Autor: ANEP

ONU Costa Rica rectifica: el país debe cumplir con obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos

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Luego de que ANEP, UPINS, ASDEICE y SIICE dieran a conocer el pasado 10 de octubre el informe de los Relatores Especiales de las Naciones Unidas (ONU), el cual calificó el proyecto de ley que busca regular las huelgas como incompatible con los tratados de Derechos Humanos para Costa Rica, muchos sectores pusieron en entredicho este pronunciamiento.

Ante este escenario, las organizaciones sindicales antes mencionadas, enviaron una nota cuestionando y solicitando una aclaración a la oficina del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica sobre el papel y el informe de los Relatores Especiales.

Conferencia de Prensa

En la respuesta del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica, dirigida a la ANEP, UPINS, ASDEICE y SIICE, rectifican que el país debe cumplir con obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos.

“Sobre el planteamiento de su nota indico que de conformidad con las obligaciones internacionales que le corresponden al Estado de Costa Rica en materia de derechos humanos provenientes del derecho internacional incluyendo los tratados internacionales, los Estados tienen el deber de cumplir con dichas obligaciones. La Oficina de País que promueve el cumplimiento e implementación de estas obligaciones”, indica la carta OCR 029-2019, firmada por Alice Shackelford,  Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica

Respuesta del Sistema de Naciones Unidas Costa Rica

Asimismo, agregan que: “Los procedimientos especiales recogen un conjunto diverso de mecanismos que tienen como finalidad promover y proteger los derechos humanos y prevenir violaciones relacionadas con temas o situaciones particulares o examinar la situación de países específicos”.

Y en consecuencia resaltan que “los Procedimientos Especiales constituyen un instrumento clave para asegurar el cumplimiento de los DDHH en los países y sus recomendaciones deben ser consideradas oportunamente por los Estados”.

Walter Quesada, Secretario General Adjunto ANEP

ANEP, UPINS, ASDEICE y SIICE consideran oportuna la aclaración del Sistema de Naciones Unidas de Costa Rica, ante el convulso escenario que vive el país, y a la vez, agradece la iniciativa de crear alianzas con los sindicatos y los diversos sectores del país para asegurar el cumplimiento de los Derechos Humanos (DDHH), como lo indica la misiva, en la que se solicita el interés de sostener una reunión con nuestras organizaciones lo antes posible, para discutir sobre los mecanismos y acciones para cumplir tales fines.   

Rafael Mora, Asesor Político ANEP

Aclarados esos puntos, no es justificable que actores políticos, empresarios y algunos medios de comunicación debiliten el mandato de los Procedimientos Especiales de la ONU.

Conferencia de Prensa

Carta del Sistema de Naciones Unidas Costa Rica

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Carta ANEP, UPINS, ASDEICE y SIICE al Sistema de Naciones Unidas Costa Rica

Respuesta a Onu- Costa Rica – Anep-Asdeice-siiice-upins (1) by EugenioGuerrero on Scribd

Informe de Relatores Especiales de la ONU

Proyecto de Ley para regula… by EugenioGuerrero on Scribd

Robo de impuestos: cantidad gigantesca completamente oficial

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Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

Definitivamente no hay otra forma de calificar el robo de impuestos en Costa Rica, como que se trata de un crimen contra toda la sociedad. El actual ministro de Hacienda, don Rodrigo Chaves Robles, no se anduvo con rodeos: indicó, abiertamente, que la evasión de impuestos en nuestro país está entre el 6 y el 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Tomemos el 8%, cifra muy aceptada en círculos de alta seriedad profesional con conocimiento en la materia. Como cada punto del PIB equivale a 350 mil millones de colones, esos 8 puntos corresponden, anualmente, a 2 billones 800 mil millones de colones. En cifras así: 2.800.000.000.000.

Justo es indicar que un antecesor de don Rodrigo Chaves Robles en ese cargo de Ministro de Hacienda, también ya lo había señalado. Fue don Helio Fallas Venegas, en el Gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera. 

Desde una multiplicidad de sectores cívicos, académicos, sociales y sindicales el tema lleva ya muchos años de ser planteado y denunciado. En nuestro caso, desde la corriente sindical en la cual militamos, este asunto es, prácticamente, el número uno en nuestra agenda obrero-social de lucha patriótico-cívica.

