Autor: ANEP

Es inobjetable que estamos en un escenario de polarización político-social con fuerzas en pugna de descomunal disparidad. La hegemónica tiende a consolidarse; la que está llamada ser contrahegemónica, con todo su potencial, no logra la necesaria articulación para posicionarse en cuanto tal y, al menos, mantener un frágil balance de cara a la ofensiva totalizante de esa hegemónica, que es de corte, neoliberal, que está apostando el todo por el todo: tierra arrasada con lo diferente.

En este perverso accionar totalizante, cuya más reciente acción concreta es el primer debate legislativo a la calificada como “ley mordaza”. En el largo tránsito recorrido de estos últimos años de lucha social, la hegemonía dominante no ha dudado en emplear la violencia en varias manifestaciones o categorías que conviene dejar en evidencia: violencia política, violencia económica, violencia jurídica y, la más intensa, violencia mediática.

Indudablemente que estamos hablando de un “manjar” para aquellas personas estudiosas de los fenómenos psicociales, sociopolíticos y económicos de estos tiempos tormentosos en los cuales dos visiones de desarrollo se han venido enfrentando, mediando múltiples circunstancias y situaciones, a lo largo de los últimos 35 años.

Este tema de las distintas formas de violencia a las que han venido apelando los sectores dominantes en los últimos tiempos: ya sea para frenar el desarrollo de la Democracia con inclusión social; ya sea para hacer avanzar sus políticas públicas concentradores de riqueza y promotoras de la desigualdad; y, ya sea para la aniquilación de todas las formas de resistencia a su hegemonía depredadora (como lo que estamos presenciando en estos momentos); merecen amplios análisis que nosotros no estamos en condición de hacer en estos momentos. Sin embargo, desde nuestra experiencia práctica en la lucha social de todos estos años, podemos puntualizar en lo siguiente:

VIOLENCIA POLÍTICA: Se ha venido manifestando cuatrienalmente, con cada proceso electoral de orden nacional (presidencial y diputadil): un recurrente proceso de estafa política al electorado pues a éste se le promete una cosa y ya en el gobierno se hace otra. Alvarado resulta ser el más grande estafador político de los últimos tiempos, en este ámbito del engaño electoral: violencia política contra esas mayorías que le votaron.

VIOLENCIA ECONÓMICA: Sin duda alguna, el último ejemplo es la nefasta ley 9635, mal llamada, oficialmente, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Para quienes han tenido que cerrar negocios, para quienes han visto ya reducciones en sus salarios y mermados sus derechos, para quienes se han quedado sin trabajo por estos meses producto de tal legislación, para quienes ven disminuido sus ingresos por la aplicación del IVA; para todos estos sectores, dicha legislación es una expresión de violencia económica que les conduce a la pauperización, a la incertidumbre, a la zozobra; en suma, a la exclusión.

VIOLENCIA JURÍDICA: Cuando los guardianes de Constitución Política, la piedra mayor de nuestro sistema jurídico, ceden a la presión fiscal circunstancial y se acomodan a una particular visión de tal problema, de corte político-ideológico; se falla a favor de esa parte de la sociedad y en contra de la otra, misma que también tiene su visión sobre el grave problema fiscal nacional y sus posibilidades de atención sin dañar a las mayorías. También es violencia jurídica cuando la contratación laboral se hizo con determinadas características y de un porrazo, se cambian éstas, en detrimento de situaciones jurídicas consolidadas y de su correspondiente estatus socioeconómico individual y familiar.

VIOLENCIA MEDIÁTICA: Esta podría ser la de mayor incidencia a la hora de definir la construcción de un proceso de integración social, realmente democrático e incluyente. Sin haber ido a elecciones, desde un estudio de televisión o de una sala de redacción se dictan pautas y se giran directrices políticas al gobernante endeble que no tiene el suficiente carácter para honrar su compromiso electoral y pasa a ser servil de los intereses de pequeños grupos de gran poderío económico, cuyas vocerías mediáticas dañan honras opositoras y direccionan la opinión de la ciudadanía, manipulándola, para que ésta adopte como suyas las percepciones de mundo de esos grandes factores de poder económico. En los actuales tiempos, esa violencia mediática tiene una expresión concreta en lo que nosotros denominamos como periodismo de odio: excluyente y satanizador al máximo de la visión diferente, ejercicio informativo parcializado y editorializante, con cruel empleo de la agresión psicológica y del terrorismo ideológico.

