La Seccional ANEP-Orquesta Sinfónica Nacional entregó este lunes, a cada uno de los y las integrantes de la orquesta, una copia del documento que acredita a la Sinfónica Nacional como Institución Benemérita de la Música y Cultura de Costa Rica
Autor: ANEP
Memoria Histórica ANEP #8: El artículo 98 Constitucional
En el año 1974, la Asamblea Legislativa discute la derogatoria del segundo párrafo del artículo 98 de nuestra Constitución Política, dado que “…no es hijo de la voluntad del pueblo costarricense…es hijo de la imposición del Departamento de Estado yanqui y más como una herramienta de la fatídica CIA…”
Para los partidos, sindicatos y vocerías de otros sectores que lucharon por su derogatoria, “…si esta disposición constitucional respondiera al modo de pensar y sentir de nuestro pueblo; no habría sido posible que don Manuel Mora V., ocupara una curul de diputados durante cuatro años, sin ninguna protesta, ni siquiera de la prensa de derecha de nuestro país…”
Es claro que durante 40 años el “progresismo” costarricense ha intervenido en la vida política de nuestro país, algunas veces desde la clandestinidad y en ocasiones han tenido fuerte influencia en las esferas oficiales, “…pero con sus hechos han demostrado su patriotismo y su apego al régimen democrático… por eso el pueblo les ha abierto el camino hacia el parlamento a pesar del párrafo segundo del artículo 98 constitucional…”
Repasemos la historia…
En el año 1946 el Ministro de Trabajo don Isaac Zúñiga Montufar, enteró al entonces diputado Manuel Mora Valverde, de la existencia de un documento que los agentes del Departamento de Estado, pretendían que fuera firmado por todos los presidentes de Centroamérica, para poner fuera de ley a los partidos políticos de izquierda, algunos países como El Salvador, Honduras y Nicaragua estarían dispuestos a firmarlo, incluyendo el presidente Picado de Costa Rica.
Pasaron unos años. Se produjo la Guerra Civil. Figueres entró a San José. Pero se encontró con una situación inesperada. La Embajada de los Estados Unidos le exigía poner fuera de ley a los “comunistas”, para permitirle mantenerse en el poder… La redacción de ese párrafo fue hecha por la Embajada. La Junta de Gobierno aprobó esa redacción, pero votaron en contra don José Figueres y el presbítero Benjamín Núñez.
La Asamblea Constituyente modificó la redacción propuesta por la Embajada, pero mantuvo la censura y la participación de las agrupaciones de izquierda en la política electoral, marea que también invadió a las organizaciones y agrupaciones político-sindicales de entonces.
En enero de 1968, cinco partidos políticos fueron ilegalizados por el artículo constitucional: Vanguardia Popular, Progresista Independiente, Socialista Costarricense, Agrarista y Alianza Popular Socialista.
El “Progresista Independiente” llevaba a la cabeza al Maestro García Monge, a quien se le prohibió participar; después la Asamblea Legislativa lo declaró con justicia Benemérito de la Patria.
El artículo 98 fue derogado a mediados de la década de 1970; para las elecciones nacionales del 74, emergieron varias agrupaciones y partidos políticos de nuevo cuño, una “izquierda” que también tendrá presencia en las organizaciones político-sindicales del contexto. La ANEP no fue la excepción.
Adalberto Fonseca Esquivel
Historiador
(Fuente. Periódico Libertad, enero 1968, p.1 / julio 1974, p.1)
ANEP solicita aclaración sobre aparante intención de despidos en la Municipalidad de Puntarenas
Salarios y costo de vida: Tema fundamental de la conmemoración histórica del Primero de Mayo
–Domingo primero de mayo a partir de las 8 de la mañana al pie del monumento a Juanito Mora, frente al edificio central de Correos de Costa Rica, San José.
En los actuales momentos, en el seno de la clase trabajadora el principal agobio es el altísimo costo de la vida. Hay graves problemas en el seno de las familias obreras de este país para sobrevivir, especialmente las de ingresos medios y bajos; y, muy dramáticamente, en los casos en que solamente se les paga el salario mínimo de ley y/o en las situaciones de restricciones de liquidez por el alto endeudamiento salarial.
De manera incuestionable, ligado a lo anterior está la grave situación de que no hay política salarial en este país, tan solamente aquella que ha venido imponiendo salarios a la baja, el congelamiento y la precarización de los mismos.
