Amparada en el Código Penal, ANEP solicita al Ministro de Hacienda denunciar y dar a conocer a los grandes evasores

Por medio de una carta enviada al Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), le solicita denunciar y dar a conocer públicamente los nombres de los grandes evasores fiscales. Lo anterior de conformidad con lo que reseña el artículo 281 del Código Procesal Penal.

Esta solicitud de la ANEP, nace luego de las recientes manifestaciones del propio presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, el pasado 3 de octubre al periódico La Republica, donde indica que “existe una evasión fiscal de 3.600 millones de dólares”, lo que obliga, al jerarca de Hacienda, a denunciar con nombres, apellidos, claridad y precisión, quienes son esos intocables, grandes evasores.

El artículo 281 del Código Procesal Penal, en el cual se ampara nuestra organización, para tal solicitud indica que, “Tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio: a) Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones. c) Las personas que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico tengan a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o control de bienes o intereses de una institución, entidad o persona, respecto de delitos cometidos en su perjuicio o en perjuicio de la masa o patrimonio puesto bajo su cargo o control y siempre que conozcan el hecho con motivo del ejercicio de sus funciones”.

Para la ANEP, el pueblo de Costa Rica como depositario de la soberanía de la nación, tiene el derecho de conocer y saber quiénes son esas empresas generadoras de la debacle fiscal en que encuentra sumido este país, cuyas nefastas consecuencias las sufre la clase más necesitada.

Compartimos y carta enviada al despacho del Ministro de Hacienda.

Recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable, irracional

Fuerte respaldo político-sindical brindamos a esos señores diputados y a esas señoras diputadas que ya están planteando la necesidad de deshacer varios recortes presupuestarios, drásticamente extremistas, impuestos por el Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, con ocasión de la tramitación legislativa de lo que denominan Presupuesto General de la República para el 2023.

Esta política de tierra arrasada en una serie de servicios públicos del Gobierno Central que está siendo impuesta con una lógica fiscal extremista, ya de por sí estaban debilitados en los últimos años y por la misma causa: ese recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable e irracional.

Con gran vehemencia demandamos la restitución de los millones de colones recortados al presupuesto de Dinadeco (35 mil millones); los recortes de mil millones al Ministerio de Cultura (especialmente, los dineros destinados para la acción social del parque La Libertad); los recortes millonarios para los parques nacionales y las áreas de conservación y para el Fonafifo (financiamiento forestal).

De la misma magnitud, son los recortes presupuestarios para el Ministerio de Educación Pública (MEP): irreflexivos, irresponsables e irracionales; como también así debe calificarse lo que representa el cercenamiento financiero de mil millones de colones para el Ministerio de Seguridad Pública.

Deshacer esos recortes presupuestarios y otros igual de relevantes, como el efectuado para la atención de las personas de tercera edad, es una acción de carácter estratégico para sostener la deteriorada estabilidad democrática del país; gravemente afectada por el crecimiento de la desigualdad, el congelamiento y la precarización salarial, la acelerada concentración de la riqueza y su corolario de dolor: la exclusión económica con grave afectación de la producción para el mercado interno.

Se está jugando con fuego al forzar la convivencia social en el marco de ese tipo de recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable e irracional; cuando:

  • La evasión tributaria y la elusión fiscal, aunada al dispendioso régimen de exenciones y exoneraciones, rondan los 14 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB).
  • El pago diario de intereses de la deuda pública del Gobierno Central, asquerosamente obsceno, por el orden de casi 7 mil millones de colones cada 24 horas, no sufre siquiera centavos de recorte.
  • La tenencia de dólares en depósitos del público en moneda extranjera, al 30 de abril pasado y según informe del Banco Central de Costa Rica (BCCR) estaba cerca a los 39 mil millones de dólares.
  • Se propone la venta de activos públicos de empresas estatales exitosas lo que, sin duda, reforzará la situación polarizante que, en el ámbito de la concentración de la riqueza, está en fuerte desarrollo en el país.

Las consecuencias multifactorialmente negativas de este recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable e irracional, alimentan el desarrollo de múltiples formas de resistencia cívica y social que hay que alimentar, potenciar, respaldar; es decir, no se está dejando otro camino más que el de la movilización popular.

Celebramos, en consecuencia, que todavía haya sensatez y prudencia en el seno del parlamento costarricense con el planteamiento de que hay que deshacer los recortes presupuestarios irreflexivos, irresponsables e irracionales ya planteados.

