Ser sindicalista es ser defensor de Derechos Humanos

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Hoy, martes 10 de diciembre de 2019, estamos conmemorando el DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, recordando la fecha del 10 de diciembre de 1948, cuando la Tercera Asamblea de la recién fundada Organización de las Naciones Unidas (ONU), proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos; inspirándose en el sueño, en la filosofía, en la aspiración noble de que en algún momento todos los pueblos y todas las naciones del planeta alcancen un “estándar común”.

Del sitio web www.humaniun.org/es/derechos humanos-1948, hemos extraído algunos criterios relevantes que nos estimulan a considerar la urgencia política de poner como eje central de la lucha sindical el conocimiento, la promoción, la difusión y la lucha más firme para su respeto pleno en la Costa Rica actual, con un estado de desigualdad en crecimiento constante.

Los derechos humanos son “el reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres humanos. Libre de discriminación, desigualdad o distinciones de cualquier índole, la dignidad humana es universal, igual e inalienable. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

En aquel 10 de diciembre de 1948, ninguna de las 56 naciones que a ese momento estaban conformando la ONU votó en contra de dicha declaración. Costa Rica tuvo el privilegio de estar en esa votación y, por supuesto, votó a favor. Según los registros históricos, 3 países se abstuvieron: Arabia Saudita, Sudáfrica y la hoy extinta Unión Soviética (URSS).

El indicado sitio web nos cuenta algo tan interesante como esto: “El texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 está inspirado en el texto de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional decidió bosquejar una carta de derechos que afirmara los valores defendidos en la lucha contra el fascismo y el nazismo”El texto final es pragmático, resultado de numerosos consensos políticos, de manera tal que pudiera generar una amplia aprobación”.

Es este memorable DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, quienes estamos en la lucha sindical cotidiana tenemos que fijarnos en el contenido del Artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual tiene 4 aspectos:

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. ¿Cómo está nuestra querida Costa Rica hoy, al respecto? No es difícil la respuesta. A miles de compatriotas no se les está respetando plenamente este artículo 23 en lo atinente.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Mucho camino por recorrer nos queda al respecto, especialmente en lo que respecta a las mujeres trabajadoras.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. Evidentemente, las políticas macrofiscales actualmente en boga, en las cuales la prioridad número uno es atender el altísimo endeudamiento público y su excesivo pago de intereses, van a deteriorar el acceso de miles de compatriotas a las diferentes políticas de protección social tan características de una sociedad que estuvo siempre preocupada por la inclusión.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. La ofensiva antisindical de los últimos tiempos que se ha dado en Costa Rica, nos obliga a enlazar más la estrecha relación entre la actividad de organización sindical y el activismo militante por la defensa de los Derechos Humanos.

El neoliberalismo ha fracasado, pero se muestra hoy más furioso y rabioso que nunca, con tendencias totalitarias y autoritarias en fuerte desarrollo. Ya estamos viviendo esto en Costa Rica. La acción sindical seria, responsable, independiente y propositiva, que tenga vínculos sociales fuertes, es imprescindible para aportar en la construcción de la alternativa movilizadora que le haga frente a ese cruel neoliberalismo, tan repudiado por los pueblos.

Resolución de la Sala Constitucional sobre el Proyecto de Ley que regularía las huelgas, resultó ser un «alegrón de burro» para los enemigos del movimiento sindical

  • La Sala Constitucional, a pesar de su línea ideológica, no tuvo más opción que reconocer que hay serios vicios de inconstitucionalidad y graves errores de procedimiento en la tramitación del proyecto.

La resolución de la Sala Constitucional es clara en reconocer que existe vicio de inconstitucionalidad en el artículo que pretendía la disolución de los sindicatos por la acción individual de los dirigentes y de sus afiliados; lo cual, en nuestro criterio, convierte el proyecto de ley en inconstitucional, toda vez que con solo uno de sus artículos que lo sea, ya el todo, lo es.

