Autor: ANEP
El Banco de Costa Rica no se vende
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Ha crecido sustancialmente la oposición político-parlamentaria a la idea de vender el Banco de Costa Rica (BCR). Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que estamos en puertas del primer fracaso político de notable envergadura del gobierno que encabeza el señor Rodrigo Chaves Robles.
Y esto es muy importante resaltarlo porque el hoy mandatario jamás dijo en campaña electoral que pensaba plantear la venta del BCR. No estuvo incluido en su programa de Gobierno por ninguna parte. Así que, en este asunto, muy delicado, por cierto, se puede afirmar que sus votantes fueron engañados.
Aparte de la afortunadamente creciente oposición legislativa a la venta del BCR, ya ha sido contundente la oposición de todo el conjunto de la diversidad de agrupaciones sindicales de todos los colores.
En lo particular, la corriente sindical objeto de nuestra militancia cotidiana, desde la misma noche en que el Presidente Chaves Robles anunció su ya casi fallida iniciativa, anunciamos nuestra rotunda y contundente oposición a esta.
Así lo ha sido de cara a las diversas intentonas de los oligarcas neoliberales que en las últimas administraciones gubernamentales lo han planteado. Fracasaron antes, fracasan en este momento y fracasarán siempre: el BCR no se vende.
También es de destacar la oposición a la venta del BCR en círculos intelectuales y académicos, en agrupaciones múltiples en los sectores sociales y hasta en segmentos productivos y empresariales.
Destacamos el papel que ha venido asumiendo la organización sindical de base que aglutina a una buena parte del destacadísimo personal técnico-profesional del BCR; la cual ha asumido una férrea oposición a su venta.
No fue ni sostenible ni creíble el planteamiento del Presidente Chaves Robles de que el dinero de la venta del BCR sería destinado a “aliviar” la carga de la astronómica y exorbitante deuda pública. Nadie se tragó ese cuento.
Las posiciones entreguistas y vende-patrias que había a lo interior del sindicalismo del BCR parece que ya quedaron enterradas para siempre. Y nos alegra haber puesto nuestro aporte directo para que así fuera.
Por otra parte, las sospechas de que algo turbio estaría en la iniciativa de venta del BCR, cogió mucha fuerza en el seno legislativo y al interior de la propia sociedad.
Tanto así que la mismísima Contralora General de la República se dejó decir en la propia Asamblea Legislativa que el proyecto de Gobierno de venta del BCR carece de transparencia.
Esto es de resaltar en grado sumo pues la cabeza contralora, la señora Marta Acosta Zúñiga, es de la misma ideología que combate la participación estatal en la economía; ideología dominante en las últimas administraciones gubernativas y también en la actual.
Ya hemos visto que esto es, prácticamente, imposible. No tiene el Presidente Chaves Robles los 38 votos diputadiles para su, repetimos, descabellada idea.
Derrotada que sea de manera definitiva la iniciativa presidencial de vender el Banco de Costa Rica, como ya se muestra; debe servirle al mandatario de señal inequívoca de la otra, que es la privatización del Instituto Nacional de Seguros (INS), ha de correr la misma suerte.
Ni el uno ni el otro, ninguno de esos dos proyectos tiene viabilidad político-social. Estamos seguros de eso.
Deuda salarial por reajuste por costo de vida 2019
-Se paga en la Caja, pero faltan muchos más sectores.
-ANEP decidió impulsar los respectivos procesos de cobro.
El reajuste salarial por costo de vida establecido el 17 de diciembre de 2019, promediando 7 mil 500 colones a la base salarial de cada persona trabajadora asalariada del Gobierno Central, sigue sin ser honrado para los distintos grupos laborales de los diferentes ministerios integrantes del mismo, así como en las diversas entidades adscritas a éstos. De la misma manera, tal deuda salarial sigue existiendo en otras instituciones descentralizadas que todavía tienen pendiente saldarlas.
