PLN: dedo acusador manchado de traición

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La persecución política que a lo interno del Partido Liberación Nacional (PLN), está sufriendo el actual legislador del mismo, el joven Daniel Ulate Valenciano, nos certifica para reafirmar lo que hace tiempo venimos sosteniendo: ese partido puede ser cualquier cosa menos socialdemócrata.

Disculpen las personas que todavía a estas alturas del desarrollo involutivo del PLN, creyendo en la validez política del pensamiento socialdemócrata, siguen dentro del mismo; sin embargo, lo que le está pasando al diputado Ulate Valenciano no debería dejarles ya duda alguna DE que ahí, en el actual PLN, dada la cúpula de poder que actualmente lo controla, ya no hay nada que hacer.

El mencionado parlamentario cometió la inaceptable “herejía”, la imperdonable “delación”, haciendo gala de una consecuencia política con su propio pensamiento, de decir a viva voz, vía prensa, que la fracción parlamentaria liberacionista está siendo “sometida” a presiones indecorosas por parte de una mega-conglomerado corporativo-empresarial, ligado al comercio de bebidas, dado que a éste no le estaría siendo grato la tramitación de una iniciativa de ley que, de una manera u otra, podría impactar -para bien del país-, los niveles de contrabando de ciertas bebidas espirituosas, reduciéndolos. Esto no sería aconsejable para las cifras de negocios de quienes tienen ya un control prácticamente absoluto de este tipo de mercado. Por supuesto que, como era lógico suponer, la entidad empresarial aludida salió a negar enfáticamente el dicho del legislador Ulate Valenciano y hasta anunció que le llevará a los tribunales. Lo anterior pareciera ser el mar de fondo en todo esto.

Porque el ataque que este diputado está recibiendo de parte de su propia bancada parlamentaria (que lo echó de la misma), por parte de la instancia de ética del PLN (que le abrió un proceso “investigativo”); y, por parte del propio presidente del mismo, el señor Guillermo Constenla Umaña, quien le acusó de “traidor” y le instó a entregar la curul legislativa y abandonar el PLN; no guarda proporción ni  razonabilidad lógica con el “gran delito” que él, el diputado Ulate Valenciano, cometió por presentarse a un acto proselitista de una presunta amistad personal candidata a renovar su puesto como alcalde de Atenas, siendo que éste es “archienemigo” político del PLN, pues milita en el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Y es aquí donde cabe hacerse varias preguntas. Al dimensionar y poner en perspectiva la grave “traición” del diputado Daniel Ulate Valenciano, se pregunta uno, ¿cómo se califica la acción de Antonio Álvarez Desanti, nuevamente en las filas del PLN, cuando se fue de dicho partido echando sapos y culebras, particularmente contra el expresidente Óscar Arias Sánchez y sus acólitos?; ¿se pregunta uno cómo se puede calificar la actuación de don Johnny Araya Monge cuando dejó botada la segunda ronda electoral de las elecciones presidenciales de 2014, siendo él, candidato finalista de segunda vuelta; y cómo se califica su actuar cuando se fue del PLN y se cobijó con un partido “cristiano” para volver a la alcaldía de San José; y ahora, bajo bandera liberacionista pretende continuar en tal cargo según se postula para las elecciones de este 2 de febrero de 2020?  Y, en el caso del distinguido ciudadano, a quien respetamos mucho, don Rolando Araya Monge que ahora volvió al PLN, pero se fue de él alegando que éste era un cucarachero. ¿cómo se calificaría? ¿Es que acaso estas situaciones no son típicas del cargo de “traición”? … Y si nos metemos al asunto de los principios, postulados, valores socialdemócratas originales, aquí se habría que poner la palabra-concepto traición sin comillas.

¿Cuáles son, realmente, las verdaderas lealtades de la cúpula del PLN en la actualidad? A juzgar por el tratamiento dado al joven legislador Daniel Ulate Valenciano, con relación al que le han dado a los tránsfugas redimidos mencionados en el párrafo anterior; tales lealtades no son para con los ideales y el legado de figuras históricas del liberacionismo como don José Figueres Ferrer (Don Pepe), don Rodrigo Facio Brenes, don Daniel Oduber Quirós, entre otros patricios de esta colectividad de tanto impacto en el desarrollo costarricense pero que, hoy en día, menos de una quinta parte del electorado ciudadano nacional le sigue creyendo.

