Limón: el fracaso más contundente de las políticas neoliberales

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Ninguno sale bien librado: ni el Partido Liberación Nacional, ni el Partido Unidad Social Cristiana, ni el Partido Acción Ciudadana pueden mostrar que sus respectivas administraciones han realizado políticas públicas realmente con carácter de integración social en cuanto a la provincia de Limón; si se quiere, la región del país que más contundentemente refleja el fracaso de las políticas neoliberales que estos tres partidos, al renegar de sus principios y valores fundacionales, terminaron adoptando en sus correspondientes administraciones ejecutivas.

La verdad es que, en las tres provincias costeras del país, Limón, Guanacaste y Puntarenas, los indicadores socioeconómicos generalmente aceptados en nuestra sociedad, reflejan con crudo dramatismo los tres más grandes vicios contaminadores de la convivencia democrática que se nos impusieron, cuando los gobernantes y las sucesivas administraciones de esos tres partidos, definieron que la promoción del lucro privado fuera el eje “articulador” de la integración social.

Estos tres flagelos, en Limón (tanto como en Puntarenas y Guanacaste), consisten en: 1) desempleo abierto, subempleo y precarización laboral y salarial; 2) desigualdad en cuanto a la distribución del ingreso vs. intenso proceso concentrador de riqueza; 3) alto índice de violencia en todas sus manifestaciones: económica, sociofamiliar, delincuencial, crimen organizado y narcotráfico.

Ahora Limón, tal vez como nunca antes se evidenció, muestra la dura realidad de que la entrada en operación de la transnacional de operación portuaria va ir en paralelo con el aumento de los impactos de esos tres flagelos; como si ya no fuese suficiente la cantidad de años que viene viviendo en rezago social integral, pese a que desde el punto de vista económico, todos los datos indican no solamente su potencial sino la enorme cantidad de recursos económico-financieros que se mueven con base en su estratégica ubicación geográfica.

Sin una agresiva política pública impulsada al más alto nivel político del Estado, Limón sucumbirá definitivamente.

Lo desesperanzador es que la actual administración gubernativa Piza-Alvarado, dado su carácter político-ideológico a favor del megacorporativismo de negocios, especialmente el de sesgo transnacional, no va a rectificar esa política de exclusión social y de expolio económico a Limón, si en sus pobladores y fuerzas vivas no media una especie de rebelión ciudadana.

La agresión política que, desde el Estado central, en este caso el MOPT y la Casa Presidencial, se da en contra de la institucionalidad pública representada en Japdeva, no deja lugar a dudas de que a esta entidad han decidido desaparecerla (o reducirla a una mínima expresión simbólica), pues la prioridad de la política pública es ahora, no sólo contundente, sino que profundamente ideológica en el caso del negocio portuario del país: todo mercado-nada Estado.

Creemos que nada bueno puede esperar el pueblo de Limón de parte de sus políticos del ahora tripartidismo hegemónicamente dominante: la tríada gobiernista PLUSC-PAC. Tampoco, aunque habrá excepciones de valor, la “nueva” clase política limonense parece estar a la altura del más grande desafío de inclusión social que tiene la provincia caribeña ante el expolio de los beneficios del negocio portuaria transnacional.

En nuestra modesta percepción de la realidad limonense actual, se debe impulsar la creación de un poderoso polo de poder, cívico-social, con vocación convocante para la movilización activa, para demandar de parte del Estado central (ahora volcado hacia el fomento del desarrollo de los mega-negocios como su prioridad), políticas de reactivación económica realmente efectivas y de promoción de contundentes acciones de inclusión social, mediando un gran papel inversor de parte del Estado que sí puede fomentarlo bajo la presión articulada de ese polo de poder cívico-social.

El sindicalismo nacional con propuesta-país, dentro del cual militan importantes agrupaciones laborales limonenses, cuenta con un amplio abanico de propuestas integradoras y de desarrollo económico-social que pueden ser consideradas por las fuerzas vivas de Limón, pero en articulación estratégica para un fuerte cambio de rumbo en lo que hasta ahora ha sido el ausente papel estatal en el fomento del crecimiento económico con inclusión social en la provincia caribeña.