Hemos invertido mucho tiempo en lecturas, estudios, foros, seminarios, eventos de la más variada índole, especialmente en el plano nacional y también en el internacional. En este caso, por ejemplo, tres de las entidades sindicales a las cuales está adscrita la ANEP tienen, también, bastante tiempo en incluir en sus agendas el tema fiscal-tributario.

Nos hemos nutrido de los aportes que en tal sentido han estado brindando tanto la Confederación de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA), la Confederación Sindical Internacional (CSI), así como la Internacional de Servicios Públicos (ISP).

Es un problema global, con espectacular impacto negativo para la integridad social en los países de la América Latina. Tan es así que esta región está conceptuada como la más desigual del planeta, precisamente por sus sistemas tributario-fiscales tan regresivos como injustos. 

Para el caso costarricense, considerando la procedencia político-tecnocrática del ministro Chaves Robles, su estadía por un cuarto de siglo en el Banco Mundial; que él reconozca los altísimos porcentajes de la evasión fiscal-tributaria con relación al PIB, hay que ponerle la firma. Y si la prensa afín u oficial al capital evasor le abrió sus páginas para que lo dijera, esa gigantesca cantidad de robo de impuestos es ahora, ¡completamente oficial!

Es que estas cantidades son, aparte de monstruosas, inmorales, antiéticas… Sencillamente estamos hablando de un crimen contra toda la sociedad. 

Por día, quienes roban impuestos en todas sus manifestaciones, por múltiples formas, utilizando recovecos legales, artimañas jurídicas o, simple y sencillamente, evasión pura y dura; se están dejando, ¡7 mil 671 millones de colones (¢7.671.000.000)! 

Redondeado: casi 89 mil colones por segundo. Unos 5 millones 300 mil colones por minuto. Casi 320 millones de colones diarios. 

A un año de la aprobación-imposición del combo fiscal, Ley No. 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, los partidos Liberación, Unidad y PAC nos tienen con salario congelado, con salarios a la baja, miles de micro, pequeñas y medianas empresas quebradas, altísimo desempleo, con la carga del IVA y con el costo de la vida siempre en alza… mientras el gigantesco fraude fiscal sigue tan campante como siempre por la protección que les dan a los ladrones de impuestos las élites políticas.

Al terminar de leer este artículo, usted habrá ocupado unos 4 minutos con 40 segundos. Eso quiere decir que mientras usted nos hacía el honor de leer de este artículo, los ladrones de impuestos se dejaron 24 millones 760 mil colones. ¿Hasta cuándo compatriotas…?

Posición de la ANEP ante posibilidad de aumento de salario a los policías de Fuerza Pública

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Mediante una nota periodística del medio de comunicación Columbia, se informó a la población sobre la posibilidad de un incremento de salario para los policías de la Fuerza Pública. El contenido de la notica apunta a que, según las fuentes de este medio, la posibilidad del aumento de salario se ha estado discutiendo desde hace tiempo, entre el Presidente de la República y el Ministro de Seguridad Pública.

Está información ha esperanzado a miles de personas que visten el pesado, arriesgado, comprometedor y digno uniforme policial. Sobra indicar que para una organización como ANEP, la única que trabaja a diario de manera seria en la defensa de las condiciones, derechos laborales y humanos del abandonado sector policial, causa una conmoción y alegría que se reconozca a los oficiales por su trascendental labor. Sin embargo, somos incrédulos del contenido de la publicación, y más bien nos parece una estratagema para intentar calmar un poco la tensión que se adueña de los policías, que han visto rebajados sus salarios, y poder adquisitivo, con la entrada en vigencia de la Ley 9635. Además de eso, hay que sumarle que la esperanza de muchos oficiales de ver sus ingresos un poco mejorados se truncó con el congelamiento de la aplicación del Manual de Clases Policiales, aprobado desde 2014 y que a la fecha sigue lejos de concretarse el ejecutivo lo paraliza.

Adoptar una posición pesimista no se funda en una cuestión antojadiza de nuestra parte. En nuestros oídos aún resuenan las palabras de los representantes del Poder Ejecutivo que integraban las mesas de diálogo, implementadas con el Encuentro Social Multisectorial. El mensaje fue muy claro, y a groso modo se puede resumir en: “no encontramos razones suficientes para darle a los policías un tratamiento diferenciado del resto de funcionarios públicos, este gobierno no tiene intención alguna de sacarlos de la Ley 9635”.