Particularmente resulta sumamente interesante observar cómo la reacción fuerte de la cúpula liberacionista en contra del presunto acto de “traición” que habría cometido el citado legislador asistiendo al acto de su “archienemigo” partidista, el PUSC; mostró una articulación de ataque desde ciertas matrices mediáticas promotoras del periodismo de odio en el país y desde la propia fracción parlamentaria del PLN. ¡Por Dios Santo! Si hoy en día, el PLN y el PUSC la misma cosa son y ambos son co-gobierno con el PAC de Carlos Alvarado Quesada. Y las tres colectividades partidarias, con la misma vinculación político-ideológica, sirven dócilmente a los intereses de negocios que dejó en evidencia el citado legislador Ulate Valenciano. ¡Qué pena por el PLN! Con el dedo manchado de traición, fue acusado, sentenciado y ejecutado este diputado.

La huelga y el efecto desaliento

Lic. Benjamín Sevilla García, Secretario de Juventud ANEP

La doctrina del efecto desaliento es una argumentación jurídica que tiene lugar en el ámbito de los derechos fundamentales. El Derecho de Huelga, sin objeción alguna, califica dentro de este rango por estar fundado en nuestra Constitución Política.

Como derecho fundamental, la huelga requiere ser valorada en su real dimensión por la normativa doméstica. Sin embargo, la huelga también constituye un Derecho Humano tutelado en algunos instrumentos jurídicos de alcance regional que, a su vez, son parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Lo anterior implica que, el ejercicio del derecho a huelga requiere de una inteligente y especial atención, no sólo por constituir un derecho generador de otros derechos fundamentales, como las libertades de expresión, asociación y pensamiento; sino por el rol que juega en el fortalecimiento de la democracia, en aquellos asuntos relativos al equilibrio del poder y a la participación política; aspectos que son ampliamente valorados por la normativa internacional.

El efecto desaliento entra en juego cuando se trata de limitar el ejercicio del derecho a huelga. La simpática manera de justificar la limitación es manipulando los alcances y las aplicaciones del principio de proporcionalidad. Ante el razonamiento de que una huelga “impide” el disfrute de otros derechos fundamentales de la población, se buscan alternativas jurídicas o las medidas más gravosas orientadas a impedir el ejercicio del derecho. En esta lógica, no se quita el enunciado constitucional, sólo se elimina la libertad para su ejercicio, se anula toda posibilidad práctica de huelga.

El efecto desaliento respecto de la huelga, consiste en hacer que su tramitación previa sea excesiva; que sus fines se limiten a la defensa de unos cuantos de derechos; que sólo persiga los intereses de un pequeño grupo de personas y no los derechos económicos, sociales y culturales de toda la población trabajadora; que los temas a defender sean mínimos, que no tengan que ver con políticas públicas; y, que, cualquier exceso, por mínimo que sea en el ejercicio de la libertad de expresión de un sindicalista, constituye razón suficiente para llevarlo a juicio o condenarlo; sin importar que la frontera que separe lo lícito de lo ilícito de ese posible exceso, carezca de una adecuada delimitación.El legislador puede y debe crear mecanismos que sancionen los abusos en el ejercicio de un derecho fundamental. Pero, únicamente, cuando el ejercicio sea injustificadamente lesivo para otros derechos fundamentales. Lo que se busca es que las personas no pierdan la motivación de hacer valer sus derechos por el temor a cometer un error o sobrepasar los límites, algo así como evitar la autocensura.

El ejemplo clásico y sencillo de comprender el efecto desaliento se encuentra en las palabras de Juan Antonio Lascuraín, “si yo deseo que mis invitados paseen por mi finca, cosa que es excelente para su salud y para su sosiego, pero les aviso que hay algunas zonas con arenas movedizas que les podrán tragar para siempre y les aviso, además, de que no están claramente señaladas esas zonas, lo que harán mis invitados es no pasear.”

De manera que, el ejercicio del derecho a huelga como un derecho fundamental ligado a la libertad de expresión no permite que se fijen sus límites de manera tan exacta. Cualquier decisión apresurada haría que la norma se vuelva más difusa o termine conduciendo a la criminalización de la huelga. Y, en este sentido, por tratar de sancionar un comportamiento considerado “reprochable”, lo único que se logrará es desalentar el ejercicio legítimo de un derecho y la participación de grandes sectores en la vida pública del país.