Ahora que, finalmente, y luego de la intensa presión sindical y obrero-laboral, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tomó el acuerdo final de pagarle a su propio personal ese reajuste y retroactivo al 1 de enero de 2020, es momento de levantar la bandera de la Ley de la Justicia Social para toda persona trabajadora empleada pública con derecho a tal reajuste pero que sigue sin recibirlo.
Efectivamente, cada uno de los argumentos jurídico-legales que fundamentaron el reclamo laboral en la Caja, son exactamente idénticos para que una persona trabajadora integrante de los diferentes cuerpos policiales, por ejemplo, proceda a reclamar lo que ya le pertenece pero que el Estado le sigue adeudando.
También, cada servidor público o servidora pública de los diferentes ministerios (como Educación, Salud, Cultura, MOPT, MINAE, el propio Hacienda y los demás), tiene incuestionable derecho a recibir esos 7 mil 500 colones a sus correspondientes bases, así como las equivalencias en aguinaldo y en salario escolar.
Es una deuda salarial legítima que abarca los años 2020, 2021 y 2022, más los correspondientes porcentajes de aguinaldo y de salario escolar de cada uno de esos tres años.
ANEP prepara el fundamento jurídico-legal para que cada persona afiliada a la organización, proceda con el primer paso: la presentación del correspondiente Reclamo Administrativo, una acción totalmente individual; documento que deberá entregarse, de manera directa (físicamente o de manera digital), al despacho del actual Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén. El correo electrónico oficial de este jerarca es: despachomh@hacienda.go.cr
Dicho documento es de total propiedad intelectual de la ANEP y la agrupación advertirá acerca de su uso ilegal demandando, según corresponda, las responsabilidades penales respectivas.
Aparte de cada persona trabajadora afiliada que lo desee emplear, lo puedan hacer otras personas trabajadoras que decidan asociarse para este fin; y, para otros por venir, como lo es enfrentar la gravedad de la inminente entrada en vigencia de la perversa Ley Marco de Empleo Público.
La asesoría jurídico-legal que brinda la ANEP es totalmente gratuita para su actual y nueva membresía. En el caso específico del proceso para cobro de esta deuda por reajuste de costo de vida decretado el 17 de diciembre de 2019, la ANEP pretende que las personas trabajadoras acreedoras de esa deuda, no caigan en manos de litigantes privados que les cobrarán un monto significativo por llevar el correspondiente proceso.
La legitimidad jurídico-legal de esta deuda es, repetimos, incuestionable. La persona trabajadora asalariada empleada pública acreedora de la misma ya tiene la propiedad patrimonial de la misma.
Aquí conviene hacer énfasis en la situación de los integrantes de los diferentes cuerpos policiales (entre otros sectores estatales con grave deterioro salarial), quienes en la campaña electoral fueron engañados cuando se les prometió hacerles real justicia salarial.
Al menos, debe el gobierno encabezado por el oferente, el actual Presidente de la República, mínimamente debería proceder a girar las instrucciones para que a los y a las policías, y también a los y a las demás, se pague lo adeudado, de sobra jurídicamente fundamentado.
El combate al inmoral e injusto congelamiento salarial que viven las personas que laboran para el sector estatal es una de las más fuertes banderas que está levantando la ANEP en estos duros tiempos anti-obreros; particularmente, ya hemos destrozado la, ahora insostenible, tesis neoliberal de que el déficit fiscal es culpa de los salarios devengados por quienes laboran para el Estado.
Esclavitud obrera en Costa Rica: Denuncia ante las Naciones Unidas
•Ya va siendo hora de desenmascarar a los gobiernos ticos y su doble moral en Derechos Humanos
Este lunes 21 de noviembre, ANEP tendrá la oportunidad de hablar, aunque por corto tiempo, con el señor Tomoya Obokata, Relator Especial sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud, quien recibió tal responsabilidad por nombramiento que le hiciera el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en marzo de 2020.
El mandato político fundamental que el señor Tomoya trae, está señalado por el Artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que indica: “Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas”.
