La Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), también se suma al apoyo que han brindado diversas organizaciones internacionales y nacionales a la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), luego de los ataques antisindicales que ha surfrido nuestra organización y el Secretario General.
Compartimos nota de apoyo de la CSA
Nota de Apoyo de La CSA Al Cro Albino Vargas by EugenioGuerrero on Scribd
Por: Benjamin Sevilla García
Secretario de Juventud de la ANEP
Costa Rica es reconocida internacionalmente por su hábil manera de proyectarse al mundo como un país sin ejército, amante de la paz y respetuoso de los derechos humanos de todas las personas.
Existen factores históricos que explican el porqué de esta privilegiada realidad, un tema que sin lugar a duda apasionaría a cualquier estudioso de la materia. Sin embargo, ningún país del mundo, por más civilizado que se le considere, está exento de cometer abusos o acciones regresivas en perjuicio de la dignidad de las personas.
En tal sentido, resulta legítimo que se valore el estado actual de nuestro país en el tema de protección de los derechos humanos. Esto no implica carencia de patriotismo ni deseos de minimizar la reputación internacional que se ha logrado. Pero, lo cierto es que, algunas decisiones políticas del momento son claras advertencias del desarrollo de una especie de relativización de los derechos humanos.
Quizá la manera más evidente de probar la existencia de esta relativización sean las reformas a la legislación laboral y las transformaciones fiscales promovidas por el Gobierno y por la Asamblea Legislativa. En ambos casos, las consecuencias adversas se dan sobre las personas con mayor vulnerabilidad: la violación de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras y las cargas impositivas que recaen, mayormente, sobre las personas empobrecidas.
Lo anterior nos lleva a pensar que la relativización de los derechos humanos en Costa Rica es un acto cínico de quienes se escudan en el discurso de los derechos humanos, pero en la práctica se apartan de su cumplimiento. De esas figuras que ni siquiera se sonrojan a la hora de interpretar la dignidad de las personas como un bien subyugado a los intereses de la política electoral.
Ante una realidad como la expuesta, cobran sentido las numerosas observaciones, 212, que le hicieron los países de Naciones Unidas a Costa Rica en virtud del Examen Periódico Universal (EPU). Se trata de señalamientos que tienen que ver con los derechos humanos de las personas trabajadoras; con la represión policial durante las protestas; con la corrupción y falta de independencia del Poder Judicial; con la empleabilidad de las personas jóvenes; y, con la protección social y las políticas nacionales de salud ocupacional.
La imagen del país como respetuoso de los derechos humanos está sujeta al escrutinio internacional. Por esta razón, si existe voluntad para actuar de buena fe, las personas que nos representan en los organismos internacionales deberían ser elegidas por su idoneidad y no por favoritismos. La clase política, en general, debería admitir la necesidad de recibir un curso intensivo que les permita obtener herramientas suficientes para actuar y opinar con precisión respecto de los procedimientos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y del propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Recientemente, fuimos testigos de una solemne exhibición de ignorancia por parte de quienes rechazaron los criterios de tres Relatores Especiales, Expertos Independientes que con absoluta objetividad le señalan al país una serie de medidas que son violatorias de los derechos humanos de las personas trabajadoras. No obstante, lejos de asumir una posición respetuosa ante las recomendaciones y solicitudes de estos Expertos, algunos políticos y ciertos periodistas se aliaron para desvirtuar y contradecir lo dicho por aquellos.
Por eso, es importante señalar que el país no ha mostrado resistencia para aceptar la validez del Examen Periódico Universal, que es un órgano basado en la Carta de las Naciones Unidas, igual que el Consejo de Derechos Humanos, que los Procedimientos Especiales del Consejo y que los Procedimientos de Reclamación.
Como el país se ha mostrado anuente, al menos en el discurso, a respetar los Órganos de Tratados, dentro de los cuales está el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que mucho tienen que decir respecto de la criminalización de la protesta, la libertad sindical, la huelga y demás derechos de las personas trabajadoras, no hay razón alguna que justifique el rechazo de una voz tan calificada como la de los Relatores.
Se debe recordar que el criterio de los Expertos sobre el caso de Costa Rica y sus posibles violaciones a los Derechos Humanos no es una Carta de Alegación, sino una OL, “Other Letter” y tiene que ver con los Procedimientos Especiales. Es decir, se refiere a un mecanismo establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para hacerle frente a situaciones concretas en países concretos, o a cuestiones temáticas en todo el mundo (mandatos por país o mandatos temáticos).
Los mandatos de los procedimientos especiales, por lo general, encomiendan a los titulares a examinar, supervisar, prestar asesoramiento e informar públicamente sobre la situación de derechos humanos en países, territorios o a nivel mundial.
En el caso costarricense no se puede seguir relativizando los derechos humanos, admitiendo unas categorías y desconociendo deliberadamente otras. No se puede caer en el absurdo de admitir las recomendaciones cuando convienen.