Por otro lado, y más grave aún, es el vicio de procedimiento que señala la Sala Constitucional en cuanto a que no se consultó este proyecto a la Corte Plena, dejando en indefensión a uno de los órganos fundamentales de nuestro Estado Social de Derecho, el Poder Judicial.

Y esta omisión no es cosa menor, sino que resulta en un infranqueable requisito que, al no haberse cumplido, le impone una lápida al procedimiento de vía rápida con el que pretendieron aprobar, a golpe de tambor, este nefasto proyecto para la Democracia costarricense, la Libertad de Expresión y los Derechos Humanos.

Este grave error de procedimiento, de no consultar a Corte Plena, según el criterio experto de constitucionalistas, impediría que se pueda pensar siquiera en “algún tipo de procedimiento rápido para subsanar” los vicios detectados por la Sala Constitucional; como manipuladoramente lo han hecho creer Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Presidente de la Asamblea; así como el diputado Pedro Muñoz Fonseca y la legisladora Yorleny León Marchena, tanto como el propio Gobierno de la República, principales impulsores de este proyecto.

Decimos lo anterior porque el criterio experto en materia constitucional indica que este vicio, es uno de los vicios de procedimiento que genera nulidad absoluta. Esta clase de inconstitucionalidad (el no hacer la consulta a Corte Plena), sólo se puede arreglar retrotrayendo el proyecto hasta antes de que naciera dicho vicio. 

El tema es que al hacer la consulta a la Corte Plena sobre el proyecto de ley 21.049, ya no se le puede aplicar la vida rápida, por lo cual el procedimiento aplicable debe ser por la vía ordinaria.

Así las cosas, en nuestro criterio, el proyecto queda enterrado y tendría que presentarse uno nuevo, y como lo dijimos por la vía ordinaria, ya que debe ser consultado a Corte Plena. Por lo tanto, no cabría la vía rápida.

Todo lo anterior significa que Carlos Ricardo Benavides Jiménez y todos los que salieron a celebrar la resolución de la Sala Constitucional, se han llevado el más grande “alegrón de burro”.

Sin dejar de lado, que la Sala  Constitucional lo que está haciendo con esta resolución, a sabiendas de la inconstitucionalidad del proyecto y del grave vicio de procedimiento, es adelantar criterio sobre los temas que se plantean en el mismo;  dejando, además, con ello, a la Corte Plena con la cancha marcada en cuanto a cómo debe opinar  sobre los artículos que sí considero la Sala IV como constitucionales, con lo que se le hace un grave daño a la Democracia y deja de manifiesto una lucha de  poder al  interior del Poder Judicial.

En todo caso, la resolución de la Sala Constitucional habrá que estudiarla; pero, por ejemplo, resolver que la huelga se puede prohibir en toda la lista de servicios “esenciales” del proyecto, sin matizar que conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hay servicios que admiten disminución de labores en lugar de suspensión plena, es una postura rígida inaceptable porque, además, con su resolución amplió el umbral de servicios esenciales determinados ya por los organismos internacionales.

Pero la discusión sobre el derecho humano a la protesta y a la manifestación, apenas comienza, pues hay un antes y un después del pronunciamiento de los relatores de Derechos Humanos del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en cuanto al proyecto que pretende regular las huelgas, puesto que ellos determinaron que existen una serie de violaciones al derecho a huelga y a los derechos humanos, los cuales fueron desconocidos por la Sala Constitucional, inexplicablemente.

Tal situación nos obliga a seguir accionando y denunciando a nivel internacional para que se aplique lo que correctamente indicaron los relatores, lo cual, le guste o no a los enemigos de las organizaciones sindicales, debe ser de acatamiento obligatorio por parte del Estado Costarricense que firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como con otros instrumentos internacionales y principios de Derechos Humanos establecidos.