El peligro de promover acciones que faciliten el efecto desaliento respecto de la huelga no sólo radica en la desincentivación de la participación democrática directa de la ciudadanía trabajadora en los temas país y la crítica a las decisiones políticas; sino que el sentimiento de repudio por no poder expresarse se podría ir acumulando progresivamente hasta llegar a manifestarse en alguna acción violenta. Por ello, algunos expertos en sociología observan en el fenómeno de la huelga una válvula de escape que no debería ser limitada o bloqueada.

El Ministro de Hacienda que impuso el Banco Mundial

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Al ciudadano costarricense “banco-mundializado”, don Rodrigo Chaves Robles, le han encomendado hacerse cargo de la cartera de Hacienda, el ministerio de mayor relevancia en tiempos del ajuste estructural neoliberal.

Se destaca que ha estado laborando para el Banco Mundial durante los últimos 27 años, resaltándose su papel en Indonesia, un país de casi 270 millones de habitantes, el 52 % de los cuales tiene que vivir con menos de 2 dólares diarios.

Su antecesora en el cargo, doña Rocío Aguilar Montoya, desde la perspectiva de los sectores populares, sociales y cívicos, salió por la puerta de atrás: varias veces violó la Constitución Política, quedando impune por ello. Algo de extrema gravedad, pero no para los mercados.

Además, su ideológica macro-fiscalidad (con el aval de Carlos Alvarado Quesada), es la responsable de que miles de compatriotas se hayan empobrecido desde la entrada en vigencia del combo fiscal, impulsando el tránsito por la vía dolorosa de la confrontación social abierta al que parecen querer llevar al pueblo costarricense, insistiendo en políticas económicas fracasadas inspiradas en el neoliberalismo. Aunque ya tienen miedo y por eso buscan imponer la “ley mordaza”.

La coalición político-ideológica y económico-mediática que nos gobierna celebra la designación de don Rodrigo. Poco les duró el “llanto” por la salida abrupta de doña Rocío. ¡Muerto el rey (o la reina), viva el rey! “Todo sigue en su lugar” (así decían en Chile, hasta hace poco).

Entendemos que doña Rocío y don Rodrigo son personas asociadas a la Academia de Centroamérica. “De casualidad”, el señor presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), don Rodrigo Cubero Brealey ¡también lo es! ¡Todo queda entre familia! La familia ideológica del neoliberalismo cubierta por ese techo académico. ¡El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial nos tutelan directamente!

Don Rodrigo, según le “pidió” Carlos Alvarado Quesada, vendrá para mantener, como su tarea principal, la estabilidad de las finanzas públicas de Costa Rica (muy alicaídas, por cierto, pues su antecesora nos dejó con más deuda, con más pago de intereses y con más déficit). Por cierto, eso de que fue el mandatario quien lo eligió al ver su currículo, nadie en los sectores sociales se lo cree. ¡El Banco Mundial lo impuso!

Se pretende, según el nuevo ministro, “mejorar la eficiencia y calidad del gasto”, para que haya una “prosperidad” en beneficio de toda la población. Eso sí, “con un manejo macroeconómico responsable”.

¿Cuál “manejo macroeconómico responsable”, con una evasión tributaria y elusión fiscal entre los 6 y los 8,5 puntos PIB?

¿Cuál “manejo macroeconómico responsable”, con el perverso sistema de exenciones-exoneraciones de 6 puntos PIB?

¿Cuál “manejo macroeconómico responsable”, con un cobro de intereses de la deuda pública rondando los 4 puntos PIB?

¿Cuál “manejo macroeconómico responsable”, si ya no se tienen, al menos, 2,5 puntos PIB dejados de percibir en aduanas por esos TLC del falso libre comercio?

¿Cuál “manejo macroeconómico responsable”, si las grandes corrupciones, con ropaje legal o sin él, representan hasta un 7 % PIB, según el International Control Strategy Report (Volume I: Drug and Chemical Control), emitido por el Bureau For International Narcotics And Law Eforcement Affairs, del United States Departament Of State? (marzo 2018).

¿Cuál “manejo macroeconómico responsable”, si los dineros sucios del crimen organizado y del narcotráfico, circulando en nuestro país, podrían estar por encima de los 6 puntos PIB, según Central America Data/Global Financial Integrity, para 2014?

