Carlos Alvarado Quesada es el mandatario ejecutivo peor calificado en los últimos cuarenta años.
El 70% de las personas habitantes de la Gran Área Metropolitana (GAM), y el 95% de quienes viven en las regiones costeras del país, las más pobres (provincias de Guanacaste, Puntarenas y Limón), coinciden de manera contundente en lo siguiente: el país va por rumbo equivocado.
El desempleo abierto y oficial ya superó el 12%, no hay reactivación económica, se castigó con pauperización y reducción de derechos salariales a la población trabajadora del sector Público.
La mitad de la Población Económicamente Activa (PEA), en edad de productiva, no tiene empleo fijo con salario formal y mucha no cuenta con cobertura de Seguridad Social.
Cerca del 20% de la población juvenil está fuera del mercado laboral formal y mucha de ella anda en lucha por sobrevivir, pero inserta en la ilegalidad perversamente diversa.
Se le impuso al pueblo plan de impuestos regresivo que fue descalificado, ahora, por las tres calificadoras de riesgo de inversión más importantes del planeta, pues en nada contribuye a una solución integral del problema del déficit fiscal.
Tan grave es la situación que ahora, desesperadamente, buscan endeudarnos más con 6 mil millones de dólares cuando en este país sobra la plata. Ostentamos dos vergonzosos records: estamos en el top ten de los países más desiguales del planeta y somos el tercero de la región latinoamericana en cuanto a endeudamiento/PIB.
El flujo de dinero sucio, producto del crimen organizado y del narcotráfico sigue reinando en el sistema financiero y económico nacional, pues “la estructura tributaria no permite el combate a los flujos ilegales de capital” (lapidaria conclusión del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI).
48 expedientes legislativos relacionados con justicia tributaria real, ya elaborados y que son necesarios para empezar a combatir, con seriedad, la exclusión y la desigualdad sociales, así como la abusiva concentración de la riqueza están durmiendo el sueño de los justos en el actual período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa; pues el Poder Ejecutivo le ha dado prioridad a proyectos de ley para exterminar los sindicatos, reducirlos a su mínima expresión, criminalizar la protesta social, ilegalizando las huelgas y quitándoles su naturaleza de derecho humano-constitucional, disolviendo a los gremios laborales y violentando su gobierno interno, imponiéndoles modificaciones estatutarias para dejarlos pintados en la pared.
Valga recordar que el ataque antisindical más violento desde la fundación de la Segunda República en 1949 (en realidad la dictadura política de José Figueres Olsen, Don Pepe); lo ejecuta en estos momentos el ahora alicaído Partido Liberación Nacional (PLN), el cual es hoy co-gobierno, mediando el sicariato político ejercido por el diputado Carlos Ricardo Benavides Jiménez y por la señora legisladora pro-empresarial, doña Yorleny León Marchena (ex PAC).
Por otra parte, cientos de compatriotas dedicados al cultivo de diverso tipo de producción agropecuaria viven sus últimos días de existencia económico-social, agobiados por problemas de seguridad jurídica de su finca, lote o parcela; por deudas y por embargos, a punto del desalojo; mientras, en el otro extremo tenemos que el sistema financiero público-privado del país acumula, en depósitos, más de 20 mil millones de dólares, reproduciéndose alocadamente; sin hablar de los más de 10 mil millones de dólares del público colocados en dicho sistema.
Esas cifras se quedan cortas pues, según un notable legislador integrante de la hegemonía gobiernista actual, el sistema financiero del país acumula unos 65 mil millones de dólares, de los cuales 12 mil y resto de millones de dólares transitan el mercado negro de la economía del país (¿dinero sucio?, ¿dinero narco? …).
Podríamos seguir citando más ejemplos y situaciones del estado actual de nuestra sociedad, reflejo fiel de que la polarización desde la perspectiva de la concentración de la riqueza se sigue agudizando; reflejo fiel de que todos los días la distancia entre el gobernante y los gobernados crece y crece; reflejo fiel de que la legitimidad formal del gobernante no necesariamente es legitimidad real.
Efectivamente, si la abrumadora mayoría de la población percibe que el país va por un rumbo equivocado; si las últimas elecciones (presidenciales y legislativas) dejaron planteado con contundencia irrefutable que una cosa es votar y otra, muy distinta, es elegir; entonces, ¿no corresponderá impulsar un ejercicio de carácter ciudadano y de real esencia democrática para descubrir la conducta sociopolítica de la desobediencia civil, si la voluntad de El Soberano, El Pueblo, se sigue violentando en el seno de los mecanismos institucionales de la legitimidad formal?
Si la Democracia formal y sus principales instrumentos de decisión política han sido copados por la minoría plutocrática, excluyente y sectaria; ni no se trata de Golpe de Estado puesto que no estamos con cosas de este tipo; ¿cómo le hacemos entender al gobernante que va por el rumbo contrario al sentir de la gente, por cuanto lo único que le queda es legitimidad formal dado que la real la perdió en tiempo record?
Este es el dilema cívico que espera ser atendido con el desprendimiento humilde de la organización popular para la movilización participativa con carácter de desafío estratégico, juntándose todas las diversidades. En el entretanto, ellos seguirán con sus tropelías a favor de las minorías que representan, el real objeto de su desvelo político.
