Autor: ANEP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

“ARESEP archivó estudio tarifario de oficio para el servicio de acueducto del AyA”, es el título del comunicado de prensa que, con fecha 20 de enero en curso, emitió la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), en el cual leemos esta especie de sentencia política que, con toda sinceridad, nos causa escalofríos:

“…la ausencia total o parcial de la información solicitada al AyA, específicamente en materia de inversiones, atenta contra la prestación óptima y continuidad del servicio de acueducto”.

Nos preguntamos: ¿Se le oculta información a la ARESEP? ¿Existe alguna conjura contra la estabilidad y contra la transparencia institucional? ¿Será que, de manera deliberada, habrá alguna orientación política perversa para que AyA no preste en condiciones óptimas y con la necesaria continuidad el servicio de acueducto?

Estamos obligados a pensar lo peor, considerando que la hegemonía política dominante en el seno del actual Gobierno de la República es la del todo mercado-nada Estado, de manera tal que un fracaso estratégico de AyA, por una parte; y que, por otra, tal fracaso se vuelva irreversible, es una extraordinaria oportunidad para privatizarlo.

Esta presunción nuestra exhibe toda su potencia cuando leemos en el indicado comunicado de la Aresep lo siguiente: “… de continuar la situación descrita representa un riesgo muy alto para la continuidad del servicio y la atención de nuevas inversiones en el mediano plazo, dado que esas inversiones realizadas en los últimos cinco años no han sido capitalizadas vía tarifa, significando una carga financiera excesiva por el alto costo de la deuda y la demanda de flujos para el repago de la obligación, y que de continuar con esta práctica le restará capacidad de gestión de nuevas inversiones para atender la gran cantidad de problemas de infraestructura que aquejan al servicio que prestan”.

Particularmente, para la ARESEP es muy necesario realizar una fiscalización técnica, financiera y de gestión de todos los proyectos de inversión que fueron aprobados por la Junta Directiva de AyA para el período 2016-2020; es decir, durante los gobiernos de Luis Guillermo Solís Rivera y de Carlos Alvarado Quesada, ambos del Partido Acción Ciudadana (PAC).

¿Será el PAC el “enterrador” de AyA, aunque bien sabemos del gran poder que tienen en la gestión institucional, mandos de alto relieve y de gran peso jerárquico muy afines al bipartidismo tradicional PLUSC?

¡Qué va! La conjura contra la institucionalidad de AyA tiene fuerzas oscuras muy enraizadas en esta entidad, considerando que el agua representa un negocio de gigantescas ganancias. Si no, cómo nos explicamos que nunca se ha viabilizado que la institución venda agua embotellada.

Por el contrario, de sus propias fuentes y manantiales se nutre el actual alto corporativismo empresarial privado, que realiza ese gran negocio que es el servicio de provisión privada de ese vital líquido para todas las formas de vida, especialmente la humana.

En lo concreto inmediato, ARESEP archivó el reciente estudio tarifario de AyA, puntualizando tres razones que, al analizarlas de manera concienzuda, nos muestran que es imposible que haya tal impericia en sus niveles de alta gerencia y de selecto profesionalismo, a no ser, repetimos, de malas intenciones ocultas. Dice ARESEP:

• No se justificó ni se dio trazabilidad a los proyectos de inversión que realizó el AyA durante los últimos 5 años.

• No capitalizó el 54,7% de los recursos aprobados vía tarifa para proyectos de inversión para el periodo 2019 (₡14.560 millones), además de que no aportó la debida justificación o su aplazamiento para periodos subsiguientes.

• No presentó las justificaciones técnicas que permitan respaldar las variaciones significativas entre los montos proyectados de las inversiones y el monto real ejecutado.

Lleva ya bastantes meses la corriente sindical en la cual militamos, a través de su expresión concreta a nivel interno de AyA, denunciando de manera sistemática y con fuerte solidez argumental y documental, la gravedad de la situación que está viviendo el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; al punto de que creemos que es la grave de toda su historia, desde que éste fuera establecido mediante la ley de la República No. 2726, de 14 de abril de 1961, bajo la administración Echandi Jiménez.

