Autor: ANEP

Interpelación Cívica: ANEP entregó escrito sobre el papel de la Sala Constitucional y los Derechos Humanos

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San José, viernes 13 de enero de 2023.

S.G. 21-25-1256-23

Honorables señores y señora

Magistrados y magistrada

Dr. Fernando Castillo Víquez

Dr. Paul Rueda Leal

Dr. Luis Fernando Salazar Alvarado

Dr. Jorge Araya García

Dra. Anamari Garro Vargas

SALA CONSTITUCIONAL

Poder Judicial

Respetables autoridades judiciales de la Republica:

01- Quienes suscribimos el presente documento, al cual le hemos dado carácter de Interpelación Cívica para dirigirnos a sus distinguidas autoridades constitucionales,  inspirándonos en el concepto de Democracia Participativa establecido en la actual Constitución Política de nuestro país; así como en el derecho humano a la participación política establecido en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, somos integrantes del pueblo trabajador costarricense, activistas y dirigentes sindicales, conformantes de la actual Junta Directiva Nacional (JDN) de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

02- Como lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su Opinión Consultiva OC-27, los sindicatos tenemos capacidad y legitimación de accionar ante el sistema de peticiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por derecho propio.

03- Tenemos, además, como fortaleza para ello, la amplísima normativa jurídica de carácter nacional y de majestad internacional que nos otorga tal Derecho Humano Fundamental: a modo de ejemplo, el Inciso 4 del Artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que indica “Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”.

04- En esa misma línea y en el ámbito de esa concatenación democrática de reconocimiento de derechos, resulta medular resaltar lo que señaló ese alto tribunal interamericano en esa Opinión Consultiva:

“Previo al análisis de las cuestiones sustantivas planteadas por la Comisión Interamericana, a manera de introducción, la Corte resaltó que el combate a la pobreza y a la desigualdad, y la garantía de los derechos humanos, resultan un componente esencial para el pleno desarrollo democrático de los pueblos. En este sentido, recordó que los propósitos establecidos en la Convención Americana, el Protocolo de San Salvador, y la Carta Democrática Interamericana, se dirigen a la consolidación de un régimen de protección de los derechos humanos y de justicia social, dentro del cuadro de instituciones democráticas”.

05- En este contexto es que nos apersonamos en las afueras de esta sede constitucional que alberga su delicado y relevante quehacer, en este día, viernes 13 de enero de 2023; dando curso así y de esta manera, a la primera sesión directiva de la JDN de la ANEP del año que acaba de iniciar, en el marco del período jurídico-legal de la ANEP que está transcurriendo, 2021-2025; sesionando a cielo abierto, con el quorum de ley, constituyendo este documento el punto primero de nuestra Orden del Día para que luego de su lectura pública y subsiguiente discusión-aprobación, procedamos a entregarlo en la recepción documental habilitada por este alto tribunal. Luego nos retiraremos a nuestra sede central, de la calle 20 de esta ciudad, para continuar con la sesión de la fecha. Dos motivaciones centrales nos estimularon para estar aquí y en las condiciones que les acabamos de explicar:

06- PRIMERA: “Es una bomba de tiempo la situación social del país”. Esta frase, pronunciada por el actual magistrado-Presidente de la Sala Constitucional, don Fernando Castillo Víquez, se nos ha quedado muy grabada en nuestras mentes y en nuestras conciencias. Bien saben ustedes que fue una manifestación contenida en amplia entrevista periodística que le hiciera un medio de comunicación escrito de este país.

07- Esa bomba de tiempo se llama desigualdad social, dice ANEP y muchas más personas y organizaciones de todos los niveles y actividades. Además, esta desigualdad social marca cada vez más la diferencia entre ricos y pobres, como el mismo don Fernando fue enfático en plantearlo en esa entrevista.

08- De manera muy sencilla, quien encabeza al más alto tribunal constitucional de la República de Costa Rica, la Sala Constitucional, nos indicó que, según la Constitución Política de Costa Rica, la del 7 de noviembre de 1949, somos un Estado Social de Derecho el cual tiene dos vertientes fundamentales y estratégicas. Por un lado, a juicio de este alto magistrado, la libertad y la eficiencia económica; y, por el otro, la justicia social.

