Las cuatro organizaciones sindicales presentaron una carta en conjunto ante el Sistema de las Naciones Unidas de Costa Rica, cuestionando la posición de este ente ante el pronunciamiento de los Relatores Especiales de las Naciones Unidas respecto al proyecto de ley para regular las huelgas.
Compartimos carta enviada al Sistema de las Naciones Unidas de Costa Rica
ANEP, UPINS, ASDEICE y SIICE presentan carta ante el Sistema de las Naciones Unidas de Costa Rica by EugenioGuerrero on Scribd
Por: Benjamín Sevilla García, Secretario de Juventud
Me gustaría pensar que la realidad social y económica que experimenta el país en la actualidad, se trata sólo de un momento histórico; que atravesamos una crisis temporal, pero que las medidas adoptadas son las correctas para salir adelante y continuar en la vía eficaz del progreso. Mi temor, al respecto, es que estemos en la dirección equivocada, asumiendo una posición torpe y ciega que, ante la ausencia de diálogo, nos conduzca al precipicio.
La desconfianza ciudadana en la institucionalidad del país es enorme. La polarización social en diversos temas es abismal y la situación económica es, realmente, preocupante. Las probabilidades de error en cualquiera de las decisiones que se tomen, son elevadas. Creo que la única ruta consiste en desprendernos de ideas individuales y de figuras mesiánicas, para darle paso a un gran pacto nacional.
Para que este pacto tenga lugar, es necesario que Gobierno, sindicatos y empresarios, en un diálogo franco, público y con plazos estipulados, lleguen a un acuerdo común que sea capaz de transformar la realidad del país. Que las decisiones tomadas no sean producto de la imposición unilateral, sino de los aportes y el consenso de todas las partes. Este ejercicio podría garantizar paz social porque evitaría la confrontación, la sanción de leyes absurdas y las innecesarias disputas por imprecisiones legislativas.
Este gran pacto podría pasar a la historia como como el segundo más importante después del acuerdo de los años cuarenta entre Rafal Ángel Calderón Guardia, monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez y Manuel Mora Valverde. También, la clase política, el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil, empresarios y representantes de los trabajadores, deberían acordar una mesa nacional de diálogo para determinar las acciones que se deben tomar respecto de la generación de empleo y la reactivación económica.
La segunda opción a considerar, es la auditoria ciudadana de la deuda pública. Para nadie es un secreto que la deuda en Costa Rica es uno de los temas de mayor relevancia, sobre todo por el enorme pago de los intereses. Es posible que éste sea el motivo real por el que el Gobierno promueve sus planes de austeridad, y no las razones infundadas que se exhiben desde algunos sectores del poder político y mediático.
La auditoría ciudadana es una acción democrática que busca determinar la legitimidad de la deuda, si hay abusos o desproporciones en ella. Constituye una alternativa al silencio y a lo desconocido. Esta auditoría apunta a la transparencia y la rendición de cuentas. Algunas organizaciones sociales como la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa, plantea que con ella se pretende responder a tres preguntas básicas: “¿Cuánto se debe? ¿Por qué se debe? y ¿A quién se debe?”.
Sería importante que la ciudadanía costarricense conozca a quiénes les debemos -los acreedores-, quiénes son los responsables de contraer esos créditos y si eran las únicas alternativas viables que existían; si las disposiciones de los contratos y las tasas de interés se ajustan a la legalidad. En caso de que exista una deuda ilegítima, ya sea porque atenta contra los Derechos Humanos o porque va en contra del bienestar de la población, qué camino vamos a tomar como país.
Finalmente, la Costa Rica del Bicentenario debe responder con prudencia, exhibiendo la madurez de su Democracia. Mostrar valentía desde las trincheras de los círculos empresariales, subsanar la imagen desde “dictaduras mediáticas” y contar con el apoyo del poder político, no serán mecanismos suficientes para que un gobierno quede bien librado. Debe volverse a las inmensas mayorías, atender el clamor del pueblo y escuchar atentamente la voz de las personas trabajadoras que somos, finalmente, quienes sacamos adelante este país.
La Seccional ANEP-PANARE logró un importante acuerdo en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el cual establece que los trabajadores del Patronato Nacional de Rehabilitación (PANARE), podrán conocer, analizar y revisar las condiciones en las que serán trasladados de sus puestos ante el cierre técnico de la institución.
Así lo explicó Tatiana Quesada, Presidenta de la Seccional ANEP-PANARE quien indicó que la incertidumbre que existe en el seno de los trabajadores es bastante grande desde que el Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria contra el PANARE, lo que provocó el cierre de la institución y por ende el traslado de funcionarios a instituciones como CONAPDIS, CONAPAM y Ministerio de Salud.
Otros de los acuerdos alcanzados, es que la Junta Directiva del PANARE facilitará a la seccional de ANEP el borrador del proyecto de ley de cierre del PANARE, una vez les sea brindado por el Ministerio de Planificación. Además, la seccional podrá conocer la información correspondiente al presupuesto institucional del año 2020, en el momento que sea aprobado.