ANEP censura y condena contundentemente el recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable e irracional

Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), rechazamos y condenamos los recortes presupuestarios que ya se gestan por parte del Gobierno de la República y la Asamblea Legislativa para el Presupuesto General de la República 2023, al considerarlos irresponsables, irracionales e irreflexivos y con gran impacto social.  

A la vez, brindamos fuerte respaldo político-sindical  a esos diputados y a esas diputadas que ya están planteando la necesidad de deshacer varios recortes presupuestarios, drásticamente extremistas, impuestos por el Ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, con ocasión de la tramitación legislativa de lo que denominan Presupuesto General de la República para el 2023.

Esta política de tierra arrasada en una serie de servicios públicos del Gobierno Central que está siendo impuesta con una lógica fiscal extremista, ya de por sí estaban debilitados en los últimos años y por la misma causa: ese recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable e irracional.

Con gran vehemencia demandamos la restitución de los millones de colones recortados al presupuesto de Dinadeco (35 mil millones); los recortes de mil millones al Ministerio de Cultura (especialmente, los dineros destinados para la acción social del parque La Libertad); los recortes millonarios para los parques nacionales y las áreas de conservación y para el Fonafifo (financiamiento forestal).

De la misma magnitud, son los recortes presupuestarios para el Ministerio de Educación Pública (MEP): irreflexivos, irresponsables e irracionales; como también así debe calificarse lo que representa el cercenamiento financiero de mil millones de colones para el Ministerio de Seguridad Pública.

Deshacer esos recortes presupuestarios y otros igual de relevantes, como el efectuado para la atención de las personas de tercera edad, es una acción de carácter estratégico para sostener la deteriorada estabilidad democrática del país; gravemente afectada por el crecimiento de la desigualdad, el congelamiento y la precarización salarial, la acelerada concentración de la riqueza y su corolario de dolor: la exclusión económica con grave afectación de la producción para el mercado interno.

Se está jugando con fuego al forzar la convivencia social en el marco de ese tipo de recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable e irracional; cuando:

•          La evasión tributaria y la elusión fiscales, aunada al dispendioso régimen de exenciones y exoneraciones, rondan los 14 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB).

•          El pago diario de intereses de la deuda pública del Gobierno Central, asquerosamente obsceno, por el orden de casi 7 mil millones de colones cada 24 horas, no sufre siquiera centavos de recorte.

•          La tenencia de dólares en depósitos del público en moneda extranjera, al 30 de abril pasado y según informe del Banco Central de Costa Rica (BCCR) estaba cerca a los 39 mil millones de dólares.

•          Se propone la venta de activos públicos de empresas estatales exitosas lo que, sin duda, reforzará la situación polarizante que, en el ámbito de la concentración de la riqueza, está en fuerte desarrollo en el país.

Las consecuencias multifactorialmente negativas de este recortismo presupuestario irreflexivo, irresponsable e irracional, alimentan el desarrollo de múltiples formas de resistencia cívica y social que hay que alimentar, potenciar, respaldar; es decir, no se está dejando otro camino más que el de la movilización popular.

Celebramos, en consecuencia, que todavía haya sensatez y prudencia en el seno del parlamento costarricense con el planteamiento de que hay que deshacer los recortes presupuestarios irreflexivos, irresponsables e irracionales ya planteados.

San José, lunes 10 de octubre de 2022.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto.

Pensionadas del ROP denuncia pérdidas de hasta 6 millones de colones de su capital

Se imagina, que en cuestión de un año su capital de pensión, por el cual ahorro toda su vida laboral, baje entre los 6 millones y los 2 millones de colones, por una mala administración, pues esto es lo que están viviendo varias pensionadas del ROP., y de seguro Usted también.

BCR: ¡Su capital es de 11.500 millones de dólares!

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

¡Qué va! Algo podrido hay en todo esto. Dos estimables personas muy estudiosas y vinculadas al mundo académico-universitario costarricense acaban de publicar un impactante artículo titulado La oscura venta del Banco de Costa Rica, brindándonos datos sólidos y de fuentes confiables acerca de lo que sería un pésimo negocio para el país: la venta del Banco de Costa Rica (BCR), que impulsa el actual Gobierno del Presidente Rodrigo Chaves Robles.

