Autor: ANEP
Comentario del politólogo y abogado, Pablo Barahona Kruger, sobre la situación sociopolítica y económica del país
ANEP evita despido de instructora de danza quien pidió que se adecuaran sus funciones tras sufrir lesión
Aclaración ante versiones que buscan desvirtuar el pronunciamiento de Relatores Especiales de las Naciones Unidas
Las organizaciones laborales que suscribimos el presente documento aclaratorio, queremos compartir con la sociedad costarricense las siguientes consideraciones:
1) Celebramos y recibimos con amplia satisfacción la carta OL CRI 5/2019 suscrita por los Relatores Especiales sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, y sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, en el sentido de advertir al Estado costarricense que el proyecto de Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos, en caso de culminar el proceso de formación de ley, incumpliría obligaciones en materia de derechos humanos que han sido asumidos soberana y libremente en los tratados ratificados por Costa Rica.
2) Ante cuestionamientos de sectores que se sienten incómodos y que han tratado de desvirtuar el mandato de esos Relatores de Naciones Unidas, en lugar de rebatir con argumentos de fondo, ACLARAMOS: Los Relatores Especiales son expertos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos, a quienes, por virtud de su trayectoria y experiencia sobre temas específicos, se les confía el monitoreo global sobre la situación de los derechos humanos de su ámbito de competencia. Con miras a preservar su independencia técnica, no son empleados o funcionarios de la Organización de Naciones Unidas. La función de los Relatores Especiales se enmarca dentro de los denominados Procedimientos Especiales, que son mecanismos cuya fuerza jurídica descansa en la obligación de los Estados miembros de Naciones Unidas de respetar y garantizar los derechos humanos.
3) Cuando presentamos la solicitud respectiva a los Relatores Especiales, el primer debate no había sucedido aún; nuestra gestión tenía una finalidad preventiva. Esto queda demostrado con la expresión contenida en el tercer párrafo de la correspondencia OL CRI 5/2019 cuando expone: “El ‘Proyecto de Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos’ (en adelante el proyecto de ley) fue presentado inicialmente el 25 de octubre de 2018 y el texto fue actualizado el 30 de agosto de 2019.” Como se sabe, el día 4 de septiembre quedó fijo el texto resultante del primer debate legislativo.
4) Lo anterior explica por qué en la correspondencia OL CRI 5/2019 se hace referencia a situaciones cuya formulación textual pudo haber tenido cambios entre el 30 de agosto y el 4 de septiembre. De ninguna manera esto desacredita o desvirtúa el contenido del pronunciamiento de los Relatores Especiales.
5) Es importante que se conozca que la correspondencia OL CRI 5/2019 no finaliza la supervisión internacional; en lugar de ello, puede afirmarse que este mecanismo internacional surge, emerge inicialmente. Esto se desprende de la parte final de la correspondencia OL CRI 5/2019 en la que los Relatores Especiales solicitan al Estado costarricense que se sirva “proporcionar cualquier información o comentario adicional en relación con las alegaciones mencionadas arriba”. En tal sentido, si hay recomendaciones emitidas por los Relatores Especiales que carezcan de pertinencia por ocasión de la modificación del texto resultante del primer debate legislativo, entonces Costa Rica tendrá la oportunidad de actualizar a dichos Relatores Especiales sobre esas variaciones. Asimismo, como organizaciones laborales, estamos igualmente dispuestos e interesados en mantener actualizados a dicho Relatores. El valor esencial de este documento descansa en la capacidad preventiva de violaciones a los derechos humanos; pues si Costa Rica insiste en avanzar dicho Proyecto de Ley en contravía de los estándares internacionales, se expone a ser denunciada internacionalmente por la expedición de leyes contrarias a los tratados de derechos humanos de los que es Estado parte.
6) Lo importante, que es donde deberían focalizarse las energías institucionales y sociales de Costa Rica, es que el Proyecto de Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos conlleva violaciones potenciales a tratados de derechos humanos, y que la Sala Constitucional, en el marco de la consulta de constitucionalidad que pende aún en el expediente legislativo Nº 21.049, es la oportunidad institucional para corregir las discrepancias entre dicho proyecto y el derecho de la Constitución, en el que se integran los tratados de derechos humanos ratificados por Costa Rica.
7) Finalmente, algunas preguntas han surgido sobre el posicionamiento de los Relatores Especiales, en el sentido que el umbral del 50% de los trabajadores para proceder a la huelga, es un estándar aceptado por la Organización Internacional del Trabajo. Al respecto nos vemos en la necesidad de aclarar que el Comité de Libertad Sindical —que es el órgano de supervisión internacional sobre el Convenio 86, relativo a la libertad sindical— ha establecido que la exigencia de una mayoría absoluta puede implicar una limitación importante del derecho de huelga, habiendo solicitado la revisión de este umbral (Comité de Libertad Sindical, Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres y otros Vs. Perú, Caso 1081, para. 266; adicionalmente: Organización Internacional del Trabajo, Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT, 5ª edición revisada, 2006, paras. 562, 556-558).
San José, jueves 10 de octubre de 2019.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS)
Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (ASDEICE)
Sindicato de Ingenieros Profesionales del Instituto Costarricense de Electricidad (SIICE)
ASDEICE denuncia estrategia de debilitamiento del ICE impulsada desde la Asamblea Legislativa
Durante el primer semestre de este año, desde ASDEICE alertamos que se estaba perfilando una nueva ofensiva contra el Instituto Costarricense de Electricidad. El día de hoy martes 13 de noviembre de 2019, queremos dejar constancia ante la ciudadanía que habita nuestro país, que se tramita en la Asamblea Legislativa, una serie de proyectos de ley, que lejos de ser aislados, forman parte de una estrategia articulada, pensada para desmantelar el ICE y sus subsidiarias.
