Estudio del ICEFI da la razón a la ANEP en propuestas para combatir el déficit fiscal

Un reciente estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) sobre la situación económica del país, da la razón a la ANEP, al manifestar que se hace urgente la discusión de un Acuerdo Nacional, con una visión de mediano y largo plazos, para resolver en definitiva el problema fiscal de Costa Rica.

Otro de los puntos en que el estudio concuerda con lo manifestado por la ANEP ante la opinión pública y en su propuesta “Hacia una Justicia Tributaria”, es la imperiosa necesidad de modernizar la estructura tributaria, incorporándola adopción del principio de Renta Mundial para el combate a los flujos ilícitos de capitales.

Dentro de las recomendaciones del ICEFI se insta a realizar un rollover de la deuda del país, mientras que la ANEP ha manifestado la necesidad de una auditoría de la deuda.

La creciente desigualdad es otro de los puntos en los que se concuerda, ya que el estudio indica que Costa Rica es el único país de Centroamérica en el que la desigualdad ha aumentado durante el siglo XXI.

La ANEP también ha reiterado, que los programas sociales no pueden verse afectados con las drásticas medidas del Gobierno, mientras el estudio señala que el esfuerzo por alcanzar sostenibilidad fiscal no debe afectar el financiamiento de los programas que implican mejora para el bienestar de la comunidad.

Recomendaciones del ICEFI

1.            Costa Rica debe realizar una evaluación del nivel apropiado de los recursos indispensables para atender las necesidades de la población – derechos plasmados en la Constitución— y que se relacionan con los ODS. Según el Icefi, para ello se requeriría alcanzar un gasto público de 28.6% del PIB en 2030.

2.            Debe fortalecerse la movilización de recursos para financiar el incremento del nivel de gasto social necesario.

3.            En la medida de lo posible, los nuevos recursos no deben contener rigideces.

4.            Es imperativo mejorar los mecanismos de transparencia, lo que inicia con el fortalecimiento de la planificación, la rendición de cuentas y la evaluación de beneficio-costo de todos los gastos que se realicen. Esto mejorará el uso de los recursos y la moral tributaria.

5.            La estructura tributaria debe ser modernizada, incorporando la adopción del principio de Renta Mundial para el combate a los flujos ilícitos de capitales.

6.            La movilización inicial de recursos, al margen de hacer eficiente la reforma tributaria de 2018, pasa por combatir la evasión fiscal. Es urgente la definición de estrategias apropiadas para el efecto.

7.            Debe abandonarse la estrategia de otorgamiento de incentivos tributarios a la inversión de largo plazo

8.            Debe avanzarse en la transformación de la estructura tributaria, de tal forma que responda al principio de capacidad de pago.

9.            Es conveniente la elaboración de estudios de incidencia tributaria que apoyen la toma de decisiones.

10.          El esfuerzo por alcanzar sostenibilidad fiscal no debe afectar el financiamiento de los programas que implican mejora para el bienestar de la comunidad.

11.          Inicialmente debiera pensarse en un rollover de la deuda.

12.          Se hace urgente la discusión de un Acuerdo Nacional, con una visión de mediano y largo plazos, para resolver en definitiva el problema fiscal de Costa Rica.

Compartimos el estudio realizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI)  

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ANEP a la espera de resolución de recurso de amparo contra el Ministerio de Hacienda

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) acudió a la Sala Constitucional, el pasado 11 de enero, para que el Ministerio de Hacienda entregue la lista de las 96 empresas a las cuales se les inició el cobro de ¢560.000 millones.

A este recurso se suman otros más, presentados por diferentes actores políticos y ciudadanos que desean obtener información de los contribuyentes. entre ellos, podemos mencionar el recurso del diputado José María Villalta del Partido Frente Amplio, el cual fue declarado con lugar y ordena al Ministerio de Hacienda revelar los nombres y los montos de las personas físicas y jurídicas que adeudan dinero al erario.