Conscientes de que AyA está ante el peligro más grave de toda su historia, damos fe de nuestro compromiso sindical para aportar, con sentido estratégico, todo lo que podamos en su defensa, ofreciendo al apoyo más decidido en tal sentido a sus fuerzas internas sanas, en el plano obrero, técnico-profesional y político, de la mano con las comunidades y bajo el alero inspirador del Sindicalismo Ciudadano que hemos adoptado para esta parte de nuestro quehacer por una verdadera Democracia.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Durante las últimas semanas hemos venido haciendo un gran esfuerzo, para sensibilizar en el ámbito de la lucha social y sindical que ocupa nuestro quehacer diario, el significado de la palabra plutocracia.

Al colocar este vocablo en el buscador digital Google, encontramos las dos siguientes definiciones: “Forma de gobierno en que el poder está en manos de los más ricos o muy influido por ellos”. Y, “Clase social formada por las personas más ricas de un país, que goza de poder o influencia a causa de su riqueza”.

Muchas personas en este país, incluido quien esto escribe, tenemos la certeza de que las políticas públicas, especialmente las económicas, que se han venido impulsando en las últimas administraciones gubernativas, responden a los intereses de grupos plutocráticos; interesados éstos en una apropiación total, por diferentes mecanismos, de servicios públicos y de empresas públicas que ofrecen jugosas rentas. Esto, por una parte.

Por otra, hay una concatenación ideológica entre esa finalidad y lo que viene planteando el neoliberalismo como plataforma político-programática para la asunción plena de las relaciones sociales en la comunidad, por parte del mercado y, por ende, del retiro del Estado de la mayor cantidad posible de ámbitos de desempeño, directo e indirecto.

Para el caso costarricense, la plutocracia ha logrado permear los otrora principales partidos políticos que han venido administrando la cosa pública en los últimos 30 años; básicamente a Liberación Nacional y a la Unidad Socialcristiana. Pero, lo que a no pocos sorprendió, ha logrado controlar al Partido Acción Ciudadana, notablemente así constatable con la gestión presidencial del señor Carlos Alvarado Quesada.

Pero, ¿es posible saber con exactitud quiénes son esas personas, de carne y hueso, que forman parte de la plutocracia en Costa Rica? ¡Sí! Por ende, se podría constatar que, de un modo u otro, tendrían responsabilidades políticas directas en el desastre nacional actual que nos tiene como uno de los diez países más desiguales del planeta.

Ahora bien, pensamos que esto de personalizar a la plutocracia es una tarea que va a quedar pendiente, dado que requiere de mucho cuidado y de gran exactitud. Lo que sí es real es que es algo urgente acometerla.

A los y a las plutócratas, gente de carne y hueso como uno, sí resulta posible empezar a identificarles a partir de las actividades económico-lucrativas en que se vienen desempeñando; destacando las mismas por su impacto en la sociedad. Veamos algunos pocos ejemplos, aunque “sustanciosos”:

Sin duda alguna, la plutocracia se muestra desde algunas corporaciones del negocio de las noticias, lo que hemos dado en llamar latifundios mediáticos.

En el sector financiero-bancario y su expresión de operación cotidiana, el mercado bursátil, la plutocracia tiene gran presencia. De hecho, se considera a este sector el realmente hegemónico-político dominante y de gran peso en los gobiernos de turno. En Costa Rica, se señala a la denominada Asociación Bancaria Costarricense (ABC), como la expresión de organización formal de la plutocracia financiera.

En el Régimen de Zonas Francas, la plutocracia encuentra una fuente de poder que ha venido incidiendo muy fuerte en los gobiernos de turno y en los sucesivos parlamentos. Las zonas francas son un tema tabú. Ni una milésima de impuesto tributario solidario, al menos, tiene viabilidad política.

Encuentra uno poderes plutocráticos en los procesos de compras del Estado. Particularmente, una reconocidísima marca de carros suele ganar todas y cada una de las licitaciones y a la familia dueña de la franquicia se le considera de mucha influencia en la esfera política tradicional.

En el negocio inmobiliario, la plutocracia tiene bastante asidero. Alquileres de edificios al Estado, proyectos multimillonarios de vivienda, la construcción-venta de condominios y edificios inteligentes, muestran a personajes que, aunque se esfuerzan por permanecer ocultos, algunos son bastante conocidos, pues han dejado en la ruina a no pocos inversionistas pequeños y medianos.