Democracia-autoritarismo-totalitarismo-dictadura

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

“El modelo del capitalismo triunfante está destruyéndose a sí mismo por su insostenibilidad. Tengo una perspectiva socialdemócrata y creo que la distribución del ingreso es muy injusta, pero más allá de la discusión sobre la justicia social o mejores oportunidades en la redistribución de la riqueza, un poco más allá del debate ideológico, hay una realidad, y es que la sostenibilidad de este modelo económico va a fracasar”.

Semejante pensamiento es del político español Felipe González, hoy un arrepentido de haber abrazado, en su momento y como gobernante, el neoliberalismo. Así se lee en reciente entrevista que le hiciera el periódico El País, medio de información muy conocido en los círculos políticos de habla española.

Lo que dice Felipe González se suma a una serie de planteamientos de diverso orden que en varias latitudes y con procedencias diversas, incluido el propio Papa Francisco, afirman que el neoliberalismo es un fracaso en el amplio sentido del término. ¡En Costa Rica también!

La democracia representativa, para el caso costarricense, tal y como la conocimos y como se ha practicado, ya no resulta funcional para mantener el control social ejercido por los sempiternos grupos económicamente poderosos, los cuales han venido acumulando riqueza de manera desenfrenada, dominando los diferentes gobiernos, aunque con ropajes partidarios distintos, a lo largo de los últimos 30-35 años.

El sistema económico que da cobertura a la democracia representativa tica “está destruyéndose a sí mismo por su insostenibilidad”, como lo apunta el político español.

El desastre socioeconómico del gobierno actual, el segundo del PAC (sumado al generado por sus contrapartes del hoy tripartidismo neoliberal), potenció la serie de cifras estadísticas negativas que, al conjuntarse, nos muestran un país en reversión, en retroceso, en involución; triste realidad que llena de tristeza, enojo, dolor e indignación a cada vez más número de costarricenses. Y esto tiende a crecer.

Alvarado y sus principales apoyaturas ideológicas, políticas y económicas se decidieron por un ajuste fiscal a la brava (la imposición de la hoy Ley de la República No. 9635, quizás la más detestada legislación de los últimos tiempos); misma que ha posibilitado la conjunción de malestares de diversa índole y procedencia, al punto de dar origen a un proceso de articulación en el ámbito de la resistencia, hoy conocido como Encuentro Social Multisectorial.

Pero no es el único, pues otros ya existen y otros más habrán de surgir al agudizarse la confrontación que ellos han decidido plantearle a la gente, a la ciudadanía.

Las múltiples formas de mostrar oposición hacia tal ajuste fiscal ya se están viendo y se seguirán dando. Por eso, están decididos a pasar el primer estadio de degeneración de una democracia representativa, cual es instaurar el autoritarismo.

Con la “ley mordaza” (expediente legislativo No. 21-049), ya aprobada en primer debate y ahora en consulta a la Sala Constitucional, ansían institucionalizar en el plano jurídico la política del miedo, castrando toda posibilidad de manifestación contraria a su visión de sociedad, en oposición al modelo económico que defienden, ahora catalogado por sus iguales político-ideológicos en tiempo reciente, como insostenible.

Paralelamente, en acción debidamente coordinada, el autoritarismo por implantarse nos muestra ya rostro más vil: el totalitarismo. El totalitarismo ya se ejerce mediando la intervención del periodismo de odio, el cual viene satanizando lo diferente, lo distinto, lo que les desafía; excluyendo de la noticia, la contracara del enfoque de cobertura, amén de que este es completamente sesgado, parcializado, subjetivizado y editorializado en contra del otro.

El otro es la gente, la ciudadanía, la población trabajadora (en lo específico). Gran parte de ese otro es bombardeado inmisericordemente, mediante las operaciones psicológicas y de terrorismo ideológico como las desplegadas en los últimos tiempos para la satanización, por ejemplo, de la clase trabajadora estatal a fin de que esta sea repudiada por su contraparte, aunque de la misma clase, del sector privado. ¡Y ni qué decir de lo que han hecho en relación con la institución democrática del sindicalismo, misma que hasta estatus jurídico internacional posee!

