Nos congregamos el día de hoy, miércoles 31 de enero del 2024, en esta explanada del denominado Primer Poder de la República, la Asamblea Legislativa, oficiales de los distintos Cuerpos Policiales, acompañados y acompañadas, solidariamente, de personas trabajadoras, familiares y ciudadanía, para rendir homenaje póstumo a BRYAN JOSUÉ RIVERA OVIEDO, un héroe moderno, que fue asesinado en el cumplimiento de su deber.
Atendemos esta convocatoria, ayunos de intenciones de hacer un show político, eso lo dejamos a otros personajes, pero sí cargados de una mezcla de emociones, pues, vivimos en carne propia la labor policial, y los riesgos que implica.
Y es que, el servicio que un hombre o una mujer policía brinda a la Patria es colosalmente noble, pero aplastantemente ingrato. Una persona policía sale de su hogar dispuesta a cumplir con la extenuante jornada asignada, sin tener certeza de que volverá con vida. Eso fue lo que le sucedió a Bryan Josué. Porque así es la labor policial: insalubre y peligrosa; y no parafraseamos criterios científicos que así lo aseveran, lo aseguramos desde nuestra experiencia.
Ser policía no es un simple trabajo, es un estilo de vida que no cualquier persona posee la capacidad para cumplir, y mucho menos ejecutar con efectividad, como sí lo hizo nuestro compañero Bryan Josué Rivera Oviedo.
Quien acepta portar la casaca policial renuncia al derecho de ser elegido en puestos de elección popular, a Derechos Humanos como la posibilidad de hacer huelga, o de solucionar sus conflictos a través de la negociación colectiva. Se somete a jornadas de 12 horas, y a estar ausente del núcleo familiar por 6, 8, 10 y hasta 12 días consecutivos. A que el simple gesto disconforme de una jefatura le reubique en una zona que desmiembra su arraigo familiar, que le impide estar presente en los cumpleaños de sus seres queridos, en las fiestas de fin y principio de año, las graduaciones de sus descendientes y a estar disponible para su pareja.
Una persona trabajadora de un cuerpo policial expone su integridad física, psicológica y su equilibrio emocional, porque su deber le exige intervenir en situaciones de riesgo, a proteger a gente desamparada, a interponerse frente a seres iracundos de actitudes violentas, muchas veces, hasta con armas de por medio. Se debe estar atento a la patrulla, a la moto, al arma, al radio, al equipo, a las y los compañeros, al entorno, al mundo entero. Y ante tan demandante responsabilidad, las consecuencias del error pueden ser la pérdida del trabajo, la cárcel o la muerte.
Todo esto, el sometimiento a este régimen de excepción, por una prestación salarial insuficiente para hacer justicia a todo lo que engloba ser una valiente persona policía.
A pesar de todo esto, durante décadas, la clase política ha observado hacia otro lado, ha ignorado las condiciones de las y los policías, nos mantienen en delegaciones que dan asco, manejando patrullas en malas condiciones, con alimentación restringida, se han negado los presupuestos necesarios, se nos han incluido en leyes agresoras y somos disminuidos a simples números, parte de una estadística manipulada que busca endulzar los oídos de la población.
Es realmente incomprensible, no lo entendemos, cómo en esta sede parlamentaria deciden quitarle a nuestra fuerza policial 2 mil 500 millones de colones de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas para dárselo a otra fuerza policial, tan precarizada como las del Gobierno Central: “desvestir a un santo para vestir otro”, dice el refrán popular.
Es lamentable, sí, es una deshonra para Costa Rica que nuestras calles se tiñan con sangre de personas honestas, valientes y repletas de vocación por el prójimo, y, aun así, no se vean acciones tangibles que busquen cambios reales para prevenir que estos escenarios se vuelvan a repetir.
El asesinato de oficiales de policía es una etapa de las que llevan a un país a convertirse en un narco-estado. Desde ANEP, bajo la muy honrosa representación de personas de todos los Cuerpos Policiales del país, elevamos la voz y exigimos un alto en este peligroso camino; y, demandamos actuaciones políticas conforme a los intereses de la población honrada de este pedacito de mundo del que aún nos enorgullecemos.