Estos proyectos, forman parte de una agenda neoliberal, a través de la cual, intereses que siempre han promovido la contra reforma social, intentan terminar de aplicar en nuestro país, la última etapa del modelo neoliberal que solo estragos y desigualdad social ha causado en el continente.
Vienen por el ICE: A través de la instrumentalización de una mayoría mecánica legislativa, buscan acelerar la aprobación de una serie de iniciativas de ley, que lejos de ser proyectos aislados, son un conjunto de iniciativas de ley que afectarán de forma dramática al Grupo ICE y su importante labor en la sociedad costarricense.
Desde ASDEICE denunciamos ante el país, la existencia y puesta en marcha de una agenda legislativa para debilitar al Grupo ICE, conformada por una serie de proyectos de ley que escudados en nombres que agradan al oído con ciertas palabras clave, encubren iniciativas que causarán graves afectaciones al giro de actividades del ICE, impactando negativamente la calidad de vida de las y los costarricenses. Estos proyectos de ley, son lo que el lenguaje popular llama “lobos con piel de oveja”, ya que sus contenidos, tratan de presentar como criterios técnicos, planteamientos que en realidad parten de un marcado corte ideológico neoliberal, orientado a la reducción del Estado y a la mercantilización y el lucro privado de servicios públicos, como el Modelo Eléctrico de Empresa Estatal verticalmente integrado, que tantos beneficios trae a la sociedad costarricense.
Estos proyectos de ley, son promovidos por diputaciones del bipartidismo clásico (PUSC, PLN), con apoyos en partidos emergentes (PAC, RN, NR) y algunos diputados independientes; quienes si bien se presentan ante la ciudadanía con distintas banderas partidarias, comparten como denominador común el dogma neoliberal que impulsa sus políticas públicas (económico-fiscales), sin advertir que su apuesta por “todo mercado-nada Estado” ha fracasado.
Quienes insisten en apostar a una mayoría mecánica legislativa; olvidan la creciente distancia entre gobernantes y gobernados, el creciente malestar social acumulado que sus políticas neoliberales ha concitado, y el abrumador repudio ciudadano ante la imposición de lo que cada vez más compatriotas califican como “un rumbo equivocado”.
Desenmascarando la base de la estrategia desestabilizadora:
- Se motiva en intereses económicos sectoriales, que desde hace tiempo están a la espera del momento oportuno para intentar cambios sustanciales en el modelo histórico del ICE (pretendidos desde el año 2000), para el beneficio de pequeños grupos de poder que desde lugares menos visibles, inciden en el rumbo de la economía y la política del país. Es parte de la versión país anhelada por grupos de presión que desde hace años atrás, promueven intereses económicos contrarios al ICE y al modelo eléctrico nacional.
- Esta nueva ofensiva inició su ejecución pública, en diciembre del año anterior, mediante una campaña sostenida de declaraciones que pretende hacer creer a la ciudadanía, que el modelo del ICE está acabado, idea que de posicionarse, facilitaría la ruta de cambiar el modelo y papel histórico que ha desempeñado el ICE en nuestra sociedad.
- Desde la Alta Administración de la Institución, se desplegó a través de múltiples declaraciones, un discurso mediático que dibujando el supuesto estado crítico del ICE y sus empresas, creó el clima perfecto para que los competidores y opositores del ICE, avancen en su ofensiva contra el Instituto y el Modelo Eléctrico Nacional.
- El discurso sobre la supuesta gravedad financiera del ICE puesto a andar desde diciembre de 2018, tuvo varias imprecisiones. Primero omitió que el estado de resultados, lo forzaron negativo, producto de pasar en libros, la inversión realizada del PH Diquís a pérdidas contables. Segundo no explicó que el estado de resultados no representa la verdadera situación de los negocios de una empresa, sino un reflejo de factores internos y externos que enfrenta. Y tercero evitó analizar tal estado de resultados, en un contexto más amplio, junto a los demás estados financieros de la Institución (como flujos de efectivo proyectados). Es decir, la información presentada, reiterada y amplificada; ha sido incompleta y carente de una lectura integral.
- Pese a lo anterior, dicho discurso de la situación financiera del ICE,
ha tenido un sostenido eco legislativo, que ahora se expresa en proyectos de
ley que se presentan como aislados, pero que en su conjunto buscan desmantelar
el ICE, a través de venta de activos,
apertura de mercado eléctrico, e imposición de amarras administrativas que
limiten la competitividad del Instituto.
- A la luz de lo anterior y ante tal campaña de desprestigio del ICE y sus subsidiarias, que con frecuencia atenta contra la imagen de activos intangibles de la corporación, desde ASDEICE consideramos oportuno, recordar a la sociedad costarricense: ¿Cuántas veces escuchamos en los últimos tiempos declaraciones sobre la supuesta falta de competitividad de JAPDEVA? Se repitió tanto que compatriotas sin adecuado conocimiento técnico del funcionamiento operativo de una entidad portuaria, lo asumieron como verdad.
Los mismos intereses que hoy atacan al ICE, lo hicieron contra JAPDEVA, ofreciendo como solución la panacea neoliberal, de la terminal portuaria privada que ahora es una realidad. Hoy no solo se ven las consecuencias sociales en la problemática de empleo de Limón, sino que además diversas cámaras empresariales plantean que las tarifas de APM Terminals son hasta un 300% mayores, afectando la rentabilidad de los negocios de quienes se dedican a exportar e importar; poniendo en riesgo la actividad comercial que se realiza en dichos muelles. Incluso empresarios bananeros de conocida trayectoria política han reconocido públicamente que extrañan labor de la portuaria estatal JAPDEVA.
