Autor: ANEP

Benjamín Sevilla García, Secretario de Juventud ANEP

Desde hace algunos días vengo leyendo y siguiendo el pensamiento de don Pablo Barahona Kruger. Me impresionó su manera directa, informada y sagaz que tiene para abordar los temas del momento. Me agradó, aún más, saber que es una persona relativamente joven, pero que ante las adversidades que enfrenta la política nacional no se acomoda con la estrategia inerte de los tontos, sino que asume un rol de crítico propositivo.

Nunca he tratado personalmente a don Pablo, sé que es abogado y profesor universitario y que, en ocasiones, critica fuertemente nuestras estrategias de lucha. Tampoco necesito que una persona coincida en todo con nuestras ideas para felicitarla o, mejor dicho, reconocerle su valor e inteligencia.

Costa Rica precisa de la participación enérgica de una juventud pensante, de hombres y mujeres que antes de decir sí, o decir no, tengan un argumento razonable que sustente su posición. El señor Barahona, si ustedes me lo permiten, y si él mismo me logra tolerar la expresión, es una de esas voces peligrosas: peligrosa para los corruptos, peligrosa para los aduladores, peligrosa para los de capacidad intelectual limitada.

El citado profesor, en su momento expresó dos asuntos muy interesantes respecto del caso “Cementazo” – que socialmente es considerado uno de los mayores actos de corrupción del país-. Por una parte, lo que él consideró una debilidad en la investigación legislativa; por otra, las incongruencias entre los relatos que ofreció el Ejecutivo y las declaraciones de otros actores cercanos. ¿Acaso alguien se atrevió a desmentir esas aseveraciones?

En otro momento, el abogado Barahona analizando el caso crítico de Venezuela, y para despejar dudas de una vez, no sólo desde el fracaso del socialismo, sino también desde el fracaso del capitalismo en los años ochenta, lanzó una pregunta que aún se espera las autoridades estatales puedan responder, en virtud de que Costa Rica asume ciertas conductas y posiciones respecto de la realidad internacional: ¿Debajo de cual piedra estarán ahora los campeones de la democracia y los derechos humanos?

Por otra parte, y como acto de constancia de esa manera directa y franca que caracteriza a don Pablo, se atrevió a decir que hoy “es necesarísimo que se imponga en el país un límite penal preciso a la usura”. Esto, naturalmente, es un golpe para aquellas personas que se benefician desmedidamente a costa de las personas más humildes. Tampoco se escucha que haya un interés, al menos por decencia política, para entrarle en serio al asunto.

Ante la posibilidad de que ninguno de los casos anteriores haya sido suficiente para alertarnos del tipo de politiquería que vive el país, advierte Barahona que “la reforma judicial está siendo impulsada desde adentro y, al mismo tiempo, hacia adentro”. Lo ideal es que se hable de independencia judicial para beneficio de la ciudadanía y no para provecho de una casta privilegiada. Señala que la reforma judicial se está dando con el silencio cómplice de académicos y la poca incidencia de los litigantes.

Esta es sólo una pequeña parte de los motivos por los que considero al mencionado profesor una de las voces peligrosas. Se entiende que no sigue la corriente, que no se deja doblegar por intereses espurios y que razona serenamente quiénes merecen su aplauso.

Finalmente, en ejercicio de mi libertad de expresión hablo en favor de las personas que así lo considere pertinente, con la autoridad moral de quien no le debe favores a ningún partido político, pues no milito en ninguno de ellos.

Benjamín Sevilla García

Secretario de Juventud / Junta Directiva Nacional ANEP

El aborto provocado, más allá del criterio que cada persona pueda tener al respecto, constituye un tema apasionante para el debate, particularmente en el estadio de la discusión jurídico penal. Es posible que el interés que suscita dicho tema guarde relación con el concepto que se tenga de vida: como valor superior absoluto o, como un bien jurídico sujeto a valoración. En el primer caso, la vida debe gozar de protección absoluta y en el segundo, la protección permite excepciones ante casos muy calificados.

La protección absoluta de la vida parece no tener sustento en nuestro Código Penal. Quizá los ejemplos más destacados sean, las causas de justificación que se refiere a “aquellas circunstancias que, conforme a la ley, hacen desaparecer la antijuricidad de un acto típico”. Es decir, que cuando hay conflicto entre dos bienes jurídicos, prevalece el más importante. Los casos que tradicionalmente se valoran son: la legítima defensa, estado de necesidad, ejercicio legítimo de un derecho y cumplimiento de un deber.