Básicamente, la preocupación de don Rodrigo (como la fue la de doña Rocío), es el “manejo macroeconómico responsable” que le interesa al sector bancario-financiero del país; ese mismo que tenía atesorados, a setiembre de 2018, casi 33 mil millones de dólares, según datos del propio BCCR.

Ese “manejo macroeconómico responsable” tiene a 1 de cada 4 costarricenses en la pobreza; ese “manejo macroeconómico responsable” tiene a un millón de personas en la informalidad; ese “manejo macroeconómico responsable” tiene precarizados los salarios, reducido en su poder adquisitivo y con alto endeudamiento personal; ese “manejo macroeconómico responsable” tiene en la quiebra a cientos y cientos de micro, pequeñas y medianas empresas; ese “manejo macroeconómico responsable”, tiene a casi toda la población agricultora del país en desesperante quiebra económica; ese “manejo macroeconómico responsable” tiene un desempleo abierto de casi el 12 %, aunque ya supera el 20 % si le agregamos el desempleo encubierto.

Ese “manejo macroeconómico responsable” es el que generó el estallido social en Chile. Ese “manejo económico responsable” es que hace el neoliberalismo. La gente no come macroeconomía. ¡La plata no alcanza! ¡Nos conducen por ese tormentoso camino!

¡Ilusos! ninguna ley parará la lucha por la justicia social

¡Terriblemente sordos! El alto nivel de sordera política que ha alcanzado la clase política gobernante, la formal y la real, es de tal calibre que les lleva a impulsar, abrupta y alocadamente, la ley para eliminar las justas aspiraciones populares que, inapropiada e indebidamente atendidas, encuentran en la huelga una legítima forma de expresión; situación ésta demostrada en todas las épocas, en múltiples países y generadas por las más diversas circunstancias; es decir, no existió, no existe, ni existirá ley alguna que detenga la lucha social cuando ésta es justa.

¡Ilusos! La mayoría parlamentaria mecánica actual, misma que tramita en sede legislativa las directrices políticas que emanan de parte de la clase política realmente gobernante, en contra de la organización popular de los sectores laborales y sociales reiteradamente expoliados; está convencida de que una ley anti-huelgas detendrá la lucha social; como si una ley pudiera quitar el hambre de los estómagos de la gente que, a la vez que crece en incertidumbre sobre su futuro, crece en número, en cantidad: el mundo de las personas excluidas y las que están por serlo en el corto-mediano plazo.

¡Están asustados! A un año del gran movimiento de resistencia popular contra el ajuste fiscal de corte neoliberal, el potencial social de insumisión ha crecido en cantidad. Las encuestas del recién terminado año 2019, lo muestran. Esos grupos de poder político-económico, los del poder real especialmente y sus gerencias político-ejecutivas del poder formal, tienen bien claro que, en determinado momento habrá un ajuste de cuentas en la medida en que la polarización por la concentración de la riqueza adquiera carácter estratégico y trascienda el plano de lo coyuntural-circunstancial.

¡Tienen miedo! El miedo a la reacción civil de amplia base, la cual puede ser impulsada desde aquellos sectores sociales de mayor conciencia, les lleva a creer que una determinada legislación puede cortar de raíz los anhelos por brindar una mejor calidad de vida a la creciente población que está notando que ello ya no es posible, en el marco de este modelo económico distribuidor de pobreza y de exclusión. Y este tipo de impulsos, también puede materializarse en reacción social de furia sin que organizadamente se le haya calentado.

¡Se han deslegitimado! Hemos llegado a un punto en que la real legitimidad del gobernante no es la que sale de la urna electoral. Esta, la de la urna, es casualidad. La casualidad producto de un montón de plata, de dudosa procedencia, usada en la campaña electoral. La casualidad que da haber contado con el visto bueno o el beneplácito de un grupo mediático de fortaleza económica, de gran habilidad manipuladora. La casualidad que da cambiarse de partido y de ideología como es cambiarse de ropa interior. La clase política gobernante, especialmente la del poder formal actual, está deslegitimada y por eso recurre a todo tipo de medidas de coerción contra la organización popular y su expresión callejera pacíficamente mostrada.

Ese proceso de deslegitimación de la tradicional clase gobernante (y la que recién llegó a tal nivel de cúpula político-ejecutiva), lastimosamente no se corresponde con el surgimiento de la necesaria legitimidad alternativa, destinada por designio histórico a la imposición de nuevas formas de Democracia realmente inclusiva. Pero, no siempre será así.

