La Secretaria General de ANEP envió una carta al titular de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, a fin de que responda si en efecto se va a cancelar la deuda que se tiene con la clase trabajadora del Gobierno Central desde el 1 de enero del 2020 en cuanto al pago del reajuste por costo de vida.
A continuación, el documento.
Reiteramos, y de la manera más enfática y vehemente, lo que venimos afirmando en otros espacios y mediante diferentes vías y formas de comunicación: la institución más querida del pueblo costarricense, la más emblemática y la más imprescindible para la clase trabajadora, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), está viviendo la etapa más dura y difícil de sus ocho décadas de existencia.
La Caja sufre un asedio sistemático desde hace varios años y gobiernos. Pero el actual, encabezado por Rodrigo Chaves Robles, está mostrándose como el más agresivo en contra de la propia institucionalidad jurídico-constitucional de la CCSS.
Destaca el golpe de Estado presidencial a la autonomía constitucional de la Caja, cuando destituyeron a integrantes de la actual junta directiva institucional de una manera tan groseramente ilegal que fue la propia Sala Cuarta la que intervino para poner orden y devolver los escaños directivos a sus legítimos propietarios, electos con los mecanismos legales ya establecidos.
Sin embargo, el poder es el poder y aunque están en sus sillas directivas de nuevo, la Junta Directiva CCSS que no es del agrado del Gobierno como consta a todo el mundo, está pintada en la pared. Chaves Robles y su gente en la Caja tienen a esa directiva ninguneada.
En 18 meses que lleva de gestión el actual Gobierno son varios los episodios de conflicto que están caracterizando la vida institucional de la Caja. Por ejemplo, la temeraria afirmación presidencial de que la institución estaba quebrada.
El más reciente conflicto acaba de surgir: la imposición del sistema denominado “copago”, dizque para atender el prolongado problema de las “listas de espera”; asunto éste que tiene raíces que conviene exhibir ante la ciudadanía y que muestran una especie de perfidia gremial que se generó, se debe reconocer, antes de que Chaves Robles se hiciera presidente.
Un destacado intelectual costarricense, Leonardo Garnier Rímolo, indicó lo siguiente: “El copago destruye a la Caja. El copago es una trampa que transforma el derecho a la salud en un millonario negocio privado en el que los mejores servicios serían solo para quien los puede pagar. Medicina para pobres y medicina subsidiada para ricos: el opuesto a la solidaridad”.
Impresionante resulta conocer el pensamiento y la preocupación que el sistema del copago en asociaciones civiles que defienden la salud de pacientes con enfermedades delicadas.
Por ejemplo, la Asociación Segunda Oportunidad de Vida (Anasovi), externó en entrevista de prensa reciente este categórico comentario: “¿De dónde una paciente va a tomar el 40% para una cirugía de mama con el cuento de que le van a cubrir el 60%?”. De la misma manera, para la Fundación Nefrología, que apoya a pacientes con problemas renales, indicó que el sistema de copago conducirá gran inequidad en el tratamiento de esta delicada enfermedad, pues será la capacidad económica y no la urgencia el elemento central para una atención médico-renal.
Un tema mayúsculo en la conspiración contra la Caja tiene que ver la magnitud de la deuda que el Estado tiene con ella: nada más y nada menos que la gigantesca cantidad de 3 billones 300 mil millones de colones (₡3.300.000.000.000), según la propia auditoría institucional y con corte al pasado mes de agosto.
A esta enorme cantidad, hay otra deuda del Estado con la Caja y es la que está pendiente de reconocer al denominado sistema de pensiones IVM: 600 mil millones de colones cuando termine 2023 (cifras controversiales). ¡Impresionante! Hablamos de 4 billones de colones de esa deuda y no se quiere reconocer-pagar. ¿Cómo no hablar de conspiración contra la Caja?
