Autor: ANEP
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La Caja no está en quiebra: Opinión técnica de la OIT sobre las valuaciones actuariales del Seguro de Salud de la CCSS
-Dentro de las conclusiones específicamente en su punto número cuatro donde se indica que las proyecciones de la institución sufrieron una recurrente sobreestimación de los gastos totales del Seguro de Salud.
El reciente estudio llamado “Opinión técnica de la OIT sobre las valuaciones actuariales del Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)”, publicado en este mes de agosto por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), desmiente las afirmaciones del Gobierno de la República en indicar que la Caja está quebrada.
Así se desprende dentro de las conclusiones específicamente en su punto número cuatro donde se indica que las proyecciones de la institución sufrieron una recurrente sobreestimación de los gastos totales del Seguro de Salud.
“Según se documentó en esta nota técnica, el análisis de las proyecciones de gastos contenidas en los informes actuariales del Seguro de Salud conducidos en los últimos años por la CCSS evidenciaría una recurrente sobreestimación de los gastos totales del Seguro de Salud, en un rango del 13 al 30 por ciento por el año 2021, con tendencia a aumentar conforme transcurren los años en el horizonte de proyección”, indica el documento de la OIT.
El documento también indica que Todos los estados financieros desde 2017, compartidos por la CCSS, presentan superávit de ingresos sobre gastos.
Además, se destaca que “las proyecciones financieras contenidas en la Valuación Actuarial del Seguro de Salud de la CCSS con corte a 2021, y presentadas en 2022 no reflejarían una continuidad en las finanzas del Seguro de Salud observada durante la última década y se desviarían de la tendencia. Todo indica que las principales razones de la marcada desviación de la tendencia anterior son una sobreestimación de los supuestos de tasa de crecimiento de las tasas de utilización de los servicios de salud.”
Para la ANEP, este estudio es claro y contundente, y refleja una clara intención por llevar a la Caja Costarricense del Seguro Social a la privatización de sus servicios. Compartimos el enlace de descarga con declaraciones de Walter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto de la ANEP, sobre la Opinión técnica de la OIT sobre las valuaciones actuariales del Seguro de Salud de la CCSS, así como el documento de análisis de la OIT.
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Desigualdad: Ganancias bancarias abusivas
Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Nos llegó la siguiente información que, por supuesto, jamás podrá ser conocida por el gran público costarricense, considerando la ideología de las matrices mediáticas dominantes en nuestro país.
Les contamos que la leímos y releímos dado que nos pusimos a pensar en nuestra realidad socioeconómica de la Costa Rica actual.
¡Por favor, lea usted con detenimiento!: “Europa Press. El Consejo de Ministros de Italia ha anunciado la introducción de un 40% de impuesto para ingresos extraordinarios de la banca del país, cuya recaudación se destinará a ayudar a los hipotecados y a rebajar la carga fiscal de los ciudadanos.”
Que yo sepa, en Italia no hay en desarrollo ningún proceso revolucionario de izquierda, si consideramos que, según lo tradicional en el mundo de la política, tal tipo de medidas son impensables desde una perspectiva de gobiernos pro-capital y pro-mercado, como suele catalogarse a lo que, comúnmente, se denomina derecha política. Por lo menos, de derecha ha sido catalogado el actual gobierno italiano encabezado por la señora Giorgia Meloni.
Sigamos leyendo esta otra medida tributaria de corte revolucionario: “El Consejo de Ministros aprobó una regla de equidad social que es un gravamen sobre las ganancias bancarias extra en 2023“.
Eso lo anunció el vicepresidente del Gobierno de Italia y ministro de Transportes e Infraestructuras, Matteo Salvini. También dijo él que todos los ingresos procedentes del nuevo impuesto se destinarán a ayudas para las primeras hipotecas de vivienda y a recortes de impuestos.
Estima el gobierno italiano que es de derecha pero que está tomando medidas de izquierda (podríamos decir, de izquierda socialdemócrata consecuente), que se deben utilizar parte de las millonarias ganancias de los bancos para ayudar a las familias y a las empresas que, por ejemplo, se ven afectadas por la subida de los tipos de interés.
La magnitud de los problemas sociales de Italia, “potencia económica” integrante del selecto Grupo de los 7 (G7), fuente principal de la propagación política global de las ideas del neoliberalismo, deben haber motivado al gobierno de la señora Giorgia Meloni a adoptar las medidas de justicia tributaria aquí comentadas.