Ese proceso de deslegitimación de la tradicional clase gobernante tiene bases objetivas e ineludible impacto en la vida de la mayoría de la población costarricense actual; especialmente con la imposición del detestado combo fiscal-ley 9635, en diciembre de 2018. Cierre de negocios, quiebra de micro-pequeñas y medianas empresas, desempleo abierto llegando al 15% y una cifra igual del que se cataloga como encubierto; precarización y rebaja salariales; inseguridad laboral, despidos masivos, pequeños y medianos productores agropecuarios al borde de la quiebra; juventud sin futuro, fraude fiscal incorregible, sistema tributario perversamente injusto; violaciones de Derechos Humanos, criminalidad que no cede y narco que avanza.

Cada una de estas circunstancias, de un modo u otro, alimentan la sensación de molestia colectiva y el enojo cívico, así como la necesidad de autodefensa individual, familiar y colectiva. Es decir, no ha habido una época como la presente, en la cual el alimento para la lucha social esté tan abundante, tan espeso, tan explosivo. De verdad que son ilusos, creyendo que una ley detendrá la derivación lógica de la reacción organizada cuando la gente se siente amenazada en su propia existencia y en la existencia de las personas más cercanas, las que le son queridas, las que le son amadas.

¿Por dónde reventará todo esto?

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Las últimas dos encuestas (con todas las reservas que generan, pues eso de que son “neutrales”, hoy más que nunca no es de mucha aceptación que digamos) coinciden en que Carlos Alvarado Quesada es un fracaso (el fraude político por él ejecutado ya es inobjetable); que el Gobierno es un desastre; que el rumbo que le impusieron al país va en la dirección contraria al sentir de la abrumadora mayoría; que sigue la corrupción, el tráfico de influencias, el “amiguis”; que se hace política pública para favorecer al alto corporativismo empresarial; que la gente señala el desempleo, costo de vida y situación económica como sus grandes preocupaciones; que el narco avanza; que los asesinatos y crímenes rebasan a las autoridades; que…; que…

Tanta bronca acumulada, tanta frustración en crecimiento, tanta gente con hambre; tantas personas usureramente endeudadas; tantas micro, pequeñas y medianas empresas dejando de existir y/o acorraladas; tanto agricultor en camino rápido hacia su extinción: etc., etc. Esto representa un conjunto de síntomas de una sociedad que está siendo llevada a niveles extremos de tolerancia y de paciencia que parecen agotarse.

Usted que lee esto sabe que todo esto está ocurriendo. En mayor o menor medida, según circunstancias sociales, económicas, demográficas, geográficas… ¡pero está pasando! 

Nos preguntamos: ¿Por dónde reventará todo esto? Pero, en verdad, ¿reventará? Si así fuera, ¿cómo reventará? ¿Anárquicamente? ¿Violencia política? ¿Secuestros selectivos? ¿Saqueos? ¿Huelga o paro nacional articulado o espontáneo? O, ¿combinando las dos situaciones?… ¿Se “caerá” el Gobierno? ¿Terminará Alvarado Quesada su gestión?

Cuesta creer que haya amplios sectores de la ciudadanía que, en estos momentos, se estén preguntando tales cosas. Efectivamente, el descontento es mayúsculo. 

Los de la otra acera piensan en estas cosas y están tomando medidas. 

Por ejemplo: se mandaron a “bunkerizar” (edificio legislativo). Se han construido el mejor “monumento” que puede simbolizar la creciente distancia entre el gobernante y los gobernados.

Están a punto de imponernos la “ley mordaza”; impulsan iniciativas de disolver sindicatos; decidieron penalizar-criminalizar el accionar del dirigente sindical y social; se da fuerte intensificación del periodismo de odio; continúan la agresión psicológica y el terrorismo ideológico contra la población; y se potencian similares tropelías para mantener un statu quo perversamente concentrador de riqueza en el marco de la entronización del autoritarismo en Democracia y hacia el totalitarismo político.

El cinismo político, paralelamente, no tiene antecedentes similares. Alvarado dice ser el Presidente del 100% de los y de las costarricenses. ¿Se lo creen ustedes? El Parlamento más pro empresarial de los últimos años se apresta a legislar para instaurar jornada laboral de 10 horas. ¡Inaudito! ¿A esto le llaman “reactivación económica”? Se gestan despidos masivos de empleados públicos para 2020… ¿También es esto “reactivación económica”? (Así lo ha anunciado el órgano oficial del sector financiero dentro del conjunto del grupo de medios del odio).