También es importantes destacar, que en el acuerdo quedó plasmado que las autoridades del PANARE se comprometen a respetar los derechos laborales de todos los trabajadores de la institución, así como a mantener la estabilidad laboral de los trabajadores en el tanto que cumplan con los requisitos de idoneidad del puesto
Compartimos acuerdos alcanzados entre las partes en el MTSS
Acuerdo Panare by EugenioGuerrero on Scribd
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
La representación sindical de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en el servicio público de cuido de los parques nacionales, le comparte a usted por nuestro medio sus consideraciones ante lo que podemos definir como el momento más crítico de la historia de lucha por la preservación eterna de este patrimonio ecológico; en estos momentos en que las concepciones político-ideológicas imperantes favorables a la totalización de las relaciones sociales bajo los postulados del mercado neoliberal, hacen estragos en múltiples servicios públicos y, por supuesto, el de los guardaparques no es la excepción.
El 24 de agosto fue definido como el Día de los Parques Nacionales. ¿Celebrar qué? Si los parques nacionales y sus guardaparques están en peligro de extinción. Lo que se asoma en el horizonte es su privatización por diversas modalidades. O de lo que quede de ellos. No nos llamemos a engaño pues para ahí los llevan.
El 24 de agosto de cada año, Costa Rica celebra el Día de los Parques Nacionales, fecha decretada por el entonces presidente de la República, Luis Alberto Monge Álvarez, en 1984. Tal festejo, que debería tener un profundo contenido cívico-ecológico de gran impacto en la sociedad, fue establecido con el objetivo de consagrar la protección y mantenimiento de estos espacios naturales que brindan a la sociedad un ambiente de tranquilidad y pureza.
Las instituciones encargadas del cuidado y de la administración de los parques de Costa Rica son el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). Cabe mencionar que los parques nacionales se encuentran en una categoría de manejo de Área Silvestre Protegida, según la legislación vigente.
En un esfuerzo por conservar mucha de la belleza natural y los alrededores de Costa Rica, el 25 % de la tierra del país ha sido apartada y convertida en parques protectores y reservas para salvaguardar la belleza y espectacularidad del entorno y así prevenir la deforestación y explotación.
Costa Rica cuenta con 27 parques nacionales, 58 refugios de vida salvaje, 32 zonas protegidas, 15 zonas de humedales pantanosos, 11 reservas forestales y 8 reservas biológicas, lo mismo que otras 12 regiones de conservación que protegen los diversos hábitats naturales encontrados a lo largo de todo el país.
Esta realidad ha sido el argumento fundamental y de gran peso empleado por los últimos gobiernos del bipartidismo tradicional (más el agregado paquiano); caballo de batalla que han utilizado para brindar un doble discurso al mundo, en general, y a la sociedad costarricense, en particular, vendiendo la “marca-país” de que, prácticamente, ningún otro país del planeta tiene su territorio tan protegido, ambiental y ecológicamente hablando, como el nuestro.
Hoy en día es todo lo contrario. Estas áreas protegidas se encuentran desprotegidas, pues no existe una adecuada infraestructura tanto para el visitante como para los guardaparques: senderos de visitación en mal estado, no se cuenta con el equipo óptimo (lanchas, vehículos terrestres, uniformes, GPS, bolsos, botas, alimentación, chalecos antibalas, chalecos salvavidas, mala comunicación radial, entre muchas cosas más); equipo que es indispensable para realizar las actividades diarias de control y protección que demanda la legislación ambiental y nuestra Constitución Política.
Sumado a esto, están las jornadas de trabajo que son extensas, de más de 12 horas, sin el pago de horas extras y recientemente quitaron el pago de la disponibilidad. El Gobierno no ha querido pagar el riesgo policial, cuando de sobra se puede demostrar que los guardaparques están expuestos a grandes peligros que atentan contra su integridad física como, por ejemplo: oreros, cazadores furtivos, madereros, pescadores y, recientemente, el narcotráfico que como es sabido es un flagelo que está afectando todos los niveles de la sociedad costarricense. Muestra de ello fue el guardaparques que salió herido en un encontronazo con narcotraficantes.
Para ponerle la cereza al pastel, recientemente se ordenó a las guardaparques con plaza de Oficial de Servicio Civil 1, que no podrán seguir realizando labores de Control, Prevención y Protección, debido a una prohibición en el Estatuto de Servicio Civil; algo sospechosamente extraño pues, por más de 20 años, estos compañeros venían ejerciendo esas funciones sin que nadie se hubiera manifestado al respecto. Todo salió a raíz de la controversia sobre el pago de la disponibilidad, muy conveniente para el Gobierno. Esto viene a demostrar la inoperancia por parte de las instituciones involucradas en esta situación.