09- Que lo diga el Dr. Castillo Víquez es algo que no puede pasar desapercibido para la población costarricense; mucho menos, para el gran conglomerado de patriotas y organizaciones cívicas que a lo largo de los últimos años venimos defendiendo ese Estado Social de Derecho, desde las más diversas circunstancias y coyunturas políticas; considerando que es piedra angular del sistema democrático la correcta separación de poderes que garantice pesos y contrapesos y el sublime principio de seguridad jurídica.

10- Don Fernando fue enfático al puntualizar que el Estado Social de Derecho costarricense está en deuda, por cuanto ya no está garantizándole a toda la población el mínimo vital de condiciones económicas para que permita superar la pobreza, en avance generalizado en el país. Total coincidencia de la ANEP con esta opinión, del señor magistrado Presidente de la Sala Constitucional.

11- SEGUNDA: El próximo 14 de diciembre de 2023, el planeta entero conmemorará el 75 aniversario de la proclamación, en el seno de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), celebrada en París, Francia, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).

12- Costa Rica fue una de las 48 naciones que la aprobaron en el mismo momento de su emisión, dándose así a la apertura de una nueva etapa de nuestro desarrollo republicano sustentado en que el Derecho Internacional es un bastión de nuestra propia existencia como nación soberana.

13- Las personas especialistas en el tema indican que la DUDH representa la codificación internacional de la primera y segunda generación de los Derechos Humanos: los de carácter civil y político; y, los económicos, sociales y culturales.

14- Posteriormente, el 16 de diciembre de 1966, esa misma instancia aprobó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, por sus siglas en español), que viene a ser el primer tratado internacional que universaliza la segunda generación de los Derechos Humanos: los económicos, sociales, culturales y ambientales. Costa Rica, siguiendo su tradición garantista, lo ratificó oportunamente y, además, ratificó su Protocolo Facultativo para recibir casos individuales, el 23 de setiembre de 2014.

15- ¿A dónde queremos llegar, honorables señores magistrados y señoras magistradas constitucionales? El 14 de diciembre próximo, con la llegada del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), el planeta Tierra ajustará tres cuartos de siglo bajo tales principios, aunque la realidad que nos presenta la Humanidad en estos mismos momentos, es radicalmente diferente a la esperada con el camino abierto por la Doctrina Universal de los Derechos Humanos. La multiplicidad y profundidad de las razones para ello, no vienen al caso.

16- Sin embargo, que Costa Rica esté al borde de un estallido social, como lo indica el magistrado Presidente de la Sala Constitucional, nos confronta con lo que nos ha venido pasando en las últimas administraciones gubernativas, en las cuales, a nuestro juicio, el país ha estado involucionando en desarrollo social y en inclusión económica; por una parte, y por la otra, la cosa pública de los últimos tiempos parece que es fiel al perverso postulado maquiavélico que indicó que “…la política es independiente de la moral y solo persigue el poder”.

17- En uno y en otro caso, según nuestra visión de país y experiencia de vida propia y de la de la lucha social en que estamos inmersos, las dos situaciones apuntadas expresan gran deterioro en la voluntad política del país de observar, como es su obligación, esas dos piedras angulares del Derecho Internacional en materia de la Doctrina de los Derechos Humanos: Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

18- Demasiadas, sólidas y consistentes argumentaciones nos llevan a afirmar lo anterior: ¡Sí! Tanto a nivel de la DUDU como a nivel del PIDESC, gran cantidad de compatriotas, por lo general, integrantes de la clase trabajadora costarricense, está sufriendo graves violaciones de sus Derechos Humanos a tenor de lo que ambos postulados establecen; postulados que Costa Rica ha jurado observar y ha jurado someterse a sus procedimientos, recomendaciones y dictados.

19- Por ello es que la actual Junta Directiva Nacional (JDN), del período jurídico 2021-2025, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), está hoy aquí, viernes 13 de enero de 2023, en las afueras de la sede del más alto tribunal de la República de Costa Rica: el tribunal constitucional; para expresar, con toda vehemencia y con el necesario y merecido respeto, que ha llegado el momento de que ustedes, máximas autoridades constitucionales del país, procedan a detener la peligrosa ruta de separación entre los valores constitucionales que nuestro país proclamó el 7 de noviembre de 1949, con los valores eternos de los Derechos Humanos que establecen la DUDH y el PIDESC.