Después de más de un año de recibir agua en cisterna y estar pagando la misma tarifa por agua contaminada con metabolitos de clorotalonil ARESEP convocó el 10 de noviembre a la Gerencia General Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, Asada Cipreses, Frente EcoCipreses, Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas y a la Defensoría de los Habitantes
Según la convocatoria de ARESEP “en atención a la situación que vive el acueducto de la comunidad de Cipreses en Oreamuno de Cartago y debido a varias consultas realizadas a la Intendencia de Agua referentes a temas de calidad del agua y tarifas, aunado también al objetivo de armonizar los intereses de los consumidores, usuarios y prestadores de los servicios públicos, es de interés realizar una mesa de trabajo para abordar desde un punto integral dicha situación”.
La Intendencia de Agua está solicitando al: “AyA su participación es requerida en calidad de ente rector y delegante del servicio de acueducto, donde es de interés contar con un representante de la Presidencia Ejecutiva, Orac Central Este y Laboratorio Nacional de Aguas, los cuales puedan ampliar la situación que se vive en la comunidad de Cipreses”.
También de la Asada Cipreses “se requiere de su presencia a fin de indique las acciones que han desarrollado para abarcar el manejo de la no conformidad asociada a la presencia de metabolitos de la molécula de Clorotalonil”.
Mientras aseguró que “en vista de las consultas realizadas por representantes de la organización Eco Cipreses, es de interés que participen en la mesa de trabajo a fin de que puedan manifestar las dudas y consultas referentes al manejo del caso en la comunidad de Cipreses”.
Por otra parte, ARESEP solicitó: “debido a su importancia en la búsqueda de soluciones al caso de Cipreses se extiende la invitación al Ministerio de Salud, ya que su presencia es de suma importancia para comprender la atención del tema, lo anterior debido a su rol como ente rector de la salud en el país”.
El pasado 06 de junio del 2023, la Sala Constitucional como respuesta al recurso de amparo presentado por Frente Ecocipreses solicita que se adopten y ejecuten las recomendaciones del «Informe Técnico Clorotalonil” emitido por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado, donde se explicita que: “Ante esta solicitud de prohibición de la molécula se recomienda iniciar un proceso de coordinación con la Dirección de Productos de Interés Sanitario (DRPIS) y los jerarcas del Ministerio de Ambiente y Energía, así como del Ministerio de Agricultura y Ganadería con el fin de redactar un decreto que lleve a una prohibición en el menor tiempo posible (…)”.
Pese a lo anterior el AYA ya solicitó una prórroga a la Sala Cuarta hasta el 2026 evidenciando la intención de heredar al siguiente gobierno el problema, el MAG ha dado mensajes contradictorios y el Ministerio de Salud guarda silencio. La Sala IV le dio tiempo al AYA hasta febrero de 2024 para resolver la situación.
Para más información: frente.ecologista.cipreses@gmail.com o Facebook: FRENTEECOCIPRESES
Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorio rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) está viviendo la situación más delicada, más crítica, más peligrosa desde que fuera fundada, establecida por la Ley de la República No. 17, el 1 de noviembre de 1941. Acaba de cumplir 82 años de existencia.
Esto quiere decir que todas las personas costarricenses que están vivas en este momento y que son menores de 82 años, cuando nacieron ya estaba fundada la Caja, la institución más emblemática y más querida del pueblo costarricense. Es decir, la abrumadora mayoría de la población del país en la actualidad.
A nivel obrero-laboral, podemos decir que el 100% de la clase trabajadora costarricense de estos momentos, ya sea que tenga empleo formal con salario fijo, que esté desempleada o sumida en el subempleo, que esté en el cuentapropismo y en el trabajo independiente; e, incluso, que tenga una micro-pequeña y mediana empresa, nació y ya había Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Lo podemos decir de esta manera: el pueblo trabajador costarricense no sabe lo que es vivir sin la Caja. Es más, las personas trabajadoras migrantes ocupan, vitalmente, de la Caja, también. Si nos quitan la Caja, ¡nos quitan la vida!