El recurso de amparo fue interpuesto por el diputado Villalta debido a que Hacienda le negó la lista de los deudores que podrían beneficiarse de la amnistía tributaria introducida por la reforma fiscal. Al igual, la ANEP presentó el recurso ya que el 19 de diciembre de 2018, el Director General de Tributación contestó de manera negativa ante la solicitud de la lista de las 96 empresas que se les tramitó el cobro, indicando que la información solicitada es confidencial en su totalidad.

Para nuestra organización sindical es de suma importancia, la resolución positiva del recurso del legislador, ya que fija un antecedente en cuanto a la transparencia en materia tributaria.

Transparencia de la cual el Ministerio de Hacienda ha dejado lado.

Gobierno Alvarado-Piza incrementa su ataque antisindical al culpar la huelga por alza en el desempleo

Ministro de la Presidencia incentiva la peligrosa orientación gubernativa de criminalización de la protesta social y de fomento del autoritarismo

Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y desde el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, expresamos nuestro más vehemente y enérgico rechazo a las provocadoras y confrontativas declaraciones del Ministro de la Presidencia, a nombre del gobierno Alvarado-Piza, de que el alza en el desempleo ocurrida el año pasado 2018, se debió a la Huelga Patriótica contra el combo fiscal, hoy ley de la República, lamentablemente; lesiva ley antiobrera que ya comenzó a afectar las economías familiares de miles de personas trabajadoras asalariadas de este país.

El crecimiento del desempleo se debe, por un lado, a una gran incapacidad gubernativa de la gestión del sector económico del Poder Ejecutivo, dada su militancia ideológica en objetivos meramente fiscalistas y su visión obsesiva, de corte neoliberal, en cuanto al traído y llevado tema del déficit fiscal.

Tal fundamentalismo fiscalista impide considerar la relevancia del papel del sector Público en la reactivación económica y no conocemos, en nueve meses de gestión que llevan ya, un sólido proyecto en tal sentido.

Por otra parte, tampoco conocemos de una articulada y estrategia de política pública hacia la potenciación del mercado interno, como factor relevante en la imperiosa necesidad de una reactivación económica que, por ejemplo, incluya el relanzamiento estratégico de la producción agropecuaria nacional. El pequeño productor agrícola nacional sigue hoy más abandonado que nunca.

La Huelga Patriótica contra el combo fiscal duró tanto como el gobierno Piza-Alvarado quiso que durase. Deliberadamente dejaron que se prolongara buscando deteriorar el gran apoyo popular que generó la lucha cívica contra el expediente legislativo 20.580, el más detestado proyecto de ley desde el combo del ICE del año 2000.

Somos enfáticos en cuanto a que los sectores hegemónicamente dominantes del binomio gubernativo Alvarado-Piza no creen en el Diálogo Social, son despreciativos de las propuestas de los sectores sociales y productivos que no comulgan con su visión neoliberal en cuanto al dogma del déficit fiscal.

La corriente sindical que representamos ha elaborado sólidas propuestas en cuanto a impulsar políticas para la reactivación económica con inclusión social y productiva que están listas para poner en una real mesa de negociación, si no fuese porque el autoritarismo es el estilo de gestión del equipo neoliberal del gobierno Alvarado-Piza que controla las iniciativas estratégicas del Poder Ejecutivo.

Algunos días antes el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Steven Núñez Rímola había emitido este tipo de juicios subjetivos, desafortunados y sesgados en cuanto a que la huelga del año pasado es la responsable del crecimiento del desempleo en el país.

Sinceramente, no le vemos mayor futuro al proceso de Diálogo Social que a insistencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), intenta abrirse paso en el país en el marco del diseño de una política de Trabajo Decente para el período 2019-2023.

Rodolfo Piza es muy “eficiente” descalificando los esfuerzos de otros colegas suyos de gabinete que sí parecieran creer en tal proceso.

San José, miércoles 13 de febrero de 2019

Albino Vargas Barrantes Secretario General ANEP Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

Derechos humanos: subversión en la globalización neoliberal

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Como nunca antes, la lucha por la justicia social real y por la democracia verdadera pasa, necesaria e imprescindiblemente, por la lucha por el imperio pleno de los Derechos Humanos (DD.HH.). 

