, se le siga cobrando la factura por el desastre fiscal del país que no generó y del cual no tiene responsabilidad.

Adicionalmente a esa plata que ya está en la cuenta del Ministerio de Hacienda que tiene en el BCCR, es decir los 1.500 millones de dólares que ya entraron; vienen de camino 850 millones de dólares más, producto de dos nuevos préstamos: uno por $350 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y otro por $500 millones que se contraerá con la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Sume usted: 1.500, más 350, más 850 millones de dólares. Tenemos un gran total de 2.350 millones de dólares que, presuntamente, llevarán “tranquilidad” a la agobiante situación fiscal del país y a los grandes ganadores con esto de la deuda: los mercados financieros.

Pero eso es un “alegrón de burro”, visto así desde una perspectiva popular y social puesto que, en pocas semanas, con la llegada del año 2020, así como entró esa plata, así se irá, rapidito. ¿Por qué?

Según esa misma prensa oligárquico-oficialista y en la mismísima información en la cual nos dio la “buena nueva” de la entrada en las cuentas del Ministerio de Hacienda de esos 2.350 millones de dólares; hay que pagar en el 2020, 1.130 millones de dólares debido a “vencimientos de deuda”, más otros 1.100 millones de dólares en pago de intereses de deudas contratadas en dólares. Entonces, vea usted esta conclusión de un cristiano-paga impuestos, ciudadano de a pie que viaja en bus y/o en taxi: Por un lado, entraron 2.350 millones de dólares (eurobonos más créditos BID y CAF); pero por otro, salen 2.230 millones de dólares (1.130 vencimientos y 1.100 intereses). “Quedan”, entonces, 120 millones de dólares pero que se esfumarán porque la suma de intereses mencionada es mayor (la información comentada expresa, textualmente, “…pago de intereses por deudas contraídas en dólares por más de $1.100 millones”).

¡Nos endeudan para pagar deudas! Nos llevan al precipicio. Por otra parte, si nos fijamos con más cuidado qué significa que se deban pagar en el próximo año 2020, más de 1.100 millones de dólares en intereses por deudas contraídas en esa moneda, y digamos que, a un tipo de cambio de 580 colones, nos están diciendo que cada 24 horas, el pueblo costarricense debe pagar casi 1.748 millones de colones, ¡diarios!

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

“Un llamado para que nuestro futuro digital nos pertenezca” es el nombre de un manifiesto ciudadano que se presentó de manera pública en la ciudad de Berlín, capital de Alemania, este 25 de noviembre de 2019, durante el desarrollo del Foro de Gobernanza de Internet, organizado por la Just Net Coalition (JNC), la Coalición por una Internet Justa y Equitativa, surgida en Delhi, India, en 2014.

Deseamos compartir con las personas lectoras de nuestra columna semanal para La Prensa Libre las dos motivaciones centrales que animan este naciente y nuevo movimiento crítico surgido en este mundo de globalización excluyente y de sesgo totalitario.

Just Net Coalition plantea lo siguiente: “Con la creciente digitalización de nuestras sociedades, los datos constituyen un recurso económico clave, cuyo acopio y procesamiento permite transformarlos en algoritmos e inteligencia artificial, de alto valor económico.  Actualmente este recurso es apropiado por las corporaciones globales de datos para su propio provecho, sin pedir permiso ni ofrecer recompensa, como un derecho de facto. ¿Debemos seguir permitiendo que las corporaciones se adueñen de nuestros datos? O, más bien, ¿somos nosotros, como personas y comunidades, que debemos poder sacar provecho de ellos, en función de las necesidades que establezcamos?”. Bien provocadora es la anterior consideración.

Y, ¿qué proponen los impulsores de este nuevo movimiento global? “La Coalición Just Net (JNC) propone que se necesita urgentemente establecer regímenes legales que afirmen los derechos y la potestad de las personas sobre sus datos, tanto individual como colectivamente, así como un mayor control sobre las tecno-estructuras dentro de las cuales operan los datos y la inteligencia.  También apela a la necesidad de estructuras democráticas de gobernanza de la esfera digital, que vaya de lo local a lo global.

“Un llamado para que nuestro futuro digital nos pertenezca”, lanza al mundo su Manifiesto por la Justicia Digital conteniendo 16 principios clave que deben servir de base para un debate en los planos internacional, nacional y local. Son estos:

1. Todas las personas deben tener potestad sobre sus datos, ya sea de manera individual o colectiva.

2. Nuestros datos requieren protección contra el abuso.

3. Necesitamos las herramientas para controlar nuestros datos.

4. Los bienes comunes de datos requieren marcos de gobernanza adecuados.
5. La protección, el intercambio y la utilización de datos requieren nuevas instituciones.

6. El trabajo que genera datos debe ir acompañado de derechos digitales.

7. Los datos deben procesarse cerca del punto de su origen.

8. Los flujos transfronterizos de datos deben regirse a nivel nacional.

9. Es necesario reivindicar las tecno-estructuras como espacios personales y públicos.

10. Deberíamos tener potestad sobre el software que utilizamos y poder controlarlo.

11. Las infraestructuras digitales clave deben ser administradas como servicios públicos.

12. Las tecno-estructuras deben ser descentralizadas para un uso abierto, con interoperabilidad.

13. Los monopolios digitales globales deben desarticularse.

14. La datificación de las sociedades debe gestionarse democráticamente.

15. El desarrollo de los estándares digitales debe ser la responsabilidad de organismos de interés público.

16. La esfera digital debe ser gobernada de lo local a lo global.

Este Manifiesto por la Justicia Digital, ahora promovido bajo el lema “Un llamado para que nuestro futuro digital nos pertenezca”, hace referencia a la “Declaración de Delhi para una Internet justa y equitativa”; misma que, a su vez, contempló 23 enunciados en los ámbitos de una internet como bien común global, democratizar la arquitectura de internet, internet y derechos, gobernar internet para el interés público. (https://www.alainet.org/es/articulo/84664).

