Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, junto a representantes del Ministerio de Trabajo, Policía de Migración y Extranjería, así como representantes de la ANEP, SITRAP y de la seccional agrícola ANEP-Finca Bella Vista, desarrollaron un conversatorio para identificar las principales falencias que encuentran los trabajadores migrantes para obtener permisos de trabajos y residencia costarricense.
Autor: ANEP
Trabajadores de los Concejos Municipales de Distrito de Cobano, Lepanto y Paquera se unen a la ANEP
Por constantes denuncias de irregularidades en AyA estarían negando licencia a dirigente sindical
Para la ANEP, la posición de la Gerencia de AyA de no mantener una licencia sindical, incluso sin goce salarial, tal y como se venía ejerciendo, es clara actitud de discriminación sindical, esto como represalia a las constantes denuncias de la seccional sobre anomalías y corrupción en el manejo de la institución.
Carta a los candidatos: reactivación económica, generación de empleo y política salarial
El pasado 14 de febrero, la ANEP envió una carta a los dos candidatos presidenciales José María Figueres (PLN) y Rodrigo Chaves (PSD), con los principales temas país de acción inmediata, una vez, que inicie el próximo gobierno. En una serie de videos le contaremos el contenido de los principales puntos abordados en el documento.
Pese a inocencia, demandantes de Albino Vargas insisten en apelar sentencia absolutoria
ANEP afina proceso para defensa de los derechos laborales
Banco Popular ¿Banco obrero?
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Quizás sea este el momento propicio para que hablemos del más que importante Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC); involucrado cómo está en la crisis fiscal en desarrollo, dado su papel de relevante acreedor del Gobierno Central, comprándole a éste impresionantes cantidades en bonos de deuda pública.
Al menos, 4.25 puntos PIB es el monto equivalente de la plata de las pensiones que administra este banco, “invertida” comprándole bonos de deuda pública al casi quebrado Gobierno.
Cifras publicadas al respecto, indican, exactamente, que se trata de un millón setecientos noventa y nueve mil millones de colones (1.799.000.000.000), que están “en papel”, en esos bonos de deuda pública cuya sobrevivencia financiera plantea diversas interrogantes.
En realidad, esta cifra asusta pues está cerca a los 3 mil millones de dólares USA.
Pensamos que la inmensa mayoría de la clase trabajadora cotizante obligada del Banco Popular, tanto del sector público como del privado, no tiene ni la más mínima noción acerca de las operaciones financieras de esta entidad, diversas y complejas y no exentas de riesgos.
La atinada idea original de un banco obrero parece haber sido transformada para ser parte componente o factor estructural de una hegemonía ideológica y político-financiera que no tiene en la promoción del bien común y en la real inclusión social, la centralidad fundamental de su existencia.
Lo que se estableció como la fuente original del poder en el seno del Banco Popular, su Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras, con su integración multisectorial; parece que, en el plano de lo real, está en gran fragilidad y sumida en una formalidad insustancial.
El real poder en el BP está en otra parte, menos en su estructura formal.
Definitivamente, se impone la necesidad de que la generalidad de la parte obrera cotizante del Banco Popular, se organice al margen de su estructura formal, a fin de establecer un proceso de fiscalización, civilmente autónomo, que produzca elementos independientes para valorar la seguridad financiera institucional en un escenario de crisis fiscal de proporciones y consecuencias insospechadas.
No es descabellado plantearse que, en el marco de las condiciones actuales, político-estructurales y tributario-fiscales, adversas en grado sumo al mundo obrero-social; tengamos que repensarnos el Banco Popular en sus posibles conexiones de relación directa con el bienestar del pueblo trabajador; como, por ejemplo, su relación con el Sistema de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Primera ronda: el 73.94% ni por Figueres ni por Chaves
Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
3.541.908 (3 millones 541 mil 908 personas): este es el número total de personas con derecho a votar en las actuales elecciones nacionales. En cuanto a la primera ronda de elecciones presidenciales, resaltamos este dato: 571.518 personas votaron por don José María Figueres Olsen para la Presidencia de la República. Y, el segundo más votado, don Rodrigo Chaves Robles, obtuvo 351.453 votos. Juntos, es decir, sumados ambos, lograron 922.971 votos del total del padrón electoral nacional.
Esto quiere decir que hubo un total de 2.618.937 (2 millones 618 mil 937) personas que no votaron por Figueres y tampoco votaron por Chaves. Es decir, no fueron a votar del todo (41% abstencionistas); votaron por otros o por otras; votaron nulo; votaron en blanco.
Don José María y don Rodrigo, juntos, apenas lograron el 26.05% del total del padrón electoral. O bien, al 73.94% no les gustó ninguno de los dos.
Veámoslo de esta manera: los 571 mil 518 votos que obtuvo don José María, apenas representan el 16.13% del total de votantes del padrón nacional. Su contrincante de segunda ronda, don Rodrigo, apenas logra el 9.92% del total nacional de personas habilitadas para ejercer el voto.
Estamos absolutamente de acuerdo en que, en ambos casos, el resultado electoral es legítimo. O más bien, formalmente legítimo. Sin embargo, estos números marcan gran distancia entre legitimidad formal y legitimidad real.
El próximo 3 de abril, las 3.541.908 personas electoras, por segunda vez, están convocadas para las elecciones presidenciales en segunda vuelta. Finalmente, sabremos cuál de los dos (Figueres o Robles), será el nuevo Presidente de la República.