El derecho de las minorías es tan importante como el de las personas trabajadoras. Bien haría la clase política en revertir las acciones desafortunadas que hasta el momento ha tomado y evitar posibles demandas internacionales en contra del país.
Por Mainor Anchía, Seccional ANEP-Fuerza Pública
En estos días hemos participado en reuniones con el Poder Ejecutivo; al menos, con algunos jerarcas o viceministros de diferentes cuerpos policiales, con la finalidad de buscar consenso en torno a la agenda que hemos planteado en aras de la dignificación de la función policial.
En tal sentido, de entrada, se nos hizo ver que el Gobierno no haría nada para excluir a los policías de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (No. 9.635), así como tampoco del proyecto Ley Marco de Empleo Público, invitándonos a presentar las acciones que creamos pertinentes, lo cual ya hicimos.
La aplicación de la Ley Nº 9635 en los cuerpos policiales se dio en detrimento de los derechos establecidos en la Ley Nº 7410, conocida como Ley General de Policía, en cuyo articulado se hace mención de incentivos por carrera policial, crecimiento profesional, antigüedad, entre otros rubros. Rubros como el quinquenio que reconocía en un 5 % la permanencia en la función policial, fue cercenado, así como el 2.5 % del Curso Básico Policial y otros incentivos que fueron establecidos en el Estatuto Policial que data del año 1994. Lo anterior, omitiéndose por completo, lo señalado en el artículo número 34 de nuestra constitución política, así como lo establecido en nuestra ley laboral, sobre el principio protector y el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales.
Es evidente, que los diferentes gobiernos dejaron en el olvido, no le dieron ningún lugar en sus programas de gobierno a las condiciones laborales de los servidores policiales. El actual Gobierno tampoco lo hizo. En tal sentido, existe una deuda histórica para las personas que nos cuidan, quienes, de madrugada, bajo la lluvia o el sol, en la adversidad del día a día, sin uniformes, con botas rotas, sin equipo, en delegaciones insalubres, dan lo mejor de sí para mantener el orden público y la paz social.
Se ha escuchado decir que la función policial es especial, excepcional, sin embargo, no se ha reconocido el valor que merecen las personas que la ejecutan. El funcionario policial es un ser excepcional, algo tiene que lo hace diferente. Diré en que se fundamenta mi afirmación.
El policía es mal pagado, recibe uno de los salarios más bajos del Gobierno central. El Gobierno, una y otra vez, le ha dado la espalda al gremio policial y para muestra la regresividad salarial que le impone la Ley 9635. Sin embargo, ante las protestas de diversos sectores, nuestros policías cumplen a cabalidad sus funciones, acatando el mandato constitucional de resguardar el orden público, aunque su corazón les dicte otra cosa.
La excepcionalidad jurídica se sustenta en la línea jurisprudencial que ha sostenido la Sala Constitucional, la cual estima que, a las personas trabajadoras de los cuerpos policiales les cubre el artículo 143 del Código de Trabajo; al mismo tiempo que no les aplica lo señalado en el artículo número 58 de la Constitución Política, excepto en lo que cita el último párrafo: “Sin embargo, estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados, que determine la ley” (Art. 143 CT). En lo que concierne a sus derechos según la siguiente cita del mismo numeral, quedan excluidos: “La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana. El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más de los sueldos o salarios estipulados”. O sea, los funcionarios policiales tienen una jornada de doce horas diurnas o nocturnas de manera ordinaria, evidentemente distinta del resto de trabajadores del sector público.
Así las cosas, es momento de buscar balanza, el equilibrio que nos permita dignificar el trabajo que realizan hombres y mujeres en los distintos cuerpos policiales. Es tiempo de encontrar voluntad política para dotarles de un régimen especial de pensión, que les permita disfrutar dignamente de sus años de servicio a la Patria.
La función policial da cuenta de hijos e hijas que crecieron con la figura de padres ausentes, de personas que deben limitar sus actividades sociales, porque la naturaleza de sus funciones les demanda presencia las veinticuatro horas del día y los trescientos sesenta y cinco días del año.
La función policial es ejecutada por buenas personas, que sin importar lo mal que les han tratado nuestros gobernantes y nosotros como sociedad, le ponen el pecho a las “balas”, para protegernos y mantener la paz social, en momentos convulsos en nuestro país.
Lic. Mainor Anchía Angulo
Seccional ANEP Fuerza Pública
Desde diversas partes del mundo llegan las muestras de apoyo con la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), luego de diversos ataques antisindicales que ha sufrido nuestra organización. En esta oportunidad la EUROBAN (European Banana and Agro Industrial Product Action Network) muestra su solidaridad con el Sindicalismo Costarricense.
Así lo dio a conocer la Euroban por medio de un comunicado de prensa, que ya circula entre los movimientos sociales y sindicales de la Unión Europea (UE) y Costa Rica, donde destaca el ataque sindical de diversos sectores, entre estos la UCCAEP, hacia el sindicalismo costarricense.
“El sindicalismo en Costa Rica está sufriendo una gran arremetida antisindical dirigida por el Gobierno, el sector empresarial, aglutinado en la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la empresa privada (UCCAEP), la prensa ligada a estos intereses, el congreso nacional por medio de la tramitación de nuevas leyes en la Asamblea Legislativa, mismas que van directamente a liquidar-eliminar el sistema jurídico-legal que da sustento al sindicalismo, criminalizar la acción sindical, la protesta social, impedir la acción de la sociedad civil y agrupaciones patrióticas, acabar con la reforma procesal laboral, violando los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos”, indica el documento.
La EUROBAN, que es una coalición de organizaciones de la sociedad civil europea que vela por el comercio justo y por la producción limpia, social y ambiental en países productores de banano y de piña como Costa Rica, también cuestiona el ataque que recibe el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes.
“Vemos con preocupación que los ataques en contra de líderes sindicales buscan impedir sus actividades de defensa de los derechos humanos, en particular en contextos de desarrollo sindical Recordamos el deber del Estado costarricense de proteger a las personas defensoras de derechos humanos, como firmante de tratados y convenios internacionales”, manifiesta la Euroban.
Ante este escenario, la Euroban exhorta al Estado de Costa Rica a adoptar medidas inmediatas y urgentes para prevenir todo acto de violencia contra el Secretario General de la ANEP, ya que no hace más que cumplir con su deber de defender los derechos humanos y sindicales de los trabajadores y trabajadoras.
Este pronunciamiento de la Euroban, se une a los ya realizados por la Internacional de Servicios Públicos (ISP), la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) y otras organizaciones internacionales.
Compartimos la carta de apoyo enviada por la Euroban
Solidaridad Europea con la ANEP by EugenioGuerrero on Scribd
La Internacional de Servicios Públicos (ISP) defiende los derechos humanos, promueve la justicia social y el acceso universal a servicios públicos de calidad. La ISP trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colaboración con entidades de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones.
Carta MTSS Costa Rica Oct. 09 2019 by Yariela Novo on Scribd
Las organizaciones laborales que suscribimos el presente documento aclaratorio, queremos compartir con la sociedad costarricense las siguientes consideraciones:
1) Celebramos y recibimos con amplia satisfacción la carta OL CRI 5/2019 suscrita por los Relatores Especiales sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, y sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, en el sentido de advertir al Estado costarricense que el proyecto de Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos, en caso de culminar el proceso de formación de ley, incumpliría obligaciones en materia de derechos humanos que han sido asumidos soberana y libremente en los tratados ratificados por Costa Rica.
2) Ante cuestionamientos de sectores que se sienten incómodos y que han tratado de desvirtuar el mandato de esos Relatores de Naciones Unidas, en lugar de rebatir con argumentos de fondo, ACLARAMOS: Los Relatores Especiales son expertos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos, a quienes, por virtud de su trayectoria y experiencia sobre temas específicos, se les confía el monitoreo global sobre la situación de los derechos humanos de su ámbito de competencia. Con miras a preservar su independencia técnica, no son empleados o funcionarios de la Organización de Naciones Unidas. La función de los Relatores Especiales se enmarca dentro de los denominados Procedimientos Especiales, que son mecanismos cuya fuerza jurídica descansa en la obligación de los Estados miembros de Naciones Unidas de respetar y garantizar los derechos humanos.
3) Cuando presentamos la solicitud respectiva a los Relatores Especiales, el primer debate no había sucedido aún; nuestra gestión tenía una finalidad preventiva. Esto queda demostrado con la expresión contenida en el tercer párrafo de la correspondencia OL CRI 5/2019 cuando expone: “El ‘Proyecto de Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos’ (en adelante el proyecto de ley) fue presentado inicialmente el 25 de octubre de 2018 y el texto fue actualizado el 30 de agosto de 2019.” Como se sabe, el día 4 de septiembre quedó fijo el texto resultante del primer debate legislativo.
4) Lo anterior explica por qué en la correspondencia OL CRI 5/2019 se hace referencia a situaciones cuya formulación textual pudo haber tenido cambios entre el 30 de agosto y el 4 de septiembre. De ninguna manera esto desacredita o desvirtúa el contenido del pronunciamiento de los Relatores Especiales.
5) Es importante que se conozca que la correspondencia OL CRI 5/2019 no finaliza la supervisión internacional; en lugar de ello, puede afirmarse que este mecanismo internacional surge, emerge inicialmente. Esto se desprende de la parte final de la correspondencia OL CRI 5/2019 en la que los Relatores Especiales solicitan al Estado costarricense que se sirva “proporcionar cualquier información o comentario adicional en relación con las alegaciones mencionadas arriba”. En tal sentido, si hay recomendaciones emitidas por los Relatores Especiales que carezcan de pertinencia por ocasión de la modificación del texto resultante del primer debate legislativo, entonces Costa Rica tendrá la oportunidad de actualizar a dichos Relatores Especiales sobre esas variaciones. Asimismo, como organizaciones laborales, estamos igualmente dispuestos e interesados en mantener actualizados a dicho Relatores. El valor esencial de este documento descansa en la capacidad preventiva de violaciones a los derechos humanos; pues si Costa Rica insiste en avanzar dicho Proyecto de Ley en contravía de los estándares internacionales, se expone a ser denunciada internacionalmente por la expedición de leyes contrarias a los tratados de derechos humanos de los que es Estado parte.
6) Lo importante, que es donde deberían focalizarse las energías institucionales y sociales de Costa Rica, es que el Proyecto de Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos conlleva violaciones potenciales a tratados de derechos humanos, y que la Sala Constitucional, en el marco de la consulta de constitucionalidad que pende aún en el expediente legislativo Nº 21.049, es la oportunidad institucional para corregir las discrepancias entre dicho proyecto y el derecho de la Constitución, en el que se integran los tratados de derechos humanos ratificados por Costa Rica.
7) Finalmente, algunas preguntas han surgido sobre el posicionamiento de los Relatores Especiales, en el sentido que el umbral del 50% de los trabajadores para proceder a la huelga, es un estándar aceptado por la Organización Internacional del Trabajo. Al respecto nos vemos en la necesidad de aclarar que el Comité de Libertad Sindical —que es el órgano de supervisión internacional sobre el Convenio 86, relativo a la libertad sindical— ha establecido que la exigencia de una mayoría absoluta puede implicar una limitación importante del derecho de huelga, habiendo solicitado la revisión de este umbral (Comité de Libertad Sindical, Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres y otros Vs. Perú, Caso 1081, para. 266; adicionalmente: Organización Internacional del Trabajo, Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT, 5ª edición revisada, 2006, paras. 562, 556-558).
San José, jueves 10 de octubre de 2019.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS)
Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (ASDEICE)
Sindicato de Ingenieros Profesionales del Instituto Costarricense de Electricidad (SIICE)
Durante el primer semestre de este año, desde ASDEICE alertamos que se estaba perfilando una nueva ofensiva contra el Instituto Costarricense de Electricidad. El día de hoy martes 13 de noviembre de 2019, queremos dejar constancia ante la ciudadanía que habita nuestro país, que se tramita en la Asamblea Legislativa, una serie de proyectos de ley, que lejos de ser aislados, forman parte de una estrategia articulada, pensada para desmantelar el ICE y sus subsidiarias.
Estos proyectos, forman parte de una agenda neoliberal, a través de la cual, intereses que siempre han promovido la contra reforma social, intentan terminar de aplicar en nuestro país, la última etapa del modelo neoliberal que solo estragos y desigualdad social ha causado en el continente.
Vienen por el ICE: A través de la instrumentalización de una mayoría mecánica legislativa, buscan acelerar la aprobación de una serie de iniciativas de ley, que lejos de ser proyectos aislados, son un conjunto de iniciativas de ley que afectarán de forma dramática al Grupo ICE y su importante labor en la sociedad costarricense.
Desde ASDEICE denunciamos ante el país, la existencia y puesta en marcha de una agenda legislativa para debilitar al Grupo ICE, conformada por una serie de proyectos de ley que escudados en nombres que agradan al oído con ciertas palabras clave, encubren iniciativas que causarán graves afectaciones al giro de actividades del ICE, impactando negativamente la calidad de vida de las y los costarricenses. Estos proyectos de ley, son lo que el lenguaje popular llama “lobos con piel de oveja”, ya que sus contenidos, tratan de presentar como criterios técnicos, planteamientos que en realidad parten de un marcado corte ideológico neoliberal, orientado a la reducción del Estado y a la mercantilización y el lucro privado de servicios públicos, como el Modelo Eléctrico de Empresa Estatal verticalmente integrado, que tantos beneficios trae a la sociedad costarricense.
Estos proyectos de ley, son promovidos por diputaciones del bipartidismo clásico (PUSC, PLN), con apoyos en partidos emergentes (PAC, RN, NR) y algunos diputados independientes; quienes si bien se presentan ante la ciudadanía con distintas banderas partidarias, comparten como denominador común el dogma neoliberal que impulsa sus políticas públicas (económico-fiscales), sin advertir que su apuesta por “todo mercado-nada Estado” ha fracasado.
Quienes insisten en apostar a una mayoría mecánica legislativa; olvidan la creciente distancia entre gobernantes y gobernados, el creciente malestar social acumulado que sus políticas neoliberales ha concitado, y el abrumador repudio ciudadano ante la imposición de lo que cada vez más compatriotas califican como “un rumbo equivocado”.
Desenmascarando la base de la estrategia desestabilizadora:
Los mismos intereses que hoy atacan al ICE, lo hicieron contra JAPDEVA, ofreciendo como solución la panacea neoliberal, de la terminal portuaria privada que ahora es una realidad. Hoy no solo se ven las consecuencias sociales en la problemática de empleo de Limón, sino que además diversas cámaras empresariales plantean que las tarifas de APM Terminals son hasta un 300% mayores, afectando la rentabilidad de los negocios de quienes se dedican a exportar e importar; poniendo en riesgo la actividad comercial que se realiza en dichos muelles. Incluso empresarios bananeros de conocida trayectoria política han reconocido públicamente que extrañan labor de la portuaria estatal JAPDEVA.
Todo lo anterior, fue advertido
sistemática y responsablemente por el sindicato SINTRAJAP (quienes a la fecha
impulsan varias acciones legales sobre el tema), sin embargo como sociedad no
se les prestó la atención debida y se prefirió creer el discurso del
desprestigio de lo estatal y la panacea neoliberal.
¡Que no pase lo mismo con el ICE! Hoy desde ASDEICE nuevamente advertimos a la
ciudadanía…
Principales proyectos de ley de la agenda legislativa para desmantelar el ICE:
| No Expediente | Nombre | Proponente | Efectos |
| No 21604 | Ley del Centro Nacional de Control de Energía (CENCE) para generar prosperidad y una mejora en la competitividad del país. |
Pedro Muñoz
Fonseca (PUSC) María Inés Solís Quirós (PUSC) | Extrae el CENCE del ICE, a pesar de la inversión millonaria realizada en infraestructura, más allá de lo establecido en ley constitutiva del ICE. Modifica el modelo de comprador único garante del acceso de electricidad de toda la población. |
| No 21605 | Ley que abarata el costo y desconcentra la generación eléctrica | Pedro Muñoz Fonseca, María Inés (PUSC) | Cambia marco regulatorio modificando los esquemas de distribución, en busca de mayores niveles de apertura del Modelo Eléctrico. |
| No 21606 | Ley para una efectiva integración de Costa Rica al Mercado Eléctrico Nacional |
Pedro Muñoz
Fonseca (PUSC) María Inés Solís Quirós (PUSC) | Modifica el artículo 3 de la Ley No 9004 para que el ICE y sus empresas no sean los únicos agentes del MER por CR (Ley 8660) y esto se amplíe a todas las empresas generadoras, distribuidoras y comercializadoras de energía (públicas, privadas o mixtas), así como a grandes consumidores. |
| No 21662 | Reforma de la ley de la autoridad reguladora de los servicios públicos n.º 7593, y sus reformas, para racionalizar el precio de la energía eléctrica. | Pablo Heriberto Abarca Mora (PUSC) | Reforma al artículo 31 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), para que las empresas públicas que ofrecen el servicio de electricidad no puedan incluir dentro del cálculo de la tarifa los costos de inversiones y los esquemas de financiamiento que utilizan. |
| No 20794 | Ley de Fortalecimiento de la CNFL – Sociedad Anónima |
Franklin
Corella Vargas (PAC), Michael Jake arce Sancho (PLN) Gonzalo Ramírez Zamora (PRC) | Genera un proceso de transformación profundo en la CNFL. Traslada su capital social a propiedad de las municipalidades ubicadas en territorio de áreas de distribución y comercialización de CNFL. Cede al ICE unidades organizativas, plazas de personal, activos físicos, infraestructura de generación de energía, contratos y empréstitos de generación con entidades financieras, etc. |
| No 21670 | Ley para el Rescate de las Finanzas del ICE y sus Empresas | Silvia Hernández Sánchez (PLN) | Otorga al Consejo Directivo del ICE la facultad de decidir la venta de activos institucionales (entre otros aspectos). |
| No20909 | Ley de reforma al artículo 35 de la Ley No 8660 (…). | Ana Delgado Orozco (PLN) | Pretende hacer públicos estados financieros. Deja al ICE en una condición de vulnerabilidad frente a sus competidores, debilitando la capacidad comercial, estratégica y competitiva de la Institución. |
| No21180 | Ley de creación de la Agencia Nacional de Gobierno Digital | Wagner Jiménez Zúñiga (PLN) | Creación de una agencia nacional digital, paralela a Radiográfica Costarricense, para desarrollar, ejecutar e implementar la estrategia nacional del Gobierno Digital. Mina actividad de RACSA. |
| No 21014 | Ley de lucha contra el uso abusivo de la contratación administrativa entre entes de derecho público | Pablo Heriberto Abarca Mora (PUSC) | Modifica la Ley N.° 7494 (Ley de Contratación Administrativa) letargando agilidad estatal para desarrollo expedito de proyectos a través de contratación entre entes de derecho público. Impacta competitividad de Radiográfica costarricense (RACSA |
| No 21546 | Ley General de Administración Pública |
Varios/as Dip. (Hacienda-CGR) | Reforma integral al marco legal de contratación administrativa, eliminando el régimen especial de contratación del ICE por operar en competencia. |
Desmontando el discurso tras los proyectos que impactan el Sector Electricidad del Grupo ICE:
Cinco de estos proyectos de ley (expedientes No 21604, 21605, 21606, 21662, 20794) implican una transformación profunda del Sistema Eléctrico Nacional y el Modelo de empresa pública verticalmente integrada, de comprador único que tanto beneficio ha traído al país.