20- No es posible seguir tolerando violaciones de Derechos Humanos en contravención a los obligados compromisos del país en la materia, aceptando cuestionamientos constitucionales a las normas jurídicas que impulsan e imponen los detentadores de los poderes político y económico; pero que, sin embargo, no detienen sus perversos efectos inmediatos con lo cual, de facto y mientras se resuelve el fondo, quedamos en escenarios de graves violaciones de esos derechos, tal y como sucede con situaciones jurídicas consolidadas y derechos adquiridos, pilar de la seguridad jurídica contenido en el artículo 34 constitucional.

21- Esa amenaza se concretó, entre otros casos, con la aprobación de la Ley 9635 que esa Sala Constitucional tiene para resolver y analizar vía acción de inconstitucionalidad, acción que ya va a cumplir 4 años de espera. Mientras tanto, esa vacatio procesal ha representado desde el punto de vista humano, la existencia y zozobra de muchas personas trabajadoras que han sufrido y siguen sufriendo perversos efectos económicos y sociales, clara y sostenidamente regresivos. Y es éste tan solo un ejemplo que ha venido fomentando, como dice el señor magistrado Presidente, la creciente distancia entre ricos y pobres.

22- No es posible permanecer imperturbables si los fallos constitucionales relacionados con claras violaciones a derechos económicos, sociales y culturales se supeditan a cuestiones macrofiscales, completamente ideológicas, contrarias a los Derechos Humanos pues, precisamente, esas cuestiones macrofiscales encubren, a su vez, flagrantes injusticias, inequidades e insospechados privilegios de los sectores de mayor fortuna económica. 

23- Con base en el precepto constitucional de Democracia Participativa es posible apelar a mayor diversidad de pensamiento en estos temas macro-fiscales, a fin de construir escenarios de reconstrucción del tejido social ya muy vulnerado, pero a tiempo de evitar que lleguemos a extremos por nadie deseados: el imperio total del crimen organizado.

24- En los últimos gobiernos, iniciativas en tal sentido, de considerar diversidades de pensamiento en este delicado asunto de lo macrofiscal, fueron burladas a pesar de los nobles esfuerzos comprometidos, por ejemplo, desde el mundo laboral organizado. Hoy ni siquiera algo superfluo en ese sentido, se ve por ningún lado.

25- Honorable magistratura constitucional de la República de Costa Rica: Próximamente, tocaremos estas puertas, ya de manera concreta en función de otras decisiones políticas, jurídico-ejecutivas y legislativas que se han venido tomando contrarias a los Derechos Humanos y es en tal sentido que, en lo concreto, planteamos lo siguiente:

26- Si esas decisiones, para nosotros, violatorias de Derechos Humanos, dan pie para que ustedes admitan nuestras argumentaciones en contra de ellas, no agraven la violación de esos Derechos Humanos admitiendo el cuestionamiento, pero no suspendiendo los efectos perniciosos: cientos y cientos de familias van a sufrir graves afectaciones a la luz de los postulados del PIDESC, por una parte. Las decisiones ya tomadas y que se supone entrarán en vigencia próximamente, ampliarán la brecha entre ricos y pobres que ya es preocupación oficial de la Sala Constitucional, a juicio del criterio de su magistrado Presidente.

27- Tales decisiones, por ejemplo, la denominada Ley Marco de Empleo Público, tienen efectos perversos más allá de la esfera económico-social de la convivencia de la familia afectada, pues repercutirá en la dinámica del mercado para consumo interno, desde la pulpería-supermercado de barrio hasta actividades profesionales liberales.

28- Hay otras circunstancias sociopolíticas presentadas en los últimos tiempos que, de un modo u otro, nos reafirman la importancia del desarrollo del vínculo estratégico entre los valores de la Constitución de 1949 con los valores, eternos y universales, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

29- Tal vínculo, en épocas de gran desigualdad y de un potencial estallido social, debe ser elevado a criterio fundamental motivador de decisiones para que Costa Rica retorne a la senda del bien común que nunca debimos abandonar como país; a tenor con el pensamiento y con la lucha de aquellos patricios y patricias forjadores de nuestra particular idiosincrasia quienes, con pensamientos filosófico-políticos opuestos, supieron hallar coincidencias para que mostráramos al mundo y, en particular, a la América Latina, una sociedad de admiración y de respeto por su desvelo por la inclusión social y económica.