Costa Rica, la región, el mundo entero, requiere de acciones ¡YA! Las y los policías necesitan apoyo institucional, no puede ser posible que al presentar a un aprehendido/detenido al Ministerio Público, le pregunten a la persona sospechosa si el oficial le golpeó, cuando debería ser a la inversa, y se le consulte primero a la o, el oficial si ese elemento atentó contra su integridad.
Las personas trabajadoras de los Cuerpos Policiales necesitamos leyes que nos apoyen, que nos brinden certeza jurídica.
Las personas trabajadoras de los Cuerpos Policiales necesitamos actualización y mejora continua de la capacitación y de la carrera policial.
Las personas trabajadoras de los Cuerpos Policiales necesitamos el descongelamiento del Manual de Puestos.
Las personas trabajadoras de los Cuerpos Policiales necesitamos que las instituciones policiales cuenten con el presupuesto idóneo, excluido de la regla fiscal, que les garantice recursos y equipamiento de calidad.
Las personas trabajadoras de los Cuerpos Policiales necesitamos justicia salarial, ser excluidos de la Ley Marco de Empleo Público y la no aplicación del congelamiento salarial perenne. Y que salden, inmediatamente, un reajuste pendiente de hace 5 años.
Las personas trabajadoras de los Cuerpos Policiales necesitamos un régimen de pensión diferenciado.
Las personas trabajadoras de los Cuerpos Policiales les recordamos que somos seres humanos, y merecemos ser tratados como tales.
Las personas trabajadoras de los Cuerpos Policiales comprendemos ya, perfectamente, que la delincuencia organizada y el desarrollo del narcotráfico son producto de profundas desigualdades sociales que ya están afectando a la propia Democracia: no hay gente mala per se; hay exclusión social, exclusión económica, ausencia de oportunidades, debilitamiento de la inversión social integral, abusiva concentración de la riqueza, un sistema tributario corrupto e inequitativo y un endemoniado endeudamiento público que está estrangulando la propia institucionalidad como lo está haciendo con la nuestra, en todos los cuerpos policiales del Gobierno Central y del Poder Judicial.
En nombre de nuestros héroes caídos, en nombre del joven BRYAN JOSUÉ RIVERA OVIEDO, le pedimos a la ciudadanía su apoyo, les imploramos, empatía y unión, con las y los policías para elevar un aplauso que llegue hasta el cielo y que cale nuestro mensaje en las conciencias de nuestra clase política.
ANEP y SITRAP se reunieron con sus representantes sindicales y delegados de diversas fincas agrícolas de Sarapiquí, Siquirres y Zona Norte del país, para realizar una evaluación de las acciones realizadas durante el año 2023 y proyección de trabajo en alianza obrero sindical para el 2024
Estos martes representantes de la ANEP se reunieron con la seccional y afiliación de nuestra organización en el Laboratorio de Soluciones Parenterales de la CCSS, para establecer los objetivos de trabajo para este año, donde se dará prioridad a la negociación de la Convención Colectiva de trabajo.
La ANEP solicita a la Caja realizar una investigación a nivel interno de los centros de salud Hospital Nacional de Niños, Hospital Calderón Guardia y Hospital de San Carlos los cuales han aprobado la tercerización en el 2023
El siguiente criterio no es nuestro, pero, prácticamente, lo suscribimos pues es acertado para los actuales momentos que vive Costa Rica: “Hay que reducir las desigualdades en educación, salud, empleo, vivienda y servicios básicos”.
Y este otro criterio no pudimos nosotros haberlo planteado de mejor manera: “No podemos sentirnos satisfechos con el crecimiento macro de la economía, lo fundamental es que el crecimiento tenga un efecto multiplicador para todos, en la totalidad de los rincones de Costa Rica”.
Y, finalmente, repare usted en lo siguiente: “El gobierno controló la inflación y los números macro se ven bien, pero ahora debemos trabajar como sociedad para fortalecer los programas sociales y, primordialmente, la educación.
Las frases entrecomilladas del primer párrafo están incluidas en un artículo titulado Desarrollo desequilibrado, aparecido en prensa nacional en estos días, cuyo autor, el señor Jorge Woodbridge, es un notable integrante de los sectores hegemónico-económicos más relevantes del país, quien tiene importantes vínculos con la clase poderosa que ha controlado los últimos gobiernos, en especial con el sector financiero de la misma. ¡Pues claro! La gente no come macroeconomía y la desigualdad asumió el poder.