Todo lo anterior, fue advertido
sistemática y responsablemente por el sindicato SINTRAJAP (quienes a la fecha
impulsan varias acciones legales sobre el tema), sin embargo como sociedad no
se les prestó la atención debida y se prefirió creer el discurso del
desprestigio de lo estatal y la panacea neoliberal.
¡Que no pase lo mismo con el ICE! Hoy desde ASDEICE nuevamente advertimos a la
ciudadanía…
Principales proyectos de ley de la agenda legislativa para desmantelar el ICE:
| No Expediente | Nombre | Proponente | Efectos |
| No 21604 | Ley del Centro Nacional de Control de Energía (CENCE) para generar prosperidad y una mejora en la competitividad del país. |
Pedro Muñoz
Fonseca (PUSC) María Inés Solís Quirós (PUSC) | Extrae el CENCE del ICE, a pesar de la inversión millonaria realizada en infraestructura, más allá de lo establecido en ley constitutiva del ICE. Modifica el modelo de comprador único garante del acceso de electricidad de toda la población. |
| No 21605 | Ley que abarata el costo y desconcentra la generación eléctrica | Pedro Muñoz Fonseca, María Inés (PUSC) | Cambia marco regulatorio modificando los esquemas de distribución, en busca de mayores niveles de apertura del Modelo Eléctrico. |
| No 21606 | Ley para una efectiva integración de Costa Rica al Mercado Eléctrico Nacional |
Pedro Muñoz
Fonseca (PUSC) María Inés Solís Quirós (PUSC) | Modifica el artículo 3 de la Ley No 9004 para que el ICE y sus empresas no sean los únicos agentes del MER por CR (Ley 8660) y esto se amplíe a todas las empresas generadoras, distribuidoras y comercializadoras de energía (públicas, privadas o mixtas), así como a grandes consumidores. |
| No 21662 | Reforma de la ley de la autoridad reguladora de los servicios públicos n.º 7593, y sus reformas, para racionalizar el precio de la energía eléctrica. | Pablo Heriberto Abarca Mora (PUSC) | Reforma al artículo 31 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), para que las empresas públicas que ofrecen el servicio de electricidad no puedan incluir dentro del cálculo de la tarifa los costos de inversiones y los esquemas de financiamiento que utilizan. |
| No 20794 | Ley de Fortalecimiento de la CNFL – Sociedad Anónima |
Franklin
Corella Vargas (PAC), Michael Jake arce Sancho (PLN) Gonzalo Ramírez Zamora (PRC) | Genera un proceso de transformación profundo en la CNFL. Traslada su capital social a propiedad de las municipalidades ubicadas en territorio de áreas de distribución y comercialización de CNFL. Cede al ICE unidades organizativas, plazas de personal, activos físicos, infraestructura de generación de energía, contratos y empréstitos de generación con entidades financieras, etc. |
| No 21670 | Ley para el Rescate de las Finanzas del ICE y sus Empresas | Silvia Hernández Sánchez (PLN) | Otorga al Consejo Directivo del ICE la facultad de decidir la venta de activos institucionales (entre otros aspectos). |
| No20909 | Ley de reforma al artículo 35 de la Ley No 8660 (…). | Ana Delgado Orozco (PLN) | Pretende hacer públicos estados financieros. Deja al ICE en una condición de vulnerabilidad frente a sus competidores, debilitando la capacidad comercial, estratégica y competitiva de la Institución. |
| No21180 | Ley de creación de la Agencia Nacional de Gobierno Digital | Wagner Jiménez Zúñiga (PLN) | Creación de una agencia nacional digital, paralela a Radiográfica Costarricense, para desarrollar, ejecutar e implementar la estrategia nacional del Gobierno Digital. Mina actividad de RACSA. |
| No 21014 | Ley de lucha contra el uso abusivo de la contratación administrativa entre entes de derecho público | Pablo Heriberto Abarca Mora (PUSC) | Modifica la Ley N.° 7494 (Ley de Contratación Administrativa) letargando agilidad estatal para desarrollo expedito de proyectos a través de contratación entre entes de derecho público. Impacta competitividad de Radiográfica costarricense (RACSA |
| No 21546 | Ley General de Administración Pública |
Varios/as Dip. (Hacienda-CGR) | Reforma integral al marco legal de contratación administrativa, eliminando el régimen especial de contratación del ICE por operar en competencia. |
Desmontando el discurso tras los proyectos que impactan el Sector Electricidad del Grupo ICE:
Cinco de estos proyectos de ley (expedientes No 21604, 21605, 21606, 21662, 20794) implican una transformación profunda del Sistema Eléctrico Nacional y el Modelo de empresa pública verticalmente integrada, de comprador único que tanto beneficio ha traído al país.
Los intereses que impulsan el desmantelamiento de ICE – Electricidad, promueven una campaña de desprestigio institucional ante la opinión pública. Esto lo hacen a través de afirmaciones que han sido técnicamente descalificadas. Pese a ello insisten en repetir que los proyectos son muy caros, que la electricidad privada es más barata, que el modelo eléctrico es obsoleto y que el ICE está quebrado. Lo anterior en busca de convertir la energía eléctrica en una mercancía lucrativa para negocios privados.
Tarifas Eléctricas ICE son competitivas en la región: No llevan razón quienes dicen que en materia de tarifas eléctricas el ICE no es competitivo. En Centroamérica las tarifas ICE son más baratas que el promedio, tanto en el sector residencial, como en el comercial y el industrial. Esto según datos de la CEPAL a diciembre de 2018 (ver anexo 1). Otro aspecto que no suele mencionarse es que los usuarios residenciales destinan menor parte del salario al pago de electricidad, debido a que pese al estancamiento, los salarios en nuestro país son mayores a los de los países centroamericanos.
