Autor: ANEP

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La ofensiva patronal del gran empresariado (y su sector más recalcitrante, el de corte fascista), está decidida a acabar con la última frontera de resistencia que queda para evitar el desmantelamiento absoluto del Estado Social de Derecho, del Estado de Bienestar: los sindicatos.

Nadie, en los movimientos sociales de distinto carácter, debe llamarse a engaño: prácticamente la totalidad del parlamento está al servicio de esos intereses contrarios al bien común; y, por el contrario, están en la línea de potenciar todavía más el cruel proceso de concentración de riqueza que venimos sufriendo, con sus secuelas dolorosas de congelamiento salarial, de la precarización del empleo, de reversión de derechos laborales, de reducción del salario mínimo, de institucionalización de la informalidad y de aumento en la carga de impuestos de naturaleza regresiva.

La alta carga política pro-empresarial, que ya es más que notoria en la actual Asamblea Legislativa, es inversamente proporcional a la ausencia de una poderosa articulación de lo social y popular, puesto que la resistencia que se ha venido expresando, es de manera fragmentaria y sectorial; imposible de mostrar un fuerte polo de oposición estratégica al desafío de clase lanzado por los reales detentadores del poder.

Tal dificultad se debe a factores completamente subjetivos, determinados por fuertes personalismos en pugna entre sí.

El odio de clase que se muestra en vocerías notorias al servicio del gran capital desde varias curules legislativas, es de tal calibre que se han atrevido a impulsar un proyecto de ley de profundo sesgo antidemocrático: legislando para la ilegalización, la proscripción, el exterminio de la organización sindical. Solamente habíamos tenido noción de esta barbaridad tiránica en países latinoamericanos bajo sangrientas dictaduras.

El proyecto de ley que lo permitiría avanza a paso firme en su tramitación parlamentaria; avance que se consolidó con la aportación colaboracionista de representaciones sindicales del más alto nivel del sector magisterial, haciéndose nugatorio en la práctica cualquier mecanismo huelguístico en el futuro, incluido en el propio sector Educación.

La ley en trámite final para castrar de contenido el derecho constitucional de huelga, representa una fuerte acción jurídica de disciplinamiento obrero a fin de eliminar, de raíz, el contenido de avanzada que tuvimos, como país y en fecha reciente, en materia de legislación obrera, con ocasión del surgimiento a la vida legal de la ley de la Reforma Procesal Laboral.

Está sumamente demostrado que el neoliberalismo, a falta de argumentos convincentes, recurre a las más diversas formas de autoritarismo (incluido el de corte sangriento como el de Chile con Pinochet). Se trata de imponer un disciplinamiento obrero, liquidando o reduciendo al mínimo, a su más natural y legítima organización: el sindicato.

Noten ustedes que, en materia de potenciamiento político para que el gran empresariado materialice su agenda excluyente y haga real su cruzada antidemocrática, prácticamente todos los partidos políticos están coincidiendo en la Asamblea Legislativa actual: el desprestigiado bipartidismo clásico, ahora tripartidismo (PLN-PUSC-PAC), más las dos vertientes partidistas del evangelismo.

Este primer y duro golpe que le pretenden dar a la Reforma Procesal Laboral, con la castración del real contenido del derecho constitucional a la huelga, aunado a la posibilidad de la proscripción-ilegalización de sindicatos; consolida el papel nefasto del gran “empresauriado” en el control de la agenda política del país, contraria al bien común y a la integración y movilidad sociales.

Castrado el derecho constitucional a la huelga y abierta la posibilidad legal para disolver sindicatos, esa agenda del macro-corporativismo empresarial de corte neoliberal, incluye la relativización de la histórica jornada de 8 horas, la revisión a la baja del salario mínimo, la anulación del fuero de protección sindical, todo ello con especial énfasis en la actividad productiva privada.

En el caso del sector Público es dable esperar un fuerte cuestionamiento al salario escolar, así como entrarles duro a privatizaciones de gran calado que están pendientes desde hace mucho tiempo, en materia de las empresas estatales que todavía quedan en manos de propiedad pública y que siguen mostrando una fortaleza rentable sumamente codiciada.

