Autor: ANEP
¡Reclamemos lo que es nuestro! Convocatoria a segunda jornada de protesta por el ROP
Afiliados crean la Seccional de ANEP en el Comité Cantonal de Deportes de Cartago
ANEP, ASDEICE, UPINS Y UNEBANCO se unen para defender a las instituciones públicas
Criterios jurídicos sindicales dan la razón y deuda por reajuste salarial en la Caja será pagada
Trabajadores de la CCSS hacen un llamado a sus compañeros para unirse a la protesta de este jueves
Solicitan acciones concretas a AyA por contaminación del agua con fungicida Clorotalonil en Cipreses
El Frente Eco Cipreses en conjunto con la ANEP, se reunieron con las máximas autoridades de Acueductos y Alcantarillados (AyA), personal del Laboratorio Nacional de Aguas de dicha institución y representantes del Ministerio de Salud, para exponer las problemáticas que sufre la comunidad de Cipreses de Oreamuno con la contaminación de los mantas acuíferos de la zona con el agro veneno Clorotalonil.
A la vez, el frente ecologista solicitó a las autoridades del AyA y al Ministerio de Salud prohibir el uso del Clorotalonil en el país, como ya se ha realizado en la Unión Europea, en aras de proteger el recurso hídrico.
Aprendamos la lección: Global Vía no le hace caso al Gobierno
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
A raíz de la dolorosa tragedia de Cambronero, y más allá de la polémica en desarrollo sobre si el ministro del MOPT es responsable político directo de la misma o no lo es; una cosa quedó clara: la soberanía del Estado costarricense cedió al lucro privado con la privatización de la importante infraestructura vial como la autopista de la ruta 27.
Es humillante, como costarricense, ver a nuestro gobernante actual implorando la “misericordia” de la empresa Global Vía, para que ésta se condoliera de la delicada situación nacional que estamos viviendo por el cierre de la ruta nacional que pasa por Cambronero, por razones obviamente dolorosas; a fin de que esta empresa privada dejara de cobrar peajes y permitir así una mayor fluidez, por la ruta 27, en momentos en los cuales el tránsito vehicular producto del largo del fin de semana creció enormemente.
Nunca se debió pasar a manos privadas, y mucho menos extranjeras, la infraestructura vial estratégica del país. La lógica del lucro mercantil cedió al interés público y aunque la empresa, finalmente, se condolió de la congoja nacional, tan solo fue por unas pocas horas. Sin embargo, el poder de imperio de lo privado sobre lo público se expresó, crudamente, en esta circunstancia.
Hoy estamos constatando el estado desastroso de las principales carreteras nacionales. La ideología extremista del todo mercado sacó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), de la construcción directa, con su propio personal, de la infraestructura vial; y, qué tenemos ahora: riesgo de muerte a cada instante en rutas estratégicas entregadas al capital privado, pese a que éste recibió miles de miles de millones de colones para la construcción y el mantenimiento vial de tales vías.
Por otra parte, esta indignante circunstancia nos lleva a relacionarla con lo que está pasando con los muelles privatizados de Limón: las tarifas portuarias se triplicaron, y hasta cuadruplicaron, una vez que el Estado (Japdeva), fue sacado del ejercicio directo de tal actividad.
Al constatar lo que hoy día, a cada rato, está pasando en esos muelles con los decomisos de cargamentos de cocaína (lo mínimo que se confisca), viene a nuestra mente de que la operación portuaria de Limón con Japdeva era más eficiente, más barata y más segura. Sin embargo, en nuestra clase dominante privó lo ideológico: que tal operación la haga el mercado, aunque sea más ineficiente, más cara y más insegura.
Por el lado del Pacífico, también ha ido revelándose el fracaso de la inversión privada, extranjera como la del Atlántico.
El país entregó sus dos fronteras marítimas estratégicas, no hubo abaratamiento alguno de las correspondientes operaciones portuarias y el pueblo trabajador no tuvo ninguna disminución en el costo de los productos que por ambos puertos ingresan al país.
Pongámonos a imaginar qué nos pasará con la privatización prevista y perversamente planeada de las principales y grandes empresas públicas estratégicas que todavía no han podido apropiárselas. Como dice el refrán, “si por la víspera se saca el día”, vale la pena seguir resistiendo, con toda la fuerza cívico-patriótica, para impedir que se dejen el INS, el BCR, el ICE, la FANAL, el AyA, la CCSS, el CNP, la JASEC, la ESPH, Correos, el Banco Nacional y otros servicios públicos estratégicos pensados para el bien común.
Algo contundente para finalizar: el mercado fracasó en infraestructura vial y en operación portuaria. Las circunstancias y los datos hablan por sí solos.
No hay necesidad de consultar a la Contraloría el reajuste salarial en la Caja
•Huele a maniobra política
•Le base legal del reajuste salarial en disputa es sumamente sólida
•Directiva CCSS no puede ser destituida y menos por autoritaria orden presidencial
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), aclara a la opinión pública nacional que, como corriente sindical de alcance nacional, multi-institucional y multisectorial, ya tenemos perfil propio al interior de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS):
Contamos con estructuras sindicales de base debidamente acreditadas ante las instancias legales correspondientes (intra y extra-institucionales), varias de ellas ya funcionando en importantes hospitales.