Don Jaime Ordóñez Chacón (abogado) y doña Montserrat Botey Sobrado (economista), nos han dejado boquiabiertos con el siguiente dato: “…el Banco tiene un capital de 7.627.000 millones de colones que son casi 11,500 millones de dólares al tipo de cambio del Banco Central”.

Estamos hablando, repetimos, de que el capital del BCR es de 7 billones 627 mil millones de colones: 7.627.000.000.000. Y que, en dólares estadounidenses, esa gigantesca cantidad es 11.500.000.000 (once mil quinientos millones de dólares).

Don Jaime y doña Monserrat nos indican en su artículo que tales datos son de la propia contabilidad del BCR, la cual está avalada por la propia Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), el año pasado 2021.

¡Por Dios! ¿Quiénes creen que somos los y las costarricenses? Si los activos del BCR andan por los 11 mil 500 millones de dólares y lo pretenden vender en 1.750 millones de dólares, es evidentísimo que hay mucha oscuridad en todo esto. Mucha oscuridad para emplear un vocablo decente. Pésimo negocio para el país… negocio redondo para su eventual comprador y oportunistas asociados.

¡Cómo no va a ser un negocio redondo si por la bicoca de 1.750 millones de dólares, el comprador se dejaría el conglomerado de entidades asociadas al BCR, como su casa matriz, tales como BCR Pensiones, BCR Valores, BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión y BCR Corredora de Seguros! Si esto no es una ganga, ¿qué es? Y, además, la feria: El BCR es el accionista mayoritario del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa).

¡Y cómo no va a ser una ganga si lo pretenden vender por menos del 20% del valor actual de sus activos!

Don Jaime y doña Monserrat no se andan con pelos en la lengua. Nos dicen, sin tapujos, lo siguiente: “Vender todo esto por 1.750 millones es regalarlo a destajo. Literalmente, un robo contra el Estado de Costa Rica”. ¡Pues sí! Nosotros le ponemos la firma.

Además, nos dicen los mencionados autores del artículo La oscura venta del Banco de Costa Rica que este es un banco totalmente exitoso, con una efectividad bancaria de casi el 97% pues su morosidad es apenas de un 3.1%.

Para fortuna nacional, aparte de las entidades que ya han puesto los puntos sobre las íes en manifestar oposición contundente a que se materialice este pésimo negocio para el país (hablo de las organizaciones sindicales ANEP, Asdeice, Unebanco y Upins); poco a poco va aumentando el conglomerado cívico-político opositor a la venta del BCR.

La resistencia a la venta de activos, como el BCR, va creciendo en la misma medida en que se va desenmascarando la naturaleza perversa y egoísta, aparte de lo ideológico, de los intereses ocultos que están detrás de esa conjura contra los fundamentales valores de la nacionalidad costarricense.

Recorte presupuestario en Seguridad Pública beneficiará al crimen organizado, impactando negativamente la seguridad ciudadana

•        Reducción imposibilita la contratación de nuevos oficiales, a efectos de sustituir las bajas por jubilación, renuncias, despidos o decesos

Desde la Seccional ANEP-Fuerza Pública cuestionamos fuertemente el recorte presupuestario de mil millones de colones que sufrirá el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) para el año 2023, el cual se verá reflejado, sin lugar a dudas, en la seguridad pública que reciben todos los ciudadanos del país. 

No es la primera vez que se presenta un recorte en el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública, lo cual prácticamente imposibilita la contratación de nuevos oficiales, a efectos de sustituir las bajas por jubilación, renuncias, despidos o decesos. Esto, en momentos en que seguimos viendo como el narcotráfico se apodera de nuestro país, generando un incremento en los índices de violencia y de inseguridad ciudadana.

En verdad, hace un buen tiempo hemos venido señalando que, pareciera algo planificado, producto de una estrategia, nos referimos al debilitamiento de los cuerpos policiales, que cada día ven achicada su capacidad de respuesta. No hay botas, Los uniformes escasean, no se cuenta con suficientes vehículos, las delegaciones policiales, ciento veinticinco (125) mantienen ordenes sanitarias por deficiencias en la infraestructura, algunas son verdaderas trampas para el personal que pernocta en ellas.

Seguimos careciendo de voluntad política, legislatura tras legislatura se repite la misma historia, diputados que gastan su tiempo en discursos peyorativos, una Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico, que hace lo mismo que sus antecesoras, citar a los jerarcas de seguridad pública, en donde no se resuelve nada y únicamente vemos a diputados sin el menor conocimiento cuestionando “él porqué del incremento en la inseguridad ciudadana”.