¿Por dónde reventará todo esto? De verdad que todo esto es muy grave… Lo que pase, sea lo que pase, no fue el pueblo el que lo provocó. ¡Asuman ustedes las consecuencias!

ANEP defiende los derechos de trabajadores de fincas bananeras y de piña

Ligia Solís Solís, integrante de la Junta Directiva Nacional de ANEP y asesora sindical del sector privado, explica la situación laboral en algunas fincas bananeras y piñeras de Costa Rica.

(Video) La Asociación Nacional de Taxistas-Seccional ANEP solicita que se les exonere del pago del marchamo 2020

La Asociación Nacional de Taxistas-Seccional ANEP solicitó, este martes, al Consejo de Gobierno, que se les exima o exonere del pago del marcho del año 2020, debido a la difícil situación económica que han enfrentado en los últimos años con la entrada de aplicaciones que brindan el servicio ilegal de transporte de personas.

Para este grupo de taxistas, las congojas económicas de los taxistas no ha sido culpa de los concesionarios, sino más bien del Gobierno por no hacer cumplir la ley.

 “La situación socioeconómica que actualmente están viviendo los compañeros taxistas, sean éstos concesionarios o choferes en general de taxis, es simplemente caótica, provocando, inclusive: divorcios, suicidios, indigencias y hasta criminalidad, y pobreza en general”, indica la carta.

Algunas de las justificaciones para que se les exonere del pago del marchamo es que desde el año 2009, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), no ha actualizado los datos que alimentan la tarifa ordinaria de taxis, siendo omisa en realizar sus funciones básicas y obligando a los taxistas a cobrar tarifas mal calculadas.

Y aunque, se supone, que los servicios ilegales de porteadores se mantuvieron en el 2011, año en el que se aprobó la Ley 8955, para ponerle fin a los porteadores del transporte público. Actualmente, pese a contar con esa ley, se sigue practicando el “porteo” y el ministro de Transportes, haciendo poco o nada por detener este servicio ilegal.

En el año 2015, aparece el servicio de transporte ilegal Uber y pese a las solicitudes de los taxistas, el propio Gobierno, así como las diferentes entidades involucradas en el tema, así como el mismísimo Presidente de la República, se niegan a cumplir las leyes vigentes.

“Entre el 2015 y el 2017, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), de la Universidad de Costa Rica (UCR) contratado por la ARESEP , mediante contratación numero: 12-ARESEP-2015, realizó el estudio de actualización y determinación de los valores de los parámetros operativos e indicadores de rendimiento de los servicios de transporte remunerado de personas modalidad taxi, (…) con dos años de estar operando ilegalmente en el país realiza muchos de los viajes que deberían de realizar los taxistas  provocando un  perjuicio económico a los  taxistas”, agrega la carta.

“De no poder o tener voluntad el Gobierno de eliminar este pago para los concesionarios, les solicitamos que se autorice una línea de crédito en cualquier banco del Sistema Bancario Nacional, únicamente para los concesionarios de taxis, con cero requisitos, y con cero tasas de interés y a un plazo de seis meses contados a partir del mes de enero del 2020; pudiendo hacer abonos sin un monto mínimo”, finaliza el documento entregado al Consejo de Gobierno.

Carta entregada al Consejo de Gobierno

Carta de ANEP-Taxistas a Consejo Gobierno by EugenioGuerrero on Scribd

San José, martes 05 de noviembre de 2019.

ANEP presenta observaciones para la opinión consultiva elevada a la CIDH sobre Libertad Sindical

Este lunes 13 de enero, la ANEP presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, observaciones para la opinión consultiva, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la Corte, en el que se aborda el peligro de eliminar el Derecho Humano Constitucional de Huelga.

La “ley mordaza” y la violación de derechos humanos y constitucionales

En estos momentos, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (Sala IV), analiza los contenidos del Expediente Legislativo No. 21.049, oficialmente denominado Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos, popularmente denominado “ley mordaza”.

Desde nuestra perspectiva, esta legislación resulta imprescindible para los sectores hegemónica e ideológicamente dominantes, a fin de imponerle a la sociedad medidas más crudas con relación al desmontaje de lo que queda del Estado Social de Derecho; para dar paso a la preponderancia absoluta del mercado total como regulador de la convivencia nacional. Es lo que llaman algunos como la neoliberalización completa de Costa Rica.