En cuanto al precio de electricidad de distribuidoras eléctricas latinoamericanas, las tarifas ICE se mantienen cercanas al promedio en el sector residencial, comercial e industrial. Esto según datos de la Comisión de Integración Energética Regional CIER para 2018. Se debe tener en algunos de estos países, las empresas distribuidoras no tienen participación total en el territorio, y en otros casos, cuentan con un subsidio del (ver anexo 2).
Matríz eléctrica renovable: Para el año 2017 el Modelo Eléctrico Nacional rompió el record de generación eléctrica renovable, al sumar 300 días ininterrumpidos, produciendo el 99.6% de su energía con fuentes renovables (agua, geotermia, viento, biomasa y sol).
En un reciente informe, el Banco Mundial (Doing Business 2020) colocó a Costa Rica en el puesto 25 del mundo en cuanto a calidad y acceso a la electricidad. Entre las economías analizadas obtuvimos en esa materia una posición superior a la de países como Chile o Colombia. Procedimientos, tiempo y costos para conectarse a la red eléctrica, confiabilidad del suministro de electricidad y transparencia de tarifas son atributos que destacaron en el estudio (ver anexo 3).
Contrario a lo que dicen adversarios del modelo costarricense; el ICE-Electricidad tiene tarifas competitivas con un producto de alta calidad que en materia de matríz eléctrica nacional es ejemplo mundial.
El Centro Nacional de Control de Energía (CENCE): El CENCE es el corazón del modelo eléctrico del ICE. Dirige y administra la operación del Sistema Eléctrico Nacional, para satisfacer la demanda eléctrica del país, y hacer efectivos los intercambios de energía –importación e importación- con el Mercado Eléctrico Regional (MER). Es decir, se encarga de planificar la transmisión y distribución a nivel nacional e internacional, a la vez que orquesta la producción y distribución de energía eléctrica diaria en todo el país, y coordina las compras y ventas que se realizan a nivel nacional e internacional en el marco del modelo de empresa pública verticalmente integrada, de comprador único que tiene Costa Rica.
Para el 2016 y por noveno año consecutivo, la empresa uruguaya LSQA certificó en calidad el CENCE del ICE, atestado que lo convierte en el único en su tipo con tal distinción en Centroamérica y el Caribe (ISO 9001:2008 que comprende una serie de normativas de gestión y pautas de actuación).
Sacar el CENCE del ICE implica crear una instancia auto administrada, que definirá quién produce y a quién se le compra la electricidad en Costa Rica, o en el extranjero, negociando los precios de compra y con ello convirtiendo la electricidad en una simple mercancía.
Desde un nuevo CENCE fuera del ICE, los generadores privados tendrán injerencia sobre el sistema eléctrico nacional (cuánta energía se debe producir, a quien se le debe comprar o vender y a qué precios).
Necesario es tener presente que el CENCE del ICE, recientemente, construyó sus instalaciones en Heredia, además de dos edificaciones más ubicadas en Cañas Guanacaste y en Moravia (de las más modernas de latinoamérica), mismas que se financiaron por medio de préstamos con el BID. Las inversiones recientes en construcción de edificios y equipamiento del CENCE rondan los $31.455.437,00 (31 millones de dólares), es decir, los ₡7.049.323.952,00 (7 mil millones de colones) –ver anexo 4- La inversión ha sido millonaria. ¿Por qué quitar al ICE sus capacidades que tantos años le conllevó desarrollar?
Cogeneradores privados han hecho clavos de oro: En marzo del presente año, se hicieron públicas denuncias relacionadas con que para el año 2017 la obligación de comprar energía eléctrica a los cogeneradores privados (pese a tener la capacidad para producirla a un menor precio), le costó al ICE un aumento en sus gastos de ₡25 mil millones, ya que los costos de la generación privada para 2017 significó un sobreprecio cercano a los ₡20 por kilovatio hora para el Instituto.
Más recientemente hemos sido testigos de noticias relacionadas con el informe FOE-AE-IF-00009-2019, a través del cual la Contraloría General de la República (CGR) detectó sobreestimación de precio, originada en varios errores de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) que hicieron que el ICE pagara casi $24 millones de más por la energía eléctrica que compró a generadores privados entre 2017 y 2019.
Según un estudio realizado por ASDEICE en días recientes, entre los años 2008 y 2019 las compras de energía que el ICE se vio obligado a realizar a cogeneradores privados, rondaron la cifra de los $1.989.000.000 (mil novecientos ochenta y nueve millones de dólares) –ver anexos 5 y 6 – Estos resultados, pueden ser confrontados con información ICE.
Separar la CNFL del ICE: Establecería mayor competencia al ICE, al convertir la CNFL en una empresa tipo ESPH, con potestad de brindar todos los servicios de distribución, nuevos servicios de electricidad y telecomunicaciones, inclusive de servicios de ciudad inteligente y otros (dejándose clienes). Además de lo anterior, le sustraen a la CNFL la generación y se la trasladan al ICE, pero asumiendo toda deuda de la subsidiaria, restando competitividad al Instituto.
En síntesis: Si se quiere legislar para hacer más competitivas las tarifas eléctricas, no se requiere sacar el CENCE del ICE, buscar mayores niveles de apertura, abrir a grandes consumidores nacionales el MER, impedir al Instituto incluir dentro del cálculo tarifario los costos de inversión o pasar el capital social de la CNFL a las municipalidades: Basta con quitar amarras del ICE y dotar la metodología tarifaria, de herramientas que permitan una más justa negociación con respecto al precio de la cogeneración privada.
Desmontando el discurso tras los proyectos que impactan las finanzas institucionales:
Dos son los proyectos que en materia financiera, hemos identificado como enormes riesgos (expedientes No 21670 y No 20909).