Es una lucha de burro amarrado contra tigre suelto, las condiciones están dadas para que el crimen organizado siga tomando nuestro país como su centro de operaciones, si señores, y eso no sucede únicamente por nuestra posición geográfica, fundamentalmente obedece a la falta de visión, al desinterés, a la ausencia de una política de Estado en materia de seguridad humana.

Tal como se puede apreciar en el documento que se adjunta, la mayoría de delegaciones policiales con órdenes sanitarias se encuentran en, San José, Puntarenas, Limón, Guanacaste y la Zona Sur, ¡mismos lugares en donde se presenta mayor penetración del narcotráfico!

Por ahí vemos a figuras políticas hablando de reformas a la Ley General de Policía, de unificación de cuerpos policiales, de mando único como la estrategia para mejorar la articulación y con ello, fortalecer la seguridad. No señores, para fortalecer la seguridad lo primordial y fundamental es enaltecer el trabajo de los cuerpos policiales, dotando a las personas trabajadoras de condiciones dignas, delegaciones de primer nivel, equipo moderno, botas tácticas de calidad, mínimo dos pares por año, salario justo y acorde el nivel de responsabilidad que implica la función policial y la posibilidad de jubilarse de manera anticipada. En síntesis, voluntad política y presupuesto.

Lic. Mainor Anchía Angulo

Seccional ANEP Fuerza Pública.

Misión del FMI en Costa Rica: ¡no a las reuniones privadas! ¡no al secretismo!

Demandamos ser escuchados, presencialmente, en reunión abierta

Este lunes 3 de octubre, según ha trascendido, las jefaturas de fracción parlamentaria de la Asamblea Legislativa, se reunirán “en privado”, con una nueva misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), presente en el país y encabezada por la ya conocida señora Marcela Goretti, junto a 12 personeros más integrantes de esta “controversial” entidad mundial, parte fundamental del proceso de globalización neoliberal.

Con toda vehemencia, nos pronunciamos en el sentido de que las conversaciones de esta delegación con las autoridades políticas del país, tanto las legislativas como las legislativas, deben ser totalmente transparentes, alejadas de toda opacidad y secretismo.

Es ofensivo, desde un punto de vista patriótico-social, que sea el propio Presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias Sánchez, quien se convierta en vocero de la señora Goretti, al indicar que ésta está pidiendo que ese tipo de reuniones sean “totalmente privadas”.

El secretismo en las esferas de poder que toman grandes decisiones políticas recibe gran repudio ciudadano, como lo ha sido la circunstancia manifestada con ocasión de la elección reciente para la presidencia del Poder Judicial.

Es más, prácticamente, todas las diputaciones actuales del parlamento costarricense “se cortaron las venas”, exigiendo transparencia en dicho proceso. Cómo es que ahora van a aceptar las distintas jefaturas de fracción legislativa, reunirse con la misión del FMI de manera “totalmente privada”.

Las alarmas están encendidas en los amplios sectores político-patrióticos y cívicos ante los anuncios presidenciales de la venta del patrimonio público valiosísimo para el país como el Banco de Costa Rica (BCR), el Instituto Nacional de Seguros INS); o, a nivel del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), las frecuencias 5G, la electricidad (el CENCE) y/o la marca Kolbi.

Nuestra desconfianza es tal magnitud que creemos que estas ventas de activos podrían ser “ofrecidas” al FMI, en el nuevo “menú” para enfrentar la impagable deuda pública y su socialmente criminal pago diario de intereses.

Por otra parte, hacemos público nuestro interés en ser atendidos, de manera presencial y con tiempo suficientemente decente, por la señora Goretti y su numerosa comitiva. Solicitamos, con respetuosa vehemencia, que se nos reciba de manera presencial. Seguros estamos de que otras entidades de los sectores sociales se identifican con esta petición.

San José, domingo 2 de octubre de 2022.

 Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto de la ANEP

Seccional ANEP-Municipalidad de Coronado presentó nueva propuesta de reajuste salarial

La Seccional ANEP-Municipalidad de Coronado presentó una nueva propuesta de reajuste salarial por costo de vida del 6%, correspondiente al segundo semestre del presente año. La cual se decidió en asamblea permanente y se encuentra por debajo de la inflación acumulada.