Luego de tanto y tanto tiempo de una denuncia y de una lucha constantes por parte de los sectores sociales y, específicamente, los sindicales con sensibilidad sociopolítica, va tomando perfil de consenso nacional de que se les fue la mano en la imposición de la concepción del dogma que la persona debe estar al servicio de la economía.
¡Sí! se les fue la mano al punto de que en lado de los sectores del capital se afirma, tajantemente, que “las bandas del narcotráfico se alimentan de estudiantes que no terminan su formación y han perdido la esperanza”.
Ya no solamente es una sabiduría popular de sentido común que desde hace bastante tiempo está en las mentes de la gente. Ahora, en el seno de los sectores acaudalados en los cuales se mueve el Sr. Woodbridge, es verdad de imperio.
Él mismo acepta que hay más de 400 mil hogares en pobreza y que hay 1.4 millones de pobres. La pobreza no cede ante la falta de educación y de trabajo, dice; y afirma que la inversión social no debe reducirse y, todo lo contrario, el gobierno debe fortalecerla.
Y es en este punto donde el planteo de don Jorge llega a una encrucijada pues no nos dice cómo conseguir el cacao para hacer más y buen chocolate.
Son estos temas lo que, como dardos punzantes, están agobiando a la misma Democracia, desestabilizándola; por cuanto el desarrollo desequilibrado que preocupa a don Jorge tiene una contracara: el acelerado y desequilibrado proceso de concentración de la riqueza.
La estructura tributaria costarricense, su misma administración y su régimen de exenciones y de exoneraciones; la política salarial tanto a nivel privado como público, el salario mínimo; la deuda pública y su estructura actual de pago de intereses, el régimen de zonas francas y la transformación que sufre; la producción agropecuaria nacional, el empleo juvenil, la protección ecológica y la estrategia para potenciar emprendimientos micro-pequeños y medianos; son parte consustancial para alcanzar un desarrollo equilibrado.
Notará usted que solamente hicimos mención de esos puntos-temas y que no les pusimos adjetivos calificativos para no etiquetarlos con contaminación ideológica per se. Pero sin considerarlos, junto a los temas de don Jorge, jamás hallaremos, por lo menos, una tenue senda para un desarrollo con equidad. La gente no come macroeconomía y la desigualdad asumió el poder.
Asunto: Reunión entre el Presidente y la Contralora.
Estimada señora:
Reciba un respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
Iniciamos indicando que, en ANEP observamos a nuestra Democracia como una construcción de todas las personas costarricenses, y defendemos que esta construcción debe ser cimentada en la sólida roca de la institucionalidad. Es entonces que, como personas ciudadanas y trabajadoras afiliadas a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), entendiendo la importancia de mantener y proteger esta estructura, nos permitimos dirigir la siguiente respetuosa pero vehemente reflexión:
La concentración de poder en el Ejecutivo podría ser como un terremoto que amenaza con desestabilizar los cimientos de nuestra construcción democrática. En una democracia saludable, el poder debe ser compartido y equilibrado entre los diferentes órganos del Gobierno. Cuando un solo órgano acumula demasiado poder, la estructura se tambalea y la salud de la Democracia se ve amenazada.
La Contraloría General de la República (CGR), en su papel de guardián de los fondos públicos, es como el arquitecto que supervisa la construcción, asegurando que cada pieza se coloque correctamente y que la estructura se mantenga sólida y segura.
Entendiendo que nuestra Democracia es un sistema de gobierno que se basa en la participación ciudadana y el respeto a las libertades individuales, un presidente autoritario puede representar un riesgo para la Democracia, ya que puede intentar concentrar el poder en sus manos, debilitar los sistemas de control políticos y administrativos, y restringir las libertades individuales y colectivas.
Esto debería interesar a los y a las costarricenses y a la ciudadanía de cualquier democracia, ya que la salud de ésta incide de manera directa en la vida cotidiana de las personas. Un sistema democrático saludable garantiza que los derechos y libertades de los ciudadanos sean respetados y que el gobierno actúe en el mejor interés de todos.
Esto, especialmente, en momentos de tensiones políticas y del resurgimiento del fascismo y las dictaduras, es aún más importante estar atentos a la salud de nuestra Democracia. El fascismo y las dictaduras militares han demostrado ser perjudiciales para las libertades individuales y los Derechos Humanos.