¿Qué sigue? ¿La dictadura? Veamos la ruta perversa que están transitando, jugando con fuego o, como se dice popularmente, “jalándole mucho el rabo a la ternera”: Se han encargado de desprestigiar la democracia representativa y han copado, bajo un mismo prisma ideológico, la institucionalidad que les es funcional a sus intereses de hegemonía económica, de rentismo estatal y de peonada política pagada.

Controlan toda (o casi toda) esa institucionalidad que les permite -entre otros factores de insostenibilidad sistemática, según lo piensa don Felipe González-, la acumulación de riqueza desenfrenada, la imposición tributaria de sesgo regresivo, la reversión de conquistas y de derechos económico-sociales.

Este proceso está mostrando resistencias que les puede quitar el control si no hacen algo contundente y con urgencia: es algo es la “ley mordaza”: especie de autoritarismo legal pero no moral ni ético.

En su lógica política, esa gente piensa que lo que se salga de tal marco -si es que logran imponerlo del todo-, debe ser exterminado, liquidado, fortaleciéndose la desaparición de la disidencia, imponiendo el totalitarismo ideológico ya descarnado, cuya primera aproximación es lo que hemos venido sufriendo y denunciando como periodismo de odio. De aquí a la dictadura hay un único pero peligroso paso. No faltará quien le grite “comunista” a don Felipe González.

*Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Banca neoliberal: banca de usura… ¡Total impunidad!

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

Ante la feroz resistencia de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) para que haya algún nivel de regulación en cuanto al cobro de las obscenas, escandalosas y socialmente criminales tasas de usura en los créditos que pesan sobre las finanzas de mayoría de las personas habitantes de este país, especialmente en cuanto a tarjetas y electrodomésticos; hace 10 años comentamos, en este mismo espacio, una denuncia que en aquel momento catalogamos como la “más sensacional de los últimos tiempos”, no solamente por quien la formuló sino por dejar al desnudo una conducta prácticamente delincuencial de parte del sector banquero del país.

Después de 10 años de esa denuncia, nada parece haber cambiado. Pero, ¿quién denunció en aquel momento? ¿Un sindicalista?, ¡no! ¿Una investigación periodística?, ¡no! ¿Un empresario honesto?, ¡no! Entonces, ¿quién denunció? 

Nada más y nada menos que don Jorge Guardia Quirós, economista ligado al PUSC y quien conoce al dedillo las intimidades del mundo financiero-bancario de este país y sabe quién es quién dentro de este.

Pero, ¿qué dijo don Jorge Guardia Quirós en aquel momento? Que los banqueros “lograron aprobar leyes, decretos y políticas económicas que los beneficiaron en cantidades muy grandes, tan grandes que nadie las ha podido cuantificar”.

En su denuncia, el Sr. Guardia Quirós lanzó su dedo acusador contra un notable banquero ligado al PLN, don Luis Liberman Ginsburg, acusándolo de ser un cabildero que está en deuda con el país.

En aquel momento, y en esta misma sección de opinión, nosotros comentamos lo siguiente a propósito de lo que denunció don Jorge Guardia Quirós: “Que los banqueros neoliberales hayan controlado la política económica costarricense en todos estos años, generó graves consecuencias que sufrimos hoy: crecimiento de la desigualdad, de la concentración de la riqueza, de la pobreza insuperada, de la violencia en todas sus formas; y como era de esperarse, de una corrupción desenfrenada”. ¡Nosotros dijimos esto hace 10 años! ¿Y cómo estamos ahora, en el 2019? ¿Verdad que peor? Pero esos banqueros siguen en total impunidad.