Es por tal razón que la Junta Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), definió que el tema fundamental para la conmemoración histórica del PRIMERO DE MAYO, debe ser el de los salarios vs. costo de vida.
La ANEP está invitando y convocando para el domingo 1 de mayo, con ocasión de la festividad obrera mundial del DÍA INTERNACIONAL DE LA CLASE TRABAJADORA, a fin de realizar una importante concentración de ciudadanía trabajadora y cívico patriótica; para dar a conocer un fuerte emplazamiento al nuevo Gobierno de la República y a la nueva Asamblea Legislativa, a fin de que se tomen acciones de política pública según corresponda para lo siguiente:
Una revisión estructural del actual nivel del salario mínimo en Costa Rica, con base en la estipulación que ordena la Constitución Política en su artículo 57: “Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna”. No hay bienestar ni existencia digna con la cuantía del salario mínimo en la actualidad.
Corregir la errática decisión impuesta por el gobierno neoliberal saliente, en cuanto a una única fijación anual para el sector privado, según desafortunada decisión “consensuada” en el Consejo Nacional de Salarios (CNS), órgano adscrito a la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Emitir fuerte ordenanza política al actual CNS para que éste, por una única vez y con carácter de reajuste extraordinario, emita una fijación especial para la segunda mitad del presente año habida cuenta del asfixiante costo de la vida: ni se reduce la carga tributaria excesiva por el costo de los combustibles y, ahora, se argumenta el conflicto bélico europeo para justificar la subida en el precio de alimentos y servicios básicos. Por ejemplo, los casos de obreros agrícolas (piñeros, bananeros y cañeros), choferes de autobús, vigilancia privada, comercio.
Desbloquear el pago del reajuste por costo de vida correspondiente al año 2021 que el Ministro de Hacienda actual, señor Elián Villegas Valverde, se negó a honrar en el caso de la clase trabajadora asalariada estatal, pese a contar con contenido financiero-líquido para pagarlo y que obligó a la ANEP a demandar en sede judicial (proceso en trámite), a tal jerarca.
Rehabilitar el funcionamiento de la Comisión de Políticas Salarial para el Sector Público. Instalada la misma, su prioridad debe ser abordar el tema de la precariedad salarial en sectores laborales como los cuerpos policiales, el personal de CEN-CINA y de Control de Manejo de Vectores del Ministerio de Salud, personal técnico y asistencial de la Seguridad Social (especialmente de la CCSS), vigilantes y personal de comedores escolares del sistema educativo público, entre otros en tal situación de extrema vulnerabilidad salarial.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Walter Quesada Fernández
Secretario General ANEP
ANEP prepara actividad para delegados, delegadas y seccionales de la CCSS
Salarios y costo de la vida
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
El nuevo Gobierno de la República debe, de manera ineludible, poner una seria y sólida atención al grave problema que representa para la clase trabajadora la creciente distancia entre el alto costo de la vida y el retroceso en el poder de compra de los salarios, tanto el que devengan quienes laboran en el sector privado como el que se ganan las personas trabajadoras estatales de ingresos medios y bajos.
Hay cuatro consideraciones fundamentales en este asunto que no admiten discusión alguna pues resultan verdades irrefutables: 1) La Costa Rica que recibirán las nuevas autoridades políticas, legislativas y ejecutivas es ya una sociedad golpeada por la desigualdad a todo nivel. 2) Tenemos un costo de la vida de los más altos de la América Latina, agravado por los acontecimientos bélicos que están ocurriendo entre Rusia, Ucrania y la OTAN (liderada por Estados Unidos). 3) No existe una política salarial, debidamente consensuada, técnicamente sustentada y, sobre todo, estratégicamente diseñada para aportar en la reducción de la desigualdad. 4) Unas finanzas públicas carcomidas por la corrupción tributaria, por el alto endeudamiento público y por el abusivo y obsceno pago de intereses diarios.
Así las cosas, es imprescindible que el nuevo mandatario, el señor Rodrigo Chaves Robles, tenga presente lo siguiente: A) Urge la realización de una revisión estructural con relación al salario mínimo para determinar si su nivel actual está en correspondencia directa con lo que ordena la Constitución Política de Costa Rica en su Artículo 57: “Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna”. Preguntémosle a una persona trabajadora agrícola, de plantaciones bananeras o piñeras si su salario mínimo actual le procura bienestar y existencia digna. Hagámosle la misma pregunta a un chofer de autobús, o a un vigilante de seguridad privada, o a una empleada de comercio. Por otra parte, se debe volver a la fijación semestral por ajuste de costo de vida. Gran error se cometió en el seno del Consejo Nacional de Salarios (CNS), cuando el gobierno actual impuso la fijación anual en tal sentido.