30- El país no debe seguir siendo exhibido como Estado violador de Derechos Humanos, a raíz de sentencias inapelables de los sistemas judiciales de Derechos Humanos, como el Interamericano. Si tal vínculo no adquiere la naturaleza urgida de lo que nos marca una sociedad totalmente desigual, entonces más y más procesos extra-fronteras nos esperan, con el consiguiente impacto negativo para el país en varios órdenes.

31- Nosotros y nosotras, en ANEP, pensamos que estas consideraciones son compartidas por amplios segmentos de la sociedad costarricense de la actualidad. Esos segmentos, por lo general, están organizados, aunque hay una enorme cantidad de compatriotas que sufren, en silencio y en situación de minusvalía social, el divorcio entre los valores de la Constitución de 1949 y los valores de la DUDH y del PIDESC. En uno y en otro caso, el potencial de confluencia es insospechado. Eso lo percibió el magistrado Presidente con su impactante comentario “Es una bomba de tiempo la situación social del país”.

32- Con respeto, pero con vehemencia sostenida, conminamos respetuosamente a esa Sala Constitucional a que sus resoluciones futuras en materia de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), sean plétoras de reconocimiento de derechos tangibles y no meros saludos a la Constitucional ni a los tratados vigentes en Costa Rica. Resolver además en tiempo razonable, no es una prebenda, es un derecho y principio rector de justicia que ya se extraña en Costa Rica, incluso en esa Ilustrada Sala Constitucional.

Con respeto, firmantes,

Junta Directiva Nacional de la

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados

ANEP

Sesión No. 2250, de carácter ordinario

Viernes 13 de enero de 2023

En las afueras de la sede de la

Sala Constitucional del Poder Judicial

        Albino Vargas Barrantes        Walter Quesada Fernández        Rafael Ángel Mora Solano
        Lorena Chavarría Martínez        Lorena Chacón Tellini        Ligia Solís Solís
        Claudio Sánchez González        Jonathan Flores Mata        William Arias Soto
        Energivia Sánchez Brenes        Marta Guido Serrano        Rebeca Céspedes Alvarado
        Ronald Barrantes Moya        Giovanny Ramírez Guerrero        Benjamín Sevilla García
        Antonio Ortiz Fiorabanti        Esteban Quesada Chacón        Roy Chaverri Chacón
        Gerardo Mora Ordóñez        Flor de Lis Monestel Corrales          Mainor Anchía Angulo

¡Este sí es el gran problema de la democracia!

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Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

El primero de enero, se pagaron unos 5 mil 500 millones de colones por concepto de intereses, intereses vulgarmente obscenos y socialmente criminales, de la deuda pública del Gobierno Central. Una suma igual el 2 de enero. Otra parecida el día 3 y así hasta hoy mismo, miércoles 11 de enero de 2023.

En estos primeros once días del año, de las debilitadas arcas públicas se sacaron unos 60 mil millones de colones destinados a las entidades/personas acreedoras de la deuda pública, la cual se acerca a los 50 mil millones de dólares ($50.000.000.000.000).

¡Este si es el gran problema de la Democracia! Pero, a los bandos en pugna por el problema trolero parece que les importa un bledo. Y, al finalizar el mes de enero, serán 170 mil millones de colones que pudieron haberse empleado a atender grandes necesidades sociales y económicas que están viviendo miles y miles de hogares costarricenses afectados por la creciente desigualdad, por el congelamiento y por el alto endeudamiento salarial, por la evaporación de los fondos de pensiones y por un altísimo costo de la vida que no se había visto en más de una década.

Nos corresponde mantener la denuncia constante en tal sentido. Nos hemos autoimpuesto levantar esta bandera sin ánimo mesiánico alguno, sino ante la verificación diaria del drama social obrero-laboral en los segmentos de población trabajadora asalariada, en los cuales la frase “la plata no alcanza” no está reflejando la magnitud del impacto socioeconómico del problema de la deuda pública y de su socialmente criminal pago de intereses en, por ejemplo, los miles de hogares del empleo público del Gobierno Central, los cuales entran, en este 2023, al cuarto año consecutivo de congelamiento salarial total.

¿Cómo es posible que, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa no se instale una comisión investigadora del problema de la deuda pública y de esa monstruosa cantidad de pago diario de intereses, de modo tal que el pueblo costarricense sepa, por ejemplo, cómo es que llegamos hasta aquí, a esta calamitosa realidad de afectación severa a miles y miles de compatriotas, dentro y fuera del sector Público?