Información incompleta y carencia de lectura integral: Como se dijo anteriormente, el discurso sobre la supuesta gravedad financiera del ICE puesto a andar desde diciembre de 2018, tuvo varias imprecisiones que provocaron que la información presentada, reiterada y amplificada; fuera incompleta y carente de una lectura integral.
Desde el ingreso de la actual jerarca del ICE se tomaron varias medidas de índole contable financiera, la mayoría fueron ajustes de índole extraordinario (eliminación del proyecto Diquís, devaluación monetaria, miles de millones NO reconocidos por ajustes tarifarios -entre otros) de casi 400 mil de millones de colones que fueron cargadas a GASTOS DE OPERACIÓN , resultando de ellas cuantiosos pérdidas contables , que fueron menores a la cuantiosa cifra antes citada. Esto ha sido utilizado para dar a entender equivocadamente, o desarrollar una negativa y continuada campaña, afirmando que el ICE esta «quebrado».
Pese a lo anterior, es de elemental conocimiento contable y financiero que la definición de quiebra de una empresa o institución, es cuando sus PASIVOS SON MAS GRANDES QUE SUS ACTIVOS Y POR LO TANTO SU PATRIMONIO ES NEGATIVO. Esto por supuesto NO es el caso del ICE, como fácilmente se puede comprobar leyendo y analizando sus estados contables y financieros, en vez de insistir en destacar sólo las deudas –pasivos – y cargas financieras. Para tales efectos se adjunta (ver anexo 7) información recopilada por el Sr Leonel Fonseca Cubillo, ex regulador general.
Abrir la posibilidad de venta de activos: En las circunstancias antes descritas, abrir la posible venta de activos implica una serie de interrogantes que debe hacerse la ciudanía: a) ¿Quiénes legislan en esa dirección, lo hacen conociendo si ha gestionado la Administración Superior del ICE una adecuada identificación de activos, que contemple entre otros aspectos una necesaria previsión de cuáles podrían requerirse a futuro y que de venderse en la actividad tendría un alto costo adquirir después?, b) ¿establecen los legisladores límites a la cantidad o magnitud de activos susceptibles de ser vendidos?, c) ¿en una situación económica como la actual un buen momento para que el ICE precie activos a fin de colocarlos en el mercado?, d) ¿colocar activos en mercado en la actual situación económica es una oportunidad para el ICE o para los interesados en adquirirlos a un menor precio?, e) ¿es la venta de activos en las condiciones actuales una decisión estratégica que fortalece o debilita el ICE? ¿Hay alternativas?
Sobre la renegociación de la deuda: Este tema también merece que la ciudadanía se haga una serie de interrogantes: a) ¿Es prudente revalorizar activos para dar mayor apalancamiento financiero, antes de renegociar una deuda empresarial?, ¿está ejecutando la Administración del ICE ese mecanismo?, b) ¿Está realizando la Administración del ICE una gestión de activos intangibles de gran calado, como parte de un proceso de revalorización y apalancamiento financiero previo a la renegociación de deuda?, c) ¿cuáles serán los mecanismos de renegociación de la deuda?, ¿habrá servicios de intermediación que comisionarán de la renegociación?, ¿será abierta?, etc.
En síntesis: Desde nuestra perspectiva hablar de renegociación de la deuda, venta de activos, o rescate financiero del ICE, implica despejar, entre otras, las anteriores interrogantes. No es un tema para tomar con ligereza ya que puede tener implicaciones bastante contra producentes. Se debe estar pendiente que tales propuestas, de ser necesarias, no partan de un enfoque bancario incapaz de poner el énfasis en las mejores decisiones para el Grupo ICE como bien estratégico del Estado. Lo anterior aunado a la vulnerabilidad que implica frente a los competidores el hacer públicos los estados financieros; son elementos que sin duda conllevan grandes riesgos de debilitamiento para la capacidad comercial, estratégica y competitiva de la Institución.
Desmontando el discurso tras los proyectos que impactan la competitividad del ICE y RACSA
Tres son los proyectos que impactan la competitividad administrativa del ICE y RACSA (Expedientes No21180, No 21014 y No 21546).
Contrataciones excepcionadas: Esto proyectos de ley afectan por una parte las contrataciones excepcionadas orientadas al desarrollo expedito de proyectos entre entes de derecho público, cuando una de estas entidades considera que el oferente se ajusta a los requerimientos establecidos.
Lo anterior crea una barrera indirecta para actuar con la competitividad de tiempos de reacción que el entorno actual demanda.
Eliminación del régimen especial de contratación otorgado al ICE por operar en competencia: La ley 8660 dio al ICE un régimen especial de contratación para operar en mercados en competencia. Lo anterior como parte de la Agenda de Implementación, que era condicionamiento para la suscripción del TLC-CR-USA. La eliminación de este régimen de contratación no solo va contra las normas relacionadas con este convenio internacional, sino que también resta al ICE y sus empresas de competitividad en materia de contratación administrativa.
Los deja en igualdad de condiciones ante quienes no son iguales por tener otras dinámicas y características, que los eximen de complejas instancias de aprobación en materia de contratación: el capital privado. Por ello dicho proyecto de ley en materia del ICE y sus empresas, lejos de mejoras, aumentan los plazos de la contratación.
Ante estos proyectos los intereses que suelen desplegar el discurso de falta de eficiencia del Estado, mediante estos proyectos establecen amarras que impiden dicha eficiencia y competitividad a instituciones como el ICE y sus empresas.
Sobre la necesidad de un solo régimen de contratación, se debe tener presente que la OCDE ha permitido que PEMEX de Méjico mantenga su propio régimen especial de competitividad, igualmente que las Mineras en Chile y Empresa Pública de Medellín en Colombia.