Nosotros escribimos en aquel momento que para don Jorge Guardia Quirós “… el grupo banquero del señor Liberman fue tan influyente que ‘persuadió’ a los partidos tradicionales (PLN-PUSC), para ubicar a miembros de su clan en Hacienda, Banco Central, Sugef, Conassif y Supen. Aquí emplazamos al sr. Guardia para que dé los nombres que nos ofreció en su denuncia”. ¡Jamás abrió más la boca el Sr. Guardia Quirós! Nunca nos dio esos nombres, pero no es gran “misterio” saberlos.

Apuntábamos nosotros hace diez años lo siguiente: “Mientras al pueblo, a la clase media, a las micro, pequeñas y medianas empresas les recetaban altísimas tasas de interés por sus créditos, los banqueros del grupo del Sr. Liberman…”; don Jorge Guardia los acusó de que “lograron que les rebajaran los encajes bancarios en ciertos períodos para poder prestar y lucrar más, obligando al Banco Central a absorber esos recursos e incurrir en pérdidas y afectar la inflación, que castiga a los más pobres. Lucraron con los bajos impuestos de renta a los intereses (8%), mientras que los demás mortales, incluyendo asalariados, pagaban tasas mucho más elevadas, del 15%, 25% y hasta un 30%…”.

Y el Sr. Guardia Quirós profundizó su acusación en ese entonces: Dijo que esos banqueros “captaron y prestaron mediante sus offshores sin satisfacer encajes, someterse a la Sugef, ni pagar impuestos. Toda una vida hicieron plata exenta por medio de sus offshores y, al final, tampoco pagaron nada (ni cuita), pues al ponerse viejos vendieron sus acciones a bancos extranjeros sin estar sujetos a impuestos sobre la renta”

Además, los señaló de que esos banqueros habrían obtenido “…una interpretación favorable de los gastos asociados con ingresos gravados a tasas preferenciales para ahorrar millones en impuestos”; que disfrutaron “de los beneficios de las minidevaluaciones, pues traían capitales extranjeros mientras el Banco Central asumía todo el riesgo cambiario”.

Luego de 10 años, ¡total impunidad! ¡Nada pasó! Los banqueros siguen siendo el sector político-hegemónico más poderoso dentro de lo que podemos conceptuar como el poder real en nuestra sociedad. Hoy, tal poder, aliado más que nunca con las matrices mediáticas dominantes, especialmente las del periodismo de odio, la emprende contra una legislación que nosotros más bien creemos que se queda corta: esa que pretende regular las tasas de usura por los créditos que se dan a la gente, de forma tal que queden entre un 30-32%, en vez de las escandalosas que hay actualmente en el mercado financiero que están en el doble (o hasta más) de esos porcentajes.

El contenido de las denuncias de don Jorge Guardia Quirós nos lleva a la conclusión de que las fortunas acumuladas por los banqueros y similares son inconmensurables y, seguramente, con pago de impuestos nulos o ridículos. Lo que correspondería es una condonación de ese tipo de deudas de la gente, parcial o totalmente, luego de que a la gente endeudada les han sacado plata a niveles, también, inconmensurables.

El grupo financiero-banquero que hace 10 años denunció don Jorge Guardia Quirós, sigue siendo en esencia el mismo de hoy y muchas de las entidades y personas integrantes del mismo forman parte de la Asociación Bancaria Costarricense, la ABC; esa misma que ha sido denunciada de impulsar una campaña sucia para frenar la iniciativa de ley de regulación del cobro de usura en créditos. ¡Total impunidad!

ANEP, ASDEICE, SIICE y UPINS denunciaron ante Michelle Bachelet violación a los Derechos Humanos, libertad sindical y el derecho a huelga

  • También detallaron a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos el irrespeto y descalificación por parte del Gobierno de la República y actores políticos al pronunciamiento de los Relatores Especiales de la ONU

A las 4 de la tarde de este martes 3 de diciembre de 2019, Michelle Bachelet Jeria, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, se reunió en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),  con varios dirigentes sindicales costarricenses, incluyendo a una delegación de representantes de las organizaciones ANEP, ASDEICE, UPINS y SIICE quienes presentaron una denuncia formal sobre las violaciones a los Derechos Humanos, libertad sindical y el derecho a huelga en Costa Rica.