Si asuntos de más sencilla subsanación para el Estado, como los roles de servicio, reubicaciones por revanchismo, o la eliminación de nombramientos de jefaturas a dedo, no han sido resueltos, parece aún más difícil que en época de crisis se mejore la condición salarial de los policías. 

Esperemos que nuestros gobernantes viendo la situación de inseguridad que vive el país, la deserción preocupante de los cuerpos policiales, la desmotivación que impera en estos servidores de la Patria; reconsideren sus decisiones y adopten acciones que demuestren materialmente que si apoyan a los policías. Si el muy merecido incremento de salario se torna difícil, pues les recordamos que desde ANEP nos hemos cansado de insistirles que existen otras opciones, las dos primeras, muy claras y concisas, reactiven el Manual de Clases Policiales y excluyan a los cuerpos policiales del capítulo III de la Ley de “Fortalecimiento” de las Finanzas Públicas.

Esta posición de la ANEP, aplica para los cuerpos policiales que defendemos como Policía Profesional de Migración y Extranjería, Policía Penitenciaria, Policía de Tránsito, Policía de Control Fisca, así como a Guardaparques, quienes también se encuentran bajo pésimas condiciones salariales.

“Costa Rica: Una situación fiscal difícil y potencialmente insostenible”

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  • “Más ajuste fiscal durante mucho tiempo»
  • 2020: La magnitud del ajuste es dolorísimo: ¡11 puntos PIB!
  • Rocío Aguilar Montoya (y lo que ella representa) ¡nos dejó peor!
  • La más grande unidad cívico-popular y patriótica es la única salida
  • La represión político-jurídica (ley anti-huelgas) no parará la autodefensa popular

“Más ajuste fiscal durante mucho tiempo” es la cruel sentencia que desde el imperio de los mercados neoliberales nos están dictando, condenándonos a mayores niveles de tormento social y económico para la clase trabajadora y, en general, para las grandes mayorías del pueblo costarricense.

Así lo afirmó el señor Fernando Losada, Director General de Análisis de la firma Oppenheimer & Co. (New York), en entrevista que le hiciera la periodista Gabriela Frías, de la sección de economía y finanzas, Portafolio Global, de la cadena de noticias CNN en Español.

(https://www.facebook.com/100000432309268/posts/2825920864098963?sfns=mo)

Este durísimo señalamiento, ¡no nos toma por sorpresa! Tenemos una enorme cantidad de tiempo planteando que la hegemonía político-ideológica impuesta por el mismo grupo económico-financiero implantado en la gestión macro-fiscal del país, a lo largo de las últimas administraciones gubernativas (PLN-PUSC-PAC), nos conduce al precipicio.

Espeluznante es el anuncio del citado especialista, ese tipo de “gurú neoliberal” de los mercados financieros globales (que tienen tanta influencia en los sectores banquero-financieros ticos), de que para el próximo año 2020, 11 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), serán consumidos por el déficit fiscal y por amortizaciones de deuda.  

¡TRES BILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL MILLONES DE COLONES! (3.850.000.000.000), deberá cubrir el pueblo costarricense sacando plata de donde ya no tiene y/o de sus esquilmados bolsillos, para el año que ya se asoma.

¡Se fue Rocío Aguilar Montoya y la situación macro-fiscal y tributaria del país quedó peor de cuando la pusieron en ese cargo el grupo ideológico-político, económico-mediático dominante!

“Costa Rica: una situación fiscal difícil y potencialmente insostenible”, nos apunta, por su parte, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), fuente nutriente de nuestras apreciaciones macrofiscales con perspectiva socio-sindical, inspiradas en el lema de tan prestigiosa entidad independiente: Por una Política Fiscal para la Democracia y el Desarrollo; entidad que es financiada por instituciones cooperantes de Suecia.

El ICEFI “manifestó su preocupación por el nivel de déficit fiscal planteado para 2020, que según el proyecto de presupuesto alcanzaría 7.8 % del PIB, por encima del 5.8 % estimado por ICEFI para el cierre de 2019”. ¡Nos llevan al precipicio!

La impagable, para nosotros, deuda pública es una candela de dinamita del más puro TNT: vamos hacia la fatídica cifra de 40 mil millones de dólares. Por eso el ICEFI afirma que la deuda pública tiene rasgos de insostenibilidad.

Para salva la Paz, la estabilidad política hoy sumamente frágil y la Democracia misma, Costa Rica ocupa, por una parte, la más grande gesta de Diálogo Social jamás emprendida antes de que el hundimiento sea irreversible.

