Autor: ANEP

¡Póngale cuidado a estos nombres!: David Kaye, Clement Nyaletossi Voule y Michel Forst. ¿Nunca los ha oído nombrar? Vuestro servidor tampoco, hasta que supe de ellos. Estos tres señores son personas de mucho prestigio en la comunidad mundial relacionada con los Derechos Humanos. Tienen mucha credibilidad y se les considera sabios, entre los sabios, en cuanto a Derechos Humanos.

Ellos forman parte del Sistema de Naciones Unidas, pero no son asalariados de la ONU. Son designados, precisamente por su sapiencia, su experiencia y, sobre todo, por su independencia como Expertos (así, en mayúsculas), por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (al cual Costa Rica pretende entrar a formar parte de él). Se les denomina, también, Relatores Especiales, precisamente por su credibilidad y formación altamente especializada en esta sensible materia de los Derechos Humanos.

El Sr. Kaye es el Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión. El Sr. Nyaletsossi Voule, es el Relator Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación. El Sr. Michel Forst es el Relator Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos. Solo muy poquísimos costarricenses sabían de su existencia y de la naturaleza estratégica de su trabajo para la paz y para la real democracia: la cuestión cabal, integral, inclusiva de los Derechos Humanos. Algo que no se está haciendo en Costa Rica.

Pues bien, estas mentes brillantes y de altísimo respeto planetario analizaron y se pronunciaron sobre el Expediente Legislativo No. 21.049, cuyo nombre oficial es Ley para Brindar Seguridad Jurídica Sobre la Huelga y sus Procedimientos, misma que fue bautizada por el pueblo como “ley mordaza”. Emitieron un criterio demoledor que ha conmocionado a los sectores político-empresariales hegemónicos y mediáticos del país; opinión que podemos resumirla en esta frase: ese proyecto no es compatible con los tratados de derechos humanos vigentes para Costa Rica.

Tal fue el impacto que, por ejemplo, el máximo jerarca parlamentario, don Carlos Ricardo Benavides Jiménez, desconcertado, solamente atinó a decir que esas mentes brillantes habían sido “engañadas” por los sindicalistas que solicitamos tal pronunciamiento. ¡Qué insensatez! Por otra parte, a la recientemente nombrada señora ministra de Trabajo y Seguridad Social, doña Geannina Dinarte Romero, la “obligaron” a firmar un comunicado descalificante de las opiniones de los señores relatores especiales indicados, redactado en Casa Presidencial. Solamente para citar dos desafortunadas reacciones de la máxima esfera política del país ante el criterio contundente que venimos comentando formulado por esos Expertos. Podríamos citar más ejemplos de semejantes reacciones en la cúpula político-empresarial que nos gobierna, pero sólo nos queda afirmar que cuando la ignorancia es política de Estado, las bestialidades compiten entre sí.

El periodismo de odio no se quedó atrás. Su matriz principal, la tira-línea, hasta primera página nos dio. Las repetidoras parlanchinas mañaneras no se quedaron atrás. Y a cierta prensa digital se le salía la bilis por las esquinas de la pantalla del celular.

Se centraron en lo meramente formal acerca de si el criterio experto de los tres relatores se podía considerar oficial de Naciones Unidas; mostrando, en unos casos, igual nivel de ignorancia bestial; en otros, deliberado afán desvirtuador y descalificante del reporte de los tres Relatores-Expertos. Por demás y según conocedores de estas lides del litigio internacional en Derechos Humanos, que los tres coincidieran era porque la gravedad violenta del proyecto “ley mordaza”, así lo exigía. Algo que nunca antes había sucedido.

Para los señores Relatores Especiales la ley anti-huelgas de la coalición político-ideológica-empresarial y mediáticamente gobernante, se excedió en limitaciones al ir más allá de lo aceptable en una sociedad democrática. ¡Cierto! Hemos denunciado que está en proceso de implantación en el país una democracia de corte autoritario y hasta totalitario.

Para ellos, “…el proyecto de ley impone prohibiciones absolutas al ejercicio de la huelga para prácticamente para todos los servicios públicos o por ciertos motivos, sin que se pueda mediar consideración sobre la razonabilidad o proporcionalidad de la huelga en un determinado caso”. ¡Han sido totalmente contundentes!

Las reacciones adversas generadas por el informe de las tres relatorías especializadas en Derecho Humanos nos dicen de un país con doble moral al respecto. Nos hablan de un gobierno farsante y descalifican la candidatura presentada por el gobierno de Alvarado Quesada de pretender que Costa Rica consiga un asiento en el seno de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas; precisamente la que designó a los señores David Kaye, Clement Nyaletossi Voule y Michel Forst, como sus especialistas, sus expertos de alcance mundial y de criterios archi-independientes.