¿Por qué no convocar, al menos, al propio Ministro de Hacienda y que explique por qué el partido político ahora en el Gobierno y del cual él es parte, le mintió al electorado cuando se prometió que se le iba a entrar fuerte al tema del pago de intereses de la deuda pública? ¡Sí! ¡Sí! Ya sabemos: una cosa es lo que se dice en campaña y otra lo que se hace en Gobierno y el pueblo costarricense viene siendo engañado una y otra vez.

Este monstruoso pago diario de intereses es la causa principal del grave deterioro presupuestario que afecta a gran cantidad de servicios públicos del Gobierno Central, destinados a atender necesidades económico-sociales de la población costarricense que sufre de mucha pobreza y otra, también grande, que va quedando más vulnerable ante la misma dado el avance de la desigualdad.

Tan solo dos dramáticos ejemplos: ¿en qué estado se encuentra la Educación Pública y en qué estado se encuentran los servicios de Seguridad Ciudadana a cargo de los diversos cuerpos policiales? En la Asamblea Legislativa parece que olvidaron que ambos servicios públicos son estratégicos para la estabilidad del mismo sistema democrático, por una parte; y, por otra, que los respectivos grupos laborales que los prestan entraron ya al cuarto año de congelamiento salarial. ¿Se imaginan ustedes a ambos servicios públicos con una inyección presupuestaria de emergencia ¡por solo un mes!?, ¿Por el orden de los 170 mil millones de colones, en vez del pago de los intereses del presente mes de enero? ¡Que vamos mal, vamos mal! 

Reinstalan a dirigente sindical tras ser despedido sin el debido proceso

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El Juzgado de Trabajo de Puntarenas ordenó la reinstalación en su puesto de trabajo de un dirigente sindical, quien se desempeñaba como guarda de seguridad en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Puntarenas.

Directiva Nacional de ANEP sesionará a cielo abierto en las afueras de la Sala IV

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–Se leerá a viva voz y se entregará escrito sobre el papel de la Sala Constitucional y los Derechos Humanos

Al considerar que en el año que acaba de iniciar, 2023, se conmemora el 75 aniversario de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), por parte de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948; la Junta Directiva Nacional (JDN) de la ANEP se apersonará a las afueras, de la sede de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, este próximo viernes 13 de enero, para desarrollar lo que hemos denominado una Interpelación Cívica.

Se trata de realizar la primera sesión del año 2023 de la directiva nacional de la ANEP, a partir de las 8:30 de la mañana. Una sesión atípica e inédita, a cielo abierto. En ese momento se hará revisión del quorum de ley para tener la necesaria validez jurídica, se aprobará el orden del día y, de seguido, se procederá con el primer punto de la agenda que es, precisamente, la Interpelación Cívica a la Sala Cuarta.

La Junta Directiva Nacional (JDN) de la ANEP dará a conocer una declaración, con el carácter de Interpelación Cívica, dirigida, directamente, a las magistraturas integrantes del más alto tribunal de la República, misma que será leída a viva voz para luego ser entregada en la sección de recepción de documentos.

La ANEP ha tomado con toda seriedad la manifestación pública emitida por el señor presidente de la Sala IV, magistrado Fernando Castillo Víquez, acerca de que la situación social del país es una “bomba de tiempo”; criterio que se relaciona con la reiterada denuncia de la ANEP acerca de que en nuestro querido país habrá un estallido social en vista de la cruel situación de desigualdad que amenaza a la misma Democracia.

El eje central del texto de Interpelación Cívica de la ANEP a la Sala Cuarta tiene que ver en que, para desactivar la bomba de tiempo del estallido social, tiene que darse (dentro de un conjunto de factores diversos), una vinculación estratégica entre los postulados y valores de la Constitución Política de Costa Rica, del 7 de noviembre de 1949, con los postulados y valores de la Carta Internacional de los Derechos Humanos y sus dos tratados globales esenciales: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

Ambos tratados, plenamente ratificados por Costa Rica y por nuestra Asamblea Legislativa, son parte fundamental y esencial del sistema jurídico nacional y, por tanto, de obligado cumplimiento.

Aunque no se trata de una manifestación, la Junta Directiva Nacional de la ANEP compartirá su primera sesión directiva del año 2023, a cielo abierto, con personas dirigentes de base de la organización e integrantes de la ciudadanía patriótica nacional que quisieran hacerse presente. El evento ha de concluir a eso de las 10 de la mañana.

