Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Cuando la gente trabajadora asalariada de todos los niveles, tanto la que labora para el sector público como las que lo hacen para el privado, empieza a percatarse de la realidad y de la profundidad de la agresión económico-financiera que significa la ley del combo fiscal, No. 9635, se agiganta el valor de la lucha sindical y social del año pasado en contra de esta legislación.

Quienes no creyeron, empiezan a creer; quienes creyeron desde un inicio y lucharon, acrecientan su autoridad moral para reclamar. Y, colectivamente, unos y otros, se percatan de la naturaleza de clase del presente Gobierno Alvarado-Piza, cuya gestión no es a favor de las mayorías.

Cuando hablamos de la naturaleza de clase de la presente Administración gubernativa, lo que queremos indicar es que esta vuelca todos sus esfuerzos en propiciar medidas de política pública a favor de los mega-negocios; a favor de mantener y reforzar el actual statu quo de concentración de la riqueza, de crecimiento de la desigualdad, de precariedad salarial, de reversión de derechos laborales, de conducta antisindical; de procesos de negociación que resultan falsos, espurios y manipuladores con las organizaciones legítimas de la clase trabajadora: los sindicatos; aunque -dolorosamente- algunos, en función de una desesperada legitimación procedente desde arriba, aceptan el juego.

Adicionalmente, si hay un ámbito en el cual la desnudez de clase de la presente Administración se aprecia en toda su dimensión, es el tributario-fiscal.

Creíamos que, en este sentido, todo lo habíamos visto y escuchado en tal sentido. ¡No era así!

El mismísimo Director General de Aduanas, figura hegemónicamente dominante dentro del conglomerado que maneja la política hacendario-tributaria del país, se rajó de lo lindo y sin asco, sin pizca de pena, sin asomo de dignidad, sin mayor emoción que el frío relato, para venirnos a decir que se “desaparecieron” 13 mil contenedores y que nadie sabe adónde se encuentran.

¡Y aquí no pasa nada! Como no está pasando nada con las listas que, forzosamente, han salido a la luz pública acerca de las grandes firmas corporativas que no declaran ganancias, que declaran pérdidas; como no pasa nada con relación a los enormes consorcios empresariales territoriales con comportamientos tributarios fraudulentos; como tampoco pasa nada con las 96 mega-entidades de negocios privados que le adeudan al fisco unos 560 mil millones de colones; con la postergación de la entrada en vigencia del Registro de Accionistas; con los 28 proyectos de ley en línea con la transparencia y la justicia fiscal-tributaria que no avanzan en trámite parlamentario; etc., etc., etc.

Es definitivo que, sino todos, gran parte de los 13 mil contenedores “desaparecidos”, pertenecen al gremio corporativo que hemos dado en denominar “empresaurio”; cuyos tentáculos de poder en el seno de la actual gestión ejecutiva (y la parlamentaria también), resultan impresionantes.

Tengamos presente que por esta categoría de “empresaurio”, entendemos al empresario evasor de impuestos, declarante de cero ganancias y solo pérdidas; con redes de poder corruptas de alto nivel gubernativo; buscador de amnistías tributarias al amparo de políticos de indescriptible caracterización. Rabiosamente antisindical.

Como sociedad estamos ya pisando arenas movedizas que puedan hundirnos de manera definitiva.

Todas las modalidades de fraude fiscal-tributario, entre ellas esta “novedosa” de “desaparición” de contenedores, sigue aumentando la magnitud la cuantía del robo de impuestos; por un lado; y, por otro, también aumenta peligrosamente el endeudamiento público, el pago de los intereses de la deuda, la carga de la misma sobre el presupuesto de la República.

Ambos factores se coluden para el perjuicio de la mayoría, con la connivencia de los detentadores reales de poder (los “empresaurios”), servidos por el funcionariado político-tecnócrata ubicado en zonas de confort para el servicio de ese contenido de clase de la presente administración gubernativa.

Para fortuna de la Democracia, cada día crece el sentimiento cívico de que este estado de cosas puede ser transformado radicalmente.

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Resulta ser una pésima noticia que impulsa, todavía más, la perversión del sistema tributario costarricense, la postergación de la entrada en vigencia del denominado Registro de Accionistas, una de las más necesarias medidas para lograr algo de transparencia en la cuestión fiscal del país.

El Registro de Accionistas, oficialmente denominado “Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales”, fue establecido mediante la Ley para mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, No. 9416.

El Ministerio de Hacienda, pieza estratégica en el engranaje del control político-hegemónico-neoliberal que impera en el seno del gobierno Alvarado-Piza, hizo el deplorable anuncio, mediando un acuerdo con sus iguales ideológicos, el sindicato-corporativo empresarial, la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).