Al Pueblo de Costa Rica: Desde nuestra perspectiva, estos proyectos de ley generan todo lo contrario que lo que plantean en sus nombres, por ello sus contenidos son engañosos para el pueblo de Costa Rica y negativos para nuestro Estado Social.
Recordamos a la sociedad que con estos mismos argumentos de desprestigio destruyeron el ferrocarril, el Banco Anglo, el MOPT, entregaron la Revisión Técnica Vehicular, y más recientemente la Terminal Portuaria de Limón, cuando con el tema de la modernización nos vendieron la idea de que la privatización de los puertos traería beneficio para toda la zona de limonense, el país y, en especial para los exportadores. En vez de ellos, los resultados fueron crecieron de tarifas portuarias hasta en un 300%, disminución de la eficiencia de la operación portuaria. El oasis prometido se esfumó y el desempleo y pobreza aumentaron en Limón. Que no se repita la historia. Defendamos el ICE de la Agenda Neoliberal que pretende desmantelarlo.
Acciones y medidas que ASDEICE llevará a cabo …
- Solicitamos audiencia con Diputadas y Diputados de diferentes fracciones legislativas. Hay quienes ocupan una curul, y su formación es en otras áreas por lo que no cuentan con toda la información. Hemos iniciado un plan de visitas legislativas para exponerles nuestros datos y posiciones y que se formen un criterio más amplio que el imperante en la Asamblea Legislativa.
- Solicitamos audiencias con los diputados que impulsan estos proyectos. Queremos intercambiar con ellos posiciones de forma respetuosa. Tenemos argumentos para contrastar. Queremos hacerles saber de primera mano por qué consideramos que muchos de sus planteamientos son improcedentes, imprecisos o erróneos.
- Iniciaremos conversaciones con liderazgos políticos y de opinión de todo signo. Hay que hacer un llamado a la responsabilidad social. No estaría bien que por las ansias de pocos, terminen de empujar este país al abismo chileno neoliberal.
- Buscaremos intercambio de criterios y planteamientos con ARESEP.
- Implementaremos foros informativos con la ciudadanía patriótica de toso el país. El primero de ellos se llevará a cabo el próximo martes 19 de noviembre en el auditorio del piso 11 del edificio central del INS.
- Realizaremos de la mano de Organizaciones hermanas integrantes del FIT-ICE visitas a los centros de trabajo del Grupo ICE para informar a la Familia Iceísta.
- Llamamos a las y los trabajadores a informarse, organizarse y estar preparados para enfrentar este nuevo combo. No descartamos otro tipo de medidas como la movilización a manifestaciones, las cuales, de así requerirse las estaremos anunciando en el justo momento.
ANEP-Fuerza Pública solicita al Ministro de Seguridad investigar situaciones descritas en audio de Jefe Policial
La Seccional ANEP-Fuerza Pública solicitó al Ministro de Seguridad Pública, Michel Soto, investigar las situaciones descritas en un audio de la plataforma WhatsApp, que en apariencia fue producido por el Comisionado Randall Picado, donde se describen una serie de irregularidades en torno a la supervisión de personal en la Región Policial de San José e incluso que oficiales de policías estarían escoltando narcotraficantes.
Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública indicó que el día jueves 05 de setiembre, recibió en la plataforma WhatsApp decenas de mensajes con un audio que en apariencia fue producido por el Comisionado Randall Picado. En el mismo, se escucha una especie de llamado de atención para el mando de la Región Policial de San José, en torno con debilidades en la supervisión de personal. El aparente llamado de atención incluye también a las subdirecciones e inclusive direcciones.
En el audio se puede escuchar “Hemos detectado una serie de conductas, debilidades, anomalías, irregularidades, donde el mando de las delegaciones y el mando también superior, y me incluyo yo dentro de esos, por supuesto también los sub directores que tienen sus áreas de jurisdicción nos hemos vuelto pasivos, o nos hacemos de la vista gorda, o nos falta iniciativa, o nos falta liderazgo o capacidad de gestión para detectar esas irregularidades (…)”. Más adelante, se escucha decir que algunos policías están ingiriendo licor en las delegaciones, peor aún, que estarían “escoltando al narcotráfico”
Para Anchía, resulta alarmante escuchar en un audio, presuntamente producido por un director regional, en el que se indica que no existe ningún nivel de supervisión, que el mando medio y el alto mando es permisivo o se hacen de la vista gorda, que carece de iniciativa y de liderazgo, e inclusive, de capacidad para desempeñar sus funciones. Además, le preocupa escuchar en dicho audio que, se tienen denuncias de jefes jugando en las computadoras en tiempo laboral.
“Es inaceptable que se hable de corrupción y de debilidades en la supervisión, al mismo tiempo que se han incrementado las plazas de sub directores regionales, por ejemplo, San José pasó de una subdirección a tres subdirecciones regionales. Además, en la Fuerza Pública, el nivel de mando medio y el mando superior, disfruta de muy buenos salarios. Por estas situaciones, planteamos con carácter de urgencia ante el Ministro Soto que se proceda con una investigación con la finalidad de determinar la veracidad de las declaraciones”, manifestó Anchía.
Para la seccional ANEP-Fuerza Pública debe realizarse una valoración de las capacidades y competencias del mando superior de la Fuerza Pública, respetando el debido proceso y el derecho de defensa. Además, recuerdan que los puestos de dirección y de subdirección son puestos de confianza, siendo potestad del Ministro su nombramiento y la remoción de los mismos.