Visto el asunto con un lente social, un elemento contundente que causa gran preocupación serán las nuevas cifras del abstencionismo; especialmente, si éste puede superar las que se mostraron en primera ronda. El abstencionismo surgió ya como el “partido más votado” y, necesariamente, merece un profundo estudio.
Como bien se sabe, en segunda ronda bastará un solo voto de diferencia para que haya ganador. La contundencia de la victoria de uno sobre el otro, emerge como un segundo elemento de gran incógnita para poder definir cuál será el nivel de legitimidad real que obtendrá el nuevo presidente de la República.
Terminada la elección presidencial, sea cual sea su resultado; y, quedando establecida ya la naturaleza político-ideológica dominante en el nuevo parlamento, se abre un tercer elemento dentro de este conjunto de incógnitas que lanza el proceso electoral nacional: ¿habrá algún nivel de re-articulación de la amplia diversidad de sectores sociales, considerando que el desafío estratégico de atajar el crecimiento de la desigualdad y de la exclusión será imposible sin movilización ciudadana responsable?
El período gubernativo por abrirse, 2022-2026, encuentra a las nuevas autoridades con las inmorales obligaciones financieras de la deuda pública por el orden de, en promedio, 7 mil millones de colones diarios.
Mantenerse dentro de los ámbitos ideológicos de sesgo totalitario que en lo fiscal-tributario ha impuesto la tiranía neoliberal dominante en las últimas administraciones, va a generar fuertes colisiones en la sociedad, gústenos o no.
Las personas líderes sindicales son defensoras de Derechos Humanos
Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
¡Contundente! La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), emitió el pasado 5 de mayo de 2021, su Opinión Consultiva OC-27/21, sobre los Derechos a la Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Huelga, y su relación con otros derechos, con Perspectiva de Género (subrayado nuestro); estableciendo que las personas líderes sindicales que se dedican a la defensa de los derechos e intereses laborales de los trabajadores y de las trabajadoras, realizan funciones como defensoras de Derechos Humanos.
Por diversas razones, la función sindical en Costa Rica ha sido profundamente desvalorizada, descalificada, denigrada, calumniada, injuriada, difamada y satanizada.
Ser persona dirigente sindical en nuestro país, ha sido convertido en uno de los “peores” quehaceres del desarrollo de la sociedad; particularmente, en los últimos años, la acción de prensa ejercida por el oligopolio de la hegemonía mediática del capital, ha convertido la función sindical como una actividad de sesgo cuasi-mafioso, como si fuese un ejercicio en el ámbito de la ilegalidad.
Este fallo de la Corte IDH llega, por tanto, en un momento más que oportuno pues dada la naturaleza del compromiso histórico y sociopolítico del país con los Derechos Humanos, no tiene más remedio Costa Rica que acatar, en todos sus extremos, los contenidos de la Opinión Consultiva OC-27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Estamos en las puertas de un interesante y más que necesario proceso para que la figura y el rol de la persona líder o lideresa sindical, sea reivindicada, sea limpiada, sea justipreciada en el seno de la sociedad costarricense; particularmente, librada del lodo mediático que se le ha echado encima por tantas campañas de corte antisindical desplegadas en varias circunstancias y coyunturas históricas, dentro de las cuales, por ejemplo, la del empleo público ha estado y sigue estando al rojo vivo.
Costa Rica ha firmado todos y cada uno de los tratados, tanto universales como continentales en materia de Derechos Humanos (DD.HH.). En todos ellos, se estipula el ejercicio de la Libertad Sindical como Derecho Humano fundamental.
Ahora, la Opinión Consultiva OC-27/21 de la Corte IDH, materializa el poder político de este tipo de tratados en materia de Libertad Sindical, declarando a la persona líder o lideresa que defiende derechos laborales, como persona defensora de Derechos Humanos. Es éste el significado trascendental de lo que estamos comentando.
Merece destacarse que, a nivel del continente americano, la pertenencia del país al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, le obliga a un acatamiento rigurosísima de los contenidos de los fallos y/o de las opiniones consultivas como la que ocupa el presente comentario.
Costa Rica, con sus compromisos con los DD.HH. ha avanzado a tal nivel que, no solamente los diferentes tratados los ha ratificado, parlamentariamente hablando, convirtiéndolos en leyes de la República; sino que, ha legislado para indicar, sin reparo alguno, que se somete a los dictados judiciales que deriven de esos tratados, respetándolos a cabalidad. Por lo menos, a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, esto es así.
Es de tal calibre y profundidad los compromisos de Costa Rica con los DD.HH., que al país se le ha otorgado la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), físicamente ubicada en el barrio Los Yoses, de la capital, San José.
El impacto de esta decisión de la Corte IDH que, repetimos es de obligado acatamiento para todas las autoridades políticas del país, tiene alcances insospechados pues se extiende al tema de la huelga, al tema de la negociación colectiva; y, además, plantea el ejercicio de la acción sindical activa con perspectiva de género.
Sin duda alguna, quienes practicamos el sindicalismo de manera cotidiana, tenemos sobrados motivos para celebrar; y, por supuesto, tendremos que escribir más para posicionar el tema con toda su fuerza, así como sus impactos en las conciencias obreras y en las mentes cívicas sanas de nuestro país. Estamos en puertas de un cambio profundo en la vida sindical del país.
