Autor: ANEP

Por: Benjamin Sevilla García

Secretario de Juventud de la ANEP

Costa Rica es reconocida internacionalmente por su hábil manera de proyectarse al mundo como un país sin ejército, amante de la paz y respetuoso de los derechos humanos de todas las personas.

Existen factores históricos que explican el porqué de esta privilegiada realidad, un tema que sin lugar a duda apasionaría a cualquier estudioso de la materia. Sin embargo, ningún país del mundo, por más civilizado que se le considere, está exento de cometer abusos o acciones regresivas en perjuicio de la dignidad de las personas.

En tal sentido, resulta legítimo que se valore el estado actual de nuestro país en el tema de protección de los derechos humanos. Esto no implica carencia de patriotismo ni deseos de minimizar la reputación internacional que se ha logrado. Pero, lo cierto es que, algunas decisiones políticas del momento son claras advertencias del desarrollo de una especie de relativización de los derechos humanos.

Quizá la manera más evidente de probar la existencia de esta relativización sean las reformas a la legislación laboral y las transformaciones fiscales promovidas por el Gobierno y por la Asamblea Legislativa. En ambos casos, las consecuencias adversas se dan sobre las personas con mayor vulnerabilidad: la violación de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras y las cargas impositivas que recaen, mayormente, sobre las personas empobrecidas.

Lo anterior nos lleva a pensar que la relativización de los derechos humanos en Costa Rica es un acto cínico de quienes se escudan en el discurso de los derechos humanos, pero en la práctica se apartan de su cumplimiento. De esas figuras que ni siquiera se sonrojan a la hora de interpretar la dignidad de las personas como un bien subyugado a los intereses de la política electoral.

Ante una realidad como la expuesta, cobran sentido las numerosas observaciones, 212, que le hicieron los países de Naciones Unidas a Costa Rica en virtud del Examen Periódico Universal (EPU). Se trata de señalamientos que tienen que ver con los derechos humanos de las personas trabajadoras; con la represión policial durante las protestas; con la corrupción y falta de independencia del Poder Judicial; con la empleabilidad de las personas jóvenes; y, con la protección social y las políticas nacionales de salud ocupacional.

La imagen del país como respetuoso de los derechos humanos está sujeta al escrutinio internacional. Por esta razón, si existe voluntad para actuar de buena fe, las personas que nos representan en los organismos internacionales deberían ser elegidas por su idoneidad y no por favoritismos. La clase política, en general, debería admitir la necesidad de recibir un curso intensivo que les permita obtener herramientas suficientes para actuar y opinar con precisión respecto de los procedimientos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y del propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Recientemente, fuimos testigos de una solemne exhibición de ignorancia por parte de quienes rechazaron los criterios de tres Relatores Especiales, Expertos Independientes que con absoluta objetividad le señalan al país una serie de medidas que son violatorias de los derechos humanos de las personas trabajadoras. No obstante, lejos de asumir una posición respetuosa ante las recomendaciones y solicitudes de estos Expertos, algunos políticos y ciertos periodistas se aliaron para desvirtuar y contradecir lo dicho por aquellos.

Por eso, es importante señalar que el país no ha mostrado resistencia para aceptar la validez del Examen Periódico Universal, que es un órgano basado en la Carta de las Naciones Unidas, igual que el Consejo de Derechos Humanos, que los Procedimientos Especiales del Consejo y que los Procedimientos de Reclamación.

Como el país se ha mostrado anuente, al menos en el discurso, a respetar los Órganos de Tratados, dentro de los cuales está el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que mucho tienen que decir respecto de la criminalización de la protesta, la libertad sindical, la huelga y demás derechos de las personas trabajadoras, no hay razón alguna que justifique el rechazo de una voz tan calificada como la de los Relatores.

Se debe recordar que el criterio de los Expertos sobre el caso de Costa Rica y sus posibles violaciones a los Derechos Humanos no es una Carta de Alegación, sino una OL, “Other Letter” y tiene que ver con los Procedimientos Especiales. Es decir, se refiere a un mecanismo establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para hacerle frente a situaciones concretas en países concretos, o a cuestiones temáticas en todo el mundo (mandatos por país o mandatos temáticos).

Los mandatos de los procedimientos especiales, por lo general, encomiendan a los titulares a examinar, supervisar, prestar asesoramiento e informar públicamente sobre la situación de derechos humanos en países, territorios o a nivel mundial.