Uno de los aspectos de mayor relevancia en la aportación de pensamientos y de ideas en aras de un nuevo proceso para la recuperación de la senda del bien común, tiene que ver con el sensible asunto de la soberanía y la seguridad alimentarias.

La corriente sindical en la cual militamos, logró concitar el mayor esfuerzo realizado hasta el momento en este aspecto, mediando el atinado y conocimiento de integrantes del Sindicato de Trabajadores y de Profesionales del Consejo Nacional de Producción (CNP) y de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), cuyas siglas son SIPRO-CNP.

Esta entidad obrera forma parte del conglomerado asociativo Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, mismo que incluye a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

La nueva cadena agroalimentaria costarricense es posible y necesaria representa un conjunto de planteamientos formulados en marzo de 2015. Se propone una producción sostenible de alimentos, libre de transgénicos, por cuando Costa Rica necesita una auténtica seguridad alimentaria.

Se nos insta en esta propuesta a que “…los costarricenses tomemos el control sobre la producción, almacenamiento, procesamiento, calidad e inocuidad, transporte y consumo; certificando la verdadera inocuidad de los alimentos”.

Uno de los puntos de mayor énfasis de la propuesta es su enlace directo con la necesidad de imperio de un buen proceso de nutrición de la población, planteado de la siguiente manera: “El costo social de la malnutrición, medidos por los años de vida perdidos -por muerte prematura o discapacidad-, a causa de la malnutrición infantil y materna y del sobrepreso y la obesidad, es muy alto”.

Por otra parte, para ese año en que se formuló la propuesta La nueva cadena agroalimentaria costarricense es posible y necesaria, las cifras en cuanto a la seguridad alimentaria costarricense nos hablaban de que el país estaba importando el 100% del maíz amarillo, el 100% de la soya y el 90% del maíz blanco, pero de carácter transgénico en los tres productos. Se citó que se importaba el 80% del frijol y el 60% del arroz. Además, se indicaba que toda la producción de lácteos, cárnicos (cerdo, pollo, res), y hasta la tilapia, resultaban alimentados con productos de origen transgénico. Estas cifras y estas proporciones no deben haber variado mucho a cuatro años de la presentación de la indicada propuesta. Por el contrario, la validez de la misma se ha acrecentado.

Ahora bien, según los proponentes, con la nueva cadena agroalimentaria está sustentada en tres principios: sostenibilidad ecológica, viabilidad económica y responsabilidad social.

Lo que nos interesa dejar claro es que la preocupación sindical en cuanto a la generación de propuesta ha abarcado hasta este sensible ámbito de la soberanía y de la seguridad alimentarias; es decir, teniendo en mente una visión-país centrada en la recuperación de la senda del bien común y de la integración y la movilidad sociales, buscando que los y las costarricenses produzcamos lo que nos debemos comer como alimentación básica y realmente nutricional; se muestra así un esfuerzo sindical responsable, el que no es del interés de los mass-media comerciales e ideológicamente matriculados con el fracasado neoliberalismo.

Por: Albino Vargas Barrantes

Ante la inminente aprobación legislativa del proyecto popularmente denominado “ley mordaza”, cuyo nombre oficial es Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos”, expediente legislativo No. 21.048; dado que el pasado viernes 9 de agosto, se aprobó en comisión parlamentaria, con una especie de “mayoría mecánica” de 5 votos a 1, han de escribirse muchas líneas, párrafos, páginas y libros.

Con el valor que da tener criterios de la más alta especialización en la materia, nuestras primeras impresiones ante esa nueva realidad político-social que se está abriendo paso, le compartimos a usted algunas impresiones, compartiéndoles que nuestro nivel de indignación es de tal calibre, como el nivel de resistencia que ejecutaremos en defensa de la Democracia misma.

El expediente aprobado, 21.049, incorpora los contenidos de su “gemelo”, el 21.097, el de la prohibición del ejercicio constitucional de huelga en la práctica totalidad de los servicios públicos que se estaba tramitando de manera paralela. Se fusionaron en uno solo.