Pese a nuestra visión de tal proceso, misma que es compartida por amplísimos sectores más allá del ámbito sindical, destaca la circunstancia de que sin apasionamientos políticos ni sesgos ideológicos, el Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH), presentó a la Sala Cuarta un documento en el que técnicamente demuestra que el proyecto de ley-expediente legislativo Nº 21.049, Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos tiene vicios que contravienen otros derechos humanos contenidos en la Constitución y en tratados internacionales de Derechos Humanos ratificados por Costa Rica.

Notemos que los expertos del IIRESODH han auscultado el proyecto “ley mordaza” desde el ámbito sensible de los Derechos Humanos, en el marco de toda la normativa internacional que los rige y la cual está totalmente en vigencia en Costa Rica; trascendiendo su análisis del aspecto constitucional contenido en la carta magna nacional.

Es decir, la “ley mordaza” tiene dos tipos de problemas: de orden constitucional y de eventuales violaciones de Derechos Humanos. ¡Casi nada!

Se han puntualizado los severos riesgos de que se apruebe una ley que sería, de inicio, inconstitucional y contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales; los Pactos Internacionales de Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos y Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y criterios consolidados de su Comité de Libertad Sindical.

El documento del IIRESODH estudia la relación intrínseca entre la Libertad Sindical y los derechos colaterales que lo hacen viable (derecho a asociarse libremente a sindicatos, derecho a reuniones públicas y pacíficas y libertad de expresión), donde la libertad sindical y el ejercicio de la huelga son herramientas que ayudan no solo a balancear o a disminuir inequidades que afectan al sector laboral; sino a expresarse sobre temas de interés nacional, incluyendo asuntos de políticas públicas (mal llamadas huelgas políticas).

El debate lo centra el IIRESODH en que, si bien el derecho de huelga se puede y debe regular, esa reglamentación debe ajustarse a los estándares internacionales sin incurrir en un vaciamiento de los alcances y fines de esos derechos. Se concluye que el proyecto de ley no cumple con la validez de los límites o restricciones a los derechos de libertad de expresión, libertad de asociación y de reunión y de manifestaciones públicas y pacíficas.

El derecho a huelga no es absoluto, pero los límites a imponer también deben tener límites, que según la Sala Constitucional deben ser razonables, necesarios, idóneos y proporcionales. En el marco de los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica, deben ser restricciones previstas por ley y ser necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. El proyecto de ley no cumple con ese control de constitucionalidad y convencionalidad en muchos casos.

La huelga puede ser restringida, más no prohibida, en los “servicios de importancia trascendental”, por no poner en riesgo, como punto de partida, la vida, la salud o la seguridad de las personas en toda o parte de la población. En esos casos, la regulación debe ser a favor de la huelga permitiendo una prestación mínima de servicios que no prohíban la huelga, ni que anulen el ejercicio de otros derechos en servicios de migración y servicios aduaneros y conexos y los servicios de moneda y banca, por ejemplo.

No es posible prohibir las “huelgas políticas” o aquellas que no tengan conexión directa con la relación de empleo o incumplimientos laborales imputables al patrono porque sería una intromisión del Estado y censura previa para que las personas trabajadoras puedan manifestarse públicamente sobre grandes problemas nacionales de políticas públicas, sociales y económicas que puedan afectar sus intereses y derechos.

Las siguientes medidas que podrían ser aprobadas por ley, son contrarias a la Constitución y a tratados internacionales de Derechos Humanos porque representan restricciones a la libertad de asociación y de reunión, libertad de opinión y expresión, derecho a manifestarse pública y pacíficamente y libertades sindicales: a) La posibilidad de disolución de un sindicato por delitos cometidos por algunos de sus dirigentes. b) El establecimiento de un mínimo de personas para la validez de una huelga. c) La lista ampliada de supuestos de ilegalidad manifiesta y automática de la huelga en caso de servicios esenciales que no requeriría de trámite de calificación de ilegalidad. d) La prohibición de “huelgas políticas”, sin especificar su definición ni caracterización. e) La prohibición de celebrar huelgas por motivos por los cuales ya se celebró una en el pasado. f) La reducción retroactiva de salarios como sanción en casos de que se determine que la huelga fue ilegal. g) Limitaciones temporales al ejercicio de la huelga.