Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

La representación sindical de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en el servicio público de cuido de los parques nacionales, le comparte a usted por nuestro medio sus consideraciones ante lo que podemos definir como el momento más crítico de la historia de lucha por la preservación eterna de este patrimonio ecológico; en estos momentos en que las concepciones político-ideológicas imperantes favorables a la totalización de las relaciones sociales bajo los postulados del mercado neoliberal, hacen estragos en múltiples servicios públicos y, por supuesto, el de los guardaparques no es la excepción. 

El 24 de agosto fue definido como el Día de los Parques Nacionales. ¿Celebrar qué? Si los parques nacionales y sus guardaparques están en peligro de extinción. Lo que se asoma en el horizonte es su privatización por diversas modalidades. O de lo que quede de ellos. No nos llamemos a engaño pues para ahí los llevan.

El 24 de agosto de cada año, Costa Rica celebra el Día de los Parques Nacionales, fecha decretada por el entonces presidente de la República, Luis Alberto Monge Álvarez, en 1984. Tal festejo, que debería tener un profundo contenido cívico-ecológico de gran impacto en la sociedad, fue establecido con el objetivo de consagrar la protección y mantenimiento de estos espacios naturales que brindan a la sociedad un ambiente de tranquilidad y pureza. 

Las instituciones encargadas del cuidado y de la administración de los parques de Costa Rica son el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). Cabe mencionar que los parques nacionales se encuentran en una categoría de manejo de Área Silvestre Protegida, según la legislación vigente.

En un esfuerzo por conservar mucha de la belleza natural y los alrededores de Costa Rica, el 25 % de la tierra del país ha sido apartada y convertida en parques protectores y reservas para salvaguardar la belleza y espectacularidad del entorno y así prevenir la deforestación y explotación.

Costa Rica cuenta con 27 parques nacionales, 58 refugios de vida salvaje, 32 zonas protegidas, 15 zonas de humedales pantanosos, 11 reservas forestales y 8 reservas biológicas, lo mismo que otras 12 regiones de conservación que protegen los diversos hábitats naturales encontrados a lo largo de todo el país.

Esta realidad ha sido el argumento fundamental y de gran peso empleado por los últimos gobiernos del bipartidismo tradicional (más el agregado paquiano); caballo de batalla que han utilizado para brindar un doble discurso al mundo, en general, y a la sociedad costarricense, en particular, vendiendo la “marca-país” de que, prácticamente, ningún otro país del planeta tiene su territorio tan protegido, ambiental y ecológicamente hablando, como el nuestro.

Hoy en día es todo lo contrario. Estas áreas protegidas se encuentran desprotegidas, pues no existe una adecuada infraestructura tanto para el visitante como para los guardaparques: senderos de visitación en mal estado, no se cuenta con el equipo óptimo (lanchas, vehículos terrestres, uniformes, GPS, bolsos, botas, alimentación, chalecos antibalas, chalecos salvavidas, mala comunicación radial, entre muchas cosas más); equipo que es indispensable para realizar las actividades diarias de control y protección que demanda la legislación ambiental y nuestra Constitución Política.

Sumado a esto, están las jornadas de trabajo que son extensas, de más de 12 horas, sin el pago de horas extras y recientemente quitaron el pago de la disponibilidad. El Gobierno no ha querido pagar el riesgo policial, cuando de sobra se puede demostrar que los guardaparques están expuestos a grandes peligros que atentan contra su integridad física como, por ejemplo: oreros, cazadores furtivos, madereros, pescadores y, recientemente, el narcotráfico que como es sabido es un flagelo que está afectando todos los niveles de la sociedad costarricense. Muestra de ello fue el guardaparques que salió herido en un encontronazo con narcotraficantes.

Para ponerle la cereza al pastel, recientemente se ordenó a las guardaparques con plaza de Oficial de Servicio Civil 1, que no podrán seguir realizando labores de Control, Prevención y Protección, debido a una prohibición en el Estatuto de Servicio Civil; algo sospechosamente extraño pues, por más de 20 años, estos compañeros venían ejerciendo esas funciones sin que nadie se hubiera manifestado al respecto. Todo salió a raíz de la controversia sobre el pago de la disponibilidad, muy conveniente para el Gobierno. Esto viene a demostrar la inoperancia por parte de las instituciones involucradas en esta situación.

Todo esto repercute, especialmente, en los guardaparques, ya que están limitados para realizar las acciones de control y protección. Además, se verán afectados directamente los recursos naturales del Estado puesto que más del 80 % de los guardaparques que hacen control y protección en todo el país son oficiales 1, por lo que no habría personal para cuidarlos, quedando estos a merced de las personas que les hacen daño.

