Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Desde la militancia mediática del principal medio de comunicación escrita practicante del periodismo de odio, ha salido una idea para establecer una especie de control ideológico-político de lo que acontece en el seno del Parlamento costarricense, otrora conocido como Primer Poder de la República, a fin de que en cada una de sus comisiones legislativas se instale una especie de policía política designada por el Ministerio de Hacienda; para que se ejerza un procedimiento de revisión exhaustiva de cada iniciativa de ley que presenten los señores diputados y las señoras diputadas, a fin de que estas no se salgan del esquema macrofiscalista que se ha impuesto al país, a partir de la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 9635, conocida por el pueblo como combo fiscal.

Esta especie de gendarmería ideológica respondería a los intereses que salen del Ministerio de Hacienda y su “comandante en jefe” sería su jerarca actual, Rocío Aguilar Montoya, cuya línea de imposición de políticas públicas está dirigida al bienestar del menor número y a perjudicar a las grandes mayorías; todo lo cual ya es público y notorio y no amerita argumentación adicional.

Hemos venido insistiendo en que nuestra querida Patria está sufriendo un proceso de transformación estructural muy profundo, de lo cual la ley 9635 representa apenas la punta del iceberg; proceso que tiene una intencionalidad clara para instaurar, más bien imponer, una forma de ejercicio de la Democracia de corte autoritario-totalitario.

La policía política de Hacienda en el seno del Parlamento, a través del control que esta ejercería en cada comisión legislativa, no solamente representa un acto de soberana arrogancia de parte de la indicada jerarca y su equipo íntimo de insensibles tecnócratas, los cuales prácticamente están descalificando la capacidad intelectual de las 57 personas con escaño parlamentario en estos momentos para que estas impulsen iniciativas propias sin supervisión ideológica previa; sino que sería una especie de aberración constitucional, pues lo que representa tan nefasta pretensión no es más que el control político abierto de parte del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo.

Si ya ha quedado clara la total hegemonía que ha venido imperando en la actual Asamblea Legislativa, en el sentido de que estamos observando una mayoría mecánica dispuesta a aprobar, sin mayor discusión, las iniciativas de ley macrofiscales y hacendario-presupuestarias que ha venido presentando la cartera ministerial de Hacienda; esta parece desconfiar de que alguien se le ha venido saliendo o se le podría salir, del rebaño diputadil; poniendo en riesgo la imposición de nuevos y más profundos ajustes fiscales en detrimento de la población, sin la menor resistencia intramuros parlamentarios.

Vemos con alarma esta iniciativa que, si bien es cierto se formula desde la sala editorial del principal medio del periodismo del odio en el país, es imposible pensar que no haya ya sido discutida con la propia jerarca de Hacienda, la señora Aguilar Montoya; y, de seguro, con el propio señor Carlos Alvarado Quesada. La congruencia político-ideológica entre el pensamiento de estos dos altos personeros ejecutivos del país y el pensamiento de ese tipo de prensa ha sido de total constatación para las conciencias cívicas del país.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

“El edificio más feo del mundo”, es la calificación que recibió, en un artículo periodístico de opinión, de parte del ciudadano Jaime Ordóñez Chacón, la nueva construcción, ¡horripilante! (decimos nosotros), que albergará la Asamblea Legislativa; edificación próxima a terminarse.

Hace tiempo habíamos llegado a la conclusión de que esta construcción tiene varios significados simbólicos, como el de que la dureza, la frialdad y el encierro que muestra son totalmente congruentes con el deterioro de la confianza de la ciudadanía en sus máximos dirigentes políticos nacionales, los cuales necesitan esconderse de la gente. Es decir, nada mejor que darle una imagen a la creciente distancia entre el gobernante y los gobernados que “el edificio más feo del mundo”, una especie de búnker invertido.

Para nadie es un secreto que la Costa Rica de hoy está avasallada por elementos de un poder real, por lo general de naturaleza económica, que actúan en la sombra, que no se ven, que no conocemos sus nombres, que no van a elecciones pues no postulan sus nombres de manera directa, sino vía testaferros; pero que sus decisiones contrarias al bien común son puestas en práctica por este tipo de personas, sus operadores políticos en los tres poderes del Estado; cual si fueran asalariados ideológicos del capital, pero pagados con fondos públicos que todos aportamos por medio de los impuestos que nos cobran; además de sus agentes mediáticos matriculados con el periodismo de odio, los cuales desde un estudio de televisión o de una sala de redacción dan órdenes ejecutivas. 

Las medidas de transformación estructural de la sociedad costarricense y de su correspondiente institucionalidad (misma que está vigente desde el establecimiento de la Constitución Política actual, el 7 de noviembre de 1949), que se están impulsando, especialmente aquellas con ropaje legislativo, son abiertamente impopulares. En la actual gestión gubernativa, tanto parlamentaria como ejecutiva, no se está legislando para el bien común, para la inclusión social ni para reducir las desigualdades. Todo lo contrario.

El enojo, la indignación, la ira y la molestia popular están en crecimiento. Estos sentimientos de frustración y de impotencia pueden adquirir potenciamientos de calidad, de cantidad, de variedad, totalmente insospechados. Por tanto, esa clase política, consciente de su lejanía del pueblo que le vota, le da la espalda a este; haciéndose necesario encerrarse, esconderse, ocultarse, invisibilizarse para el ojo ciudadano, pues las leyes en curso y las por venir son completamente contrarias al bienestar de las mayorías.  ¡Y qué mejor cosa para ello que estar protegidos por una fortaleza inexpugnable, un búnker!