El proyecto fusionado, como sus versiones originales paralelas, parte de un enfoque autoritario de las relaciones laborales, el cual concibe la huelga como una actividad antisocial que debe ser reducida a su mínima expresión, imponiéndole una serie de medidas represivas y sancionatorias.

Desde este enfoque, el proyecto lo que propone es profundizar el esquema prohibicionista de la huelga ya vigente en el Código de Trabajo; sometiendo el ejercicio de este derecho fundamental a un sinfín de requisitos y condicionamientos que no son otra cosa que verdaderos impedimentos que hacen nugatorio el derecho.

El ensañamiento contra este derecho de los trabajadores es tan encarnizado que no han quedado por fuera las medidas tendentes a criminalizar a las organizaciones sindicales por actos de huelga, estableciendo una serie de causales de disolución para los sindicatos que organicen movimientos de huelga.

Del contenido del proyecto destaca la prohibición a las huelgas contra políticas públicas, buscando con ello la criminalización del derecho ciudadano a la protesta.

Se refuerza la incorporación de una extensísima lista de actividades consideradas servicios públicos esenciales, en las que se cercena por completo el derecho que tiene los trabajadores de ejercer la huelga.

Para donde no llega la prohibición absoluta del derecho, se crea una categoría novedosa de servicios llamados de “trascendental importancia”en los que se incorporan una larga lista de actividades donde la huelga queda sujeta a fuertes limitaciones, para que en caso de darse su manifestación sea absolutamente inofensiva a los intereses del patrono y, por ende, ineficaz para la defensa de los derechos de los trabajadores.

Los condicionamientos que el proyecto de ley impone para el ejercicio de la huelga son tantos y tan abigarrados que hacen imposible a los trabajadores lograr que una huelga sea declara legal; pero por si acaso tal cosa llega a darse, no se permite que la huelga legal en servicios públicos dure más de 8 días.

Algo parecido sucede con la huelga en el sector educación. En este caso con la venia de los sindicatos del Magisterio Nacional, la huelga de los trabajadores de la educación pasa a ser un remedo de protesta que   sujetada a servicios mínimos y se limita a 21 días naturales de duración, es decir, a tan solo 15 días efectivos, cumplidos los cuales todos los docentes deben, sí o sí, reincorporase a sus puestos, so pena de despido sin responsabilidad patronal y desde luego, rebajándoles el salario.

El proyecto no deja resquicio alguno a través del cual los trabajadores vean la luz del derecho de huelga.

En definitiva, el texto de este nuevo proyecto supone la muerte del derecho de huelga en Costa Rica.

Este proyecto de ley constituye una afrenta a los valores y principios democráticos que inspiran el sistema político del país, razón por la cual nos oponemos a su aprobación; ya no solo desde nuestra posición sindical sino desde nuestra posición ciudadana, esto es, como ciudadanos de un país libre y democrático, habituados a las reglas de convivencia social propias de este sistema.

Con este proyecto de ley, los señores diputados no sólo limitan o coartan la libertad sindical y el ejercicio del derecho de huelga. También restringen las libertades públicas básicas y elementales del sistema democrático. Esta es en definitiva la labor que llevan a cabo el sicariato político-parlamentario, liderado por el señor legislador Carlos Ricardo Benavides Jiménez.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Trate usted de imaginarse lo que representa esta cantidad de plata: 12 mil 351 millones 200 mil dólares ($12.351.200.000). Ahora, haga lo mismo con esta otra: 20 mil 468 millones 800 mil dólares ($20.468.800.000). Sumemos las dos: 32 mil 819 millones 800 dólares ($32.819.800.000). Recuerde: estamos hablando en dólares y, para mayor comprensión, hablemos en números redondos: 33 mil millones de dólares: $33.000.000.000.

Convirtamos semejante cantidad de plata, en dólares, a un tipo de cambio de, digamos, 580 colones por dólar. Entonces tenemos, 19 billones 140 mil millones de colones: ¢19.140.000.000.000.