Costa Rica está conmocionada por las circunstancias de esclavitud obrera, ya totalmente públicas, que se venían dando en el negocio comercial tiendas S y R. Las autoridades públicas competentes pudieron haber detenido este vejamen. ¡Pero no! “Estaban mirando para otro lado”; y, actuaron, por la gigantesca presión ciudadana, cargada de indignación.
Procuraremos dejarle bien claro al señor Tomoya Oboka que lo de las tiendas S y R no es un hecho aislado. En Costa Rica se dan, todos los días, diversos episodios de esclavitud obrera y laboral: en las plantaciones piñeras y bananeras, en la labor de manejo de vehículos de transporte público modalidad autobús (choferes súper-explotados), en las tiendas de ropa y supermercados, en el servicio doméstico.
Incluso, el señor Tomoya Obaka será informado de fuertes episodios de explotación obrera que suceden en el propio sector Publico, como en no pocos casos se manifiesta en el seno de los cuerpos policiales de nuestro país.
El distinguido visitante será informado de que la clase gobernante tradicional ha dejado de lado el fortalecimiento de la inspección laboral, debilitada ésta al punto de que es casi inexistente en esas zonas económico-social donde la explotación obrera es mayúscula, como las sedes de las plantaciones agrícolas en el Atlántico, en el Pacífico Sur, en la Zona Norte.
La debilitada inspección laboral costarricense muestra toda su crudeza ante la imposibilidad de velar por el pleno respeto al salario mínimo; salario mínimo que se escamotea a la persona trabajadora obrera pues no pocos patronos argumentan que las fijaciones por costo de vida al mismo, no aplican pues están pagándole una suma “ligeramente superior” al momento de esa fijación.
Igualmente, debe saber el Sr. Tomoya que a nivel del sector público se manifiesta una cruda forma de esclavitud, la esclavitud financiera; misma que tiene a varios miles de personas trabajadoras asalariadas sin siquiera percibir lo que los Derechos Humanos estipulan al respecto y que, en el caso costarricense, es una ordenanza constitucional de primer orden.
Finalmente, le haremos una respetuosa exhortación al Sr. Tomoya Obaka para que interponga sus buenos oficios a fin de que Costa Rica proceda a implementar uno de los mejores instrumentos en materia de Derechos Humanos para luchar contra todas las formas de esclavitud laboral: hablamos de la Opinión Consultiva No. 27, de mayo de 2021, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), acerca de la Libertad Sindical, del Derecho de Huelga y del Derecho de Negociación Colectiva. Costa Rica se está haciendo de la “vista gorda” con sus obligadas responsabilidades al respecto.
Sin duda, la vista del Sr. Tomoya Obokata llega en el momento preciso y ANEP mostrará su más firme interés en mantener con su despacho un contacto sistemático y documentado.
San José, sábado 19 de noviembre de 2022.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP.
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP.
Reajuste Salarial por costo de vida en la Municipalidad de Puriscal será del 7.35%
ANEP y Dirección de la Salud alcanzan acuerdos sobre afectaciones laborales en Control de Vectores
La ANEP, junto a su seccional del Programa de Control de Vectores del Ministerio de Salud, sostuvieron una importante reunión virtual con el director de dicho programa, Isaac Vargas donde se abordaron temas de mucha importancia para el personal como los son los interinazgos prolongados y la recalificación de algunos puestos.
El ROP y doña Rocío: urgen respuestas contundentes
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Está muy arraigado en los círculos obrero-sociales y asalariados del país, tanto a nivel del sector Privado como del sector Público, que la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), en manos de la señora Rocío Aguilar Montoya, ha perdido toda credibilidad y confianza.
Es más, hasta en importantes círculos político-partidistas ella ya perdió autoridad, al punto que ya, abiertamente, se pide su salida de tan importante cargo público, muy bien remunerado, por cierto.