En el caso costarricense no se puede seguir relativizando los derechos humanos, admitiendo unas categorías y desconociendo deliberadamente otras. No se puede caer en el absurdo de admitir las recomendaciones cuando convienen.

El derecho de las minorías es tan importante como el de las personas trabajadoras. Bien haría la clase política en revertir las acciones desafortunadas que hasta el momento ha tomado y evitar posibles demandas internacionales en contra del país.

Por Mainor Anchía, Seccional ANEP-Fuerza Pública

En estos días hemos participado en reuniones con el Poder Ejecutivo; al menos, con algunos jerarcas o viceministros de diferentes cuerpos policiales, con la finalidad de buscar consenso en torno a la agenda que hemos planteado en aras de la dignificación de la función policial.

En tal sentido, de entrada, se nos hizo ver que el Gobierno no haría nada para excluir a los policías de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (No. 9.635), así como tampoco del proyecto Ley Marco de Empleo Público, invitándonos a presentar las acciones que creamos pertinentes, lo cual ya hicimos.

La aplicación de la Ley Nº 9635 en los cuerpos policiales se dio en detrimento de los derechos establecidos en la Ley Nº 7410, conocida como Ley General de Policía, en cuyo articulado se hace mención de incentivos por carrera policial, crecimiento profesional, antigüedad, entre otros rubros. Rubros como el quinquenio que reconocía en un 5 % la permanencia en la función policial, fue cercenado, así como el 2.5 % del Curso Básico Policial y otros incentivos que fueron establecidos en el Estatuto Policial que data del año 1994. Lo anterior, omitiéndose por completo, lo señalado en el artículo número 34 de nuestra constitución política, así como lo establecido en nuestra ley laboral, sobre el principio protector y el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales.

Es evidente, que los diferentes gobiernos dejaron en el olvido, no le dieron ningún lugar en sus programas de gobierno a las condiciones laborales de los servidores policiales. El actual Gobierno tampoco lo hizo. En tal sentido, existe una deuda histórica para las personas que nos cuidan, quienes, de madrugada, bajo la lluvia o el sol, en la adversidad del día a día, sin uniformes, con botas rotas, sin equipo, en delegaciones insalubres, dan lo mejor de sí para mantener el orden público y la paz social.

Se ha escuchado decir que la función policial es especial, excepcional, sin embargo, no se ha reconocido el valor que merecen las personas que la ejecutan. El funcionario policial es un ser excepcional, algo tiene que lo hace diferente. Diré en que se fundamenta mi afirmación.

El policía es mal pagado, recibe uno de los salarios más bajos del Gobierno central. El Gobierno, una y otra vez, le ha dado la espalda al gremio policial y para muestra la regresividad salarial que le impone la Ley 9635. Sin embargo, ante las protestas de diversos sectores, nuestros policías cumplen a cabalidad sus funciones, acatando el mandato constitucional de resguardar el orden público, aunque su corazón les dicte otra cosa.

La excepcionalidad jurídica se sustenta en la línea jurisprudencial que ha sostenido la Sala Constitucional, la cual estima que, a las personas trabajadoras de los cuerpos policiales les cubre el artículo 143 del Código de Trabajo; al mismo tiempo que no les aplica lo señalado en el artículo número 58 de la Constitución Política, excepto en lo que cita el último párrafo: “Sin embargo, estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados, que determine la ley” (Art. 143 CT).  En lo que concierne a sus derechos según la siguiente cita del mismo numeral, quedan excluidos: “La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana. El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más de los sueldos o salarios estipulados”. O sea, los funcionarios policiales tienen una jornada de doce horas diurnas o nocturnas de manera ordinaria, evidentemente distinta del resto de trabajadores del sector público.

Así las cosas, es momento de buscar balanza, el equilibrio que nos permita dignificar el trabajo que realizan hombres y mujeres en los distintos cuerpos policiales. Es tiempo de encontrar voluntad política para dotarles de un régimen especial de pensión, que les permita disfrutar dignamente de sus años de servicio a la Patria.

La función policial da cuenta de hijos e hijas que crecieron con la figura de padres ausentes, de personas que deben limitar sus actividades sociales, porque la naturaleza de sus funciones les demanda presencia las veinticuatro horas del día y los trescientos sesenta y cinco días del año.

La función policial es ejecutada por buenas personas, que sin importar lo mal que les han tratado nuestros gobernantes y nosotros como sociedad, le ponen el pecho a las “balas”, para protegernos y mantener la paz social, en momentos convulsos en nuestro país.

Lic. Mainor Anchía Angulo

Seccional ANEP Fuerza Pública