Memoria histórica #3: “La lucha salarial”

En los finales de la década de los 70’s, del siglo precedente, en la administración Oduber Quirós (1974-1978), la ANEP como organización emblema de los trabajadores del sector público “…con estudios económicos serios que nos respaldan…se apresta a la lucha por mantener a flote los niveles salariales dentro del creciente mar de precios…”.

Para el sindicato los índices oficiales subieron más en 1977 que en 1976; desde luego el incremento inflacionario en los precios, “…ha repercutido ostensiblemente en los ingresos reales del pueblo, cada vez se puede comprar menos, aunque hayan aumentado los salarios…” Dentro los trabajadores el clamor es aumento del salario y congelamiento de precios…sin embargo, donde no hay coincidencia entre los empleados públicos es en los métodos de lucha, para obtener estas reivindicaciones elementales…

“…con frecuencia muchos empleados públicos se mantienen indiferentes, totalmente al margen y no se afilian siquiera a la ANEP; pero no porque no sufran en su propia humanidad los efectos deteriorantes del sistema económico en que vivimos, sino porque les invade el temor de emprender la lucha y prefieren beneficiarse con el trabajo de otros…son los aprovechadores…”

Para la Organización sindical, el tema ha cambiado paulatinamente y cada día, “…el empleado público se percata de que las primeras luchas de la clase trabajadora son sus salarios…el trabajo sindical es escuela para librar luchas superiores de la clase trabajadora…cada empleado público debe integrarse participando activa y responsablemente en las actividades que nos lleven a conseguir el aumento salarial que rija a partir de 1978…”

Han pasado más de cuatro décadas -44 años para ser exactos-, de esta referencia al llamado de organizarse y procurar mejores condiciones socioeconómicas para las y los trabajadores.

El texto expresa que desde siempre el tema salarios y costo de vida en el país, han sido guía y motor de los emprendimientos sindicales.

Una lucha que, en la actualidad sigue siendo prioritaria. Además, denota el comportamiento de las administraciones que han asumido el poder de la República. Cuatro décadas después, el tema salarios y sobrevivencia, mantiene la misma vigencia y urgencia que en ese entonces.

Destacan, la resistencia del empleado o funcionario público a organizarse y emprender las luchas, sea en o con la ANEP, u otras organizaciones, y desde luego, una enorme sombra casi inexpugnable la que cubre a cientos de miles de trabajadores(as) del sector privado, el cual es un tema espinoso para cualquier gobierno, abismo que se profundiza con la presencia insensible de la transnacionalización de nuestra economía.

Adalberto Fonseca E.

Historiador

(fuente: Periódico Unidad, p.2, año 1978)

Estudiantes de la UCR buscan dotar de mejor acceso de información a trabajadores migrantes

Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, junto a representantes del Ministerio de Trabajo, Policía de Migración y Extranjería, así como representantes de la ANEP, SITRAP y de la seccional agrícola ANEP-Finca Bella Vista, desarrollaron un conversatorio para identificar las principales falencias que encuentran los trabajadores migrantes para obtener permisos de trabajos y residencia costarricense.

Trabajadores de los Concejos Municipales de Distrito de Cobano, Lepanto y Paquera se unen a la ANEP

Bajo el nombre de la seccional ANEP-Municipal Peninsular, y con el objetivo de defender sus derechos laborales, Trabajadores de los Concejos Municipales de Distrito de Cobano, Lepanto y Paquera se unen a nuestra organización.

Por constantes denuncias de irregularidades en AyA estarían negando licencia a dirigente sindical

Para la ANEP, la posición de la Gerencia de AyA de no mantener una licencia sindical, incluso sin goce salarial, tal y como se venía ejerciendo, es clara actitud de discriminación sindical, esto como represalia a las constantes denuncias de la seccional sobre anomalías y corrupción en el manejo de la institución.

Carta a los candidatos: reactivación económica, generación de empleo y política salarial

El pasado 14 de febrero, la ANEP envió una carta a los dos candidatos presidenciales José María Figueres (PLN) y Rodrigo Chaves (PSD), con los principales temas país de acción inmediata, una vez, que inicie el próximo gobierno. En una serie de videos le contaremos el contenido de los principales puntos abordados en el documento.

Pese a inocencia, demandantes de Albino Vargas insisten en apelar sentencia absolutoria

La próxima semana, el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes, deberá acudir a los Tribunales de Justicia a enfrentar la apelación de la sentencia absolutoria por el delito de instigación.

Banco Popular ¿Banco obrero?

Albino Vargas Barrantes

Secretario General

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Quizás sea este el momento propicio para que hablemos del más que importante Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC); involucrado cómo está en la crisis fiscal en desarrollo, dado su papel de relevante acreedor del Gobierno Central, comprándole a éste impresionantes cantidades en bonos de deuda pública.

Al menos, 4.25 puntos PIB es el monto equivalente de la plata de las pensiones que administra este banco, “invertida” comprándole bonos de deuda pública al casi quebrado Gobierno.