Estamos viviendo en la etapa más desigual de toda la historia de la Humanidad; sufriendo la época de la dictadura hegemónica político-mediática del capital neoliberal y su brazo armado: el capital financiero-bancario.

Los extremistas políticos de la derecha ideológica, aún en sus más suaves versiones, siguen siendo seguidores del significado del concepto sociopolítico concretado en la expresión en idioma inglés There is no alternative -TINA- (en español: “No hay alternativa” o “No hay elección”); eslogan político corrientemente atribuido a Margaret Thatcher, cuando ella era Primera Ministra del Reino Unido. Este eslogan puede interpretarse como que el mercado, el capitalismo y la mundialización, son fenómenos necesarios y beneficiosos, y que cualquier otra orientación está destinada al fracaso (tomado de Wikipedia).

Pese a ello, miles de personas alrededor del planeta piensan y luchan en la dirección contraria. El TINA podemos contraponerlo, como antípoda política, a los DD.HH. Nosotros gritamos: ¡Sí hay alternativa! Es la lucha por el respeto pleno a los Derechos Humanos. 

Los DD.HH. representan la respuesta civil, social, política y hasta ideológica al maléfico objetivo de la entronización definitiva en el planeta del gobierno mundial del capital; algo por lo cual vienen luchando poderosísimos grupos de los cuales apenas tenemos ideas superficiales.

En tal sentido es necesario tener presente la amplia gama de los DD.HH., empezando por los de Primera Generación, o derechos civiles y políticos: 1) Toda persona tiene los derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, sexo, color, idioma, posición social o económica. 2) Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. 3) Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre. 4) Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral. 5) Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación. 6) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia. 7) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 8) En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, en cualquier país. 9) Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de hijos que desean. 10) Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión. 11) Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas. 12) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica.

Ahora reparemos en las Derechos Humanos de Segunda Generación, o derechos económicos, sociales y culturales: 1) Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. 2) Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. 3) Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses. 4) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. 5) Toda persona tiene derecho a la salud física y mental. 6) Durante la maternidad y la infancia toda persona tiene derecho a cuidados y asistencia especiales. 7) Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades. 7) La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita.

Impresionante resulta conocer los llamados Derechos Humanos de Tercera Generación: 1) Derecho al desarrollo sostenido: modelos y estructuras económicas que, además de generar beneficios propios, permitan el acceso a servicios básicos y garanticen la sostenibilidad del planeta. 2) Derecho a la autodeterminación de los pueblos: el que tienen los países de determinar libremente su condición política y su modelo social y económico. 3) Derecho a la paz: entendido no solo como ausencia de guerra, sino también como la puesta en marcha de procesos positivos que fomenten la participación, el diálogo, la inclusión, la cooperación y la superación de conflictos. 4) Derecho a la protección de los datos personales: llama la atención sobre los eventuales peligros y abusos a los que se exponen las personas ante el cada vez más extendido proceso de informatización. 5) Derecho al patrimonio común de la humanidad: alude al acceso a los bienes de tipo material e inmaterial que constituyen un legado de especial relevancia para comprender la evolución humana. 6) Derecho a gozar de un medioambiente sano: Todas las personas tienen derecho a disfrutar de ambientes sanos, limpios y sostenibles.

¡Increíble! Se ha hablado ya de los Derechos Humanos de Cuarta Generación que incluirían: 1) El derecho a acceder al espacio que supone la nueva sociedad de la información en condiciones de igualdad y de no discriminación. 2) Al uso del espectro radioeléctrico y de la infraestructura para los servicios en línea sean satelitales o por vía de cable. 3) El derecho a formarse en las nuevas tecnologías. 4) El derecho a la autodeterminación informativa. 5) El derecho al Hábeas Data y a la seguridad digital.

¡Es definitivo! Tenemos que volver sobre este tema. ¡Analice bien! ¿Acaso los DD.HH., conceptualmente integrados, no representan una subversión del injusto y criminal orden que nos está imponiendo la globalización neoliberal…?