Dichas entidades sindicales entregaron en las propias manos de Bachelet Jeria un vigoroso documento-estudio, profesionalmente elaborado a la luz del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos, destacando las graves violaciones a los mismos contenidas en el Expediente Legislativo No. 21.049, Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, que ya recibió primer debate y que, “inexplicablemente”, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia avaló.

“Durante la reunión se enfatizó en la necesidad de que intermediando el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, le quede bien determinado al país, a sus autoridades políticas y administrativas de todos los ámbitos institucionales, así como a toda la sociedad civil, a toda la prensa y al pueblo en general, de que las personas trabajadoras sindicalistas somos defensores y defensoras de los Derechos Humanos; así como que éstos contemplan, contienen, avalan y protegen la Libertad Sindical y el Derecho de Huelga”, manifestó el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes.

Vargas comentó a las afueras de la CIDH, que la reunión también se aprovechó para denunciar “como fueron maltratados en el país los señores Relatores Expertos del Consejo de Derechos Humanos, por parte de autoridades gubernativas (ejecutivas y judiciales), así como por insanos e ignorantes comentarios de prensa, por lo que se entregó documento compilatorio de recortes de prensa que, de diversas maneras, ofendieron y descalificaron la legitimidad de las relatorías expertas del Consejo de Derechos Humanos de las Nacionales Unidas”.

Las organizaciones sindicales, también confirmaron que han abierto un litigio internacional en materia de Derechos Humanos, Libertad Sindical y Derecho de Huelga, en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en el marco jurídico de los diversos tratados internacionales en la materia que Costa Rica ha firmado y ratificado.

Al término de la reunión las organizaciones sindicales de ANEP, ASDEICE, SIICE y UPINS presentaron siete petitorias que compartimos a continuación.

-Que el honorable Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ratifique la vinculancia de la Other Letter para el Gobierno de Costa Rica, realizada por los Relatores Especiales sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, y sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, mediante comunicación OL CRI 5/2019 del 07 de octubre del 2019.

-Que se solicite al Gobierno de Costa Rica la aplicación inmediata de los ordenado por los Relatores Especiales y se detenga en el Congreso de la República de Costa Rica, la aprobación del proyecto de Ley No. 21049, Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos, conocida por nosotros como “Ley Anti-huelgas”.

-Que en virtud de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que usted preside, honorable señora Michelle Bachelet Jeria, realizará un seguimiento sobre nuestra denuncia, se instale una comisión nacional de las partes que le dé seguimiento a lo planteado por los Relatores Especiales en su Other Letter dirigida al Gobierno de Costa Rica.

-En virtud de la opinión consultiva al Gobierno de Colombia, se aplique igual para nuestro país, la responsabilidad gubernamental de aportar recursos para que los afectados por violación a Derechos Humanos sindicales puedan defenderse.  

-Que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos explicite a la población costarricense, a las autoridades políticas nacionales, a las organizaciones de la sociedad civil y a la comunidad periodística costarricense, mediando los medios que estime pertinente, que las personas que dentro del marco de la ley, la nacional y la internacional, practicamos la actividad sindical somos también personas defensoras de los Derechos Humanos y merecemos la protección correspondiente de parte de los mecanismos e instrumentos del Derecho Internacional al respecto.

-Que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estimule y promueve, con urgencia, jornadas de capacitación con relación a las obligaciones-país producto de su adhesión-ratificación de los diversos tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, así como con relación al conocimiento y manejo de las instancias y de los procedimientos paras su protección; congregando para ello a autoridades políticas ejecutivas, legislativas y judiciales; a las organizaciones sindicales y empresariales; a la comunidad mediática nacional, a agrupaciones de la sociedad civil, entre otras.

