Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Ya olvidamos la cantidad de veces en las cuales, por diversos medios y en muchas circunstancias y durante demasiado tiempo, hemos hablado del pago de intereses de la deuda pública; un pago que lo consideramos verdadero crimen social, amén de obsceno, escandaloso y perverso.

Efectivamente, este tema es recurrente en nuestra acción práctica cotidiana de lo que denominamos como Sindicalismo Ciudadano.

Creemos que al asunto habría que darle un abordaje político de más amplio espectro. Es decir, que el pago de intereses de la deuda pública es parte de un entramado de relaciones de orden político-económico y al más alto nivel, del cual la y el ciudadano de a pie no tiene la más mínima noción.

Al convencernos de que el tema del pago diario de intereses de la deuda pública es apenas una parte de ese entramado, no encuentro mejor manera de definir a éste como el conjunto de relaciones en el seno del capital financiero nacional que, todos los días y desde diversos ámbitos y medios, ejerce un sobredimensionado poder en nuestra sociedad.

Según nuestro modesto entender, para entrarle al asunto, lo mínimo que se debe hacer es citar las nomenclaturas al interior de ese capital financiero (al menos, las principales), según la institucionalidad diseñada para su propio funcionamiento, su reproducción y su control político de la sociedad.

En este mismo espacio adelantamos algo al respecto en nuestro artículo de la semana, titulado El poder real necesita un poder civil que lo contrapese;de tal suerte que el concepto capital financiero, por una parte; y, por la otra, el concepto oligopolio, están íntimamente relacionados.

Es decir, que el capital financiero nacional opera en condiciones oligopólicas lo que le permite concentrar poder político sobredimensionado; que el mismo es intimidante, ejerce miedo, a los gobernantes y a los partidos políticos de turno en el Ejecutivo, incluido el actual. Ni qué decir de las diputaciones sucesivas en la Asamblea Legislativa.

Tal poder, por ejemplo, impide, bloquea, veta, transformaciones tributarias estructurales para que tengamos un sistema impositivo justo; o, para que se pueda recuperar, para el bien común, algunos puntos de los 8 PIB que, al año, se evaden debido a la gran corrupción del sistema tributario-administrativo nacional.

Diseccionar a lo interior del oligopólico capital financiero costarricense, nos obliga a poner en objetivo, para un análisis multi-factorial a entidades como éstas:

• Asociación Bancaria Costarricense (ABC).
• Cámara de Bancos de Instituciones Financieras de Costa Rica.
• Cámara de Intermediarios Bursátiles y Afines.
• Cámara de Emisores de Títulos Valores.
• Cámara de Fondos de Inversión.
• Asociación Costarricenses de Operadoras de Pensiones.

Por ejemplo, nos preguntamos: ¿es el poder político sobredimensionado del oligopólico capital financiero costarricense el que impide que se busque una reestructuración del pago diario de intereses de la deuda pública? ¡Por supuesto que sí!

¿Cómo se llaman cada una de las personas que forman los grupos dirigentes en cada una de las arriba mencionadas entidades? ¿Se repiten nombres? ¡Seguramente que sí!

¿Esas personas se han matriculado en campañas electorales, presidenciales y/o diputadiles, apostando a varias banderas partidarias para mantener el control político de la sociedad? ¡No lo dude!

En este momento en que escribo esto, viene a mi mente el nombre del señor Nogui Acosta Jaén, actual Ministro de Hacienda en el gobierno de Rodrigo Chaves Robles, pero que tuvo un cargo parecido, Viceministro de Hacienda, en el anterior de Carlos Alvarado Quesada.

¿Y qué tenemos con eso? Continuidad estratégica, de un gobierno a otro, en el manejo del pago de la deuda pública y su obsceno pago de intereses que tanto desvelo causa en el seno del oligopólico capital financiero costarricense.