La evasión de impuestos, la elusión del pago de tributos, el sistema de exenciones y exoneraciones, ha generado poderes plutocráticos. Es indudable que a algún lado van a parar los, al menos, 6 puntos de Producto Interno Bruto (PIB), que al año el fisco no puede captar, considerando que el sistema tributario costarricense es radicalmente injusto y vergonzosamente corrupto. Hay plutocracia aquí, sin duda.

En la gestión de construcción y de infraestructura vial, se generaron plutocracias, las que, por presunta corrupción y comisión de ilícitos quedaron con sus principales rostros en el ojo público durante muchos días del año pasado 2021. Ya se conocía cómo ejercían influencia en los gobiernos de turno, incluido el actual.

Como es lógico suponer, la identificación plena de los y de las plutócratas, los nichos de mercado que controlan, así como la vastedad y la profundidad de sus influencias políticas, es una cuestión que no ha sido investigada con plenitud.

Lo aquí indicado parte de una percepción producto del cotidiano seguimiento que procuramos hacer de la evolución de los más relevantes movimientos dentro de la realidad nacional. Sin duda, estamos de cara a una tarea cívica de corte estratégico.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Al digitar la palabra tabú, el buscador Google nos muestras estas dos definiciones: 1) Prohibición de comer o tocar algún objeto, impuesta por algunas religiones polinésicas. 2) Prohibición de hacer o decir algo determinado, impuesta por ciertos respetos o prejuicios de carácter social o psicológico.

Quienes en Costa Rica mandan, realmente, muestran una gran hipersensibilidad política cuando el asunto del régimen de Zonas Francas aparece en la agenda del debate público.

A quien lo plantee, se le vienen en contra como en manada, desplegándose una jauría de escribidores, de amanuenses que le lapidan, metafóricamente hablando. El tema de las zonas francas es un tema tabú en el país.

Semanario Universidad publicó por estos días un reportaje que, rompiendo tal tabú, abre muchísimo espacio para que nos preguntemos muchas cosas acerca del tema de las zonas francas: “Presidente de UCCAEP estrenó 4 empresas de Zona Franca en histórico ingreso al régimen libre de impuestos”, por una parte; y, por otra, “12 de 20 empresas que migraron de pagar impuestos hacia Zonas Francas son ticas”. Son estos los titulares de las dos notas de prensa del reportaje en mención.

En el seno del mundo de los y las de abajo, que somos la mayoría en este país, siempre se ha creído que el Régimen de Zonas Francas es para que vengan al país inversionistas del exterior; capitalistas extranjeros que reciben grandes “estímulos” en cuanto a exonerarlos de que paguen impuestos (especialmente, el de la renta), a fin de que, básicamente, generen trabajos y bien remunerados.

En principio, no habría por qué oponerse ni criticar que eso sea así. Aunque, como ya se sabe, los niveles de concentración de riqueza a nivel planetario son tan descomunales, especialmente en el ámbito de las empresas multinacionales, que algo de eso podría estar cambiando en los próximos años. Y las megacorporaciones ubicadas en zonas francas podrían ser gravadas para que paguen alguito en materia de impuestos en los países donde explotan fuerza obrera.

Cuesta, entonces, comprender que empresarios criollos, capitalistas nacionales, instalen sus negocios en esas zonas francas y, por tanto, queden exonerados de pagar los impuestos que han venido cancelando (y si es que lo han venido haciendo como se debe), por estar sus empresas en lugares geográficos del territorio nacional que están sujetos a tributos como el de la renta.

Luego de tantos meses y meses de un furibundo ataque contra el sistema salarial del empleo público, dentro de lo cual ha sido satanizado el asunto de los pluses salariales; que un empresario nacional pase su negocio a un régimen de zona franca exonerado de impuestos, ¿no es acaso un plus de otro tipo para que agrande la cuantía de plata en su bolsillo y el monto de su capital?