Esta es la razón principal que nos da pie para pensar en que lo que en realidad se piensa es que la responsabilidad de la protección de los parques nacionales y de las áreas protegidas salga de la esfera pública, se concesione, se privatice; pase a ser objeto de actividad mercantil y de lucro privado y hasta de iniciativa extranjera.

Recordemos que las áreas protegidas brindan servicios ecosistémicos que son importantes para las generaciones presentes y futuras de la sociedad costarricense y del resto del planeta.

Con todo lo argumentado anteriormente, nos damos cuenta de que no había nada que celebrar este pasado 24 de agosto. No podemos celebrar la extinción de los parques nacionales ni de su servicio público de guardaparques, que es lo que está pasando hoy en día. Estamos viviendo una utopía en cuanto al tema de las áreas protegidas. Lo único real es que los parques nacionales y los guardaparques parecen ser personajes salidos de la novela de Gabriel García Márquez: “Crónica de una muerte anunciada”. 

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

El deterioro de la Democracia Representativa es una circunstancia sociopolítica innegable, especialmente al acabarse el histórico sistema tradicional bipartidista, mismo que intentara remozarse o camuflarse con el surgimiento del Partido Acción Ciudadana (PAC), la más grande estafa política de los últimos tiempos.

Ese deterioro de la Democracia Representativa ha sido de tal magnitud que no solamente se ha reflejado en que los partidos políticos tradicionales (ahora 3), están partidos a su interior; sino que, las nuevas colectividades partidarias no muestran coherencias político-programáticas e ideológicas, sino que son personalismos de ocasión sus ejes motivadores centrales.

El vacío de credibilidad que ha venido generando la Democracia Representativa, a partir del deterioro acelerado de la confianza de los gobernados en sus gobernantes, luego de que éstos se muestren en el ejercicio del poder como verdaderos estafadores políticos; empezó a potenciar el surgimiento de otra forma de democracia, la Democracia de la Calle, misma que tuvo su surgimiento potente en la acción pública con ocasión de las protestas cívicas del combo ICE, en el año 2000.

La Democracia de la Calle ha venido prestigiándose y legitimándose, generando la furia, la cólera y la ira de los sectores hegemónicamente dominantes, los del gran capital neoliberal y su prensa oficial; al punto de que ahora pretenden cercenar la crecimiento cuantitativo y cualitativo de la misma, con la proscripción del derecho de huelga y de manifestación; abriendo paso a la imposición de un ejercicio autoritario, totalitario y dictatorial de la gestión pública.

El crecimiento del desempleo, de la precarización de los salarios y la rebaja de los mismos, el potenciamiento de la destrucción de la otrora pujante clase media (hoy acosada más, económica y financieramente hablando, con el combo fiscal-Ley 9635), ha encendido las alarmas y ha puesto en alerta roja a los grupos económicos acumuladores de gran riqueza, siempre dominantes.

La decisión estratégica que han tomado para incrementar su tasa de ganancia con la apropiación final de los bienes públicos de alta rentabilidad que todavía no han podido pasar a ser patrimonio privado y fuente de lucro mercantil, les lleva a intentar, mediando legislación, cerrar las vías democráticas de la protesta social y de la resistencia civil.

Saben muy bien estos grupos dominantes y sus operadores políticos, tanto a nivel del Ejecutivo como del parlamento, que la resistencia a la exclusión social y económica y al empobrecimiento generalizado tiende a crecer, tanto en variedad como en mecanismos de autodefensa civil y obrera; por tanto, les resulta urgente el control social punitivo, con la perversa visión ideológica que la protesta es un acto delincuencial. ¡Han decidido criminalizarla!

Lo que tenemos en puertas es la apertura de una fase de la convivencia democrática y republicana marcada por el autoritarismo, con formas totalitarias y dictatoriales.

Ciertas conciencias ciudadanas, sometidas a la más grande manipulación mediática de los últimos tiempos, estiman que se trata de una acción “necesaria” ante los presuntos abusos sindicales; cuando en realidad, es que vamos a ser insertos en una de las fases más crudas de la imposición total del neoliberalismo en nuestra sociedad, el cual, en esencia, es autoritario per se.

No habrá ley alguna que pare la protesta social, que frene la resistencia cívica, que castre ala legítima defensa ciudadana si sigue avanzando el hambre, el desempleo y el empobrecimiento.