San José, lunes 9 de enero de 2023.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto de ANEP.

La Costa Rica desigual y el estallido social

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“Es una bomba de tiempo la situación social del país”. Esta frase, pronunciada por el actual magistrado-presidente de la Sala Constitucional, el señor Fernando Castillo Víquez, se nos ha quedado muy grabada en nuestro pensamiento, precisamente porque desde nuestra esfera sindical, tenemos ya bastante tiempo indicando que en nuestra querida Patria habrá un estallido social.

Esa bomba de tiempo se llama desigualdad social, la cual marca cada vez más la diferencia entre ricos y pobres. Este es el diagnóstico del indicado juez constitucional, lo que lo hace tener un gran impacto por la naturaleza del cargo que él ostenta.

De manera muy sencilla, quien encabeza al más alto tribunal de la República de Costa Rica, la Sala Constitucional o Sala Cuarta indica que, según la Constitución Política de Costa Rica, la del 7 de noviembre de 1949, somos un Estado Social de Derecho el cual tiene dos vertientes fundamentales y estratégicas. Por un lado, a juicio de este señor juez, la libertad y la eficiencia económica; y, por el otro, la justicia social.

Que lo diga el Dr. Castillo Víquez es algo que no puede pasar desapercibido para la población costarricense; mucho menos, para el gran conglomerado de patriotas y organizaciones cívicas que a lo largo de los últimos años venimos defendiendo ese Estado Social de Derecho, desde las más diversas circunstancias y coyunturas políticas.

Don Fernando fue enfático al puntualizar que el Estado Social de Derecho costarricense está en deuda, por cuanto ya no está garantizándole a toda la población el mínimo vital de condiciones económicas para que permita superar la pobreza, en avance generalizado en el país.

Don Fernando debería decirnos desde cuándo se percató de eso. ¿Desde que asumió la presidencia de la Sala IV o desde antes cuando ingresó como juez a ese altísimo tribunal?

“Es una bomba de tiempo la situación social del país”, es una frase suya que puede sonar a cinismo político de su parte, pues no creemos que el tribunal que usted preside pueda lavarse las manos ante el retroceso de nuestro Estado Social de Derecho. Dijo usted, por ejemplo, en el 2018, con ocasión de la imposición al pueblo trabajador del combo fiscal, hoy Ley de la República 9635, que la Constitución debe pasar a segundo plano ante el problema fiscal del país. ¿Se arrepiente de haberse doblegado al dogma neoliberal en esa ocasión?

O, por otro lado, esa frase la podemos interpretar como un mea culpa suyo,ante la magnitud de las violaciones de Derechos Humanos económicos, sociales y hasta culturales que están ocurriendo en el país en estos momentos, producto de ese enfermizo dogma que impuso la consigna política de primero la deuda y después la gente; o, socialmente traducido así:  atendamos primero el leonino pago de intereses y después las necesidades de techo y alimentación de población infantil y joven en riesgo social.

Usted dijo, además, que quienes ejercen el poder no solamente deben hacerlo en armonía con la Constitución sino con el respeto a los derechos humanos. ¡Exacto! Pero nosotros pensamos en que hoy día hay que entrarle duro a ello con el Derecho Internacional blandiéndolo como espada de la verdadera justicia. Pensamos que es muy difícil torcer el brazo a los jueces internacionales.

Y decidimos que una gran posibilidad de evitar que estalle la bomba social de la que usted nos habla, es que se les respete plenamente los derechos económicos, sociales y culturales a tantas personas trabajadoras costarricenses, ya violentadas o por serlo, en cuanto a su pleno disfrute. Por esta senda de lucha social estamos transitando ya.

Posición oficial de ANEP sobre proyecto de ley que pretende aumentar la vida útil de los autobuses

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1. ANEP, rotundamente, se opone a la aprobación legislativa del Expediente Legislativa No. 22.530, de manera oficial denominado “Ley para la protección del sector autobusero nacional ante la crisis sanitaria, social y económica provocada por el covid 19”. Esta denominación es un verdadero y repudiable eufemismo, ideado para manipular y engañar a la opinión pública.

2. ANEP estima que este proyecto incrementará el riesgo de accidentes de las personas usuarias de estos buses, a los que, popularmente, el pueblo conoce como chatarra; del mismo modo que la vida del chofer corre idéntico riesgo.