La gravedad de la coyuntura, con lo poco activo de ese papel estatal que todavía queda en Limón, como lo es Japdeva, requiere la transformación cualitativa de las fuerzas vivas de la localidad (que son dignas de consideración), en un factor de poder desafiante de esa cruel hegemonía del capital, impulsada desde Zapote contra el pueblo caribeño.

ANEP presentó proyecto de ley que busca evitar el uso especulativo del valor del dólar

-Iniciativa fue presentada ante la oficina de participación ciudadana de la Asamblea Legislativa

-Proyecto busca evitar que la variación del precio del dólar afecte el bolsillo de los costarricenses.

Inspección evidencia faltante de personal migratorio en el Aeropuerto Santamaría

La Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), visitó este sábado 2 de marzo el aeropuerto internacional Juan Santamaría como parte de una inspección, luego del caos vivido en la terminal aérea el pasado 23 de febrero, donde se pudo evidenciar la afectación que sufren los usuarios por faltante de personal de la Policía Profesional de Migración y Extranjería.

La realización de la inspección se realizó debido a la denuncia realizada por la Seccional ANEP-PPME ante Diario Extra por el caos vivido en la terminal aérea el sábado 23 de febrero, debido al faltante de personal, provocando largas filas y espera de horas a las personas que deseaban ingresar al país.

En la fiscalización participó el presidente de la seccional ANEP-PPME, Gerardo Mora Ordóñez en compañía de la Directora General de Migración y Extranjería, Raquel Vargas Jaubert; el  Viceministro de Gobernación y Policía, Víctor Barrantes Marín y el Subdirector de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, Stephen Madden Barrientos.

Para la inspección las autoridades reforzaron con 20 oficiales los puestos migratorios del aeropuerto Juan Santamaría, pasando de 30 a 52 oficiales. Sin embargo, para el representante sindical las acciones realizadas no son lo suficiente, ya que al trasladar 20 oficiales se descuidan o debilitan otros puestos migratorios y aduaneros.

Usuarios debieron esperar horas

“Con este reforzamiento del día sábado en el Aeropuerto Juan Santamaría, así como el traslado de oficiales de diversas oficinas regionales, lo que hacen es desvestir un santo para vestir otro. Queda demostrado y comprobado que la falta de personal en la Policía Profesional de Migración y Extranjería, así como la infraestructura en la parte de aduanas, es el problema que ha venido sucediendo”, manifestó Mora Ordóñez.

Según Mora, el pasado sábado con el refuerzo se habilitaron los 16 counter de salida de usuarios y los 28 counter de entrada, lo que permitió un flujo fluido de pasajeros. Mientras que para el sábado 23 de febrero no todos los counter estaban operando, lo que produjo el caos en la terminal aérea. “Con esto se demuestra la falta de personal que la Seccional ANEP-PPME ha venido denunciando desde hace años  y la solicitud de nuevas contrataciones”.

Ante este escenario, la Seccional ANEP-PPME hace un llamado a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa para que soliciten al Poder Ejecutivo que convoque el expediente Nº20.323. el cual reforma el artículo 11 de la Ley No. 9428, Ley de Impuestos a las Personas Jurídicas del 22 de marzo de 2017 con el objetivo de dotar de recursos a la Dirección General de Migración y Extranjería para el fortalecimiento de la policía de migración.

Corrupción en el Ministerio de Hacienda

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Por supuesto que existe un importante grupo de personal en el Ministerio de Hacienda que desempeña su quehacer con gran honradez, con suma ética y honrando el real significado de la transparencia en la función pública.

Sin embargo, las manzanas podridas de la corrupción están ganando la partida en ese ministerio .

Siempre hemos estado afirmando que la corrupción con ropaje legal o sin él, está carcomiendo la institucionalidad pública.

