Autor: ANEP

Rechazo generalizado en el mundo obrero-social de nuestro país está provocando la propuesta del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que al aguinaldo y al salario escolar se les grave con el impuesto sobre la renta; una medida que, sin lugar a dudas, constituye un explosivo social.

Bien es sabido, porque se ha dicho cientos de veces, que el sistema tributario costarricense es doblemente perverso: por una parte, es completamente injusto pues pagan más, proporcionalmente hablando, quienes menos tienen (en cuenta, la clase trabajadora asalariada); por otra, está corrupto: es de tal nivel el fraude fiscal-tributario a gran escala que Costa Rica está ocupando el tercer lugar a nivel del planeta por tan deshonrosa razón, según prestigiosa investigación internacional recientemente realizada en 140 países.

El aguinaldo es una conquista social, prácticamente, sagrada. El salario escolar no es una regalía ni un privilegio a nivel del sector Público: hoy está conceptuado como un componente salarial, así inserto ya en el sistema constitucional-jurídico-laboral del país y, además, tiene exención de pago de renta.

Es evidente que el FMI actúa en correspondencia directa a su línea ideológica fundamental y clásica: sus políticas estructurales de ajuste fiscal siempre han estado dirigidas para golpear a los y a las de abajo, especialmente a la clase trabajadora.

Pensamos nosotros que gravar con impuesto sobre la renta al aguinaldo y al salario escolar cuenta con el beneplácito político del gobierno actual, aunque para nivel de opinión pública, lo nieguen.

Es más, si tomamos en cuenta que la cuestión macrofiscal del país no cambia, aunque cambie el presidente y el respectivo gobierno, los sectores económicamente dominantes en las sucesivas administraciones siempre tienen en consideración, en su “menú” fiscal, este impuesto.

Solamente esperan las condiciones propicias para darle este grotesco zarpazo a los deteriorados ingresos obrero-salariales, tanto del sector privado como del público (exceptuando, las altas cúpulas político-gerenciales en ambos).

También, está ya sumamente certificado, política y socialmente, que Costa Rica está en un proceso sistemático de potenciar la desigualdad y la exclusión social y económica; que ya dejamos de ser una sociedad facilitadora de la movilidad social ascendente; que el poder adquisitivo de los salarios se ha venido reduciendo de manera sensible; y que, los servicios públicos diseñados para la promoción del bien común, los tienen contra la pared.

Que el aguinaldo se mantenga intocado, que el salario escolar se mantenga intocado, va a depender, en gran medida, de la capacidad de reacción de la diversidad de agrupaciones, especialmente, las sindicales, que aglomeran a amplios segmentos de la clase trabajadora asalariada, pública y privada. E, indudablemente, si grandes grupos de trabajadores y de trabajadoras están dispuestos a movilizarse bajo en concepto de Democracia de la Calle.

La clase trabajadora únicamente cuenta con sí misma y con sus organizaciones obrero-sociales consecuentes, para defender estas conquistas y otras más que están en peligro de ser arrasadas.

Esperamos y confiamos en una reacción generalizada y con movilización social incluida, si persisten en estas aberrantes ideas de ponerle impuesto de renta al aguinaldo y al salario escolar. ¡No se atrevan!

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

No nos llamemos a engaño. Los y las de arriba, con sus respectivos partidos políticos, constituyen una sola élite. Los mismos, si bien muestran “diferencias”, estas son de estilo y de accionar.  “Se agarran del pelo”, unos y otros en la campaña electoral de turno, pero tienen una comunidad ideológica que se ve reflejada, muy claramente, en los siguientes aspectos fundamentales (aunque hay otros no menos relevantes).

Primero: la gran prioridad macroeconómico-fiscal de esta élite es el “servicio” de la deuda pública con su obsceno pago de intereses. Note usted que, la práctica totalidad de los partidos políticos representados en el parlamento, junto a los partidos seguidistas de Chaves Robles, ni se inmutan, ni se escandalizan (aunque sea de “mentirillas”), con el pago diario de 30 millones de dólares USA que habrá que hacer a partir del 1 de enero de 2024 y cada uno de los 365 días del año entrante por esa deuda pública. Todos esos partidos: los viejos y los “nuevos”, tienen una máxima prioridad mental: que el FMI dé el visto bueno al manejo de ese “servicio” de la deuda pública y sus colaterales variables macrofiscales. La deuda pública, su obsceno pago de intereses, el déficit fiscal y los préstamos, alimentan el negocio bancario-financiero, piedra angular del proceso concentrador de riqueza.

Segundo: Tienen un acuerdo tácito de que no se debe transformar, ni en lo más mínimo, la naturaleza doblemente perversa del sistema tributario costarricense: que es injustamente regresivo y suciamente corrupto. Por ejemplo, usted no verá a ningún partido político al servicio de la élite hablando de “Los papeles de Panamá” con el listado de legislación pendiente que se debe tramitar para empezar a impulsar una Transformación Tributaria Estructural. La élite de los y de las arriba duerme muy tranquila todos los días.

Esta doble perversidad tributaria se está agravando con la degeneración que está sufriendo el régimen de Zonas Francas: cada vez son más las empresas de capital nacional que se “infiltran” en ese régimen para evitar pago de impuestos, para lo cual cuentan con complicidades burocráticas de cuadros tecnocráticos afines a los partidos de la élite.

Tercero: Los partidos políticos de la élite (los viejos y los “nuevos”), no tienen el más mínimo interés en que la persona trabajadora asalariada, ya sea del sector público o del sector privado, tenga un real poder de compra en sus respectivos salarios. No hay interés en concebir la política salarial del país cómo un factor de movilidad social ascendente ni como factor reductor de la desigualdad. Lo vemos muy bien en la concepción restringida del valor del salario mínimo aplicable al sector privado; o, en el congelamiento salarial total que se ha impuesto en el sector público, aunque es inconstitucional y violatorio de Derechos Humanos.

Se exceptúan de esto, por ejemplo, la alta cúpula político-gerencial del aparato estatal; así como la alta gerencia corporativa del sector privado. En ambos casos, por lo general, están ligados a, o lo sirven, a la partidocracia de la élite con los abultados salarios que se pagan en uno u otro caso.

Cuarto: La corrupción es factor común a toda la partidocracia de la élite. Los ejemplos son abundantes, por ejemplo, la corrupción que se da en el financiamiento de las campañas electorales cuatrienales. Tan grave es esto que ya es secreto a voces la presencia de dinero sucio-narco financiando candidaturas, antes y ahora. La lista de las corruptelas con fondos públicos es larguísima.

El tema es, prácticamente, inagotable. Lo más grave es que este sistema de una sola élite con múltiples partidos políticos a su servicio, está minando las bases mismas de la confianza de la gente en la propia democracia costarricense.