Por lo tanto, es crucial que los ciudadanos estén informados y participen activamente en la vida política para proteger su democracia. Esto puede incluir votar en las elecciones, participar en debates políticos, y mantenerse informados sobre las acciones del gobierno. La participación ciudadana es una de las mejores defensas contra el autoritarismo y la erosión de la democracia.
Y es entonces que para el ciudadano promedio ha cobrado sumo interés la posibilidad de reunión entre su persona, como autoridad máxima de la Contraloría General de la República, y el señor Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles. Por tanto, solicitamos, respetuosamente, que se haga público el acceso a la reunión que se desarrollará en la sede de la CGR, ya sea en vivo por streaming o por los medios de comunicación tradicionales. Al igual que el arquitecto, la transparencia supervisa la construcción de la democracia, permitiendo a los ciudadanos ver cada paso del proceso.
En este sentido, citamos el artículo 30 de la Constitución Política que establece el derecho de acceso a la información administrativa. Usaremos e invitamos a cada ciudadano y ciudadana consiente a utilizar este derecho como el plano que guía la construcción en nuestra democracia, permitiendo que cada pieza se coloque en su lugar correcto.
Si se lesionan los valores y sistemas de pesos y contrapesos de nuestra Democracia, nuestra construcción democrática podría llegar al borde de un estado fallido. Esto tendría graves consecuencias para la sociedad y la Democracia de Costa Rica.
Agradecemos, de antemano, su atención a esta solicitud y reiteramos nuestra intención de ser observadores y actuantes cercanos de las gestiones en todo nuestro aparato estatal. Estamos seguros de que, con la participación de todos, podremos superar los desafíos actuales y fortalecer nuestra democracia.
Atentos a su respuesta y esperanzados en que se nos conceda lo peticionado nos despedimos,
Albino Vargas Barrantes Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández Secretario General Adjunto ANEP
Por:Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
“Disminuir los intereses de la deuda pública…”, planteó el actual Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, cuando era candidato en el documento Plan de Gobierno 2022 – Progreso Social Democrático, incluyendo el lema “Con valentía para el progreso de Costa Rica”. ¿Cuál es la situación real al respecto a 20 meses de que llegó él a la Casa Presidencial?
Empezamos el año 2024 y el servicio de la deuda pública del país, promedialmente hablando, está demandando la espantosa cantidad diaria, cada 24 horas, en colones, de prácticamente 16 mil millones (₡16.000.000.000).
Ese “servicio” indica que la cuantía abrumadoramente mayor de esa suma es por el pago de los intereses más que obscenos y vulgares que demanda la deuda pública. Y si lo convertimos a dólares estadounidenses, hablamos de 30 millones de dólares cada 24 horas.
Tome nota usted que al día de hoy, miércoles 17 de enero, llevamos 48 días de este 2024; entonces estamos hablando de que ya han salido de las arcas públicas mil cuatrocientos cuarenta millones de dólares ($1.440.000.000). En colones, casi 750 mil millones de colones (₡750.000.000.000). Noten ustedes cuál es la cuota de sacrificio que está pagando el pueblo trabajador y la clase media (en proceso de extinción) por esta barbaridad.
¿Cuál ha sido, entonces, la “labor” presidencial para “disminuir los intereses de la deuda pública”? Creemos que ninguna. Como tecnócrata-banquero que pasó tres décadas fuera del país, Chaves debe tener un panorama muy amplio de lo que representa para países con economías como la nuestra la carga de deuda pública tan monstruosa como la que está sufriendo el pueblo costarricense. ¿Qué ha hecho, entonces, para disminuir el pago de los intereses de la deuda pública?
¡Sí! Es el pueblo costarricense el principal pagador de la misma dado que, como es bien sabido, el gran capital tiene cualquier cantidad de protecciones, de regalías y de artimañas para burlar sus responsabilidades tributarias para con el país.
La actual Asamblea Legislativa aprobó, a ciegas, una partida para este 2024 de 5 billones 814 mil millones de colones (₡5.814.000.000.000), dentro de lo que denominan Presupuesto General de la República para el tal servicio de la deuda pública; poco más de 11 millones de dólares estadounidenses.