Ya los honorables señores integrantes de la Sala Cuarta, que está en estos momentos analizando el citado proyecto de ley, luego de recibir primer debate, tienen conocimiento oficial de la opinión de los tres Relatores Especiales. Ellos saben el calibre de la misma y su peso político obligante, especialmente para un país que pretende dictar cátedra a otros Estados sobre cómo aplicar los Derechos Humanos cuando en estos momentos tenemos un techo de vidrio más delgado que el ala de una frágil mariposa. Hasta aquí no llega eso de que cuando la ignorancia es política de Estado.

Al igual que nos estamos posicionando en la misma línea y desde nuestra perspectiva de la lucha social-sindical, otros están pensando lo mismo: Grave error político está cometiendo Carlos Alvarado Quesada con su inoportuna pretensión de postular a Costa Rica, para que logre un escaño en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (en una elección que está prevista para las próximas horas), juntándose con su colega Jair Bolsonaro, Presidente de Brasil. Esto está empañando la imagen del país “pura vida”, “defensor” de los Derechos Humanos.

Pero no son cualesquiera “otros” los que están pensando parecido a nosotros. Esos “otros” son integrantes de la comisión política “Garantes de la Ética” que el propio mandatorio Alvarado Quesada designó para que se le fiscalizase a él y a su gobierno en este relevante campo de la acción del poder, como lo es la ética en el servicio público. ¡Los mismos de su lado lo están dejando solo!

Quienes todavía siguen en esa comisión, la señora Margarita Bolaños Arquín, así como los señores Quince Duncan Moodie y José Manuel Arroyo Gutiérrez, pegan el grito al cielo y se desmarcan de Alvarado por esa asociación con el gobierno brasileño de Bolsonaro, el cual según afirman “…contradice los ideales de una democracia respetuosa, inclusiva y sin discriminación. Abiertamente alaba la última dictadura militar, la tortura y el terrorismo de Estado, así como promueve la violación de derechos de las minorías debido a su etnia, género o identidad sexual. Estamos ante un gobierno que legisla para usurpar las tierras ancestrales de los pueblos indígenas, privatiza los parques nacionales y no le importa arrasar con toda la Amazonía, pulmón del planeta”.

Noten usted con qué clase de político se ha alineado el Gobierno de la República, el canciller Ventura Robles y el mandatario Alvarado Quesada. Y lo afirman los integrantes que quedan de la comisión de Garantes de la Ética nombrados por el mismo señor Alvarado. Lo dijeron ellos y ella, personas ciudadanas costarricenses que nos merecen mucho respeto. ¡Así lo admitimos! Pero, ¡no lo dijo un sindicalista!, aunque suscribimos totalmente la apreciación que tienen de ese señor Bolsonaro.

Lo que queda del equipo garante de la ética en el gobierno de Alvarado afirman que su junta con Bolsonaro “…se inscribe en circunstancias que podrían poner en entredicho la trayectoria, el prestigio y el derecho de nuestro país a ese reconocimiento internacional”, sea, ser integrante del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La regañada al mandatario tico lleva a la señora Bolaños y a los señores Duncan y Arroyo a exigirle proceder “… a corregir cualquier alianza explícita que pueda comprometer el prestigio de nuestro país en materia de derechos humanos, rectificando la estrategia a seguir con su candidatura y sobre todo dejando claro la inexistencia de compromisos con el pensamiento y acción del gobierno Bolsonaro”.

¡Demasiado tarde! La política exterior del Gobierno de Alvarado nos ha matriculado ideológicamente, comprometiendo la paz, “la neutralidad activa, perpetua y no armada”, que alguna vez afirmaron como principio fundamental de la política internacional del país, pero no fue más que falsa proclama que marcó uno de los puntos degenerativos del otro partido socialdemócrata Liberación Nacional, mismo que pretendió el PAC sustituir como “heredero” de tal filosofía política. ¡Qué va! La Socialdemocracia sigue huérfana. Este partido y el PLN transitan el mismo camino neoliberal. Y en política exterior, son idénticos… lo mismo. Alvarado confirma esa ruta. Y, al juntarse con Bolsonaro, los mismos de su lado lo dejan solo.

Sin pena ni gloria. Apenas un acto “palaciego” que pasó muy desapercibido, llevado a cabo en la sede del, lamentablemente, desprestigiado Parlamento, con la presencia del no menos desacreditado mandatario del Poder Ejecutivo. 

El pasado jueves 7 de noviembre se cumplieron 70 años de la entrada en vigencia de la actual Constitución Política de Costa Rica, la también denominada Carta Magna, por ser la piedra angular (se dice), de la convivencia civilizada en el seno de nuestra nación.