El abismal e infernal camino del endeudamiento público sin fin

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Es absolutamente necesario tener que insistir en el tema del injusto orden económico macrofiscal que nos agobia, el cual continuará afectando, seriamente, a las mayorías ciudadanas de nuestro país; precisamente por cuanto las correcciones estratégicas necesarias no se toman, habida cuenta que son las minorías pudientes, financiera y políticamente hablando, las que se benefician, de manera directa o indirecta, de tal orden.

Discute la Asamblea Legislativa en estos momentos acerca del proyecto de ley-expediente legislativo No. 21.201, Autorización emisión de títulos valores en el mercado internacional y contratación de líneas de crédito; pretendida legislación para que el país se endeude, más todavía, en unos 6 mil millones de dólares en eurobonos por los próximos 6 años.

Como no hay la más mínima voluntad política para que no sea la deuda pública lo que solvente el problema fiscal del país, el camino fácil es aumentar la misma y su carga en pago de intereses, llevándonos por el abismal e infernal camino del endeudamiento público sin fin.

La carga integral de la deuda pública (amortización al principal y pago de intereses), tiene para este año 2019 las siguientes impresionantes cifras: 4.1 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), para el pago de intereses; y 6.8 puntos PIB para amortizaciones.

Un importante grupo de personas de la parte más consciente de nuestra sociedad viene abogando, con sistemática insistencia, en que el país ocupa una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública. Nosotros apoyamos tal esfuerzo y creemos que más personas deben hacer lo mismo.

Desmenucemos esos dos datos, correspondientes al presente año 2019, para que comprendamos cuánta razón lleva la realización de esa Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública. Necesariamente, debemos acudir a los números.

¿Qué significa que tan solo en el año que acaba de empezar, 2019, se destinen 4.1 puntos PIB al pago de intereses de la deuda pública? ¿De cuánta plata estamos hablando?

Veamos: Se acepta que un punto de PIB equivale a unos 350 mil millones de colones (350.000.000.000); entonces, 4.1 equivalen a 1 billón 435 mil millones de colones (1.435.000.000.000).

Prácticamente, este pago de intereses de la deuda pública del país en este año 2019, cuesta unos 3 mil 931 millones de colones, ¡por día!

Con relación a los 6.8 puntos PIB: ¿cuánto significa en colones amortizar créditos de deuda pública en este año 2019? Tenemos que habrá que destinar del presupuesto, 2 billones 380 mil millones de colones. Al día, ¡unos 6 mil 520 millones!

¡Sumemos! 3 mil 931 millones de colones, al día, en pago de intereses; más 6 mil 520 millones, también al día, amortizando deuda pública vieja. Entonces, cada 24 horas de cada uno de los días de este año 2019, salen del erario público, ¡10 mil 451 millones de colones por la carga de ese grave endeudamiento público que ha de crecer si se aprueban los 6 mil millones de dólares en trámite legislativo en estos momentos!

Repetimos: 10 mil 451 millones de colones (10.451.000.000.000), cada 24 horas de este 2019, representan la salida de recursos públicos del erario fiscal central como producto de la carga de la deuda pública que, insistimos nosotros, nos lleva por un abismal e infernal camino como sociedad.

¿Qué entidades, qué personas, qué bufetes, qué fondos recibirán, por concepto de intereses, esos casi 4 mil millones de colones diarios por concepto de pago de intereses de préstamos de deuda pública?

¿Cuáles son los préstamos de endeudamiento público que recibirán amortización producto de la erogación de esos 6.8 puntos PIB en este año 2019? ¿Cuáles créditos se estarán abonando con esos 6 mil 520 millones de colones por día que salen de las arcas del presupuesto nacional? ¿A qué entidades se les está pagando esa enorme cantidad de plata?

Esta ecuación fiscal del endeudamiento público sigue siendo un enigma para al común de la gente. La cuestión macroeconómica fiscal-tributaria y el tema de la deuda pública siguen en la atmósfera de opacidad en que la gente del real poder decide por las mayorías pese a su deslegitimación creciente.

La distancia entre el gobernante y los gobernados, aspecto que venimos señalando últimamente en diversos foros y circunstancias, tiene un fuerte potencial de agudización con este tema del endeudamiento público.