Todo esto repercute, especialmente, en los guardaparques, ya que están limitados para realizar las acciones de control y protección. Además, se verán afectados directamente los recursos naturales del Estado puesto que más del 80 % de los guardaparques que hacen control y protección en todo el país son oficiales 1, por lo que no habría personal para cuidarlos, quedando estos a merced de las personas que les hacen daño.
Esta es la razón principal que nos da pie para pensar en que lo que en realidad se piensa es que la responsabilidad de la protección de los parques nacionales y de las áreas protegidas salga de la esfera pública, se concesione, se privatice; pase a ser objeto de actividad mercantil y de lucro privado y hasta de iniciativa extranjera.
Recordemos que las áreas protegidas brindan servicios ecosistémicos que son importantes para las generaciones presentes y futuras de la sociedad costarricense y del resto del planeta.
Con todo lo argumentado anteriormente, nos damos cuenta de que no había nada que celebrar este pasado 24 de agosto. No podemos celebrar la extinción de los parques nacionales ni de su servicio público de guardaparques, que es lo que está pasando hoy en día. Estamos viviendo una utopía en cuanto al tema de las áreas protegidas. Lo único real es que los parques nacionales y los guardaparques parecen ser personajes salidos de la novela de Gabriel García Márquez: “Crónica de una muerte anunciada”.
Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
El deterioro de la Democracia Representativa es una circunstancia sociopolítica innegable, especialmente al acabarse el histórico sistema tradicional bipartidista, mismo que intentara remozarse o camuflarse con el surgimiento del Partido Acción Ciudadana (PAC), la más grande estafa política de los últimos tiempos.
Ese deterioro de la Democracia Representativa ha sido de tal magnitud que no solamente se ha reflejado en que los partidos políticos tradicionales (ahora 3), están partidos a su interior; sino que, las nuevas colectividades partidarias no muestran coherencias político-programáticas e ideológicas, sino que son personalismos de ocasión sus ejes motivadores centrales.
El vacío de credibilidad que ha venido generando la Democracia Representativa, a partir del deterioro acelerado de la confianza de los gobernados en sus gobernantes, luego de que éstos se muestren en el ejercicio del poder como verdaderos estafadores políticos; empezó a potenciar el surgimiento de otra forma de democracia, la Democracia de la Calle, misma que tuvo su surgimiento potente en la acción pública con ocasión de las protestas cívicas del combo ICE, en el año 2000.
La Democracia de la Calle ha venido prestigiándose y legitimándose, generando la furia, la cólera y la ira de los sectores hegemónicamente dominantes, los del gran capital neoliberal y su prensa oficial; al punto de que ahora pretenden cercenar la crecimiento cuantitativo y cualitativo de la misma, con la proscripción del derecho de huelga y de manifestación; abriendo paso a la imposición de un ejercicio autoritario, totalitario y dictatorial de la gestión pública.
El crecimiento del desempleo, de la precarización de los salarios y la rebaja de los mismos, el potenciamiento de la destrucción de la otrora pujante clase media (hoy acosada más, económica y financieramente hablando, con el combo fiscal-Ley 9635), ha encendido las alarmas y ha puesto en alerta roja a los grupos económicos acumuladores de gran riqueza, siempre dominantes.
La decisión estratégica que han tomado para incrementar su tasa de ganancia con la apropiación final de los bienes públicos de alta rentabilidad que todavía no han podido pasar a ser patrimonio privado y fuente de lucro mercantil, les lleva a intentar, mediando legislación, cerrar las vías democráticas de la protesta social y de la resistencia civil.
Saben muy bien estos grupos dominantes y sus operadores políticos, tanto a nivel del Ejecutivo como del parlamento, que la resistencia a la exclusión social y económica y al empobrecimiento generalizado tiende a crecer, tanto en variedad como en mecanismos de autodefensa civil y obrera; por tanto, les resulta urgente el control social punitivo, con la perversa visión ideológica que la protesta es un acto delincuencial. ¡Han decidido criminalizarla!
Lo que tenemos en puertas es la apertura de una fase de la convivencia democrática y republicana marcada por el autoritarismo, con formas totalitarias y dictatoriales.
Ciertas conciencias ciudadanas, sometidas a la más grande manipulación mediática de los últimos tiempos, estiman que se trata de una acción “necesaria” ante los presuntos abusos sindicales; cuando en realidad, es que vamos a ser insertos en una de las fases más crudas de la imposición total del neoliberalismo en nuestra sociedad, el cual, en esencia, es autoritario per se.
No habrá ley alguna que pare la protesta social, que frene la resistencia cívica, que castre ala legítima defensa ciudadana si sigue avanzando el hambre, el desempleo y el empobrecimiento.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
Se equivocan si creen que su agenda neoliberal y su estilo autoritario nos representan. ¡Las personas jóvenes NO votamos por el desmantelamiento del Estado Social de Derecho! Ustedes no solo rompen una mesa de negociación; están rompiendo el pacto social que permitía a la hija de una madre soltera, al joven de los territorios indígenas y al estudiante de escasos recursos soñar con una vida digna.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