Creemos que esto nos lleva a un colapso social más profundo del que ya estamos presenciando y, por tanto, como lo hemos dicho en varias ocasiones, no vamos a desistir de nuestro empeño en denunciar esta barbaridad.
Hay que admitir que cuando llegó a la Presidencia, el señor Chaves se encontró con esta realidad tan trágica de las finanzas públicas costarricenses. Y hay que señalar con el dedo acusador a varias fuerzas político-partidarias que fueron gobierno antes de mayo de 2022.
Especialmente, hay que apuntar al Partido Liberación Nacional (PLN), como el más grande responsable del estado calamitoso del fisco costarricense pues nunca quisieron modificar, estructuralmente hablando, el sistema tributario costarricense y sus sucesivos gobiernos prefirieron pedir prestado, pedir prestado, pedir prestado…
Pongámosles rostro a las víctimas de este desastre. Reparemos en estos dos ejemplos: el o la policía de su localidad; el personal educador del Magisterio Nacional de la escuela/colegio a donde usted lleva a sus hijos o hijas próximamente. Están ya en el quinto año consecutivo de congelamiento salarial total y les adeudan la misma cantidad de años por un reajuste por costo de vida que no les quiere pagar el Presidente Chaves. ¿Y si hay un estallido social, ¿qué va a decir? Que fue producto de una célula terrorista de otro país. ¡Por favor!…
-736 personas trabajadoras afectadas aceptaron adherirse al proceso litigioso que abrió la ANEP
-ANEP abre posibilidad de inscripción para un nuevo grupo de demandantes
La reciente reforma al régimen de pensiones más importante de Costa Rica, el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), misma que acaba de entrar en vigencia, es violatoria de Derechos Humanos de las personas trabajadoras, tanto del sector público como del privado, que ya estaban cercanas a cumplir los requisitos para jubilarse antes de la entrada en vigencia de la misma.
Es así que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con asesoría profesional especializada, tomó la decisión de acudir a los estrados internacionales en materia de Derechos Humanos (DD.HH.), para que se respeten los requisitos que ya tenían esas personas trabajadoras y que, de un pronto a otro, la Junta Directiva de la CCSS impuso esa reforma, violentando de manera grosera las condiciones para pensionarse al elevar la edad para ello y al reducir el monto a percibir una vez alcanzado tal grado de jubilación.
Un total de 736 personas trabajadoras afectadas aceptaron adherirse al proceso litigioso que abrió la ANEP, acudiendo al sistema de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, Suiza.
Un primer grupo compuesto por 613 demandantes y luego un segundo, de 123, están ya, con nombres y apellidos, invocando la protección de lo que los expertos que asesoran a la ANEP consideran que son víctimas de violación a sus Derechos Humanos en materia jubilatoria.
ANEP anuncia que está abriendo un nuevo período de inscripciones para adherirse a dicho proceso litigioso durante el próximo mes calendario, es decir, hasta el día 15 de febrero, inclusive.
El objetivo central de este proceso litigioso es que las personas expertas que están conociendo el mismo en esa instancia de Derechos Humanos de la ONU, se pronuncien en cuanto a que las y los demandantes sufrieron violaciones de Derechos Humanos en lo que la materia establece para personas de la tercera edad.
Específicamente, desde el pasado 13 de julio de 2023 se realizó la denuncia sobre las citadas variaciones regresivas al régimen jubilatorio de IVM-CCSS ante:
1) Experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad;
2) Experta independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales;
3) Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental
Ya para el 16 de octubre de 2023 se recibió información, por correo electrónico, en el sentido de que el Experto Independiente sobre las personas mayores mostró interés en la situación denunciada y está revisando la información suministrada. En octubre 26 el equipo de especialistas que asesora a ANEP en este litigio envió una visión general del problema con información actualizada y completa; acusándose recibido oficial un día después, sea, 27 de octubre de 2023.
El proceso incluye la presentación de recursos de amparo por cada una de las víctimas que tales especialistas elaborarán. Por tanto, esas 736 personas deben estar pendientes de las comunicaciones de ANEP en tal sentido.
Como indicamos arriba, desde este día lunes 15 de enero y hasta el próximo 15 de febrero hay una tercera oportunidad de unirse a este proceso litigioso para lo cual el requisito fundamental es estar asociada y asociado a la ANEP.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