Además, que la perversa alianza de lo que está torcido en lo público, al juntarse con lo no menos podrido de lo privado, en materia de negocios con la cosa pública, nos lleva al despeñadero como sociedad.

En menos de una semana, tres noticias surgidas de cosas malas que están sucediendo en el Ministerio de Hacienda, provocan fuerte conmoción ciudadana; al punto de que la transparencia del quehacer de esta institución sufra de manera casi que irreparable.

Impactados quedamos al recibir un escrito anónimo firmado bajo el notario concepto de “Funcionarios NO CORRUPTOS del Ministerio de Hacienda”; grupo que da una versión distinta acerca del caso de los varios miles de millones de colones que le “perdonaron” a la transnacional Standard Fruit Company, bajo la amnistía que impuso la ley 9635, el combo fiscal, la del “fallo constitucional de compadre hablado”.

En ese escrito se dan criterios para dudar de que esa multimillonaria amnistía fuese éticamente correcta, para decirlo de manera decente.

Que un grupo de funcionarios del Ministerio de Hacienda se catalogue a sí mismos como “NO CORRUPTOS”, expresa la cruel admisión de la existencia de un funcionariado corrupto en esta entidad conspirando contra toda la sociedad; en evidente asociación con ese importante segmento del corporativismo de los negocios privados que están inmersos en las sucias prácticas de la evasión tributaria; segmento al que estamos catalogando como “empresaurios”.

La segunda noticia de que el binomio corrupto público-privado está reinando en el Ministerio de Hacienda, es el impactante dato de la “desaparición” de 13.000 mil contenedores dado a conocer por parte del mismísimo Director General de Aduanas.

Para que sigamos estupefactos con esto de la corrupción en el Ministerio de Hacienda, agregamos la información de que varios funcionarios viajaron al extranjero con financiación de empresas privadas, las cuales pretendían -presuntamente-, algún tipo de trato “especial” en el ámbito tributario-Fiscal.

Parece que la sociedad está indefensa ante el desmadre que ocurre con la evasión fiscal y tributaria en Costa Rica.

El inventario de este desmadre fiscal-tributario que impera en el Ministerio de Hacienda no acaba aquí, con estos tres incidentes sucios de corruptelas en el Ministerio de Hacienda. Hay mucho más…

La responsabilidad política de la Ministra de Hacienda es inobjetable. La señora Rocio Aguilar Montoya debe dar la cara.

Aunque sabemos que la ideología que ella profesa es totalmente proclive a la hegemonía de lo privado, es innegable que frente a sus narices están ocurriendo graves fraudes ético-jurídicos tributarios descomunales, cuyo abordaje directo y contundente no puede eludir.

ANEP nombra afiliado de honor a Carlos Andrés Pérez

Anteriormente el ex diputado José Merino del Río (QdDG) recibió mismo distintivo.

La Junta Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en su sesión ordinaria de este viernes, tomó el acuerdo de nombrar afiliado de honor a Carlos Andrés Pérez por convertirse en un símbolo de lucha en la huelga contra el combo fiscal.

Albino Vargas Barrantes Secretario, General de la ANEP manifestó que el calificativo de afiliado honorífico se utiliza para personas muy especiales de la vida social, política, académica y sindical del país.

Carlos Andrés Pérez con su carnet anepista

“Carlos Andrés Pérez se convirtió en un símbolo de la resistencia cívica y popular al ejercicio del poder autoritario de esta gran coalición político económica que está dominado el país en favor de los interés de pequeños grupos y en contra de los intereses de las mayorías. Carlos Andrés simboliza las miles de conciencias que estuvimos en lucha durante tres meses contra el combo fiscal”, detalló Vargas.

Para el Secretario General de la ANEP, que a Carlos Andrés Pérez lo metieran preso, “básicamente por orden de Casa Presidencial en una especie de venganza política, agiganta su papel en esta lucha”    

De esta manera Carlos Andrés Pérez se convierte en la segunda persona en recibir este distintivo de la ANEP, ya que anteriormente el ex diputado José Merino del Río (QdDG) fue nombrado afiliado honorífico de la organización.