B) Para el caso de la clase trabajadora asalariada del Estado, es preciso lo siguiente: Pagar inmediatamente el reajuste por costo de vida impuesto, de manera unilateral, por el Gobierno saliente para el año 2021. Este lo decretó, lo presupuestó, lo financió, pero lo tiene retenido. ANEP tiene ya en sede judicial este problema, pero las nuevas autoridades pueden, actuando de buena fe, honrar tal compromiso político. Esto, para empezar. Por otra parte, hay grupos de personas servidoras públicas del Gobierno con salarios-base realmente miserables, tales como cuerpos policiales, programa CEN-CINAI y de Control de Manejo de Vectores, vigilancia y seguridad en centros educativos, entre otros. Hay que revisar esto y, a la vez, establecer una política salarial para el cuatrienio 2022-2026.
En este caso del Sector Público, el tema candente es, sin duda, la Ley Marco de Empleo Público, misma que deberá entrar en vigencia el 9 de marzo de 2023. El todavía Presidente electo ha anunciado su disposición a una negociación. Hay un grave problema salarial en perspectiva, entre otros factores que vulneran el servicio público en cuanto a su fuerza laboral. Pero, sin duda alguna, habrá que poner en mesa llegado el momento este pilar fundamental de la actual Carta Magna del país: “ARTÍCULO 34.- A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas”.
El destructor de vidas y sueños
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP
El destructor de vidas y sueños es el libro que ha escrito la ciudadana costarricense, empresaria y luchadora social Flora Fernández Amón. En la portada leemos: “Un libro basado en historias reales de las personas despojadas por el descalabro de la Corporación ALDESA”. En fecha próxima se hará la correspondiente presentación pública, es decir, su lanzamiento.
La ciudadana Flora Fernández Amón se ha preocupado en los últimos tiempos por hacernos del conocimiento de lo que ocurrió en esa firma empresarial de inversiones, luchando ella contra viento y marea, acompañada de otras estimables personas ciudadanas afectadas por cuanto, prácticamente, sus propios ahorros personales de muchos años, ya se dan por perdidos.
Las matrices mediáticas dominantes, las que están al servicio de la hegemonía político-económico neoliberal, se han encargado de ocultarle al gran público nacional, no solamente las verdaderas dimensiones financieras, pero especialmente sociales, de este escándalo; que, si bien estaría dentro de la esfera de lo privado, deja completamente al desnudo los errores, las complacencias y hasta la complicidad del sistema de política pública que debe ejercer la supervisión financiera cuando dineros del público se invierten en empresas como ALDESA.
Y es que gracias a la heroica y titánica tarea de Flora (así, coloquialmente mencionada como a ella le gusta que le llamen), hemos podido identificar a varias de las más connotadas personas involucradas en el descalabro de ALDESA; y, “curiosamente”, se trata de ciudadanos con vínculos, directos o indirectos, con esas matrices mediáticas dominantes y, por ende, con elementos de la clase política tradicional pues, incluso, son parte de la misma.
¡Debemos leerlo! Para quienes hemos estado en los diversos escenarios de la lucha social que se ha venido dando todos estos años, contrariando a un modelo económico altamente concentrador de riqueza, expoliador al máximo de los ingresos de los sectores trabajadores y de los sectores de la otrora pujante clase media, incluyendo personas dedicadas a la actividad empresarial micro-pequeña y mediana (como lo es el caso de Flora); este libro, verdadero documento histórico-denuncia, nos permite ahondar en el mundillo de la especulación financiera, uno de las características más notables de ese modelo económico concentrador de riqueza y arruinador-empobrecedor de las mayorías.
El libro escrito por Flora, El destructor de vidas y sueños, es presentado por el destacado intelectual costarricense, catedrático de las universidades de Costa Rica y Nacional, don Óscar Aguilar Bulgarelli. Ello es indicativo de la solidez argumentativa y de denuncia de este documento, pues don Óscar ha concitado un gran prestigio en la sociedad costarricense, lo cual eleva la calidad del libro en comentario.