Los intereses que impulsan el desmantelamiento de ICE – Electricidad, promueven una campaña de desprestigio institucional ante la opinión pública. Esto lo hacen a través de afirmaciones que han sido técnicamente descalificadas. Pese a ello insisten en repetir que los proyectos son muy caros, que la electricidad privada es más barata, que el modelo eléctrico es obsoleto y que el ICE está quebrado. Lo anterior en busca de convertir la energía eléctrica en una mercancía lucrativa para negocios privados.
Tarifas Eléctricas ICE son competitivas en la región: No llevan razón quienes dicen que en materia de tarifas eléctricas el ICE no es competitivo. En Centroamérica las tarifas ICE son más baratas que el promedio, tanto en el sector residencial, como en el comercial y el industrial. Esto según datos de la CEPAL a diciembre de 2018 (ver anexo 1). Otro aspecto que no suele mencionarse es que los usuarios residenciales destinan menor parte del salario al pago de electricidad, debido a que pese al estancamiento, los salarios en nuestro país son mayores a los de los países centroamericanos.
En cuanto al precio de electricidad de distribuidoras eléctricas latinoamericanas, las tarifas ICE se mantienen cercanas al promedio en el sector residencial, comercial e industrial. Esto según datos de la Comisión de Integración Energética Regional CIER para 2018. Se debe tener en algunos de estos países, las empresas distribuidoras no tienen participación total en el territorio, y en otros casos, cuentan con un subsidio del (ver anexo 2).
Matríz eléctrica renovable: Para el año 2017 el Modelo Eléctrico Nacional rompió el record de generación eléctrica renovable, al sumar 300 días ininterrumpidos, produciendo el 99.6% de su energía con fuentes renovables (agua, geotermia, viento, biomasa y sol).
En un reciente informe, el Banco Mundial (Doing Business 2020) colocó a Costa Rica en el puesto 25 del mundo en cuanto a calidad y acceso a la electricidad. Entre las economías analizadas obtuvimos en esa materia una posición superior a la de países como Chile o Colombia. Procedimientos, tiempo y costos para conectarse a la red eléctrica, confiabilidad del suministro de electricidad y transparencia de tarifas son atributos que destacaron en el estudio (ver anexo 3).
Contrario a lo que dicen adversarios del modelo costarricense; el ICE-Electricidad tiene tarifas competitivas con un producto de alta calidad que en materia de matríz eléctrica nacional es ejemplo mundial.
El Centro Nacional de Control de Energía (CENCE): El CENCE es el corazón del modelo eléctrico del ICE. Dirige y administra la operación del Sistema Eléctrico Nacional, para satisfacer la demanda eléctrica del país, y hacer efectivos los intercambios de energía –importación e importación- con el Mercado Eléctrico Regional (MER). Es decir, se encarga de planificar la transmisión y distribución a nivel nacional e internacional, a la vez que orquesta la producción y distribución de energía eléctrica diaria en todo el país, y coordina las compras y ventas que se realizan a nivel nacional e internacional en el marco del modelo de empresa pública verticalmente integrada, de comprador único que tiene Costa Rica.
Para el 2016 y por noveno año consecutivo, la empresa uruguaya LSQA certificó en calidad el CENCE del ICE, atestado que lo convierte en el único en su tipo con tal distinción en Centroamérica y el Caribe (ISO 9001:2008 que comprende una serie de normativas de gestión y pautas de actuación).
Sacar el CENCE del ICE implica crear una instancia auto administrada, que definirá quién produce y a quién se le compra la electricidad en Costa Rica, o en el extranjero, negociando los precios de compra y con ello convirtiendo la electricidad en una simple mercancía.
Desde un nuevo CENCE fuera del ICE, los generadores privados tendrán injerencia sobre el sistema eléctrico nacional (cuánta energía se debe producir, a quien se le debe comprar o vender y a qué precios).
Necesario es tener presente que el CENCE del ICE, recientemente, construyó sus instalaciones en Heredia, además de dos edificaciones más ubicadas en Cañas Guanacaste y en Moravia (de las más modernas de latinoamérica), mismas que se financiaron por medio de préstamos con el BID. Las inversiones recientes en construcción de edificios y equipamiento del CENCE rondan los $31.455.437,00 (31 millones de dólares), es decir, los ₡7.049.323.952,00 (7 mil millones de colones) –ver anexo 4- La inversión ha sido millonaria. ¿Por qué quitar al ICE sus capacidades que tantos años le conllevó desarrollar?