También fue involucrado en este acuerdo el Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD), con enorme responsabilidad en el control de lo que los expertos denominan “flujos ilegales de capitales”; aunque popularmente podemos acudir a los conceptos de dinero sucio, dinero producto del crimen organizado y/o dinero procedente de la actividad del narcotráfico.

Los señores Nogui Acosta Jaén, Viceministro de Hacienda; y Gonzalo Delegado Ramírez, principal líder de los sindicatos empresariales del país, hicieron el anuncio conjunto de que el indicado registro entrará a operar hasta el próximo 1 de setiembre y no el 1 de marzo como se había previsto.

El jerarca hacendario se dejó decir lo siguiente para justificar esa postergación: “De cara a los compromisos que hemos asumido de lucha contra el narcotráfico, legitimación de capitales, lo conveniente es establecer una prórroga”. Nos preguntamos, ¿prórroga para qué?

Con sinceridad debemos indicar que no nos convence el argumento del señor Viceministro de Hacienda. Sobradas razones hay para desconfiar, habida cuenta de que las estratosféricas deficiencias del Ministerio de Hacienda en materia de combate a la evasión fiscal, no terminan de sorprendernos, día con día; siendo la última de ellas el decir del actual Director General de Aduanas de que se “desaparecieron” 1.300 contenedores-furgones. Pero esto es tema para otro comentario.

Según el estudio “Desafíos fiscales estructurales de Costa Rica: más allá de la reforma fiscal de 2018”, elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), dado a conocer este presente mes de febrero 2019, se cita lo siguiente: “2.6 La estructura tributaria no permite el combate a los FIC”. ¡Contundente!

Los FIC, flujos ilegales de capital, es la denominación elegante y diplomática para hablar de esas inmensas cantidades de dinero que se han insertado en la economía y en el sistema financiero costarricense, producto de actividades ilícitas, como el crimen organizado y el negocio del narcotráfico.

Hay datos espeluznantes que nos hablan de la cuantía de esos FIC en la Costa Rica de hoy en día. Reparemos en estos dos: el diputado Pedro Muñoz Fonseca, destacado integrante de la tríada gobiernista actual PLUSC-PAC, se dejó decir que, en el mercado financiero negro del país, circulan más de 12 mil millones de dólares, dentro del conjunto de capitales que maneja el sistema financiero costarricense de unos 65 mil millones de dólares. O sea, dineros sin control fiscal-tributario.

Según la entidad Global Financial Integrity (GFI), para el caso costarricense, al menos 7.6, puntos del Producto Interno Bruto (PIB), sería la cuantía de la suma anual de lavado de dólares en el país.

Este no menos impactante dato se puede extraer del documento-estudio Flujos financieros ilícitos en América latina y el Caribe, elaborado por los especialistas Andrea Podestá, Michael Hanni y Ricardo Martner, de la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (CEPAL), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el apartado de dicho estudio, “Estimación de los flujos financieros ilícitos en los países de América Latina: principales resultados (nivel, evolución y principales tendencias)”, leemos lo siguiente:

“Las estimaciones más conocidas y usadas actualmente provienen de los estudios publicados por la institución Global Financial Integrity (GFI) que aplican el modelo hot money (en sentido estricto) y un modelo de facturación fraudulenta que utiliza las estadísticas de comercio internacional de la Dirección de Estadísticas Comerciales del FMI. Las estimaciones de facturación fraudulenta de GFI se basan en el enfoque GER (gross excluding reversals), es decir, se consideran en términos brutos. Además, se deducen los gastos de transporte y seguro de los valores de importaciones antes de compararlos con las exportaciones, asumiendo que los mismos son fijos y equivalen al 10% de su valor”.

La postergación de la entrada en vigencia del Registro de Accionistas, repetimos, nos llena de enorme desconfianza en el sentido de que pudiera pretenderse el diseño de maniobras corporativas de nueva estirpe por parte de incidencias inescrupulosas a fin de hacer inviable la pretendida transparencia tributaria que la indicada legislación indicó.

La verdad es que en la opacidad se mueven sensibles hilos de poder para que este país siga hundiéndose en el pozo sin fondo del fraude fiscal, del control total por parte del dinero sucio y en la irreversible desigualdad.

Albino Vargas Barrantes,
Secretario General de ANEP

La posición asumida por la Procuraduría General de la Repúblico (PGR), respecto al proyecto de ley (de corte neoliberal, antidemocrático y antisindical) que pretende regular la huelga en los servicios públicos esenciales, así como la descalificación que para ese propósito ha hecho del valor que tienen los criterios vertidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en esta materia para defender la propuesta de ley que pretende prohibir la huelga, es inaceptable.