3. ANEP cree que prácticamente, hay un proceso de concentración de las líneas de autobuses, a vista y paciencia de todas las autoridades correspondientes, en contra de la ley, razón por la cual estamos de cara a una doble manipulación con este proyecto de ley, argumentando, falsamente, que es para proteger a los “pequeños” empresarios de bus.

4. ANEP estima que el sector del empresariado autobusero goza de un escandaloso padrinazgo político, respaldando candidaturas presidenciales y diputadiles de diverso signo en función de la protección de sus propios intereses egoístas. 

5. ANEP cree que el proyecto de ley en controversia, que tiene tanto respaldo legislativo, da mucho que pensar en tal sentido. El gran empresariado autobusero nacional tiene una deteriorada imagen pública y escasa credibilidad.

6. ANEP cree que el estado de indefensión de las personas usuarias del transporte público modalidad autobús, ya es total. Con este proyecto, tal situación de indefensión llegará a grados superlativos.

7. ANEP estima que, por buses viejos, el aseguramiento es más caro y las indemnizaciones por accidente tienen a disminuir. Además, el mayor costo de aseguramiento es motivo para utilizar encarecimiento de la tarifa.

8. ANEP estima que el Consejo de Transporte Publico (CTP) debe ser cerrado y diseñarse una nueva modalidad, con fuerte y transparente participación usuaria en materia de fiscalización del servicio de buses.

9. ANEP, como organización sindical que vela por los intereses laborales de los choferes de autobús, sabe de despidos abusivos alegando mal manejo de la rampa para las personas con discapacidad, pero es que la misma rampa no funciona.

10. ANEP, que no responde a intereses de ningún partido político, felicita a la fracción parlamentaria del Partido Frente Amplio por su lucha en defensa de los Derechos Humanos de las personas usuarias de los servicios de autobús y, particularmente, de las personas usuarias con discapacidad.

Conferencia de prensa: https://fb.watch/hyYxGoR0Gu/

Alianza del Pacífico: Agro unido dice ¡No!

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Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Nos parece que este acontecimiento debe ser ampliamente destacado y desde esta columna, ponemos nuestro granito de arena al respecto.

La unidad total o de, al menos, la abrumadora mayoría de las agrupaciones del sector agropecuario nacional no se había manifestado antes como lo es en esta ocasión, al presentarse juntas en contra del tratado comercial denominado Alianza del Pacífico; una propuesta neoliberal de los sectores hegemónicamente dominantes de la política costarricense de los últimos gobiernos, incluido el actual.

¡Así es! Aunque se cambie a la persona ocupante de la Presidencia de la República, nada será diferente en cuanto a las líneas maestras ideológicamente conceptuadas para imponer, como pretenden, al final del camino y de manera total, la visión de mundo conocida globalización neoliberal, inspirada ésta en la preponderancia absoluta del “dios mercado”, aun y cuando éste ha estado mostrando, cruel y criminalmente, su incapacidad absoluta para lograr plena inclusión social y económica; y, mucho menos, descartar la desigualdad de las relaciones humanas.

El Foro de Cooperativas Agrícolas e Industriales de Costa Rica, la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Independientes (Upanacional), la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), la Corporación Hortícola Nacional, la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV) y, la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG); juntaron esfuerzos y han lanzado al país un relevante e histórico pronunciamiento conjunto, bajo el título de La situación de abandono de nuestras zonas rurales y la ausencia de una política de Estado de apoyo al Sector Agropecuario Nacional.

Este documento es de obligada lectura y estudio por parte de quienes, a lo largo de los últimos 30 años (al menos), de una manera u otra y en medio de las más diversas circunstancias, hemos venido enfrentando y desde las más diferentes trincheras de lucha, un día sí y otro también, a los fundamentalistas del todo mercado-nada Estado; para los cuales, la desaparición del agro nacional ha sido uno de sus objetivos de mayor importancia.

Esta gran coalición de las organizaciones del sector agropecuario nacional que, repetimos, no creemos que antes se hubiese dado, es enfática en dejar bien marcada su oposición rotunda a la propuesta de tratado comercial Alianza del Pacífico, explicando con sólida argumentación sus razones.

En un gran esfuerzo de síntesis, y no por ello carente de sustancia el análisis, puntualizan diez grandes aspectos que marcan el abandono sistemático de los últimos años al sector agropecuario nacional; abandono que será más que consumado si en la presente administración gubernativa, logran los sectores hegemónicos dominantes imponerle al país la Alianza del Pacífico.