No se cuestiona la propiedad privada, no hay expropiaciones a la usanza de una revolución proletaria; sino, simplemente, una especie de racionalidad política elemental para que la sociedad de mercado no colapse, no se siga desnaturalizando-desprestigiando más; sino, todo lo contrario: potenciar, con verdadero impacto, los mecanismos de una mejor distribución de la riqueza y de auxilio a los damnificados sociales y económicos del exceso de esa sociedad de mercado y su expolio descontrolado.
Como que la fórmula de sentido común y de racionalidad política del gobierno italiano podría decir algo así: hay que distribuir más y mejor para salvar a la democracia misma y sistema de mercado.
La plutocracia costarricense, en cuyo seno la hegemonía bancario-financiero tiene gigante peso, debería aprender, al menos, un poquito, de esa lógica política de sentido común del gobierno italiano de derecha que sigue siendo pro-capital, pro-mercado y que de socialismo de izquierda no tiene ni un pelo.
Los banqueros ticos siempre se las ingeniado para que ningún partido político “se les salga del canasto”, con ideas “comunistas” como las del gobierno italiano de la señora Meloni.
El socialmente criminal congelamiento salarial
Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Al terminar el presente año 2023, la práctica totalidad de la clase trabajadora asalariada del empleo público (con excepción de las municipalidades), llegará al cuarto año de congelamiento salarial absoluto: 2020-21-22 y 2023.
Ni un cinco partido por la mitad, por concepto de reajuste en el costo de la vida en los indicados años, han recibido los y las policías, el personal de Educación Pública, el del sector Salud y Seguridad Social (a excepción del personal CCSS), el funcionariado de los ministerios y entes adscritos a los mismos, así como quienes laboran en una serie de instituciones públicas dentro del Poder Ejecutivo y más allá de él; por ejemplo, instituciones autónomas y semiautónomas (con algunas excepciones).
El co-gobierno que hubo en el período constitucional 2018-2022, el de Carlos Alvarado Quesada (integrante del hoy casi extinto PAC), con el sostén político-ideológico del partido Liberación y del partido furgón de cola de los últimos gobiernos, la Unidad; se encargaron de imponer ese socialmente criminal congelamiento salarial en el empleo público que se está manifestando en dos modalidades.
Valga indicar que el actual Gobierno, Chaves Robles-Cisneros Gallo, tiene plena identificación con esas decisiones de política pública de carácter neoliberal en contra de la clase trabajadora asalariada estatal y las respaldan completamente.
Hoy les comentaremos la primera (más coyuntural), para la semana próxima abordar la segunda (más estructural). Ambas, perversas, por supuesto.
La primera: Se niegan a pagar el último reajuste por costo de vida para el sector público que se decretó en diciembre de 2019: 7 mil 500 colones a la base, que debió hacerse efectivo desde el 1 de enero de 2020. A la fecha, no ha sido cancelado a cada una de las personas trabajadoras que laboran para las entidades indicadas en el primer párrafo de este artículo. La propia Procuraduría General de la República dictaminó que ese dinero, aunque no se haya pagado, es propiedad de cada persona empleada pública; que ya está incorporado al patrimonio personal, aunque el Estado no lo haya honrado a la fecha.
Por ejemplo, si usted es policía y lee este artículo tenga en cuenta que al terminar el 2023, el Estado ajusta 48 meses de 7.500 colones cada uno, de deuda a su favor; más, lo que corresponda a aguinaldo, salario escolar y otros sobresueldos por cada uno de esos 4 años de este congelamiento salarial socialmente criminal. Podríamos estar hablando de entre 400-500 mil colones de deuda per cápita. Y así, a cada persona integrante del Magisterio Nacional, de otros ministerios, etc.
La corriente sindical en la cual militamos está tramitando todo un proceso judicial a favor de que se honre esa deuda y habrá noticias al respecto en fecha próxima. No obstante, vamos a tener que acudir a la Democracia de la Calle para garantizar verdadera justicia.
Este congelamiento salarial socialmente criminal (tanto el que hoy comentamos como el otro del cual hablaremos la semana próxima), tienen una misma base-raíz totalmente falsa e ideológicamente perversa: responsabilizar-culpabilizar a la persona trabajadora empleada pública del desastre de las finanzas públicas del país. Nosotros -y otros-, hemos demostrado la infame maldad de tal acusación política.
Estas dos modalidades de congelamiento salarial socialmente criminal se incluyeron en las perversas leyes del combo fiscal (2018) y de empleo público (2022), ambas con acciones de inconstitucionalidad en trámite, pues en nuestro criterio contienen groseras violaciones a la Carta Magna de 1949 y a los tratados de Derechos Humanos firmados y ratificados por Costa Rica.