Cogeneradores privados han hecho clavos de oro: En marzo del presente año, se hicieron públicas denuncias relacionadas con que para el año 2017 la obligación de comprar energía eléctrica a los cogeneradores privados (pese a tener la capacidad para producirla a un menor precio), le costó al ICE un aumento en sus gastos de ₡25 mil millones, ya que los costos de la generación privada para 2017 significó un sobreprecio cercano a los ₡20 por kilovatio hora para el Instituto.
Más recientemente hemos sido testigos de noticias relacionadas con el informe FOE-AE-IF-00009-2019, a través del cual la Contraloría General de la República (CGR) detectó sobreestimación de precio, originada en varios errores de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) que hicieron que el ICE pagara casi $24 millones de más por la energía eléctrica que compró a generadores privados entre 2017 y 2019.
Según un estudio realizado por ASDEICE en días recientes, entre los años 2008 y 2019 las compras de energía que el ICE se vio obligado a realizar a cogeneradores privados, rondaron la cifra de los $1.989.000.000 (mil novecientos ochenta y nueve millones de dólares) –ver anexos 5 y 6 – Estos resultados, pueden ser confrontados con información ICE.
Separar la CNFL del ICE: Establecería mayor competencia al ICE, al convertir la CNFL en una empresa tipo ESPH, con potestad de brindar todos los servicios de distribución, nuevos servicios de electricidad y telecomunicaciones, inclusive de servicios de ciudad inteligente y otros (dejándose clienes). Además de lo anterior, le sustraen a la CNFL la generación y se la trasladan al ICE, pero asumiendo toda deuda de la subsidiaria, restando competitividad al Instituto.
En síntesis: Si se quiere legislar para hacer más competitivas las tarifas eléctricas, no se requiere sacar el CENCE del ICE, buscar mayores niveles de apertura, abrir a grandes consumidores nacionales el MER, impedir al Instituto incluir dentro del cálculo tarifario los costos de inversión o pasar el capital social de la CNFL a las municipalidades: Basta con quitar amarras del ICE y dotar la metodología tarifaria, de herramientas que permitan una más justa negociación con respecto al precio de la cogeneración privada.
Desmontando el discurso tras los proyectos que impactan las finanzas institucionales:
Dos son los proyectos que en materia financiera, hemos identificado como enormes riesgos (expedientes No 21670 y No 20909).
Información incompleta y carencia de lectura integral: Como se dijo anteriormente, el discurso sobre la supuesta gravedad financiera del ICE puesto a andar desde diciembre de 2018, tuvo varias imprecisiones que provocaron que la información presentada, reiterada y amplificada; fuera incompleta y carente de una lectura integral.
Desde el ingreso de la actual jerarca del ICE se tomaron varias medidas de índole contable financiera, la mayoría fueron ajustes de índole extraordinario (eliminación del proyecto Diquís, devaluación monetaria, miles de millones NO reconocidos por ajustes tarifarios -entre otros) de casi 400 mil de millones de colones que fueron cargadas a GASTOS DE OPERACIÓN , resultando de ellas cuantiosos pérdidas contables , que fueron menores a la cuantiosa cifra antes citada. Esto ha sido utilizado para dar a entender equivocadamente, o desarrollar una negativa y continuada campaña, afirmando que el ICE esta «quebrado».
Pese a lo anterior, es de elemental conocimiento contable y financiero que la definición de quiebra de una empresa o institución, es cuando sus PASIVOS SON MAS GRANDES QUE SUS ACTIVOS Y POR LO TANTO SU PATRIMONIO ES NEGATIVO. Esto por supuesto NO es el caso del ICE, como fácilmente se puede comprobar leyendo y analizando sus estados contables y financieros, en vez de insistir en destacar sólo las deudas –pasivos – y cargas financieras. Para tales efectos se adjunta (ver anexo 7) información recopilada por el Sr Leonel Fonseca Cubillo, ex regulador general.
Abrir la posibilidad de venta de activos: En las circunstancias antes descritas, abrir la posible venta de activos implica una serie de interrogantes que debe hacerse la ciudanía: a) ¿Quiénes legislan en esa dirección, lo hacen conociendo si ha gestionado la Administración Superior del ICE una adecuada identificación de activos, que contemple entre otros aspectos una necesaria previsión de cuáles podrían requerirse a futuro y que de venderse en la actividad tendría un alto costo adquirir después?, b) ¿establecen los legisladores límites a la cantidad o magnitud de activos susceptibles de ser vendidos?, c) ¿en una situación económica como la actual un buen momento para que el ICE precie activos a fin de colocarlos en el mercado?, d) ¿colocar activos en mercado en la actual situación económica es una oportunidad para el ICE o para los interesados en adquirirlos a un menor precio?, e) ¿es la venta de activos en las condiciones actuales una decisión estratégica que fortalece o debilita el ICE? ¿Hay alternativas?
