Posición oficial de la Junta Directiva Nacional de la ANEP
01- Históricamente, nuestro país se ha proyectado hacia el
mundo como una nación democrática, amante de la paz, respetuosa de los derechos
humanos de todas las personas; y, con un sólido compromiso en materia
ambiental.
02- En esta misma dirección, ha presentado conductas casi
competitivas, respecto de la inmediatez para firmar y ratificar tratados,
convenios y pactos internacionales que versan en favor de los Derechos Humanos.
03- Costa Rica no escatima en matices de elegancia, en la
retórica internacional, con la que se promociona como un país verde, sin
ejército y con vocación de diálogo, mismo que, incluso ofrece como instrumento
apaciguador para conflictos acaecidos fuera de sus fronteras.
04- Ante tal contexto y antecedentes, prácticamente cualquier
sociedad civilizada, que busque solucionar sus problemas por medio de la
madurez que demanda el entendimiento bilateral a través de mecanismos
pacíficos, podría figurarse que, Costa Rica tiene sobrada autoridad moral para
hacer recomendaciones y observaciones, en materia de Derechos Humanos.
05-Sin embargo, desde la Asociación Nacional de Empleados
Públicos y Privados (ANEP), dado nuestro orgulloso e incesante papel dentro de
la historia de Costa Rica, referente a la lucha social, sostenemos con
categórica propiedad una perspectiva distinta.
06- La ciudadanía completa ha atestiguado variados
escenarios que, con una mirada vidriosa, nos obligan a comprender que en la
actualidad la fama de nuestra nación constituye un simple espejismo. Índices de
homicidios que alcanzan valores de pandemias, deshonrosas cifras récord en
importaciones de cocaína hacia Europa (¿país de paz?), reincidentes condenas en
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una regresión y desigualdad
que se incrementan día a día (¿Derechos Humanos?); así como grandes áreas del
paisaje natural que se destrozan a vista y paciencia del gobierno de turno
(parques nacionales y áreas protegidas, Crucitas -¿medio ambiente?-); son solo
algunos ejemplos de circunstancias en las que nos basamos para observar con
recelo la proyección discursiva del país.
07- Innecesario es señalar que nuestro criterio no pretende
infundir una rotunda oposición a la pretensión de Costa Rica de ser parte del
Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas. Empero, bajo el contexto
actual que se vive-sufre en el país, adjetivamos esta acción como cargada de un
tinte hipócrita. Cabe destacar, por aquello de las conjeturas ficticias de
mentes morbosas, que imaginan quimeras donde no las hay, que tampoco nuestro
mensaje pretende apoyar a ningún otro competidor, para el cargo en tan
distinguido Consejo.
08- Y es que, sin duda alguna, Costa Rica necesita volver a
legitimar su discurso con acciones, hacia y desde adentro; reconociendo que los
Derechos Humanos deben ser promovidos y garantizados para todas las personas.
No es posible pretenderse abanderados en este estadio, cuando se camina al lado
de un solo grupo exclusivo, mientras se propicia un ataque desmesurado contra
otros sectores, cuyas consignas también tienen sus basamentos en Derechos
Humanos. Se debe ser consecuente con la oratoria que se ofrece al exterior y
aplicarlo internamente.
09- Previo a entablar una sana competencia por un puesto en
el Consejo de Derechos Humanos, debe el país explicarle al mundo, y a su propia
población, las razones que impulsan el comportamiento estructural y organizado,
que provocan escenarios como: una permanente agresión mediática, política y
jurídica, que tiene como víctimas a los seres humanos que componen la clase
trabajadora del sector público; la discriminación, difamación y ataque
constante hacia las organizaciones sindicales y las personas que fungen como
sus representantes.
10- Además, debe referirse, con honestidad, a los proyectos
de ley que se promueven en la Asamblea Legislativa, que constituyen una
regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales vigentes en
nuestra legislación laboral. ¿Olvidan acaso que la libertad de expresión,
trabajo, salario y libertad sindical también son Derechos Humanos?
11- No es posible obviar tampoco, dentro de esa explicación
pendiente, la relevancia del debate nacional que se ha despertado, a partir de
que la clase política del país, promovida por intereses que obedecen a los
grupos neoliberales más radicales, han despotricado e intentado, por todos los
medios, desacreditar las relatorías de especialistas internacionales, que
forman parte del mismo mecanismo mundial pro defensa de los Derechos Humanos.
12- En palabras más simples, Costa Rica entra en negación y
busca la forma de no acatar las recomendaciones en Derechos Humanos, emanadas
por un órgano que pertenece al mismo Consejo al que aspira ser integrante; una
curiosa y paradójica circunstancia cuya explicación es menester escuchar.
13- Finalmente, sobre la línea democrática y de protección a
derechos de los ciudadanos, el pueblo necesita escuchar las razones por las
que, el poder político elige a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, sin
contar con parámetros claros que garanticen la independencia y la objetividad
del Poder Judicial. Lo que, por las heridas de la experiencia, nos aventuramos
a decir que ha dado como resultado la resolución de fallos en los que se
ignoran los derechos fundamentales y se exaltan los criterios (o favores)
políticos.
14- Es en virtud de las razones antes expuestas que, ANEP,
abiertamente comprende la importancia de integrar el Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas; sin embargo, este sería un triunfo que
aplaudiremos, hasta el día en que veamos que los preceptos que abundan en las
líneas discursivas que proyectan a nuestro país como una nación democrática,
pacífica, verde y respetuosa de los Derechos Humanos, se apliquen realmente en
la vida interna de Costa Rica.
15- En tal estado de situación, en los tensos momentos
actuales que vive la sociedad costarricense, Costa Rica no merece integrar el
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Acuerdo Unánime y firme de la Junta Directiva Nacional
(JDN), de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP),
adoptado en su Sesión No. 2152, de carácter ordinario, celebrada el día viernes
11 de octubre de 2019.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