Efectivamente, la clase política tradicional ha decidido “bunkerizarse”, concreta y simbólicamente, en “el edificio más feo del mundo”, según don Jaime Ordóñez Chacón. Al profundizarse la concentración de la riqueza y la exclusión económica y social; al incrementarse la pobreza, el desempleo, la precariedad laboral y salarial; al hacerse más cruel la corrupción y el tráfico de influencias, etc., etc., y no haber respuestas sólidas para corregir estos males, la respuesta del oficialismo, el formal y el real, es atrincherarse en su búnker: el nuevo edificio legislativo; para, por un lado, disminuir el riesgo del reclamo popular abierto; por otro, para esconder con mayor seguridad el carácter de la traición a su ciudadanía votante.

*Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

La clase política tradicional, hoy tripartidista (PLN-PUSC-PAC), nos tiene con un nivel de endeudamiento, como país, que no podremos pagar nunca, según nuestro criterio. Hemos llegado a una peligrosa ruta de, prácticamente, un no retorno, sobresaliendo el dato de que, para el año entrante, 2020, el servicio de esa deuda (entre pago de intereses y abonos-amortización al principal) implicará 11 mil millones de colones diarios, cada 24 horas; con gran impacto en las condiciones de vida de la gente del pueblo, “los y las de abajo”, las capas medias y el micro, pequeño y mediano empresariado. O sea, el bienestar general será golpeado todavía más.

Esa clase política hoy totalmente desprestigiada, envalentonada por contar (como nunca antes) con la militancia activa, política e ideológicamente hablando del periodismo de odio, no solamente tiene claro que esa deuda pública es impagable, sino que planteará, próximamente, más “reformas estructurales” para hacerle frente.

La monstruosidad del tamaño de esa impagable deuda pública es de tal calibre que se pronostica que llegará al 65% del Producto Interno Bruto (PIB), en el año entrante 2020. El pernicioso camino que escogieron para hacerle frente es seguirse endeudando para pagar esa deuda, por una parte; por otra, más “reformas estructurales” como gusta llamarles la jerarca hacendaria Rocío Aguilar Montoya.

Tales “reformas estructurales” no son ni más ni menos que, por una parte, la venta de aquellos activos de propiedad pública que todavía quedan en manos del Estado y que son sumamente valiosos; por otra, el abaratamiento de la mano de obra, precarizando los salarios al máximo. Además, es previsible nuevos paquetes tributarios por el lado de la regresividad, como la tentación de subir el impuesto al valor agregado (IVA), al 15-16%.

Esta clase política hoy totalmente desprestigiada sabe que en los últimos tiempos se ha dado una feroz resistencia cívica, por múltiples formas y en diversas circunstancias de oposición al empobrecimiento generalizado que va en crecimiento, especialmente con la aprobación-imposición del combo fiscal el año pasado 2018.

Por tanto, enfrentar el desafío de una deuda pública en crecimiento desbocado y un pago de intereses que es como una bola de nieve, exige un disciplinamiento social de corte autoritario, cercano a la dictadura, manteniendo una especie de democracia de fachada para la gestión pública, aunque acuartelada, como las acciones legislativas de próximas fechas que se darán en el seno del búnker parlamentario que se mandaron a construir.

Ese disciplinamiento autoritario, la eliminación del derecho de huelga y de toda protesta-manifestación pública, se expresa en el Expediente Legislativo 21.049, denominado Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos. El nombre políticamente real y correcto debe ser: “Ley de prohibición de la huelga, de toda manifestación y de la proscripción sindical y sus procedimientos”.

Si para hacerle frente a lo que nosotros consideramos como impagable deuda pública y su escandaloso pago de intereses, se deben vender activos como el INS, como Recope, como los dos bancos estatales que quedan; entonces, procédase (dicen ellos), con las leyes respectivas, a ejecutarlo sin oposición civil alguna y, mucho menos, la que se ha venido manifestando bajo el concepto político de Democracia de la Calle. Para eso ocupan la ley mordaza, la ley antihuelgas y contra toda acción pública de calle que están tramitando, acelerada y atropelladamente, en este momento.

Si para hacerle frente a lo que nosotros consideramos como impagable deuda pública y su escandaloso pago de intereses se debe subastar el modelo eléctrico nacional que todavía sigue en propiedad del ICE, pues qué mejor circunstancia que garantizarse que no habrá una resistencia cívica como la del año 2000, cuando la ciudadanía, opuesta al combo ICE, estrenó, con lujo cívico, la Democracia de la Calle y se detuvo, en aquel momento, esa privatización abiertamente descarada. Para eso ocupan la ley mordaza, la ley antihuelgas, y contra toda acción pública de calle que están tramitando, acelerada y atropelladamente, en este momento.

Si para cerrar instituciones públicas, bajo el cuento chino de fusionar, por tanto, ejecutar despidos masivos, es mejor no tener resistencia ni cuestionamiento, pues es mejor tener asegurado el control, castrando de antemano de cualquier protesta o amago de resistencia. De ahí la importancia de garantizarse, mediando la ley mordaza, que nadie alzará la cabeza.

Es muy grave lo que está ocurriendo. Nos llevan al retroceso social, a la involución en el desarrollo de derechos, a la instauración de un sistema de gestión democrática de fachada, cargado de autoritarismo y verticalidad de gestión.

Ahogada por una deuda pública que no se puede pagar, la clase política tradicional, totalmente desprestigiada, solamente puede acudir a la instauración de mecanismos institucionales de represión, bajo la modalidad de leyes, para mantener un control social, llegando al extremo de legislar para criminalizar la protesta social. El ascenso de la Democracia de la Calle amerita una acción represiva como la que están tramitando en el parlamento en estos momentos. Nos preguntamos: ¿en verdad se creen eso, que legislando para reprimir se garantizarán el control social…? ¡Ilusos!