Régimen Municipal: la trampa del salario global
Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
¡Es una trampa! Así catalogamos la insistencia tiránica del Gobierno mediando el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), de imponer en el sistema laboral de las municipalidades costarricenses, el denominado salario global.
Es una trampa por cuanto se está “endulzando” a la población trabajadora del Régimen Municipal de Costa Rica, con el espejismo de un “incremento” en el nivel salarial base, supuestamente a partir de la entrada en vigencia del salario global; sin advertirles, sin hablarles con toda claridad y transparencia, acerca del vínculo de ese salario global con la evolución de la relación entre el monto porcentual de la deuda pública del país con relación al Producto Interno Bruto (PIB).
La municipalidad que adoptase para su respectivo cuerpo laboral el salario global, expone al mismo a la desaparición, prácticamente absoluta, de la negociación salarial semestral por costo de vida; pues se está haciendo una renuncia tácita y explícita a la histórica política de diálogo obrero-patronal en el nivel municipal con relación a las remuneraciones salariales.
Mideplan, con tan nefasto propósito, tiene el respaldo, lamentable, de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), entidad que abjuró de su compromiso ético y jurídico-político de luchar por el fortalecimiento del régimen municipal costarricense; el cual, hoy por hoy, está atravesando el momento más crítico de toda su historia republicana.
Si el sistema del salario global se instaura y consolida en una municipalidad, en ésta habrá nuevos reajustes por costo de vida hasta que la deuda pública con relación al PIB esté por debajo del 60%; esto, por una parte.
Y, por la otra, si así sucediera, cada municipalidad deberá esperar a que el Gobierno Central (Hacienda-Mideplan), establezca, mediante decreto, el monto de ese reajuste por costo de vida.
¿Cuántos años han de pasar para que tengamos un nivel deuda-PIB menor a 60%? Y mientras tanto, el costo de la vida seguirá variando de semestre en semestre, pero hacia arriba, siempre, en detrimento del poder de compra del salario.
Es decir, ni el concejo, ni la alcaldía, ni el sindicato de una municipalidad con salario global, tendrá ni la más mínima oportunidad de negociar un reajuste propio, particular, por costo de vida. ¿Notaron en qué consiste la trampa del salario global?
Por el contrario, hay alternativa y sumamente sólida, jurídicamente hablando, para evitar la trampa del salario global.
Efectivamente, sin salirse de la legalidad, en cada municipalidad, mediando el diálogo social interpartes (concejo-alcaldía-sindicato), cada gobierno local puede definir su propia política salarial apelando a dos instrumentos jurídicos sumamente poderosos y sólidos que no pueden ser puestos en duda, por más radicalismo extremista-neoliberal que exhiba Mideplan.
Al apelar a fallos constitucionales emitidos por la propia Sala Cuarta, por una parte; y, por otra, con base en la Opinión Consultiva OC-27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la municipalidad que decida ir por este camino, no solamente se podrá continuar el salario compuesto, sino que pueden permanecer o establecer nuevos rubros salariales-sobresueldos en el entre tanto éstos correspondan a un empleo racional de los fondos públicos.
Y, por supuesto, la misma doctrina de los Derechos Humanos y la serie de tratados en la materia ratificados por Costa Rica, fortalecen el transitar por ese camino alterno al de la tiranía del salario global.
Es más, a otros niveles de la institucionalidad pública del país, que no es la de las municipalidades, su respectivo personal trabajador también puede acudir a la vía alterna, legalmente sólida, que estamos recomendando para el personal trabajador de los gobiernos locales.
El devenir correcto de nuestro sistema republicano-institucional debe comprender el fortalecimiento de los gobiernos locales. La Municipalidad es el gobierno más cercano a la ciudadanía, a las personas, a la gente.
La intrusión del Mideplan en la política de empleo y de salarios de las municipalidades es solamente la avanzadilla hacia el control hacendario del Gobierno Central de las finanzas-presupuestos de los gobiernos locales. Es un primer paso para que éstos, finalmente, queden sin autonomía de ninguna especie.
Finalmente, debemos ser enfáticos en insistir en que la perversa Ley Marco de Empleo Público, No. 10.159, con su no menos perverso concepto de salario global, representa un severo retroceso en materia de derechos laborales, económicos y sociales; sino que, en cuanto a los Derechos Humanos (DD.HH.) y la serie de tratados firmados por nuestro país, dentro de los cuales está el principio estratégico-fundamental de la vinculatoriedad; el cual, por ejemplo, nos obliga para con los contenidos de la Opinión Consultiva OC-27/21 de la Corte IDH.