Además, particularmente, se ocupa de una Transformación Tributaria Estructural. Actualmente, la carga tributaria es rígida, los resultados del combate a la evasión tributaria son muy pobres, la estructura tributaria no permite el combate a los flujos internacionales de capital (FIC), y la estructura tributaria es regresiva. Así caracteriza el ICEFI la disfuncionalidad impositiva que está calentando la olla de presión social.

Ahora que quienes nos han llevado al desastre económico-fiscal han decido incrementar la acción político-represiva, pretendiendo imponer la ley anti-huelgas, aunque ello implique desdeñar los compromisos obligantes para el país en materia de Derechos Humanos; en ANEP pensamos que se impone la más grande unidad cívico-popular y patriótica para enfrentar el autoritarismo en Democracia, de corte neoliberal, ya en desarrollo en estos momentos. Hacemos un humilde pero vehemente llamado en tal sentido.

¡La gente se va a defender! ¡El pueblo trabajador se defenderá!

Ser sindicalista es ser defensor de Derechos Humanos

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Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Hoy, martes 10 de diciembre de 2019, estamos conmemorando el DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, recordando la fecha del 10 de diciembre de 1948, cuando la Tercera Asamblea de la recién fundada Organización de las Naciones Unidas (ONU), proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos; inspirándose en el sueño, en la filosofía, en la aspiración noble de que en algún momento todos los pueblos y todas las naciones del planeta alcancen un “estándar común”.

Del sitio web www.humaniun.org/es/derechos humanos-1948, hemos extraído algunos criterios relevantes que nos estimulan a considerar la urgencia política de poner como eje central de la lucha sindical el conocimiento, la promoción, la difusión y la lucha más firme para su respeto pleno en la Costa Rica actual, con un estado de desigualdad en crecimiento constante.

Los derechos humanos son “el reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres humanos. Libre de discriminación, desigualdad o distinciones de cualquier índole, la dignidad humana es universal, igual e inalienable. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

En aquel 10 de diciembre de 1948, ninguna de las 56 naciones que a ese momento estaban conformando la ONU votó en contra de dicha declaración. Costa Rica tuvo el privilegio de estar en esa votación y, por supuesto, votó a favor. Según los registros históricos, 3 países se abstuvieron: Arabia Saudita, Sudáfrica y la hoy extinta Unión Soviética (URSS).

El indicado sitio web nos cuenta algo tan interesante como esto: “El texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 está inspirado en el texto de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional decidió bosquejar una carta de derechos que afirmara los valores defendidos en la lucha contra el fascismo y el nazismo” … El texto final es pragmático, resultado de numerosos consensos políticos, de manera tal que pudiera generar una amplia aprobación”.

Es este memorable DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, quienes estamos en la lucha sindical cotidiana tenemos que fijarnos en el contenido del Artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual tiene 4 aspectos:

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. ¿Cómo está nuestra querida Costa Rica hoy, al respecto? No es difícil la respuesta. A miles de compatriotas no se les está respetando plenamente este artículo 23 en lo atinente.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Mucho camino por recorrer nos queda al respecto, especialmente en lo que respecta a las mujeres trabajadoras.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. Evidentemente, las políticas macrofiscales actualmente en boga, en las cuales la prioridad número uno es atender el altísimo endeudamiento público y su excesivo pago de intereses, van a deteriorar el acceso de miles de compatriotas a las diferentes políticas de protección social tan características de una sociedad que estuvo siempre preocupada por la inclusión.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. La ofensiva antisindical de los últimos tiempos que se ha dado en Costa Rica, nos obliga a enlazar más la estrecha relación entre la actividad de organización sindical y el activismo militante por la defensa de los Derechos Humanos.

El neoliberalismo ha fracasado, pero se muestra hoy más furioso y rabioso que nunca, con tendencias totalitarias y autoritarias en fuerte desarrollo. Ya estamos viviendo esto en Costa Rica. La acción sindical seria, responsable, independiente y propositiva, que tenga vínculos sociales fuertes, es imprescindible para aportar en la construcción de la alternativa movilizadora que le haga frente a ese cruel neoliberalismo, tan repudiado por los pueblos.