La figura del aborto provocado se debe valorar con la seriedad que el caso amerita, para determinar con precisión, en cuáles circunstancias se podría justificar su práctica, de acuerdo con el marco normativo del bloque de convencionalidad; y, en cuáles casos, la práctica está prohibida y penada.

La tendencia moderna de ciertos grupos de activistas está orientada hacia la despenalización del aborto libre, aludiendo, entre otras razones, a la libertad que tiene la mujer para elegir sobre su propio cuerpo. Por otra parte, grupos religiosos y activistas opuestos, objetan la práctica por considerarla un grave delito de homicidio que debe ser castigado con la pena correspondiente.

En cualquiera de los casos, la discusión se torna interesante porque influye directamente sobre la política criminal y ésta a su vez, incide en el Derecho penal.

El análisis que se hace del aborto provocado resiste otras discusiones que vale la pena estudiar como son, vida independiente y vida dependiente; momento a partir del que se tutela la vida; eliminación o interrupción del embarazo; caso calificados como el de riesgo para la madre; y, el propio concepto de persona, en el marco de un Derecho penal de ciudadanos o bien, en el marco de un Derecho penal de enemigos.

Algunos autores, como Jesús María Silva Sánchez mencionan que las verdaderas no personas del Derecho penal moderno son los absolutamente excluidos, esos que en el Derecho penal son tratados como animales o cosas, circunstancias que concurren de modo esencial en el ser humano concebido y no nacido (dependientes como enemigos). Se habla aquí de esos seres humanos que también son valorados como “fuentes de riesgo”. “El aborto provocado es, pues, la destrucción de la vida del concebido y no nacido que, siendo indeseado, es percibido como una carga, o fuente de displacer”. Sin embargo, esto aplica para aquellos casos en los que el aborto es realizado por un aspecto voluntario o de placer, sin que medien circunstancias de justificación válidas.

Es importante señalar que, si se despenalizan ciertos abortos o, mejor dicho, si la ley expresamente indica cuáles abortos no son punibles y se supera la discusión respecto de los casos que médicamente justifican la conducta, no se debería hablar de la exclusión del concebido no nacido. No ocurre lo mismo en aquellos casos en los que la norma trata de establecer, para la práctica libre del aborto, a partir de cuántos días o semanas es un embrión, una persona, etc. En este segundo caso, es más que obvio que lo que se trata de desarrollar es un Derecho penal de enemigos, personas que son excluidas porque no se les reconoce como tales.

En todo caso, lo que no se debe permitir en un Estado de Derecho es que, se dé una deliberada exclusión de seres humanos de su condición de persona, que no se observe a los no nacidos o “indeseados” como enemigos, sino como personas frágiles que requieren la tutela de sus derechos. Pero, no se puede caer en los extremos de negar toda posibilidad de aborto cuando ello sea requerido por el comprobado riesgo que corre la vida de la madre.

No es posible que, por el temor a sacrificar bienes y libertades, como dinero y movilidad, las personas consientes decidan terminar con la existencia de un ser humano, tampoco es de recibo alegar que la libertad está por encima del valor de la vida, como una estrategia para justificar el aborto con base en la libertad que la mujer tiene para disponer de su propio cuerpo.

En Costa Rica el aborto impune (algunos lo llaman terapéutico) se da por disposición legal en el artículo 121 del Código Penal, cuando la vida o la salud de la madre corra peligro. Sin embargo, se considera que el concepto de salud que recoge la norma es un concepto jurídico indeterminado, va a depender de lo que un médico interprete por salud, dejando la práctica del aborto a criterio de dicho médico. Por ello, se alega que es importante una norma técnica que aclare desde las ciencias médicas cómo debe comprenderse.

Quienes están de acuerdo con la “Norma Técnica” indican que se trata de unificar un criterio científico y necesario, del concepto de salud al que los médicos deberán atender sin objeción alguna. Las personas que se oponen a ella, alegan que lo que se busca es abrir portillos para permitir la práctica del aborto libre, o la ampliación de supuestos bajo los que se permitiría, sin mayores restricciones, la práctica.

El aborto es un tema polémico, aún en las sociedades más progresistas y avanzadas, ha generado discusiones serias. Lo que no se debe permitir es que, se deje de atender otros temas que son sumamente importantes y que toda la discusión gire en torno al aborto. Sería vergonzoso que un asunto tan sensible sea utilizado para distraer la atención y generar cortinas de humo.