Se trata de una posición en exceso simplista, que deja entrever mucho desconocimiento en la materia, y muy poca fundamentación jurídica. 

Al parecer, la PGR desconoce que, tratándose de Derechos Humanos -así, en mayúsculas-, reconocidos en instrumentos internacionales, los criterios que emitan los órganos oficiales encargados de la interpretación de esos instrumentos tienen el mismo valor normativo que el propio instrumento interpretado. 

Esta idea progresista ha sido defendida en nuestro medio por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuando ha hecho ver que “si la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano natural para interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), la fuerza de su decisión al interpretar la convención y enjuiciar leyes nacionales a la luz de esta normativa, ya sea en caso contencioso o en una mera consulta, tendrá -de principio- el mismo valor de la norma interpretada. No solamente valor ético o científico, como algunos han entendido, tesis que está receptada en nuestro derecho, cuando la Ley General de la Administración Pública dispone que las normas no escritas -como la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales del derecho- servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan (artículo 7.l.)”. (Voto 2313-1995).

Es lamentable que las autoridades de la PGR desconozcan que, en opinión también de la Sala Constitucional, los criterios interpretativos de los convenios internacionales de la OIT que dictan los órganos de control de dicha organización, “son auténtica jurisprudencia en la materia” y, por lo tanto, tienen el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan, lo que los convierte en fuente de derecho en nuestro ordenamiento jurídico. (Voto 10832-2011).

Precisamente por el valor normativo que tienen los criterios dados por el Comité de Libertad Sindical, la propia Sala Constitucional, en reiteradas ocasiones, ha acudido a ellos para resolver asuntos relativos a la libertad sindical, el derecho de negociación colectiva y de huelga; y ha ordenado también, de manera expresa, a los jueces de trabajo aplicar dichos criterios de manera directa en la resolución de los asuntos sometidos a su competencia. 

Cosa parecida ha hecho con los legisladores, a quienes les señala de manera puntual que a la hora de promulgar la legislación respectiva en materia de huelga deben tomar en consideración las recomendaciones que al efecto hace la OIT.

Por otro lado, resulta preocupante y lamentable ver al Estado costarricense promoviendo desde sus propias instituciones posturas ambiguas en materia de Derechos Humanos. 

Lo expresado por la PGR ante la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, a favor de que se legisle para prohibir el ejercicio del derecho fundamental de la huelga, pone al descubierto el antisindicalismo oficial que promueven las autoridades de este Gobierno; y manda a la OIT un mensaje en el que, con elocuencia, le expresan el poco respeto que se le tiene a sus criterios.

Por lo demás, la posición que ahora defiende la PGR, abiertamente alineada con la política antisindical de este Gobierno Alvarado-Piza, se contradice, de cabo a rabo, con la posición que había venido prevaleciendo desde décadas atrás, según la cual, “el Constituyente no tuvo la intención de prohibir el derecho de huelga en los servicios públicos, sino regularlo en determinados servicios, posición que se desprende tanto de las técnicas de interpretación más modernas -que recogen el principio básico de interpretación de eficacia o efectividad de las normas constitucionales-, así como de la doctrina nacional y del análisis de las actas de la Constitución de 1949”. (Así consta en el voto de la Sala Constitucional número 1317-1998).

De igual forma, en la Opinión Jurídica OJ-125-2007, la PGR sostiene entre otras cosas que: “La prohibición total de la huelga en aquellos servicios públicos cuya paralización pueda causar grave daño a la economía nacional, a los bienes públicos o a los derechos de los consumidores, podría implicar una restricción excesiva e ilegítima”; y hace ver que: “Las limitaciones que se impongan al derecho de huelga en determinados servicios públicos, deben ser conformes con los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad”.

Este criterio concluye afirmando que: “La obligación de la Administración de mantener la continuidad de los servicios públicos, no puede erigirse, sin más, en un impedimento absoluto para el ejercicio del derecho de huelga en los servicios públicos”. 

Teniendo en cuenta los anteriores criterios expuestos aquí con la asesoría experta del doctor en Derecho Laboral, don Esteban Calvo Rodríguez, nos preguntamos: ¿cómo entender ahora el giro copernicano que han dado los representantes de la PGR para sostener la tesis prohibicionista de la huelga? 

¿Será acaso que la Procuraduría General de la República ha dejado de ser el órgano técnico de asesoría legal del Estado, para convertirse en una oficina de difusión de los intereses políticos del actual Gobierno? ¡Parece que sí…!