Sobre la renegociación de la deuda: Este tema también merece que la ciudadanía se haga una serie de interrogantes: a) ¿Es prudente revalorizar activos para dar mayor apalancamiento financiero, antes de renegociar una deuda empresarial?, ¿está ejecutando la Administración del ICE ese mecanismo?, b) ¿Está realizando la Administración del ICE una gestión de activos intangibles de gran calado, como parte de un proceso de revalorización y apalancamiento financiero previo a la renegociación de deuda?, c) ¿cuáles serán los mecanismos de renegociación de la deuda?, ¿habrá servicios de intermediación que comisionarán de la renegociación?, ¿será abierta?, etc.
En síntesis: Desde nuestra perspectiva hablar de renegociación de la deuda, venta de activos, o rescate financiero del ICE, implica despejar, entre otras, las anteriores interrogantes. No es un tema para tomar con ligereza ya que puede tener implicaciones bastante contra producentes. Se debe estar pendiente que tales propuestas, de ser necesarias, no partan de un enfoque bancario incapaz de poner el énfasis en las mejores decisiones para el Grupo ICE como bien estratégico del Estado. Lo anterior aunado a la vulnerabilidad que implica frente a los competidores el hacer públicos los estados financieros; son elementos que sin duda conllevan grandes riesgos de debilitamiento para la capacidad comercial, estratégica y competitiva de la Institución.
Desmontando el discurso tras los proyectos que impactan la competitividad del ICE y RACSA
Tres son los proyectos que impactan la competitividad administrativa del ICE y RACSA (Expedientes No21180, No 21014 y No 21546).
Contrataciones excepcionadas: Esto proyectos de ley afectan por una parte las contrataciones excepcionadas orientadas al desarrollo expedito de proyectos entre entes de derecho público, cuando una de estas entidades considera que el oferente se ajusta a los requerimientos establecidos.
Lo anterior crea una barrera indirecta para actuar con la competitividad de tiempos de reacción que el entorno actual demanda.
Eliminación del régimen especial de contratación otorgado al ICE por operar en competencia: La ley 8660 dio al ICE un régimen especial de contratación para operar en mercados en competencia. Lo anterior como parte de la Agenda de Implementación, que era condicionamiento para la suscripción del TLC-CR-USA. La eliminación de este régimen de contratación no solo va contra las normas relacionadas con este convenio internacional, sino que también resta al ICE y sus empresas de competitividad en materia de contratación administrativa.
Los deja en igualdad de condiciones ante quienes no son iguales por tener otras dinámicas y características, que los eximen de complejas instancias de aprobación en materia de contratación: el capital privado. Por ello dicho proyecto de ley en materia del ICE y sus empresas, lejos de mejoras, aumentan los plazos de la contratación.
Ante estos proyectos los intereses que suelen desplegar el discurso de falta de eficiencia del Estado, mediante estos proyectos establecen amarras que impiden dicha eficiencia y competitividad a instituciones como el ICE y sus empresas.
Sobre la necesidad de un solo régimen de contratación, se debe tener presente que la OCDE ha permitido que PEMEX de Méjico mantenga su propio régimen especial de competitividad, igualmente que las Mineras en Chile y Empresa Pública de Medellín en Colombia.
Al Pueblo de Costa Rica: Desde nuestra perspectiva, estos proyectos de ley generan todo lo contrario que lo que plantean en sus nombres, por ello sus contenidos son engañosos para el pueblo de Costa Rica y negativos para nuestro Estado Social.
Recordamos a la sociedad que con estos mismos argumentos de desprestigio destruyeron el ferrocarril, el Banco Anglo, el MOPT, entregaron la Revisión Técnica Vehicular, y más recientemente la Terminal Portuaria de Limón, cuando con el tema de la modernización nos vendieron la idea de que la privatización de los puertos traería beneficio para toda la zona de limonense, el país y, en especial para los exportadores. En vez de ellos, los resultados fueron crecieron de tarifas portuarias hasta en un 300%, disminución de la eficiencia de la operación portuaria. El oasis prometido se esfumó y el desempleo y pobreza aumentaron en Limón. Que no se repita la historia. Defendamos el ICE de la Agenda Neoliberal que pretende desmantelarlo.
Acciones y medidas que ASDEICE llevará a cabo …
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
Se equivocan si creen que su agenda neoliberal y su estilo autoritario nos representan. ¡Las personas jóvenes NO votamos por el desmantelamiento del Estado Social de Derecho! Ustedes no solo rompen una mesa de negociación; están rompiendo el pacto social que permitía a la hija de una madre soltera, al joven de los territorios indígenas y al estudiante de escasos recursos soñar con una vida digna.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