Tomemos esta gigantesca cantidad de plata en colones y hagamos la relación de esta con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), mismo que en Costa Rica anda por los 350 mil millones de colones por punto porcentual. Entonces, ¡pongan cuidado!: prácticamente estamos hablando de 55 puntos PIB. ¡Sí, 55 puntos PIB!

¿A dónde queremos llegar? ¿Qué pretendemos que usted comprenda? ¿De qué estamos hablando? ¡Atención!:

Don Eduardo Prado Zúñiga, gerente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), por petición nuestra, nos dirigió con fecha 14 de diciembre de 2018, su oficio No. GER 0337-2018, en el cual nos dio a conocer el dato por él denominado “Depósitos del público y tenencia de los activos de los bancos comerciales en moneda extranjera, en millones de dólares”. 

El primer dato de arriba, los 12 mil 351 millones 200 mil dólares, se catalogan como “Depósitos del público en moneda extranjera en los bancos”; y el otro, los 20 mil 468 millones 800 mil dólares, se clasifican como “Tenencia de los bancos de activos en moneda extranjera”. Atesoran unos 33 mil millones de dólares.

Conclusión: ¡Los banqueros están boyantes! Están en una situación próspera, muy favorable, de gran felicidad.

Tomemos nota de la contracara de esta realidad: La neoliberal Ministra de Hacienda, la señora Rocío Aguilar Montoya, nos ha anunciado que la deuda pública del país llegará, este año, a la peligrosa cifra de los 59 puntos porcentuales del PIB; y, además que, si avanza hasta los 60 puntos PIB, para el año entrante 2020, la paralización del sector público llegará hasta la grave situación de detener cualquier tipo de inversión en obra pública. 

Es decir, la deuda pública del país está llegando a la también gigantesca cantidad de los 20 billones 650 mil millones de colones (20.650.000.000.000), lo que en dólares representa la cifra de 35 mil 603 millones de dólares; redondeando, 36 mil millones de dólares. Conclusión: ¡la deuda es estrangulante!

Hagamos, en consecuencia, la siguiente relación para dimensionar, desde nuestra perspectiva obrero-social, la magnitud de la desigualdad en Costa Rica: Por un lado, la deuda pública del país llega ya a los 36 mil millones de dólares; mientras que la plata que tienen los bancos comerciales, en moneda extranjera, es muy similar: 33 mil millones de dólares, a setiembre del año pasado 2018. ¿Cómo estarán a un año después? 

Por supuesto que nadie, en su sano juicio, podría pensar que, ante la magnitud de tales cifras y el contraste entre ellas, se pudiera pensar que habría que impulsar medidas estatistas de expropiación de capitales privados depositados en los bancos en moneda extranjera para hacerle frente a esa deuda pública que nos está estrangulando. Ni con esta finalidad ni con ninguna otra.

Sí nos interesa abrir el debate público al respecto, especialmente ante la ciudadanía trabajadora y ante la población altamente endeudada en dos sentidos. Por un lado, la urgencia de que se proceda con una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública, así, indicado en mayúsculas, pues llegar a los 60 puntos PIB de deuda el año entrante 2020, implicará tormentos sociales y familiares de mayor impacto confrontativo.

Por otro, queremos empezar a preguntar, en alta voz, cómo es que los bancos comerciales, públicos y privados, han llegado a acumular tanta cantidad de plata en moneda extranjera. ¿Cuáles son las medidas de política económica, fiscal, monetaria, tributaria y similares adoptadas en los gobiernos de los últimos tiempos, los del tripartidismo PLN-PUSC-PAC, como para que estos grupos financieros, incluyendo los bancos estatales, estén en condiciones tan boyantes en contraposición a las condiciones que tienen las mayorías populares y ciudadanas?

El que la deuda del país sea estrangulante y el que los banqueros estén más que boyantes solamente tiene una explicación: la adopción del perverso dogma neoliberal en cuanto a las políticas macroeconómicas y macrofiscales de las sucesivas administraciones gubernativas de los últimos 35 años, a partir de la implementación del primer programa de ajuste estructural, en 1984, durante la presidencia Monge Álvarez. 