Bien haría el presidente de la UCCAEP, gremio empresarial muy militante en contra del sistema salarial del empleo público, explicarle a la opinión pública eso de que su presidente “…estrenó 4 empresas de Zona Franca en histórico ingreso al régimen libre de impuestos”, según nota de prensa de Semanario Universidad. Él, don José Álvaro Jenkins, no pudo ser localizado para que diera su versión pues estaba “en un lugar con poco acceso a Internet”. ¿Han de creer ustedes esto?

Esto es parte del tabú que implica, en Costa Rica, hablar del tema del Régimen de Zona Franca, el cual, por cierto, tienen grandes defensores dentro de la clase política del PLUSC-PAC y “partidos” adjuntos a la misma.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)

Al considerar la actual realidad política, social y económica de la Costa Rica del Bicentenario; y, a las puertas de unas elecciones presidenciales y diputadiles que, con sinceridad hay que admitirlo, nada bueno prometen para la abrumadora mayoría del pueblo costarricense; conviene posicionar el accionar obrero-social organizado en sindicatos como una poderosa y oportuna herramienta de lucha a fin de que, al menos, le cerremos el paso al avance impetuoso de la desigualdad social y económica que nos han impuesto los y las de arriba; gente, que pertenece a la plutocracia, que quiere lanzarnos al abismo de la desesperanza total que supondría el triunfo definitivo de las fuerzas del mercado totalitario.

Pero, ¿cuál debe ser el accionar obrero-social organizado en sindicatos? He aquí el punto que marcan nuestras convicciones luego de tantos años de participación activa en las luchas sociales de estos tormentosos tiempos contemporáneos, bajo bandera sindical.

Hablamos, en consecuencia, de lo que podemos denominar como Sindicalismo Sociopolítico a fin de diferenciarlo del sindicalismo corporativo-gremialista que solamente ve el árbol y no el bosque; aunque éste, a veces, haga gala de una palabrería y de una fraseología desafiante del dogma neoliberal, pero termina acomodado, alineado, a él.

Adicionalmente, es absolutamente incuestionable que el monopolio de la política dejó de ser patrimonio exclusivo de los partidos políticos. Se sabe de esto ya desde hace bastante tiempo y, por tanto, no estamos descubriendo el agua tibia.

Lo que pasa es que si consideramos que hay 25 partidos políticos disputándose la Presidencia de la República para las elecciones del próximo domingo 6 de febrero de 2022; la relevancia de la organización obrero-social que trasciende lo corporativo-gremial, emerge con toda potencia.

Al menos, en el tránsito hacia la construcción del nuevo sujeto histórico destinado a relevar el totalitarismo de mercado, para dar paso a una sociedad de real inclusión social y económica, inspirada en el bien común.

Así planteado, ¿qué es el sindicalismo sociopolítico que practica la ANEP?

Es la acción centrada en el fomento, en la defensa y en la promoción de los derechos laborales, económicos y sociales de las personas trabajadoras, asalariadas o no asalariadas; con base en el sistema jurídico-legal nacional y el derecho internacional en la materia. Además, buscamos incidir en el rumbo del país hacia la conquista de una sociedad realmente democrática, de buen vivir, con sólido fundamento en la doctrina universal de los Derechos Humanos; a través del estudio, de la propuesta alternativa, de la formación y de la capacitación político-sindical; de la construcción de organización de base, de la promoción del diálogo social real y/o de la movilización sustentada en los conceptos de la Democracia de la Calle y de los fundamentos del Sindicalismo Ciudadano.

Noten ustedes que el Sindicalismo Sociopolítico que practica la ANEP, está integrado por dos elementos fundamentales.

UNO: el tema de los derechos laborales, económicos y sociales: fomento, defensa y promoción, según nuestras leyes y el Derecho Internacional en la materia.

DOS: la incidencia en el rumbo del país para que tengamos una sociedad realmente democrática: estudiando, proponiendo alternativas, formación y capacitación político-sindical, organización de base, movilización y alianza con la ciudadanía.

Ante el fuerte ataque que vivimos hacia las conquistas sociales que (como dato ya aceptado por todo mundo), nos tiene como uno de los diez países más desiguales del mundo; la doctrina fundamental de los Derechos Humanos (de primera generación, así como los de segunda y hasta los de tercera y cuarta), nos dan una fuerte base de lucha de contenido sólido para estos duros tiempos del todo mercado-nada Estado.