Anhelo la conformación de un grupo de costarricenses que, con vocación patriótica real y sin finalidad electoral partidista, se dedicara con lupa cívica a auscultar las intimidades del oligopólico capital financiero costarricense y detectar los hilos que, de manera cotidiana, le permiten el control político real de nuestra sociedad actual, a fin de iniciar un histórico proceso cívico de transparentar la Democracia.

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Nos enteramos, de casualidad que el, para muchísima gente de este país, extinto Partido Acción Ciudadana (PAC), celebró el pasado domingo día 23 de julio, la asamblea plenaria de lo que dieron en denominar “III Congreso Ciudadano”.

Al parecer, una mayoría de las presencias delegadas congresales, se preocuparon por dejar “constancia crítica” de las perversas leyes anti-obreras tramitadas en el gobierno PAC-Carlos Alvarado Quesada: la reforma fiscal y la de empleo público. “Olvidaron” la tercera: la anti-huelgas.

 Al parecer a los y a las congresistas PAC les dio un “mea culpa” pequeñito y calificaron que esas dos legislaciones (combo fiscal y empleo público), violentaron sus “principios partidarios” y que generaron “dolor” a sus integrantes y a sus aliados. Autocrítica debilucha y bien manchada de cinismo político.

 Mejor, pongamos los puntos sobre las íes y recordemos la realidad perversa del gobierno PAC-Alvarado Quesada, con Otón Solís Fallas como su “ideólogo” principal.

Ese nefasto período constitucional 2018-2022 fue, en realidad, un co-gobierno. Fue el Partido Liberación Nacional (PLN), el principal sostén político de Alvarado Quesada. La fracción legislativa PAC de entonces fue, tan solo, furgón de cola de Carlos Ricardo Benavides Jiménez, diputado liberacionista, líder de la más perversa cruzada ideológica anti-obrera de los últimos tiempos, que fue esa tríada de leyes neoliberales: 9635 (combo fiscal), 9808 (anti-huelgas) y 10.159 (empleo público). 

Y que no se “esconda” el Partido Unidad que, como escudero de los gobiernos de turno, fue pieza legislativa importante en ese período, con el innombrable Víctor Morales Mora.

La “violación” a los principios partidarios del PAC al ser co-gobierno (furgón de cola) con el Partido Liberación Nacional, el electorado se los cobró de manera impresionante, con ocasión de las elecciones de 2022: una votación de un ridículo 0.66% en la votación presidencial y no sacaron un solo diputado. Y, por cierto, también fueron castigados el PLN y el PUSC.

Otón Solís Fallas no desaprovechó la oportunidad para expresar, nuevamente, el odio que siempre ha manifestado en contra de las personas trabajadoras asalariadas del empleo público: lo que él siempre llamó “exceso en los privilegios que ostentan los empleados públicos”.

Su generalización, cargada de odio, sirvió para fundamentar y darle base a la más perversa campaña mediática jamás antes desplegada, ejecutada por el periodismo de odio, de agresión psicológica y de terrorismo ideológico, en contra de miles de familias del empleo estatal, de ingresos medios y bajos, hoy “castigadas” brutalmente con el congelamiento salarial total impuestos por esas leyes de las cuales el PAC afirma que “violaron” sus principios. Sinceramente, cinismo político al cubo.

La alianza anti-obrera del período constitucional 2018-2022 es uno de los episodios más nefastos, al menos para las mayorías populares y para los sectores medios, de la historia república costarricense de las últimas décadas.

Carlos Alvarado Quesada, Otón Solís Fallas, Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Yorleny León Marchena, Víctor Morales Mora, Silvia Hernández Sánchez, son las personas políticas de mayor visibilidad política en ese período 2018-2022, el del golpe parlamentario a la Constitución. Tienen pendiente un gran juicio histórico.

Se nos queda en el tintero, hablar del papel de las figuras líderes del periodismo de odio en ese período; curiosa y básicamente, denominadas por el actual gobernante, como prensa canalla. ¿Coincidencias en la divergencia?…

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario Genral ANEP

Ojo a esta palabra la cual vamos a escribir dividida en sílabas y la ponemos en mayúsculas: VIN-CU-LA-TO-RIEDAD. ¡Leyó usted bien!: Vinculatoriedad.