En un segundo artículo vamos a ampliar sobre el particular. “La sociedad digital ya está aquí”, dice el Manifiesto por la Justicia Digital; sin embargo, parece que estamos en mayores estados de indefensión en relación con el inicio de la era digital.

Es inobjetable que estamos en un escenario de polarización político-social con fuerzas en pugna de descomunal disparidad. La hegemónica tiende a consolidarse; la que está llamada ser contrahegemónica, con todo su potencial, no logra la necesaria articulación para posicionarse en cuanto tal y, al menos, mantener un frágil balance de cara a la ofensiva totalizante de esa hegemónica, que es de corte, neoliberal, que está apostando el todo por el todo: tierra arrasada con lo diferente.

En este perverso accionar totalizante, cuya más reciente acción concreta es el primer debate legislativo a la calificada como “ley mordaza”. En el largo tránsito recorrido de estos últimos años de lucha social, la hegemonía dominante no ha dudado en emplear la violencia en varias manifestaciones o categorías que conviene dejar en evidencia: violencia política, violencia económica, violencia jurídica y, la más intensa, violencia mediática.

Indudablemente que estamos hablando de un “manjar” para aquellas personas estudiosas de los fenómenos psicociales, sociopolíticos y económicos de estos tiempos tormentosos en los cuales dos visiones de desarrollo se han venido enfrentando, mediando múltiples circunstancias y situaciones, a lo largo de los últimos 35 años.

Este tema de las distintas formas de violencia a las que han venido apelando los sectores dominantes en los últimos tiempos: ya sea para frenar el desarrollo de la Democracia con inclusión social; ya sea para hacer avanzar sus políticas públicas concentradores de riqueza y promotoras de la desigualdad; y, ya sea para la aniquilación de todas las formas de resistencia a su hegemonía depredadora (como lo que estamos presenciando en estos momentos); merecen amplios análisis que nosotros no estamos en condición de hacer en estos momentos. Sin embargo, desde nuestra experiencia práctica en la lucha social de todos estos años, podemos puntualizar en lo siguiente:

VIOLENCIA POLÍTICA: Se ha venido manifestando cuatrienalmente, con cada proceso electoral de orden nacional (presidencial y diputadil): un recurrente proceso de estafa política al electorado pues a éste se le promete una cosa y ya en el gobierno se hace otra. Alvarado resulta ser el más grande estafador político de los últimos tiempos, en este ámbito del engaño electoral: violencia política contra esas mayorías que le votaron.

VIOLENCIA ECONÓMICA: Sin duda alguna, el último ejemplo es la nefasta ley 9635, mal llamada, oficialmente, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Para quienes han tenido que cerrar negocios, para quienes han visto ya reducciones en sus salarios y mermados sus derechos, para quienes se han quedado sin trabajo por estos meses producto de tal legislación, para quienes ven disminuido sus ingresos por la aplicación del IVA; para todos estos sectores, dicha legislación es una expresión de violencia económica que les conduce a la pauperización, a la incertidumbre, a la zozobra; en suma, a la exclusión.

VIOLENCIA JURÍDICA: Cuando los guardianes de Constitución Política, la piedra mayor de nuestro sistema jurídico, ceden a la presión fiscal circunstancial y se acomodan a una particular visión de tal problema, de corte político-ideológico; se falla a favor de esa parte de la sociedad y en contra de la otra, misma que también tiene su visión sobre el grave problema fiscal nacional y sus posibilidades de atención sin dañar a las mayorías. También es violencia jurídica cuando la contratación laboral se hizo con determinadas características y de un porrazo, se cambian éstas, en detrimento de situaciones jurídicas consolidadas y de su correspondiente estatus socioeconómico individual y familiar.

VIOLENCIA MEDIÁTICA: Esta podría ser la de mayor incidencia a la hora de definir la construcción de un proceso de integración social, realmente democrático e incluyente. Sin haber ido a elecciones, desde un estudio de televisión o de una sala de redacción se dictan pautas y se giran directrices políticas al gobernante endeble que no tiene el suficiente carácter para honrar su compromiso electoral y pasa a ser servil de los intereses de pequeños grupos de gran poderío económico, cuyas vocerías mediáticas dañan honras opositoras y direccionan la opinión de la ciudadanía, manipulándola, para que ésta adopte como suyas las percepciones de mundo de esos grandes factores de poder económico. En los actuales tiempos, esa violencia mediática tiene una expresión concreta en lo que nosotros denominamos como periodismo de odio: excluyente y satanizador al máximo de la visión diferente, ejercicio informativo parcializado y editorializante, con cruel empleo de la agresión psicológica y del terrorismo ideológico.

Como usted habrá notado, la exacerbación de un incidente con evidente sesgo provocador en una manifestación pública, no es más que un aspecto que nutre el ejercicio de la violencia mediática en estos tiempos de fuerte polarización; y de ejercicio de estas cuatro formas de violencia con carácter concatenado; de suerte que se posibilite la aniquilación de lo diferente ante la necesidad de disciplinamiento social, que incluye la destrucción de las voces insumisas, especialmente cuando éstas muestran fuertes posicionamientos que obligan al control por imposición; no por inclusión.