Desde la corriente sindical en la cual militamos todos los días y desde hace ya bastante tiempo, la Caja ocupa un lugar estratégicamente prioritario en nuestra lucha cotidiana.
Hemos tenido una visión crítica de la realidad sociolaboral e institucional de la Caja, al punto de que somos “non gratos” a cierto sindicalismo corporativo-gremial interno.
Hoy, ante la más grave situación de su historia que enfrenta la Caja, reiteramos e indicamos lo siguiente:
La abrumadora mayoría del personal trabajador de la Caja es un funcionariado de gran mística, consciente de su responsabilidad al ser integrante de su fuerza laboral y de la confianza que el pueblo les ha entregado para gestionar, mantener y fortalecer la institución.
La Caja tiene poderosos enemigos internos que, asociados a agentes del exterior, se han venido enriqueciendo con la gestión de salud pública que desde ella se provee a la población.
La Caja es del pueblo trabajador, total y exclusivamente. No es de los sindicatos ni de los gremios profesionales internos. Los sindicatos internos no hemos sido capaces de construir un polo obrero-social consistente que se convirtiera en bastión inexpugnable del carácter público de la institución. Las pugnas personales de los dirigentes, por ejemplo, han impedido, a hoy, la construcción del músculo social interno que es base para una alianza popular fuerte en su defensa.
La Caja ha venido sufriendo un proceso paulatino de “desestitucionalización”, pasando muchos de sus servicios a ser suministrados por terceros, lo que se llama tercerización. Esta es una forma de privatización que está en pleno desarrollo, que no es de ahora, sino que tiene un desarrollo sistemático a lo largo de los últimos gobiernos. La expansión de los servicios de salud privados, incluso a nivel de internamiento hospitalario, se gestó a partir de las posibilidades de negocios con la salud pública que, “malvivientes inteligentes” ligados a la clase política tradicional, superior aprovechar.
Las famosas “listas de espera” se han desarrollado bajo un sistema interno, casi “secreto”, conocido como “jornadas de producción”. Esta situación necesita ser ventilada, públicamente, pues la gente no sabe cómo algunos han logrado hacer millones para sus bolsillos personales con los dineros de la Caja.
Colateralmente, el tema de la formación de especialistas es otro tema “tabú” que hay que destapar, a pesar de la resistencia gremial que no quiere que de eso se hable de manera pública.
Ahora, la situación se ha agravado con la llegada de la Administración Chaves Robles y su estilo autoritario de gestión presidencial-gubernativa; “síndrome de poder” que llegó a la Caja: una intentona golpista a su directiva falló, por ahora, gracias a la intervención constitucional; sin embargo, hay una presidencia ejecutiva “imperial” que ha ninguneado a esa directiva, dejándola pintada en la pared. Parece ser que otra intentona presidencial de carácter golpista está en desarrollo.
Lo que llaman “gobernanza” de la Caja es un ejercicio vertical-autoritario, desconociendo la multisectorialidad que hasta la fecha había tenido esa gobernanza.
Ahora resulta que la Caja no está quebrada. El Presidente Chaves mintió. Con la pompa usual de sus rutas que a ningún lado conducen, dijeron que tienen 200 mil millones de colones para seguir privatizando-tercerizando servicios de especialistas para las “listas de espera”. Y, dos mil millones para pagarle al Banco Mundial un estudio sobre las finanzas de la institución. La cúpula política que controla la Caja parece querer pagar para lo que necesita escuchar.
La Caja está llena de cosas buenas y extraordinarias, realmente extraordinarias. Pero, malos costarricenses, internos y externos, se dedican a sabotearla; ahora, desde la máxima cúpula ejecutiva de turno.
Finalmente, de parte de la clase política, la “vieja” y la “nueva”, nada bueno puede venir para la Caja. Será el pueblo trabajador el que deberá tomar la iniciativa para salvarla. Si nos quitan la Caja, ¡nos quitan la vida!
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.