Contamos con una membresía de afiliación directa de personal trabajador de la Caja; membresía que está en crecimiento;
Estamos cerca de la cifra de 100 dirigentes sindicales de base, también debidamente acreditados y acreditadas como en Derecho corresponde; quienes no solamente gozan ya de la protección jurídica clásica que establecen nuestras leyes para el ejercicio de la actividad sindical, sino que pronto ANEP les acreditará como Personas Defensoras de Derechos Humanos, con base en la Opinión Consultiva 27, de mayo de 2021, según ordenanza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); tal y como lo hará la organización con todas sus estructuras sindicales de base de los sectores público y privado, a lo largo y a lo ancho del país.
Somos referente interlocutor ante innumerables estructuras jerárquico-institucionales para la resolución de discrepancias cotidianas en el desenvolvimiento de la relación obrero-patronal.
Hemos venido librando luchas de impacto institucional fuerte que ninguna agrupación sindical interna se atrevió a dar. Ejemplo: la del salario mínimo intocable o, como comúnmente se ha venido denominando, inembargable.
Pronto circulará un documento informativo, amplio y detallado, sobre el fuerte accionar de ANEP al interior de la CCSS.
Con relación al candente tema del pago pendiente del reajuste salarial por costo de vida que está pendiente de ser honrado, y que entró a regir desde el 1 de enero de 2020, al contar ANEP ya con la suficiente autoridad moral y sindical para plantear su posición sobre el tema indicamos lo siguiente:
PRIMERO: La actual Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social tomó el acuerdo de honrar esa deuda salarial pendiente con su personal, acudiendo a sus plenas facultades jurídico-constitucionales. No tiene por qué existir duda alguna.
SEGUNDO: El reajuste por costo de vida pendiente de honrar tiene fuerte base jurídica. ANEP, y sólo ANEP, ha aportado ya dos elementos legales contundentes. Veamos:
No. 1: El reajuste en disputa se definió en el seno de la hoy extinta Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, firmando las partes el acta de rigor el día 17 de diciembre de 2019. El Código de Trabajo, en su artículo 695, señala: “…los acuerdos logrados por medio de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público serán vinculantes para las partes y al efecto las administraciones emitirán los actos administrativos necesarios para hacerlos efectivos en todo el sector público centralizado y descentralizado. (Adicionado mediante Ley Nº 9343 del 25 de enero del 2016, publicado en el Alcance N° 6, a La Gaceta Nº 16 de 25 de enero del 2016). Hablamos de que esta obligatoriedad jurídica formó parte del proceso de transformación integral del Código de Trabajo, conocido como la Ley de la Reforma Procesal Laboral, de la cual fue ANEP gestora y promotora fundamental, desde lo político-sindical, durante 17 años.
No. 2: El indicado acuerdo no debe enmarcarse dentro la regulación legal de corte ideológico-extremista conocida como la Regla Fiscal, pues ésta entró a regir en el año 2020 y, como indicamos en el párrafo anterior, el acuerdo salarial aludido tiene fecha 19 de diciembre de 2019.
TERCERO: La pretendida consulta que, y bajo las fuertes presiones presidenciales, ahora se saca de la manga la Junta Directiva de la CCSS, diciendo que le van a consultar a la Contraloría General de la Republica (CGR) si tal reajuste procede; no es más que una jugarreta política para intentar frenar el crecimiento cualitativo del descontento laboral del personal de la Caja; y, cuidado si no, ya estaría en desarrollo algún “compadre hablado” para que la CGR diga que no procede. En ANEP hace ya mucho tiempo, dejamos de confiar en las máximas autoridades políticas contraloras pues sus posiciones son muy ideológicas, por una parte; y, por otra, han estado mirando para otro lado mientras la deuda pública crecía escandalosamente, como escandalosamente ha venido creciendo el fraude tributario-fiscal. Ni lo uno, ni mucho menos otro, le importó a la CGR como correspondía.
CUARTO: A pesar de que, en honor a la verdad, debemos decirlo, la actual Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ha perdido mucha credibilidad y confianza obrero-sociales, ANEP piensa que nada tienen que ir a consultar a la Contraloría; y, por el contrario, deben “liberarse” de la amenaza presidencial pues están muy aferrados, jurídicamente hablando, a sus respectivos cargos, según la propia Ley Constitutiva de la CCSS que, prácticamente, los cataloga como “inamovibles”, una vez designados en los mismos y mientras dure el correspondiente mandato.
QUINTO: Por otra parte, ANEP tiene como altísima prioridad de su agenda de lucha la decisión final de la Junta Directiva de la Caja con relación al respecto al salario mínimo intocable, como lo ordena el Código de Trabajo. El plazo que les dio el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para que se sometieran a la Ley, a la Constitución y a los Derechos Humanos, está por vencerse; recordándole a cada uno de sus 9 integrantes que un eventual proceso judicial les podría acarrear multas multimillonarias que deberán erogar de sus propios y personales bolsillos.
SEXTO: Por segunda vez, hace ANEP un llamado a las principales autoridades sindicales y gremiales que se han estado pronunciando en esta situación, para establecer un equipo de trabajo con la finalidad de enfrentar, en unidad de acción coyuntural, este delicado proceso. Estaremos con línea telefónica abierta por si la sensatez se impone. El mandato de las bases dirigentes y diversas es “¡únanse!
San José, sábado 17 de setiembre de 2022.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