Solicitud de investigación de situaciones descritas en audio de Jefe Policial by EugenioGuerrero on Scribd
Derechos Humanos: cuando la ignorancia es política de estado
¡Póngale cuidado a estos nombres!: David Kaye, Clement Nyaletossi Voule y Michel Forst. ¿Nunca los ha oído nombrar? Vuestro servidor tampoco, hasta que supe de ellos. Estos tres señores son personas de mucho prestigio en la comunidad mundial relacionada con los Derechos Humanos. Tienen mucha credibilidad y se les considera sabios, entre los sabios, en cuanto a Derechos Humanos.
Ellos forman parte del Sistema de Naciones Unidas, pero no son asalariados de la ONU. Son designados, precisamente por su sapiencia, su experiencia y, sobre todo, por su independencia como Expertos (así, en mayúsculas), por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (al cual Costa Rica pretende entrar a formar parte de él). Se les denomina, también, Relatores Especiales, precisamente por su credibilidad y formación altamente especializada en esta sensible materia de los Derechos Humanos.
El Sr. Kaye es el Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión. El Sr. Nyaletsossi Voule, es el Relator Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación. El Sr. Michel Forst es el Relator Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos. Solo muy poquísimos costarricenses sabían de su existencia y de la naturaleza estratégica de su trabajo para la paz y para la real democracia: la cuestión cabal, integral, inclusiva de los Derechos Humanos. Algo que no se está haciendo en Costa Rica.
Pues bien, estas mentes brillantes y de altísimo respeto planetario analizaron y se pronunciaron sobre el Expediente Legislativo No. 21.049, cuyo nombre oficial es Ley para Brindar Seguridad Jurídica Sobre la Huelga y sus Procedimientos, misma que fue bautizada por el pueblo como “ley mordaza”. Emitieron un criterio demoledor que ha conmocionado a los sectores político-empresariales hegemónicos y mediáticos del país; opinión que podemos resumirla en esta frase: ese proyecto no es compatible con los tratados de derechos humanos vigentes para Costa Rica.
Tal fue el impacto que, por ejemplo, el máximo jerarca parlamentario, don Carlos Ricardo Benavides Jiménez, desconcertado, solamente atinó a decir que esas mentes brillantes habían sido “engañadas” por los sindicalistas que solicitamos tal pronunciamiento. ¡Qué insensatez! Por otra parte, a la recientemente nombrada señora ministra de Trabajo y Seguridad Social, doña Geannina Dinarte Romero, la “obligaron” a firmar un comunicado descalificante de las opiniones de los señores relatores especiales indicados, redactado en Casa Presidencial. Solamente para citar dos desafortunadas reacciones de la máxima esfera política del país ante el criterio contundente que venimos comentando formulado por esos Expertos. Podríamos citar más ejemplos de semejantes reacciones en la cúpula político-empresarial que nos gobierna, pero sólo nos queda afirmar que cuando la ignorancia es política de Estado, las bestialidades compiten entre sí.
El periodismo de odio no se quedó atrás. Su matriz principal, la tira-línea, hasta primera página nos dio. Las repetidoras parlanchinas mañaneras no se quedaron atrás. Y a cierta prensa digital se le salía la bilis por las esquinas de la pantalla del celular.
Se centraron en lo meramente formal acerca de si el criterio experto de los tres relatores se podía considerar oficial de Naciones Unidas; mostrando, en unos casos, igual nivel de ignorancia bestial; en otros, deliberado afán desvirtuador y descalificante del reporte de los tres Relatores-Expertos. Por demás y según conocedores de estas lides del litigio internacional en Derechos Humanos, que los tres coincidieran era porque la gravedad violenta del proyecto “ley mordaza”, así lo exigía. Algo que nunca antes había sucedido.
Para los señores Relatores Especiales la ley anti-huelgas de la coalición político-ideológica-empresarial y mediáticamente gobernante, se excedió en limitaciones al ir más allá de lo aceptable en una sociedad democrática. ¡Cierto! Hemos denunciado que está en proceso de implantación en el país una democracia de corte autoritario y hasta totalitario.
Para ellos, “…el proyecto de ley impone prohibiciones absolutas al ejercicio de la huelga para prácticamente para todos los servicios públicos o por ciertos motivos, sin que se pueda mediar consideración sobre la razonabilidad o proporcionalidad de la huelga en un determinado caso”. ¡Han sido totalmente contundentes!
Las reacciones adversas generadas por el informe de las tres relatorías especializadas en Derecho Humanos nos dicen de un país con doble moral al respecto. Nos hablan de un gobierno farsante y descalifican la candidatura presentada por el gobierno de Alvarado Quesada de pretender que Costa Rica consiga un asiento en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas; precisamente la que designó a los señores David Kaye, Clement Nyaletossi Voule y Michel Forst, como sus especialistas, sus expertos de alcance mundial y de criterios archi-independientes.
Ya los honorables señores integrantes de la Sala Cuarta, que está en estos momentos analizando el citado proyecto de ley, luego de recibir primer debate, tienen conocimiento oficial de la opinión de los tres Relatores Especiales. Ellos saben el calibre de la misma y su peso político obligante, especialmente para un país que pretende dictar cátedra a otros Estados sobre cómo aplicar los Derechos Humanos cuando en estos momentos tenemos un techo de vidrio más delgado que el ala de una frágil mariposa. Hasta aquí no llega eso de que cuando la ignorancia es política de Estado.
Proyecto de Ley para regular las huelgas no es compatible con los tratados de Derechos Humanos para Costa Rica, advierten Relatores Especiales de la ONU
El Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, David Kaye; el Relator Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clement Nyaletsossi Voule; y el Relator Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, hicieron pública este día la carta (OL CRI 5/2019) que de manera conjunta remitieron el pasado 7 de los corrientes a diferentes autoridades costarricenses, en la que expresan su preocupación por la aprobación legislativa —en primer debate— del proyecto de Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos, por ocasión de las potenciales violaciones a los derechos humanos en las que incurriría, si dicho proyecto culminara con los contenidos actuales, los trámites legislativos.