Bien se sabe que en estas cuestiones del mundo de las “grandes” finanzas, la credibilidad y la confianza resultan vitales y en todo este asunto de las pérdidas que están dándose en el Régimen Obligatorio de Pensiones, las nebulosas, las dudas, el enojo y la indignación es lo que está imponiéndose en algo tan sensible como lo del ROP.
Dos importantes organizaciones sindicales le han enviado una nota a doña Rocío exponiéndole importantes interrogantes, mismas que, seguros estamos, son preguntas generalizadas en el conmocionado ambiente de la problemática actual del ROP. Se le pide a ella lo siguiente:
1. El nombre y dirección de todas las operadoras de pensiones inscritas en la SUPEN, autorizadas para administrar los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones.
2. Si la SUPEN autorizó invertir más del 25% del fondo del Régimen Obligatorio de Pensiones fuera del país y el nombre de cada operadora que recibió dicha autorización.
3. Fecha de la autorización, en cada caso, para invertir más del 25% en el extranjero e indicar lo siguiente: A) Naturaleza de los títulos en que se autorizó la inversión. B) Las entidades públicas o privadas en el extranjero que recibieron las inversiones de las operadoras de pensiones de Costa Rica. C) Porcentaje de inversión en cada una de esas entidades, en caso que el porcentaje autorizado se haya dividido en varias de ellas. D) Monto total y tipo de moneda invertido en el extranjero por cada operadora de pensiones. E) Tasas de interés de las inversiones realizadas en el extranjero. F) Los rendimientos o las pérdidas de cada inversión realizada en el extranjero por cada operadora de pensiones en los últimos sesenta meses.
4. Monto de las inversiones de cada operadora de pensiones realizadas en Costa Rica, por mes.
5. Las tasas de intereses de las inversiones de los Fondos de Pensiones en Costa Rica de los últimos sesenta meses, por cada operadora de pensiones.
6. Los rendimientos declarados mensualmente por cada operadora de pensiones de acuerdo a las tasas de interés indicados en el punto anterior.
7. Monto total de comisiones percibidas y declaradas por las operadoras de pensiones de Costa Rica en los últimos sesenta meses.
8. Comisiones autorizadas por cobrar por las operadoras.
Sin duda alguna, las organizaciones sindicales que emplazan a doña Rocío, ANEP y ASDEICE, recogen un amplio consenso cuestionador del accionar de la SUPEN en materia del ROP. Las respuestas que ella dé pasarán a ser analizadas por un grupo de personas profesionales expertas, generándose así una fuerte masa crítica argumentativa que debe derivar en propuestas de reforma del ROP; propuestas adicionales que ya han venido siendo planteadas, destacándose una que establece una devolución de hasta el 30% del fondo acumulado por cada persona trabajadora; pero eso sí y en este caso creemos nosotros, que no sea para dárselo a las entidades financieras acreedoras de las personas trabajadoras.
De manera adicional, puede ser que las respuestas de doña Rocío al emplazamiento de ANEP y de ASDEICE, fundamente la necesidad de formular más interrogantes. Algo contundente es posible concluir en todo este asunto del ROP: la gente trabajadora quiere total transparencia en su manejo. La gente trabajadora percibe que tal transparencia, hasta la fecha, no ha existido.
Juzgado ordena reinstalación de tía del PANI despedida tras proceso irregular
La Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP, logró ganar ante el Juzgado de Trabajo una nueva reinstalación laboral, en esta ocasión se trata de una trabajadora del PANI, quien laboraba como tía en uno de los albergues de la institución ubicado en Santa Ana, quien fuese despedida hace dos años, por un proceso irregular.
ANEP emplaza a Roció Aguilar para que entregue información sobre el ROP
Este viernes la ANEP y ASDEICE, enviaron a la Superintendente de Pensiones, Roció Aguilar Montoya, un emplazamiento para que haga pública información completa y veraz sobre el gigantesco problema que se ha desencadenado con el Régimen de Pensiones ROP, que ya se ha convertido en una problemática social.