La contraportada del libro nos provoca adentrarnos en su contenido dado que se señala con el dedo acusador a las entidades supervisoras del sistema financiero dominante, las cuales, tuvieron un débil y, prácticamente, nulo papel en prever los “malos caminos” que habría estado transitando ALDESA Puesto de Bolsa, arriesgando el dinero de las y de los inversionistas como doña Flora. Tales entidades tendrán, en algún momento, que ser sometidas al juicio de la historia y el libro de ella abona en tal dirección. Se habla del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y de Superintendencia General de Valores (Sugeval).
Felicitamos a Flora. Su libro, El destructor de vidas y sueños, ingresa al documental histórico de la resistencia en contra del desmantelamiento total del Estado Social de Derecho que nos fuera heredado y que se concretara en los textos sociales incorporados en la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, hoy amenazada de muerte por ataques de diversa procedencia hasta de su propio olimpo guardián.
ANEP presentó propuesta de Convención Colectiva en la Municipalidad de Turrubares
Caso Aldesa: «El destructor de vidas y sueños», libro de Flora Fernández
Victoria popular: Sobreseímiento definitivo
Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Don Célimo Guido Cruz y doña Xinia López Quesada, dos de los rostros más visibles del Movimiento Rescate Nacional, han recibido una sentencia de sobreseimiento definitivo de la acusación penal que, por orientación política fundamental de Carlos Alvarado Quesada, sufrieran a raíz de las acciones cívicas en el marco del concepto Democracia de la Calle, mostrando la fuerte oposición popular en contra del pacto del gobierno saliente con el Fondo Monetario Internacional (FMI); acontecimiento que tuvo lugar durante varios días de los meses de setiembre y de octubre del año 2020, en varios puntos del país.
También han resultado absueltos los ciudadanos que a continuación nombramos, destacados participantes del Movimiento Rescate Nacional: José Francisco Villalobos Rojas, Manuel Alfonso Porras Porras, José Miguel Corrales Bolaños, Edgar Arturo Porras Quirós, José María Oviedo Chaves y Óscar Gerardo Campos Chavarría (citados según orden de mención en la sentencia judicial).
Sobreseimiento significa terminar un proceso por considerar evidente la irresponsabilidad del inculpado o por falta de pruebas. Y en el caso que comentamos, ¡es definitivo!
Estamos de cara a una victoria del ejercicio democrático de la resistencia cívica, bajo el concepto sociopolítico de Democracia de la Calle, toda vez que en la sentencia judicial que comentamos se reconoce que el Movimiento Rescate Nacional organizó la propuesta popular enjuiciada “…contra distintas políticas públicas de carácter social y económico (Análisis de ventas de activos del Estado, negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, etc.”); y no motivados por las barbaridades que los acusadores pretendieron endilgarle a los hoy costarricenses sobreseídos definitivamente.
Alvarado y su camarilla neoliberal (que incluye al diputado saliente Carlos Ricardo Benavides Jiménez; así como a los principales medios practicantes del periodismo de odio), adujeron que se habían cometidos delitos tales como: asociación ilícita, apoyo y servicios para el terrorismo, intimidación pública y/o apología del delito.
Lo más relevante es que esta sentencia reconoce que la manifestación pública es un Derecho Humano fundamental que no requiere de permiso previo; como tampoco lo necesita el Derecho Humano fundamental de Libre Expresión.
Este párrafo de la sentencia es estratégico y fundamental y ayudará para traernos abajo la ley mordaza o ley anti-huelgas:
“Por lo tanto considera esta autoridad que la planificación de un movimiento social pacífico en la cual implica que se impidiere, obstruyere o dificultare, en alguna forma, el tránsito vehicular o el movimiento de transeúntes escapa de la aplicación del numeral 263bis (además que no existe en la administración un oficina para solicitar un permiso previo para manifestarse) sino que se está en el ejercicio legítimo de un derecho humano resguardado a nivel constitucional como supraconstitucional, y por lo tanto no se configuran los elementos del tipo penal investigado”.
Por el contrario, el principal acusador político del Movimiento Rescate Nacional, Carlos Alvarado Quesada, acumuló 17 causas penales entre el 2018 e inicios del presente año. Según la Fiscalía General de la República, se trata de investigaciones por los supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho propio, incumplimiento de deberes, prevaricato, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, malversación y nombramientos ilegales. ¿Se dará a la fuga?