Al buscar el significado de la palabra-concepto vinculatoriedad, lo encontramos en el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico y dice textualmente: “Principio rector de la jurisdicción constitucional que dispone que las decisiones del Tribunal Constitucional y las interpretaciones que adoptan o hagan los tribunales internacionales en materia de derechos humanos constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”.

Este diccionario es un esfuerzo conjunto de la Real Academia Española, la Cumbre Judicial Iberoamericana y de la Asociación de Academias de la Lengua Española, por tanto, tiene una autoridad y una legitimidad incuestionable.

Nuestro país, nuestro Estado, nuestras instituciones están obligadas a observar la más estricta vinculatoriedad con relación a la Opinión Consultiva OC-27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte IDH, cuya sede está en nuestro propio país, acerca del Derecho a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga, y su relación con otros derechos, con perspectiva de género.

Tan es así que el fundamento jurídico de la vinculatoriedad de todas las resoluciones de la Corte IDH en nuestro ordenamiento jurídico, se contempla en el artículo 27 de la Ley 6889, de 1981 (la ley que aprobó el acuerdo de la Sede de la Corte IDH en Costa Rica).

El citado artículo indica: “Las resoluciones de la Corte y, en su caso, de su Presidente, una vez comunicadas a las autoridades administrativas o judiciales correspondientes de la República, tendrán la misma fuerza ejecutivas y ejecutorias que las dictadas por los tribunales costarricenses.”

En la corriente sindical en la cual militamos, que es la de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se ha dado un giro estratégico en nuestro accionar cotidiano de defensa obrero-social, hacia el establecimiento de una relación, intrínsecamente estratégica, entre el fomento y el desarrollo de la organización sindical con la doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.).

Se está considerando ya no solamente la indicada Opinión Consultiva 27/21 de la Corte IDH, sino la amplia gama de tratados en la materia firmados por Costa Rica a lo largo de las últimas décadas; tratados que el país ha convertido en leyes de la República mediante la intervención de la Asamblea Legislativa y que han sido protocolizados, uno a uno, para que el país se someta a sus contenidos y dictados.

Por ejemplo, invocando las obligaciones-país con respecto a los Derechos Humanos y ese principio doctrinal de la vinculatoriedad, logramos que la Sala Constitucional acogiera para su estudio nuestras acciones de inconstitucionalidad contra leyes tan perversas como la No. 9808, conocido como ley anti-huelgas, así como la 10.159, la perversa Ley Marco de Empleo Público, de candente actualidad en estos momentos.

Por tanto, debe quedar claro que la doctrina de los Derechos Humanos y, en lo específico, la Opinión Consultiva OC-27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte IDH, acerca del Derecho a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga, y su relación con otros derechos, con perspectiva de género, cobran vigencia estratégica de primerísimo orden en la acción sindical para estos tiempos de desigualdad, de exclusión económica, de empobrecimiento salarial, de persecución sindical y hasta de desempleo.

Con gran pompa y teatralidad, bajo un nombre rimbombante, Operación Soberanía, el Presidente Chaves se presentó en Limón para la inauguración-instalación de dos escáneres, específicamente en el Puerto de Moín.

Y es que le tocó a él la parte más dura, más intensa, más conflictiva de la presión internacional a fin de que el país procediera con tal medida, habida cuenta de que la imagen exterior de Costa Rica había alcanzado ya, peligrosísimos niveles de deterioro porque se nos había conceptuado como el principal centro distribuir de cocaína de las Américas y de otros estupefacientes hacia, principalmente, los mercados europeos y norteamericanos.

Incluso, el país fue amenazado de que ya no se recibirían en terminales portuarias europeas más embarques de piña y de banano, si el puerto-narco en que se convirtió APM Terminals, seguía operando, cínica y descaradamente, en el trasiego de estupefacientes.