Desde ese momento a la fecha, los mismos grupos de poder económico-financiero han tenido la hegemonía estratégica del control sobre los gobiernos hasta hoy en día con el ya descarado neoliberal partido PAC: el balance es atroz para el pueblo, para las mayorías: Deuda pública representando el 59% del PIB… y creciendo; banqueros boyantes con plata acumulada por el orden del 55% del PIB… y creciendo. ¿Cuánto más aguantaremos?

¡5 MIL EMPLEOS EN RIESGO! Esta es la cifra que ha venido dando el sector empresarial exportador piñero del país, en cuanto a probables despidos en esta actividad productiva, si se mantienen las altas tarifas impuestas por el consorcio transnacional APM Terminals, al cual le fue casi que regalada la jugosa actividad de operación de los muelles portuarios de Limón que durante casi 60 años operó Japdeva.

Ahora nos encontramos con un nuevo grito de desesperación al respecto, esta vez proveniente de la Corporación Bananera Nacional (Corbana), la cual denuncia que la tarifa por mover una caja ha crecido en 23 centavos de dólar, afectando uno de los más “sagrados” preceptos del libre mercado: la “competitividad”.

Y lo que es peor, Corbana nos está diciendo que ahora los muelles del Atlántico costarricense son los más caros de la región centroamericana. ¡Qué va! Lo que están reconociendo de manera implícita y ya lo habíamos apuntado en otro comentario nuestro, es que con Japdeva la operación era mejor y más barata.

De la cruda realidad que nos está mostrando la imposición del contrato de operación portuaria a cargo de la transnacional holandesa, destacamos que mover una caja de banano en los muelles de Limón ahora cuesta un 109%. Se pasó de 0.21 centavos de dólar que costaba con Japdeva, a los 0.44 centavos actuales, un incremento absoluto de 0.23 centavos, más del doble.

Lo más llamativo del grito de auxilio de Corbana es que invocan el interés público, pues le piden intervención al Consejo Nacional de Concesiones (CNC), para que les ayude ante el poder público político e institucional (MOPT-Aresep), a bajar las tarifas y, por tanto, no se pongan en peligro de riesgo financiero a las exportadoras de banano y de piña.

El interés público señalado por Corbana tiene una enorme proyección social: las familias trabajadoras asalariadas dependientes de la producción exportable de banano y de piña. Hace un tiempo el empresariado piñero, pegando el grito al cielo también como Corbana, indicó que 5 mil empleos podrían estar en riesgo de perderse si APM sigue cobrando tarifas abusivas.

Al respecto pensamos que todas estas personas trabajadoras, ya sean las 5 mil que podrían perder su trabajo, según el empresariado piñero; o bien, otros posibles empleos en riesgo en la propia actividad bananera, deben hacerse sentir; es decir, deben expresar su opinión ante el país e introducirse en el debate acerca de las altas tarifas que cobra APM y que, repetimos, ha generado el grito desesperado de Corbana.

¿Y qué tal si los obreros bananeros y piñeros salen a la calle? Tendrían más que justificadas razones, con fundamento en la invocación al interés público que formula Corbana. ¡Pues sí! Lanzamos esta iniciativa para que todas las personas trabajadoras del banano y de la piña se tomen un ratito y reflexionen sobre su propia estabilidad en el empleo, la estabilidad social y familiar, así como su bienestar, en el marco de las altas tarifas que está cobrando APM Terminals; en el marco de la confesión de Corbana de que estas son las tarifas más caras de la región y que, por tanto, los puertos de Limón y de Moín ya no serían competitivos.

Es posible organizar un evento de calle en domingo, creemos nosotros. Dejamos esta iniciativa en manos de esos valientes compañeros y compañeras que ostentan niveles de representación sindical en las distintas fincas, de las diversas empresas productoras del banano y de la piña, de las varias representaciones obreras para que, sin mediar sigla de por medio, se haga manifestación pública y pacífica de la gran preocupación obrera y familiar si APM Terminals insiste en esas altas y desmesuradas tarifas.