Los 65 millones de dólares del lío Baruch
Abro comillas: “Quiero anunciar que me pongo a las órdenes del Ministerio Público para declarar sobre todo lo que sé al respecto de la empresa Beta Matrix que utiliza Leonel y sobre el traspaso de 65 millones de dólares que se hizo a Panamá, entre otras cosas”. Cierro comillas.
Esas manifestaciones son de la señora Yafit Ohana Beladel, esposa del reconocido y hoy más afamado que nunca, banquero don Leonel Baruch Goldberg. Ambos sostienen una controversia familiar que ya es de amplio conocimiento público. Ella hizo tales manifestaciones del total dominio público por las redes sociales y han circulado por diversos medios de comunicación colectiva.
Don Leonel es, sin lugar a dudas, un personaje de renombre en el mundo de las finanzas costarricenses. Un caballero inmerso en los vaivenes del capital financiero nacional y, por ende, tiene muchísimo conocimiento del teje y maneje del mismo.
Como se habrán dado cuenta las personas lectoras que nos honran leyendo nuestros más recientes comentarios aparecidos en esta prestigiosa publicación de libre expresión que es La Revista; estamos convencidos de que en Costa Rica el poder político real de nuestra sociedad, tiene en el capital financiero-bancario su corazón.
Y, sostenemos también, que este capital financiero tiene un sobredimensionado poder sobre la institucionalidad formal de la República, como lo es la Asamblea Legislativa, la Casa Presidencial y hasta el mismísimo Poder Judicial.
Aunque don Leonel, como hombre de empresa que es, ha incursionado en otros ámbitos de actividad lucrativa como lo es el negocio de las noticias, lo real es que se sabe que la preponderancia de su quehacer lucrativo-mercantil lo es el ámbito financiero-bancario.
A raíz de la denuncia pública que ha hecho su señora esposa, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios y Aduaneros, la está llamando para que declare, a la mayor brevedad posible todo lo que ella sabe acerca de “… el traspaso de 65 millones de dólares que se hizo a Panamá, entre otras cosas”, que dice ella habría realizado don Leonel.
En la Costa Rica de hoy, la de la profunda desigualdad y de la cruel exclusión económica, el gran problema de las responsabilidades fiscales-tributarias de los que más tienen, debería ser un tema estratégico de la agenda nacional. ¡No lo es! Y, precisamente, estimamos nosotros, para que no lo sea, se debe al excesivo poder e influencia de los personajes que manejan el capital bancario-financiero nacional.
La corriente sindical en la cual militamos tiene muchos años de estar hablando del tema de la evasión fiscal y tributaria que, a gran escala, ocurre en este país.
La clase trabajadora en todas sus clasificaciones (con empleo formal y salario fijo, en la informalidad, en el desempleo -abierto o encubierto-, en el cuentapropismo… en la desesperanza), es víctima directa de ese crimen social que es la evasión fiscal en Costa Rica; la cual, tiene estrecha relación y vínculo estratégico con un sistema tributario cruelmente injusto.
Y, también estamos convencidos de que a las ganancias del capital financiero-bancario nacional, ese que tiene un sobredimensionado poder político real, no las abarca un sistema tributario de carácter progresivo, sencillamente porque éste no existe en Costa Rica.
Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Principio constitucional y de derecho fundamental. No nos corresponde juzgar la conducta tributario-fiscal de don Leonel
A lo que sí tenemos derecho es a no dejar pasar desapercibido el comentario público de su señora esposa, con relación a esta afirmación: “sobre el traspaso de 65 millones de dólares que se hizo a Panamá, entre otras cosas”.
Si la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios y Aduaneros está interviniendo de oficio, es imposible quedarse viendo los toros desde la barrera puesto que las manifestaciones de doña Yafit Ohana Beladel abre un sinnúmero de interrogantes y de especulaciones.
Por ejemplo, ¿se habrían dado otros traspasos de millones de dólares a Panamá?; ¿a qué se refiere ella con esa frase “entre otras cosas”; ¿qué son esas otras cosas? Y, ¿existirán otros banqueros que hacen esos traspasos y esas otras cosas…?
Lastimosamente, con el tipo de Asamblea Legislativa que tenemos en estos momentos, tales preguntas, ¡jamás!, puede uno esperar a que serían respondidas. La esperanza parece ser la Fiscalía… Permítanme ustedes que lo ponga en duda…