La presencia en el acto presidencial de las embajadoras de Estados Unidos y de España (Unión Europea), confirma que “el ya no aguantamos más”, que el ultimátum que Costa Rica recibió para que procediera a la instalación de los escáneres, llegó a un punto tal que superó a las fuerzas políticas internas que venían conspirando a lo largo de los últimos gobiernos para que no se instalaran esos escáneres.

Incluso, recordamos la fuerte gritería de las cámaras empresariales que objetaron el cobro de 25 dólares por furgón escaneado, alegando -como siempre lo hacen-, que “pobrecitos” los consumidores que tendrían que hacerse cargo de esa nueva carga en el precio final de los productos que pasan por esos puertos ahora “escaneados”.

Admitimos que Chaves habló de esto en campaña electoral y, por supuesto, ya empezó él la capitalización político-personal de semejante hazaña. Sería muy mezquino no reconocer el calibre de su decisión, pero el mérito no va a estar completo y podría ser, como dice nuestro pueblo, un “alegrón de burro”, sino se impulsa otro tipo de decisiones terremoteadoras conexas e integrales para liberar a Limón de la categoría de plaza mercantil de la coca, del crimen organizado y de la violencia criminal sin control.

Por ejemplo, ¿se quedará impune APM-Terminals? Si desde que le fueron entregados los puertos de Limón y de Moín, el trasiego de droga creció en un 1.300 por ciento, ¡sí!, un 1.300 % a juicio de los especialistas; ¿no es esto causa suficiente para iniciar un proceso de rescisión de contrato?

Con contundencia hay que plantearlo: es inmoral que el Estado llegue a hacerse cargo de un servicio de seguridad para el cual, presuntamente, la transnacional concesionaria lo presupuestó como parte de sus propios costos de operación.

¿Tendrá el Presidente Chaves las agallas suficientes para enfrentarse a la transnacional e indicarle a ésta que, al menos, deberá incrementar el aporte al canon que la paga a Japdeva dado que será ahora el propio Estado que da la seguridad estratégica en esos puertos que ella mismo no pudo y para lo cual se comprometió en el contrato de concesión?

Paralelamente, el Gobierno debe tomar la decisión estratégica de permitirle a Japdeva entrar a competir en el manejo de contenedores para lo cual sus técnicos y sus especialistas han argumentado, sólidamente, su capacidad para hacerlo.

Por otra parte, es evidente que deberán darle las mejores condiciones de salud ocupacional, de alimentación, de jornadas que no caigan en sobre-explotación laboral, de pago tiempo extra, al honorable personal de la Fuerza Pública que ha sido comisionado para hacerse cargo del combate al trasiego de droga en esos puertos, ante el fracaso estrepitoso de AMP-Terminals. Desde el plano sindical, tenemos una obligación moral de actuar, próximamente, en consecuencia.

 Esa Operación Soberanía en condiciones de precariedad salarial y ocupacional como vive en la actualidad el grueso del personal policial de la Fuerza Pública de Costa Rica, podría volverse vulnerable.

En el plano de la integración social y económica del pueblo trabajador limonense, a fin de reducir los crueles niveles de exclusión que vive, deben tomarse medidas.

Al respecto, la agenda de lucha del Bloque Cívico Social Limonense debe ser abordada con seriedad y sin el más mínimo contenido de burla y de demagogia. Esa agenda, tiene el apoyo de la corriente sindical en la cual militamos, la cual, está procediendo a impulsar un agrupamiento civil bajo nuestra sigla que sume su aporte a la necesaria reivindicación plena del pueblo de Limón.

 Habrá que estar más activos que nunca en lo que respecta a la fiscalización civil en el sentido de que el rimbombante anuncio presidencial de la Operación Soberanía, llegue a cumplirse en un ciento por ciento de la oleada de escáneres que se dicen serán instalados por todos los puestos fronterizos del país.

Como corriente sindical que llevamos mucho tiempo planteando este estratégico asunto, nos consideramos con suficiente autoridad moral para realizar nuestra fiscalización sindical con perspectiva ciudadana