Resolución de la Sala Constitucional sobre el Proyecto de Ley que regularía las huelgas, resultó ser un «alegrón de burro» para los enemigos del movimiento sindical

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  • La Sala Constitucional, a pesar de su línea ideológica, no tuvo más opción que reconocer que hay serios vicios de inconstitucionalidad y graves errores de procedimiento en la tramitación del proyecto.

La resolución de la Sala Constitucional es clara en reconocer que existe vicio de inconstitucionalidad en el artículo que pretendía la disolución de los sindicatos por la acción individual de los dirigentes y de sus afiliados; lo cual, en nuestro criterio, convierte el proyecto de ley en inconstitucional, toda vez que con solo uno de sus artículos que lo sea, ya el todo, lo es.

Por otro lado, y más grave aún, es el vicio de procedimiento que señala la Sala Constitucional en cuanto a que no se consultó este proyecto a la Corte Plena, dejando en indefensión a uno de los órganos fundamentales de nuestro Estado Social de Derecho, el Poder Judicial.

Y esta omisión no es cosa menor, sino que resulta en un infranqueable requisito que, al no haberse cumplido, le impone una lápida al procedimiento de vía rápida con el que pretendieron aprobar, a golpe de tambor, este nefasto proyecto para la Democracia costarricense, la Libertad de Expresión y los Derechos Humanos.

Este grave error de procedimiento, de no consultar a Corte Plena, según el criterio experto de constitucionalistas, impediría que se pueda pensar siquiera en “algún tipo de procedimiento rápido para subsanar” los vicios detectados por la Sala Constitucional; como manipuladoramente lo han hecho creer Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Presidente de la Asamblea; así como el diputado Pedro Muñoz Fonseca y la legisladora Yorleny León Marchena, tanto como el propio Gobierno de la República, principales impulsores de este proyecto.

Decimos lo anterior porque el criterio experto en materia constitucional indica que este vicio, es uno de los vicios de procedimiento que genera nulidad absoluta. Esta clase de inconstitucionalidad (el no hacer la consulta a Corte Plena), sólo se puede arreglar retrotrayendo el proyecto hasta antes de que naciera dicho vicio. 

El tema es que al hacer la consulta a la Corte Plena sobre el proyecto de ley 21.049, ya no se le puede aplicar la vida rápida, por lo cual el procedimiento aplicable debe ser por la vía ordinaria.

Así las cosas, en nuestro criterio, el proyecto queda enterrado y tendría que presentarse uno nuevo, y como lo dijimos por la vía ordinaria, ya que debe ser consultado a Corte Plena. Por lo tanto, no cabría la vía rápida.

Todo lo anterior significa que Carlos Ricardo Benavides Jiménez y todos los que salieron a celebrar la resolución de la Sala Constitucional, se han llevado el más grande “alegrón de burro”.

Sin dejar de lado, que la Sala  Constitucional lo que está haciendo con esta resolución, a sabiendas de la inconstitucionalidad del proyecto y del grave vicio de procedimiento, es adelantar criterio sobre los temas que se plantean en el mismo;  dejando, además, con ello, a la Corte Plena con la cancha marcada en cuanto a cómo debe opinar  sobre los artículos que sí considero la Sala IV como constitucionales, con lo que se le hace un grave daño a la Democracia y deja de manifiesto una lucha de  poder al  interior del Poder Judicial.

En todo caso, la resolución de la Sala Constitucional habrá que estudiarla; pero, por ejemplo, resolver que la huelga se puede prohibir en toda la lista de servicios “esenciales” del proyecto, sin matizar que conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hay servicios que admiten disminución de labores en lugar de suspensión plena, es una postura rígida inaceptable porque, además, con su resolución amplió el umbral de servicios esenciales determinados ya por los organismos internacionales.

Pero la discusión sobre el derecho humano a la protesta y a la manifestación, apenas comienza, pues hay un antes y un después del pronunciamiento de los relatores de Derechos Humanos del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en cuanto al proyecto que pretende regular las huelgas, puesto que ellos determinaron que existen una serie de violaciones al derecho a huelga y a los derechos humanos, los cuales fueron desconocidos por la Sala Constitucional, inexplicablemente.

Tal situación nos obliga a seguir accionando y denunciando a nivel internacional para que se aplique lo que correctamente indicaron los relatores, lo cual, le guste o no a los enemigos de las organizaciones sindicales, debe ser de acatamiento obligatorio por parte del Estado Costarricense que firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como con otros instrumentos internacionales y principios de Derechos Humanos establecidos.