-Que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se analice el caso de la detención ilegal y encarcelamiento, igualmente ilegal, de un trabajador que participó en la huelga nacional contra el proyecto fiscal del año pasado 2018, quien sufrió presión durante 3 meses causándole grave daño en distintos órdenes, pues estamos de cara a un cruel episodio y un precedente nefasto de la criminalización de la protesta social en el marco de un proceso de deterioro paulatino de las libertades democráticas y, específicamente, las de orden sindical.

San José, martes 3 de diciembre de 2019.

-Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

-Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS)

-Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (ASDEICE)

-Sindicato de Ingenieros Profesionales del Instituto Costarricense de Electricidad (SIICE)

Ante la pretensión de reactivar la minería en Crucitas

– Proyecto de  ley que permite la minería es inconveniente

-Abandono de comunidades fronterizas propicia que sean vulnerables a la minería ilegal

Por: organizaciones ambientales

(Ciudad Quesada). El 11 de setiembre, los diputados Jorge Luis Fonseca y María José Corrales presentan proyecto de ley que permite la explotación de minería de oro a cielo abierto, el cual es inconveniente y un retroceso.

En el año 2010, la Asamblea Legislativa de Costa Rica, aprobó por unanimidad la prohibición de la minería metálica a cielo abierto en el país.  Dicha decisión fue la culminación de una lucha ecologista de más de 30 años de muchos sectores de la sociedad costarricense, liderados por comunidades de la Zona Norte.  Esta movilización logró evitar la implantación de la minería metálica a cielo abierto en Crucitas de Cutris. 

Para Marco Tulio Araya, integrante de UNOVIDA, “la minería metálica, al igual que la extracción petrolera, responde a un modelo económico insostenible, extractivista y depredador de la naturaleza, que atenta contra la existencia misma de la especie humana en el planeta.”

Araya considera que “después de ese hito histórico, los gobiernos, (tanto el central como los municipales), que continuaron en el poder, mantuvieron en el abandono, no sólo a Crucitas, sino en general a las zonas fronterizas y costeras, a pesar de las propuestas concretas de desarrollo sostenible que se plantearon desde distintos sectores de nuestra sociedad.”

Heidy Murillo, vicepresidenta de FECON recordó que “en el 2010, en una encuesta nacional, el 90% de la opinión pública avaló y aplaudió esta prohibición al tomar conciencia de los impactos que provocan.”

Por su lado el exdiputado Edgardo Araya señaló que “desde el sector ambientalista realizamos propuestas concretas de inversión pública y de reactivación económica sostenible para la zona de Crucitas, tanto con el Gobierno Central, como con la Municipalidad de San Carlos y el INDER, sin que esas instituciones le dieran seguimiento y apoyo a esas propuestas sostenibles y alternativas a la minería metálica”

Para Mauricio Jiménez, presidente de UNOVIDA, una propuesta concreta y económicamente viable, es la adquisición, por parte del Estado, de la finca afectada por la minería ilegal, con el fin de tener un mayor control público de la zona y establecer ahí, además de una academia policial, un Centro de Investigación y Capacitación en Desarrollo Sostenible, administrado por las universidades públicas y con una propuesta de financiamiento con cooperación internacional en desarrollo sostenible.

Araya señaló que “los dos últimos gobiernos no han pasado de proponer “Planes de Atención Integral”, que a la fecha no se han materializado en acciones concretas para solucionar la problemática de la zona.”

Desde las organizaciones ambientales mantenemos con firmeza nuestra oposición a reactivar la minería industrial de oro a cielo abierto. Reiteramos nuestro compromiso en defensa de la naturaleza y las comunidades que dependen de ella. Apostamos por un modelo que garantice vida digna a las generaciones que aún no han nacido y la minería a cielo abierto no es el camino.