El documento del que les hablamos es valiosísimo de principio a fin y dentro de los apartados que más atención y reflexión merecen, es el que nos contrasta las aspiraciones de semejante alianza con la realidad actual de sus resultados.

Este aspecto por sí solo, nos dice que la Alianza del Pacífico es un proyecto neoliberal fracasado: “Aspiraban a facilitar el comercio y los trámites aduaneros, pero luego de 10 años no se registran avances relevantes que promuevan una mayor transparencia y un flujo creciente de comercio, lo que se refleja en contracción sostenida de los flujos de comercio entre los países miembros a lo interno del BAP” (Bloque de la Alianza del Pacífico).

540 millones de colones “enhuacados”

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Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Ahora resulta que es la propia Contraloría General de la República (CGR), la que le hace un fuerte llamado de atención al señor Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jáen, en cuanto a que no se consideraron, como nuevos ingresos para la parte final del presente año 2022, la enorme cantidad de 540 mil millones de colones (₡540.000.000.000); lo que equivale a un 1.35 puntos de Producto Interno Bruto (PIB), si consideramos que cada punto porcentual PIB es de 400 mil millones de colones (₡400.000.000.000).

En el lenguaje popular podríamos decir que esos 540 mil millones de colones, el Ministerio de Hacienda los tenía “enhuacados”, sombreados, escondidos. Y se pueden destinar para pagar-honrar deudas salariales pendientes, si tuviesen voluntad política real como le prometieron en campaña al personal policial del país, por ejemplo.

Este dado está comprendido en el informe contralor DFOE-FIP-MTR-00042-2022, recientemente publicado en prensa.

Por su parte, el diputado liberacionista Gilbert Jiménez Siles, con ocasión del trámite parlamentario de lo que se conoce como Presupuesto General de la República para el 2023, había denunciado no solamente una subestimación de ingresos por parte del Gobierno, en una cifra parecida, 500 mil millones de colones; sino que, además, también denunció que se fue al otro extremo el Ministerio de Hacienda, sobreestimando en 700 mil millones la cantidad para hacerle frente al pago de la deuda pública en el año venidero.

¡Nos han engañado! ¡Nos siguen engañando! Es este nuestro criterio con relación al estado actual y real de las finanzas públicas del país y, en específico, al tema de la deuda pública con relación al Producto Interno Bruto (PIB).

Al menos, en lo que va de este Gobierno, las cifras dadas de deuda pública con relación al PIB se mueven entre 63.9 puntos y casi los 70, según diversas informaciones de prensa que dan cuenta de manifestaciones de parte del indicado Ministro de Hacienda. Entonces, ¿cuál es la verdad en este punto?

¡Nos sentimos indefensos! Tienen tiempo de estar atormentando a la sociedad con relación a ese punto, en cuanto a que estamos en el ojo criminal de las calificadoras de riesgo de inversión, acerca de la capacidad del país de manejar su abultadísima deuda pública. ¿Cuál es la realidad? Ya uno no sabe qué creer.

Y decimos que tienen tiempo de estarnos atormentando, por cuanto a pesar de que este Gobierno empezó a hacer gestión fiscal en mayo pasado, las líneas matrices ideológicas al respecto, se mantienen incólumes de una administración gubernativa a otra. Básicamente, la de carácter preponderante: primero la deuda y después la gente. Nosotros luchamos por liberarnos de esta esclavitud mental.

Al respecto, destacamos que el economista independiente don Francisco Esquivel Villegas, afirma de manera categórica, que los resultados fiscales correspondientes al tercer trimestre del presente año 2022, indican la existencia de, al menos, un billón de colones (1.000.000.000.000), de superátiv, superávit primario; cantidad ésta susceptible de ser utilizada para, por ejemplo, pagar las deudas salariales pendientes por costo de vida que se tienen con grupos de empleados públicos, tales como los policiales y/o los del sector Educación y otros.

¡Noten ustedes! Enlacemos: la “huaca” de los 540 mil millones de colones, la sobrestimación del monto de amortización de la deuda pública arriba apuntado y los datos del economista mencionado; entonces, la conclusión es una: hay plata para honrar esas deudas salariales por reajuste por costo de vida, en el sector Público, en los años 2020-21-22. ¡Hagamos algo!