“…quisiéramos señalar a la atención urgente del Gobierno de Su Excelencia la información que hemos recibido en relación con la próxima discusión del ‘Proyecto de Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos’ que fue debatido en la Asamblea Legislativa de Costa Rica el 8 de septiembre de 2018 y reenviado a consulta a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; y que de ser aprobado podría ser incompatible con las obligaciones derivadas de las normas y estándares internacionales de derechos humanos contraídas por Costa Rica”, reza la carta, identificada con el número OL CRI 5/2019.
Los Relatores de Naciones Unidas focalizan su preocupación por que en el proyecto de ley se establecen medidas de limitación al derecho de huelga que van más allá de lo que se puede considerar aceptable en una sociedad democrática. Desde el inicio de esta discusión, los sindicatos firmantes sentamos una posición en el sentido que esta medida prohijada por el proyecto de ley sólo pretendía neutralizar al movimiento sindical, al mismo tiempo que se impulsan medidas de política económica y social que perjudican las condiciones laborales, principalmente en el sector público.
En las palabras de los Relatores Especiales, “El proyecto de ley establece un cúmulo de restricciones directas e indirectas a los derechos de los sindicatos y de sus sindicados, a ejercer su derecho a la asociación, a la libertad de reunión pacífica y de expresión a través del ejercicio de sus libertades sindicales, particularmente del ejercicio del derecho a la huelga. Además, consideramos que varias de las medidas incluidas en el proyecto de ley, no solamente representarían restricciones desproporcionadas a los derechos mencionados, sino que también podrían afectar el derecho de los defensores de derechos humanos a preservar las libertades sindicales.”
Dentro de algunas de las objeciones que causan preocupación a los Relatores Especiales se encuentran:
a) La posibilidad de disolución de un sindicato siempre que se pruebe en juicio que “organizan o incitan a sus afiliados a impedir la libertad de tránsito de los ciudadanos”;
b) El establecimiento del requisito según el cual para que una huelga se considere legal debe estar ejecutada por un mínimo de tres personas trabajadoras que representen más de la mitad de los votos emitidos para acordar la huelga;
c) La prohibición de “huelgas políticas”, sin especificar su definición;
d) La prohibición de celebrar huelgas por motivos por los cuales ya se celebró una en el pasado;
e) Limitaciones temporales al ejercicio de la huelga, incluso en casos de servicios no esenciales, por razones de “graves daños de difícil o imposible reparación a la ciudadanía;” conceptos jurídicos indeterminados;
f) La reducción retroactiva de salarios como sanción en casos de que se determine que la huelga fue ilegal;
g) La ampliación de la lista de “servicios públicos esenciales” y otros servicios públicos “protegidos” de la huelga.
Esta gestión sin precedentes que hacen los Relatores Especiales es sumamente oportuna en un doble sentido; por una parte porque reconoce que la huelga es un mecanismo del sector laboral para hacer valer sus derechos, razón por la cual su restricción debe ser especialmente justificada tanto en su idoneidad, necesidad como en la proporcionalidad de la medida de restricción; por otra parte porque le da a Costa Rica una oportunidad para corregir y evitar una situación en la que pueda comprometer su responsabilidad internacionales por violación a los derechos humanos.
Los sindicatos firmantes consideramos que “Costa Rica tiene un proyecto constitucional que descansa en el respeto de los derechos humanos y la justicia social, así lo trazaron los Padres Fundadores de la Segunda República, y así lo hemos mantenido durante casi 70 años; no existe un motivo por el cual desviar ese gran pacto que nos da identidad nacional y singularidad en el mundo”.
Los Relatores Kaye, Voule y Forst hacen una conclusión muy puntual: “Consideramos que el proyecto de ley impone prohibiciones absolutas al ejercicio de la huelga para prácticamente todos los servicios públicos o por ciertos motivos, sin que se pueda mediar consideración sobre la razonabilidad o proporcionalidad de la huelga en un determinado caso.” Al respecto, los sindicatos firmantes consideramos que, “en momentos donde se tienen que tomar medidas complicadas, la solución no es neutralizar a la voz que se considera opositora; lo que hace un sistema democrático es abrir canales de diálogo social, donde sea posible encontrar soluciones creativas a los problemas sin afectar los derechos humanos, sin desfigurar nuestro gran proyecto constitucional. Por esto consideramos que esta comunicación de los Relatores Especiales debe ser emocional e inteligentemente aprovechada. Hacemos al respecto un llamado a la Sala Constitucional, para que tenga presente estas consideraciones al resolver la consulta de constitucionalidad, que trace las ‘líneas rojas’, los límites que en una sociedad democrática no se deben traspasar, y que, con dichos límites muy claros, la Asamblea Legislativa sirva de escenario para el diálogo social que nunca debió de descontinuarse.”
En el documento que remitieron los Relatores se pusieron a disposición de Costa Rica en sus esfuerzos para fortalecer el marco legislativo e institucional del país, y así garantizar la realización de los derechos humanos para todas las personas, y solicitaron que se les mantenga informados sobre los progresos que se desarrollen en esta materia.
Los Relatores Especiales son un procedimiento especial que depende del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a cuya membresía Costa Rica está aspirando, y que nosotros apoyaríamos, siempre que mantenga un decidido compromiso con los derechos humanos, por ejemplo, cumpliendo con las recomendaciones de esta OL que es parte de aquel mandato. No hacerlo, sería un contrasentido. El texto de la OL puede encontrarse en: https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24888
San José, jueves 10 de octubre de 2019.
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