Una fecha conmemorativa inherente a la institucionalidad republicana como esta debió haber tenido mucha más proyección, inclusión y divulgación. ¡No fue así! Se juntaron solo entre ellos, la clase política tradicional, cada vez más aislada de la gente, de la ciudadanía; certificando, tal y como lo hemos venido señalando, que en Costa Rica la distancia entre el gobernante y los gobernados se hace cada vez más grande, más larga, más profunda.

La llegada del 70 aniversario de la Constitución Política se da en un momento en que la abrumadora mayoría de la población, en porcentajes jamás surgidos antes, estiman que el rumbo del país está equivocado. 

Además, que el actual mandatario presidencial es la persona en ese puesto más impopular y más rechazada desde que se hacen encuestas, que miden el nivel de aceptación de quien ocupa la Presidencia de la República.

El sentimiento generalizado de una ciudadanía que está muy decepcionada de su clase gobernante es que el espíritu de la Constitución, fundamentado este en la promoción del bien común y de la inclusión social, ya no es el determinante a la hora en que se están tomando decisiones, especialmente las de orden legislativo-parlamentario.

Una enfermiza y patológica aversión a lo público impregna la mayoría de las voluntades diputadiles actuales, muchas de las cuales son permeadas por intereses egoístas provenientes de la esfera del alto negocio empresarial, como ya fue denunciado por una legisladora nada proclive a la lucha social y, mucho menos, al papel de los sindicatos en la sociedad. La agenda del mega-corporativismo del lucro privado con la cosa pública es lo que está primando en la actual Asamblea Legislativa. Y eso no está dictado en la Constitución.

Lo que pasó con la tramitación atropellada y con la aprobación-imposición del denominado combo fiscal, hoy Ley de la República No. 9635, con el pomposo nombre de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, es una muestra clarísima de que el espíritu constitucional de la promoción del bien común y de la inclusión social fue relegado, desdeñado y hasta violentado.

Esta detestada legislación, por otra parte, impuso varias modificaciones estructurales a esa Constitución, sin pasar por los procedimientos que la misma establece para su propia variación. Ejemplo de ello es la violentación de la autonomía del régimen municipal, el cual, desde un punto de vista político pasó a ser regido con el espíritu ideológico-fiscal que prima en el manejo de las finanzas públicas del país; mismo que establece la prioridad del pago de la deuda pública y de sus obscenos intereses por encima de las obligaciones constitucionales en materia de desarrollo social. 

Lo peor de todo es que los guardianes de la Constitución ya no se desempeñan en cuanto tales. Al menos, esa es la sensación que anida en amplios segmentos de la ciudadanía. Ahora son guardianes de la satisfacción plena de los enfoques políticos hegemónicamente dominantes, los del perverso y fracasado neoliberalismo, en el tema macroeconómico fiscal, del déficit y de la deuda.

Algunos ciudadanos, muy honestos, capacitados y estudiosos, vienen propugnando por una nueva Constitución Política. Esto debemos verlo con cuidado. La gran ofensiva que estamos presenciando desde el actual Parlamento en contra de los preceptos fundamentales de la actual Carta Magna: bien común e inclusión social, no augura que una eventual Asamblea Constituyente pudiera llevar mayoría de representaciones leales a esos postulados constitucionales, hoy muy mancillados.

Por otra parte, el dolor del desempleo que sufren unos 300 mil compatriotas como que no importa a los grandes tomadores de decisiones políticas en los poderes Ejecutivo y Legislativo. Estas personas, tan costarricenses como usted y como yo, sufren una severa violación a su Derecho al Trabajo, así incluido en la Constitución Política.

El artículo 56 de la Carta Magna estipula: “El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada…”. ¿Qué pensará cada uno de esos 300 mil costarricenses de que tener un trabajo es un derecho y, a la vez, una responsabilidad para con la sociedad, si esta, mediando el Estado, no le facilita lo concerniente? Con seguridad, se siente desprotegido por la propia Constitución.

Si la Constitución empieza a ser violentada de facto (como ha ocurrido con la ley del combo fiscal); si la Constitución ya no está protegiendo los derechos obreros y sociales porque quien debe procurar ello se está haciendo de la vista gorda; si la Constitución ha quedado sin guardianes porque estos están respondiendo a intereses ajenos a sus postulados… se está abriendo un peligroso camino de inestabilidad con consecuencias insospechadas. 

En el entretanto, algunos estamos optando por una nueva protección: la del Derecho Internacional pero no porque la Constitución de 1949 ya no “sirva”. Todo lo contrario: es para garantizar su preservación desde afuera del país. ¡A esto estamos llegando!