Por su parte Carlos Andrés Pérez y su familia se mostraron sorprendidos por el reconocimiento, a la vez que agradecieron el apoyo brindado por la ANEP durante este duro momento.

“Me siento orgulloso y contento de pertenecer a la familia anepista. Agradezco todo el apoyo que me han brindado. Esto me ayuda a seguir adelante para demostrar mi inocencia y como se me ha querido inculpar acciones que nunca realice”, finalizó Carlos Andrés Pérez, trabajador de Recope.

ANEP agradece a todas las personas que han brindado apoyo a Carlos Andrés Pérez y se mantienen firmes en su lucha por la defensa de Costa Rica.

Junta Directiva Nacional de ANEP recibe la visita de Carlos Andrés Pérez.

Gepostet von ANEP am Freitag, 1. März 2019
Junta Directiva Nacional de ANEP recibió a Carlos Andrés Pérez

Sala Cuarta ordena intervención de siete delegaciones policiales en mal estado

La orden de la Sala Constitucional se da luego de que la Seccional ANEP-Fuerza Pública presentará una gestión de desobediencia en contra del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y el Ministerio de Salud, por incumplir un fallo previo de la Sala Constitucional, este último ordenaba la inmediata intervención de al menos 7 delegaciones policiales

Se trata de las delegaciones policiales de Guápiles (Pococí), Piedras Blancas, Peñas Blancas, Upala, Jicaral, La Peregrina y Palmar Norte por presentar condiciones insalubres que ponen en riesgo la seguridad de los policías y usuarios.

En esta ocasión, la Sala Constitucional advierte, tanto al MSP como al Ministerio de Salud que de no cumplirse lo estipulado ordenará la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario.

Por tanto de la Sala Constitucional

La Sala ha dado curso a nuestra solicitud y solicita la intervención. Estas delegaciones son totalmente inhabitables e infrahumanas, como es el caso, de la que se ubica en Guápiles, incluso esta tiene orden de clausura desde el año 2014, situación similar a la de Palmar Norte o bien el estado de la delegación de Peñas Blancas”, dijo Mainor Anchía, presidente seccional ANEP-Fuerza Pública

Declaraciones de Mainor Anchía

La seguridad humana en Costa Rica

Más allá del debate filosófico o del análisis etimológico del término, la seguridad humana tiene que ver con la ausencia del temor y de la miseria.

No es por casualidad que el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se refiera al temor y a la miseria, como elementos que atentan contra la dignidad humana.

En este sentido, el deber de cualquier Estado que asume con responsabilidad la justicia social y el fortalecimiento de la democracia, pasa por la adecuada tutela de las necesidades básicas de la población.

Debe atender, eficazmente, la seguridad de las personas, la disminución de la pobreza, la eliminación de todas las formas de discriminación y la reducción de las desigualdades.

Si coincidimos en que la seguridad humana incluye estos temas, se podría afirmar, entonces, que las dificultades que enfrenta Costa Rica en materia de seguridad humana tienen relación con el incumplimiento práctico de sus obligaciones en derechos humanos. 

De ser así, quizá deba corregirse las deficiencias de la educación en este campo, para que se propicie una adecuada transferencia de conocimientos en derechos humanos y se logre fortalecer el desarrollo de habilidades al respecto.

En este momento, el Estado no está proveyendo correctamente en desarrollo social lo que le corresponde, porque existe una deficiencia en la educación sobre derechos humanos.

Esto les niega a las personas la autonomía para reclamar eficazmente sus derechos, pero también, para respetar los derechos humanos de las otras personas.

El país, también, está fallando en la creación de capacidades para una buena gobernabilidad, porque no está proveyendo en seguridad democrática; y no está proveyendo en seguridad democrática, por el mal manejo de los conflictos internos.

Los grandes temas de interés nacional, que por naturaleza resultan ser álgidos, se están abordando al margen de la participación ciudadana. Los actores históricamente protagonistas, están siendo excluidos, o solamente se les informa respecto de las grandes decisiones del país.

La seguridad humana abarca una serie de elementos que requieren ser analizados de manera integral. En una reflexión serena y objetiva de esos elementos, concluiríamos admitiendo que en Costa Rica existe una inadecuada tutela por parte del Estado en el campo de la seguridad personal, en el ámbito de la seguridad social; e incluso, en la esfera de la seguridad internacional.

Se cuestionan en el país ciertas conductas que atentan contra la seguridad personal, específicamente, la influencia que ejercen algunos sectores dominantes de la economía y del poder político sobre el sistema judicial y sus resoluciones.

Así, por ejemplo, resulta indescriptible la incertidumbre que enfrenta una persona pobre, joven o sindicalista, cuando reclama un derecho, o cuando es víctima de los abusos del poder punitivo del Estado.

Recientemente fuimos testigos del vergonzoso caso en contra del joven sindicalista Carlos Andrés Pérez Sánchez.   Afortunadamente para este joven, no todos los operadores del Derecho se dejan amedrentar y aún se cuenta con una reserva importante de personas juzgadoras que “hacen justicia, aunque se caiga el cielo”.  

La presunción de inocencia, las garantías procesales y el derecho de defensa, son conceptos que acompañan la seguridad personal; y que cualquier Estado de Derecho que se tome en serio la seguridad humana,  debe atender para evitar detenciones arbitrarias y penas desproporcionadas.   

Por otra parte, en el tema de seguridad social, que tiene relación directa con la satisfacción de las necesidades básicas, la seguridad alimentaria y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en materia de derechos humanos, se evidencia un claro retroceso.

La imposición de un aumento a los productos de la canasta básica, la eliminación de algunas conquistas salariales de las personas trabajadoras de menos ingresos, así como el recorte del presupuesto que se asigna a algunas instituciones que ofrecen servicios o programas sociales, son antagónicos con el concepto de justicia.

Lo anterior no excluye de responsabilidad a una parte de la cúpula acomodada del Poder Judicial, que de manera irreflexiva le concede el beneplácito a quienes toman estas decisiones.  

El debilitamiento de la seguridad personal y de la seguridad social, afecta negativamente la inversión que el país debe hacer en seguridad internacional.

Costa Rica. de esta manera se estaría constituyendo en parte del problema regional y no, en un país que muestre significativos avances en seguridad y desarrollo humano, aun cuando existe una obligación sobre los estados de velar por la seguridad en la región.

Una seguridad que no sólo tiene que ver con los conflictos armados, sino con ese sentimiento de incertidumbre que sienten las personas ante las injusticias sociales y las penurias económicas que afectan a los países de la región.

Lic. Benjamín Sevilla García

Secretario de Juventud

Junta Directiva Nacional de la ANEP

El neoliberalismo fracasa en todo lado… ¡y también aquí!

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Acaba de ser publicado un extraordinario informe por parte del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi): una especie de diagnóstico fiscal de nuestro país.

Nos parece acertadísimo. No le conocemos nada parecido a las universidades públicas del país, todas encerradas en sus respectivas burbujas de cristal, alejadas de la calamitosa realidad nacional de fuertes contradicciones sociales y económicas.

Según su sitio web, www.icefi.org, consiste en: “…un centro de pensamiento independiente a gobiernos, partidos políticos o cualquier otra organización de la sociedad civil, que elabora investigaciones y análisis técnicos en materia fiscal en América Central. Además, brinda información, asesoría y capacitación sobre estos temas, especialmente a los poderes legislativos, autoridades locales y organizaciones sociales y políticas. Con una visión integral y de largo plazo, el Icefi promueve la discusión y reflexión de los temas fiscales para buscar consensos y acuerdos que contribuyan a la edificación de sociedades y Estados equitativos, democráticos y prósperos”.