Cifras publicadas al respecto, indican, exactamente, que se trata de un millón setecientos noventa y nueve mil millones de colones (1.799.000.000.000), que están “en papel”, en esos bonos de deuda pública cuya sobrevivencia financiera plantea diversas interrogantes.

En realidad, esta cifra asusta pues está cerca a los 3 mil millones de dólares USA.

Pensamos que la inmensa mayoría de la clase trabajadora cotizante obligada del Banco Popular, tanto del sector público como del privado, no tiene ni la más mínima noción acerca de las operaciones financieras de esta entidad, diversas y complejas y no exentas de riesgos.

La atinada idea original de un banco obrero parece haber sido transformada para ser parte componente o factor estructural de una hegemonía ideológica y político-financiera que no tiene en la promoción del bien común y en la real inclusión social, la centralidad fundamental de su existencia.

Lo que se estableció como la fuente original del poder en el seno del Banco Popular, su Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras, con su integración multisectorial; parece que, en el plano de lo real, está en gran fragilidad y sumida en una formalidad insustancial.

El real poder en el BP está en otra parte, menos en su estructura formal.

Definitivamente, se impone la necesidad de que la generalidad de la parte obrera cotizante del Banco Popular, se organice al margen de su estructura formal, a fin de establecer un proceso de fiscalización, civilmente autónomo, que produzca elementos independientes para valorar la seguridad financiera institucional en un escenario de crisis fiscal de proporciones y consecuencias insospechadas.

No es descabellado plantearse que, en el marco de las condiciones actuales, político-estructurales y tributario-fiscales, adversas en grado sumo al mundo obrero-social; tengamos que repensarnos el Banco Popular en sus posibles conexiones de relación directa con el bienestar del pueblo trabajador; como, por ejemplo, su relación con el Sistema de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Primera ronda: el 73.94% ni por Figueres ni por Chaves

Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

3.541.908 (3 millones 541 mil 908 personas): este es el número total de personas con derecho a votar en las actuales elecciones nacionales. En cuanto a la primera ronda de elecciones presidenciales, resaltamos este dato: 571.518 personas votaron por don José María Figueres Olsen para la Presidencia de la República. Y, el segundo más votado, don Rodrigo Chaves Robles, obtuvo 351.453 votos. Juntos, es decir, sumados ambos, lograron 922.971 votos del total del padrón electoral nacional.

Esto quiere decir que hubo un total de 2.618.937 (2 millones 618 mil 937) personas que no votaron por Figueres y tampoco votaron por Chaves. Es decir, no fueron a votar del todo (41% abstencionistas); votaron por otros o por otras; votaron nulo; votaron en blanco.

Don José María y don Rodrigo, juntos, apenas lograron el 26.05% del total del padrón electoral. O bien, al 73.94% no les gustó ninguno de los dos.

Veámoslo de esta manera: los 571 mil 518 votos que obtuvo don José María, apenas representan el 16.13% del total de votantes del padrón nacional. Su contrincante de segunda ronda, don Rodrigo, apenas logra el 9.92% del total nacional de personas habilitadas para ejercer el voto.

Estamos absolutamente de acuerdo en que, en ambos casos, el resultado electoral es legítimo. O más bien, formalmente legítimo. Sin embargo, estos números marcan gran distancia entre legitimidad formal y legitimidad real.

El próximo 3 de abril, las 3.541.908 personas electoras, por segunda vez, están convocadas para las elecciones presidenciales en segunda vuelta. Finalmente, sabremos cuál de los dos (Figueres o Robles), será el nuevo Presidente de la República.

Visto el asunto con un lente social, un elemento contundente que causa gran preocupación serán las nuevas cifras del abstencionismo; especialmente, si éste puede superar las que se mostraron en primera ronda. El abstencionismo surgió ya como el “partido más votado” y, necesariamente, merece un profundo estudio.

Como bien se sabe, en segunda ronda bastará un solo voto de diferencia para que haya ganador. La contundencia de la victoria de uno sobre el otro, emerge como un segundo elemento de gran incógnita para poder definir cuál será el nivel de legitimidad real que obtendrá el nuevo presidente de la República.

Terminada la elección presidencial, sea cual sea su resultado; y, quedando establecida ya la naturaleza político-ideológica dominante en el nuevo parlamento, se abre un tercer elemento dentro de este conjunto de incógnitas que lanza el proceso electoral nacional: ¿habrá algún nivel de re-articulación de la amplia diversidad de sectores sociales, considerando que el desafío estratégico de atajar el crecimiento de la desigualdad y de la exclusión será imposible sin movilización ciudadana responsable?

El período gubernativo por abrirse, 2022-2026, encuentra a las nuevas autoridades con las inmorales obligaciones financieras de la deuda pública por el orden de, en promedio, 7 mil millones de colones diarios.

Mantenerse dentro de los ámbitos ideológicos de sesgo totalitario que en lo fiscal-tributario ha impuesto la tiranía neoliberal dominante en las últimas administraciones, va a generar fuertes colisiones en la sociedad, gústenos o no.