Debemos confesarlo: nos sentimos indefensos ante tanto número apabullante; pero, de algo sí estamos seguros: los 6 mil millones de dólares tramitándose en el presente Parlamento, nada bueno representarán para el pueblo, especialmente su segmento trabajador castigado con las consecuencias de un problema que nunca generó: ese endeudamiento público.

Entrevista: Carlos Andrés Pérez es inocente

Conversamos con Henry Loaiza defensor de Carlos Andrés Pérez, quien nos detalla los argumentos para considerar la inocencia de este joven detenido y encarcelado durante la huelga contra el combo fiscal. Además, nos explica los vicios presentes en el juicio. 

Hagamos viral esta historia con el hashtag #LibertadParaCarlosAndrés

PLN: Arismo sin Arias

Por Albino Vargas
Secretario General de la ANEP

Nadie duda de que el señor Óscar Arias Sánchez no podrá salir avante de lo que es ya la encrucijada más importante de toda su vida: las gravísimas acusaciones que le han estado lloviendo por estos días de ser un agresor sexual de mujeres no tienen parangón en la vida política del país de los últimos tiempos. ¡Su carrera política se acabó!

El pensamiento político del señor Óscar Arias Sánchez (y el de su hermano, Rodrigo), nutrió, intelectualmente, durante una buena parte de la historia nacional reciente a la clase más rica del país, la hegemónicamente dominante en los últimos tiempos; y más allá de la que se adueñó de las tiendas liberacionistas para castrarle al Partido Liberación Nacional (PLN), el producto original de su semilla socialdemócrata: su carácter de partido “policlasista”.

La intrusión del arismo en la vida interna del PLN como anatema al reformismo socialdemócrata del pensamiento figuerista (el de Don Pepe, el de don Rodrigo Facio, incluso el de Daniel Oduber), fue parte fundamental en la gestación de una sociedad que empezó a vivir con desigualdad y con exclusión, al punto de encontrarnos hoy en un punto de casi no retorno.

A la vez, el arismo liberacionista con sus sucesivas administraciones gubernativas, cuyo paroxismo llegó con el Premio Nobel de la Paz y que está en caída libre hacia el precipicio de la degeneración ético-moral jamás pensada; tiene enorme responsabilidad en cuanto a la realidad fiscal del país que nos tiene a las puertas de un default; ante lo que algunos entendidos califican como “misión imposible” obtener 6 mil millones de dólares en los mercados financieros internacionales, para prolongar la vida macroeconómica nacional sin mayores tropiezos, hasta el año 2022.

Estamos hasta la coronilla de un endeudamiento público que nosotros pensamos que será imposible pagar; y que la sola honra de los intereses exigidos significará más dolores sociales de los que ya está sintiendo el país.

Así las cosas, considerando tal escenario y con base en nuestra visión de la sociedad costarricense de hoy, pensamos que resulta prácticamente imposible el renacimiento liberacionista con base en la recuperación estratégica de lo mejor de su legado sociopolítico y de la misma filosofía socialdemócrata que una vez perfiló el rumbo del país hacia la inclusión social y con notorios avances en la reducción de las desigualdades.

El arismo penetró mucho al PLN, se le metió en su ADN, lo transmutó; y cuando se dio “disidencia” interna fue con base en los personalismos en pugna protagónica, jamás en reconsideración por los desastres derivados de la adopción de postulados neoliberales que levantaron un altar al mercado, en la propia cuna de un partido que consideró como fundamental la intervención del Estado para regularle al mercado su desequilibrante papel en sociedades de clases confrontadas.

La Socialdemocracia seguirá huérfana. El PLN tendrá arismo sin Arias mientras tanto no ocurra en su interior un exorcismo político de alto calado, lo que no vemos factible.

El arismo liberacionista, hoy casado con el Partido Acción Ciudadana (PAC) y ejerciendo un co-gobierno con éste, no va a renunciar con facilidad a la facilitación de más mega-negocios con la cosa pública para esa estructura electoral-arribista que le sirvió de armazón gubernativa en las últimas administraciones. Esto, por una parte.