Ese informe, titulado “Desafíos fiscales estructurales de Costa Rica: más allá de la reforma fiscal de 2018”, el Icefi sintetiza en 10 puntos lo que nosotros conceptuamos como el fracaso de las políticas neoliberales impulsadas por las últimas Administraciones gubernativas (incluida la actual), que no han podido frenar el crecimiento del desempleo; que no han podido frenar el crecimiento de la desigualdad; que no han podido parar/desacelerar el proceso de concentración de riqueza; que no han podido generar una reactivación económica realmente estructural; que no han podido parar el fraude fiscal en toda su amplia diversidad; que no han podido combatir el déficit fiscal con solidez sostenida; que no han podido evitar el crecimiento de la deuda pública y su obsceno pago de intereses; que no han podido frenar la corrupción de la colusión de los interés públicos con los privados; que no han podido evitar el crecimiento de la informalidad; que no han podido evitar la paulatina desaparición de la producción agropecuaria nacional; etc., etc., etc. 

Hemos empezado a hablar de este informe del Icefi en otros espacios mediáticos y de otra naturaleza; y vamos a insistir mucho en este, por cuanto esos 10 puntos sintetizan el fracaso de las políticas macrofiscales, económico-financieras y tributarias de las sucesivas Administraciones que, sistemáticamente, cometen estafas electorales como la ocurrida en las elecciones del pasado año 2018; estafas electorales que han venido creciendo de elección en elección, en magnitud de engaño, al punto de que hoy en día el país tiene a la cabeza del Poder Ejecutivo a la persona peor calificada de los últimos 40 años en ese cargo presidencial.

¡Por favor, repare usted en estos 10 puntos!

1) Gasto público insuficiente para atender las demandas de la población; y sumamente rígido. Casi todo se va en pagar la deuda pública.

2) Poca transparencia en la ejecución del gasto. La corrupción se ha llevado mucho dinero de la gente.

3) Los ingresos públicos son insuficientes para cubrir los gastos. El sistema financiero-bancario, público y privado, atesora más de 20 mil millones de dólares depositados… y no se pueden aprovechar.

4) La carga tributaria es rígida. No ha habido reformas tributarias estructurales profundas para llevar justicia al sistema.

5) Los resultados del combate a la evasión tributaria son muy pobres. No hay voluntad política para atacar, con fuerza real, el fraude fiscal. El robo de impuestos en todas sus modalidades está sin control.

6) La estructura tributaria no permite el combate a los flujos ilícitos de capitales (FIC). El sistema financiero está inundado de dinero sucio, dinero del narcotráfico y del crimen organizado.

7) Estructura tributaria regresiva. Pagan más, proporcionalmente hablando, los que menos ganan; y los que ganan más, no pagan del todo o roban impuestos.

8) Persiste el otorgamiento de gastos tributarios como estrategia de competitividad. El dinero público financia grandes actividades corporativo-empresariales, directa o indirectamente.

9) El déficit fiscal ha sido creciente. Va hacia el 7%. El combo fiscal (ley 9635), de nada sirvió y solo hizo daño a la gente trabajadora asalariada. Las calificadoras de riesgo de inversión, descalificaron esta ley, la que se impuso mediando el fallo constitucional de compadre hablado.

10) La deuda pública tiene rasgos de insostenibilidad. Se acerca al 60 por ciento del PIB y crecerá más si los diputados aprueban un endeudamiento adicional de 6 mil millones de dólares.

Sin embargo, la clase políticamente hegemónica, su parlamentarismo afín, su jerarquía ejecutiva y su prensa ideologizada (la del periodismo del odio, por ejemplo), insisten en profundizar el fracaso que acertadamente diagnosticó el estudio del Icefi, aunque tengan que apelar a formas del ejercicio autoritario del poder atropellando normas elementales de la Democracia, como lo es propiciar legislación para la proscripción efectiva de la actividad sindical.

La verdad de su fracaso se les volvió amenazante para su supremacía política, tramposamente impuesta… hasta ahora.