Como usted habrá notado, la exacerbación de un incidente con evidente sesgo provocador en una manifestación pública, no es más que un aspecto que nutre el ejercicio de la violencia mediática en estos tiempos de fuerte polarización; y de ejercicio de estas cuatro formas de violencia con carácter concatenado; de suerte que se posibilite la aniquilación de lo diferente ante la necesidad de disciplinamiento social, que incluye la destrucción de las voces insumisas, especialmente cuando éstas muestran fuertes posicionamientos que obligan al control por imposición; no por inclusión.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Cuatro distinguidos costarricenses, procedentes de distintos espacios del acontecer nacional, tanto por sus responsabilidades profesionales como por sus sensibilidades sociales, se juntarán el próximo miércoles 30 de octubre de 2019, a partir de las 5 de la tarde, para desarrollar un intercambio de impresiones y de reflexiones acerca del estado actual de cosas en nuestro querido país.

Democracia, Derechos Humanos y Disidencia Política es el nombre provocador del evento que les reunirá y que está llamando mucho la atención entre las personas que ya se han enterado de esta actividad, a las cuales les ha surgido un gran interés en ser testigos de la misma.

Don Pablo Barahona Kruger, don Claudio Alpízar Otoya, don José Miguel Villalobos Umaña y don Iván Barrantes Ruiz, han aceptado la invitación que se les ha formulado de parte de las organizaciones sindicales tutelantes del reclamo laboral presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; cuyos tres Relatores-Expertos en Derechos Humanos emitieron un impactante criterio con relación a un proyecto de ley, ya aprobado en primer debate, de enorme controversia: el Expediente Legislativo No. 21.049, oficialmente denominado Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos.

Ellos cuatro son personajes públicos de incuestionable trayectoria en sus respectivos campos de acción.

En el marco de tal circunstancia, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) estimó relevante la promoción de un acontecimiento cívico de tal calibre; junto con la Asociación Sindical del Empleados de la Energía y de las Comunicaciones (ASDEICE) y del Sindicato de Ingenieros del Instituto Costarricense de Electricidad (SIICE); entidades laborales integrantes del reconocido Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT-ICE). La Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS), está de lleno, también, patrocinando este esfuerzo.

Precisamente, y es nuestro pensar, que las actuales circunstancias sociopolíticas del país, marcadas por una polarización creciente y por el ejercicio de un estilo autoritario de la política pública que está alarmando a las conciencias de firme convicción democrática y cívica; la oportunidad de reflexionar sobre ello con mentes tan especializadas y críticas, es más que un privilegio… es toda una necesidad inherente a un ejercicio responsable de ciudadanía activa.

Desde las concepciones y desde la práctica de lo que nosotros denominamos Sindicalismo Sociopolítico, tener la oportunidad de conjuntar criterios tan calificados y con sentido crítico en materia de Democracia y de Derechos Humanos, representa una retroalimentación altamente calificada que nos permita tener insumos de lujo para caracterizar, más integralmente, los desafíos que nos esperan en estos momentos tan cruciales de nuestra sociedad actual; pues a nuestro modo de ver se están impulsando transformaciones estructurales que desmontan, casi que de manera irreversible, bases fundamentales de lo que supone un Estado Social de Derecho, del cual Costa Rica gozó durante las últimas décadas.

El tercer elemento conceptual del evento, disidencia política, resulta más provocador aún. En nuestro propio criterio personalísimo, estamos hablando de un amplio espacio en construcción para, a lo mejor, conjuntar múltiples formas de expresión insumisa, con conciencia de ello o no; que, concatenadas y articuladas, pudieran mostrar un polo diferente y más convocante para enfrentar el desenfreno de quienes estiman que la formalidad democrática les sobra y basta para transformaciones en el orden social que profundizan la entronización en su interior de la exclusión y de la anulación de lo distinto al oficialismo hegemónico-mediático y político, altamente concentrador, con propensión autoritaria y de muy baja credibilidad si juzgamos por las conmociones sociales en desarrollo y que están en nuestras narices.

El evento, como indicamos arriba, se realizará este próximo miércoles 30 de octubre de 2019, a partir de las 5 de la tarde, en el auditorio del piso 11, del Instituto Nacional de Seguros (INS). La entrada es libre.