Por otra, es prácticamente irreversible el desencuentro del PLN con aquellos sectores sociales (como el cooperativismo y como el sindicalismo), que en un entonces le dieron gran base social y que le daban ese carácter policlasista que exhibiera en sus épocas de esplendor.

Sabemos de la existencia de un buen grupo de ciudadanos y de ciudadanas que todavía enarbolan convicciones socialdemócratas verdaderas y que, pese a ello, siguen dentro de las filas del PLN.

Sin embargo, a pesar de que se podría suponer que la debacle de la “autoridad política superior”, generaría una nueva vía de acción política interna con buen augurio para conseguir el éxito; el germen arista ha mutado para superar el personalismo de su clásico dúo hegemónico de los últimos 30 años, reproduciéndose en especímenes políticos que hoy, por ejemplo, desde el actual parlamento, bregan para liquidar precisamente a uno de los sectores nutrientes del viejo liberacionista socialdemócrata: los sindicatos.

Precisamente, este es el rol político que está jugando el actual diputado Carlos Ricardo Benavides Jiménez, junto con la otrora militante del PAC y hoy en las filas del arismo liberacionista, doña Yorleny León Marchena. Estamos convencidos que ni él ni ella son expresiones socialdemócratas auténticas; y, por el contrario, reflejan las visiones de mundo del arismo y su comportamiento político.

EUROBONOS: Espejismo que profundizará el sufrimiento popular y aumentará la exclusión social

  • 10 mil 500 millones de colones, AL DÍA, costará atender las obligaciones de la deuda pública en este año 2019

La pretensión del gobierno Piza-Alvarado de imponer una decisión legislativa para endeudar más al país, en 6 mil millones de dólares, solamente ha de profundizar el sufrimiento popular ante el avance de la exclusión social y de la concentración de la riqueza.

Sin transformaciones tributarias estructurales (para lo cual hay 28 proyectos de ley durmiendo el sueño de los justos en la corriente legislativa); Costa Rica se seguirá hundiendo con un endeudamiento público que nunca se pagará.

Lo anterior es tan grave que cada 24 horas de este 2019 que acaba de empezar, se deben destinar unos 10 mil 500 millones de colones para atender los compromisos de deuda pública obligados para este año: 4.1 puntos del PIB en pago de intereses y 6.8 puntos PIB en amortizaciones urgentes; considerando que el valor de un punto del Producto Interno Bruto anda por los 350 mil millones de colones.

Seguirá siendo catastrófico para la gente esta espantosa situación del endeudamiento público sin control; mientras todas las formas de fraude fiscal siguen imperando; mientras el sistema tributario sigue siendo perversamente regresivo; mientras el sistema bancario-financiero (publico y privado) tenga un acumulado superior a los 20 mil millones de dólares depositados solo para su reproducción acelerada y sin ninguna responsabilidad con la sociedad.

Desde ANEP, hacemos un vehemente llamado a los diputados y a las diputadas para que con ocasión del trámite de este proyecto de nuevo y grave endeudamiento público de 6 mil millones de dólares; se proceda con fuertes exigencias al gobierno Alvarado-Piza en cuanto a políticas agresivas para real reducción del fraude fiscal en todas y sus «creativas» manifestaciones; sometidas a una plena fiscalización ciudadana.

Paralelamente, el propio parlamento tiene gigantesca responsabilidad si no decide la tramitación de estratégicos proyectos de ley que empiecen a cambiar la injusticia tributaria que ahoga al pueblo trabajador costarricense, por un lado; y, por otro, que nos dé un respiro en la atención de la carga de la deuda pública cuyo peso fundamental está en las espaldas de la gente.

Esos 28 proyectos de ley (o algunos de los más relevantes, aunque todos lo son), para iniciar correcciones tributarias urgentes para nuestra nación, podrían hacer menos daño que erogar 10 mil 500 millones de colones diario para atender un endeudamiento público que el pueblo trabajador no generó.

San José, lunes 11 de febrero de 2019

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA