Ley Marco de Empleo Público está ahogada en un caótico proceso de implementación

SE DEBE DETENER SU ENTRADA EN VIGENCIA

La Contraloría General de la República (CGR) ha emitido, en nuestro criterio, una demoledora opinión acerca del proceso de implementación de la puesta en práctica de la perversa Ley Marco de Empleo Público (LMEP), No. 10159, la cual impondría un nuevo modelo de empleo público en Costa Rica, a partir del día 10 de marzo de 2023.

Esta ley, adversada fuertemente por ANEP, fue catalogada por el hoy Presidente de la República, siendo candidato, como adefesio, calificativo que ahora se potencia ante el señalamiento crítico de la CGR de que, prácticamente, está ahogada en un caótico proceso de implementación.

Dice la Contraloría que se carece de una “falta de regulación orientadora para la preparación oportuna de la administración pública para la entrada en vigencia de esta ley”.

Además, y lo que reafirma nuestro criterio de que el proceso de implementación de la LMEP se está en un caos, son los siguientes criterios contralores:

  • Ausencia de mecanismos formales de coordinación
  • Ausencia de una oportuna reglamentación
  • Fala una definición de una estrategia de implementación formal
  • No hay objetivos, atribuciones, responsabilidades y rol de las partes
  • No hay criterios y mecanismos de coordinación
  • Se desconoce los recursos que las instituciones invertirán
  • Se desconoce en qué consistirá una gestión de riesgos
  • No hay mecanismos de monitoreo
  • No hay mecanismos de comunicación del avance de las acciones para el cumplimiento efecto de la ley

¡Y estamos, ya, a menos de 3 meses de la entrada en vigencia de la LMEP!

Este adefesio jurídico que es la perversa Ley Marco de Empleo Público, ¡NO DEBE ENTRAR EN VIGENCIA!; mucho menos, ante el señalamiento del ente contralor de que está en un cuadro caótico en su proceso de implementación.

Es opinión de la ANEP que el Gobierno de la República debe comunicar a la Asamblea Legislativa, con toda urgencia, esta realidad pues vamos hacia una institucionalidad sumida en la anarquía, en la confusión, en el desorden más inimaginable.

La perversa LMEP debe ser derogada o, al menos, debe congelarse su entrada en vigencia para abrir un proceso realmente participativo de transformación estructural del Estado, considerando que la Costa Rica actual se volvió totalmente desigual.

Valga indicar que a la Ley Marco de Empleo Público le espera, en sede constitucional, una gran cantidad de acciones jurídico-legales de diverso orden pues, según especialistas, contiene potenciales inconstitucionalidades en, al menos, 35 de sus 50 artículos. Y, por otro, lado, los procesos contencioso-administrativos alcanzarían cifras record, jamás vistas en los tribunales de Justicia.

San José, jueves 15 de diciembre de 2022.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

ANEP y Municipalidad de Santa Ana firman renegociación de la Convención Colectiva

Luego de varios meses de negociación ambas partes lograron llegar a un acuerdo el cual fue firmado por la Secretaria General de ANEP, el Alcalde y el Presidente del Concejo Municipal de Santa Ana.

EL ESTADO SOY YO”

“El Estado soy yo” (l’Etat c’est moi) es el lema del absolutismo acuñado por el rey de Francia y Navarra, Luis XIV (1638-1715), desde 1643 hasta su muerte.

Según los historiadores, la afirmación “el Estado soy yo” fue pronunciada por el rey Luis XIV al ver el desacuerdo que la corte en París tenía frente a la aprobación de los edictos presentados por el monarca. La frase indica lo absurdo que veía Luis XIV la discusión, ya que esperaba que todas sus propuestas fuesen aceptadas sin cuestionamientos.

Luis XIV, conocido también como “el Rey Sol”, representa el auge del período histórico conocido como absolutismo monárquico, que se caracterizó por la concentración de todo el poder en el monarca o gobernante.

Los tres párrafos anteriores fueron tomados de esta dirección web:  www.culturagenial.com

Se nos vino a la mente lo de “El Estado soy yo” a propósito de la errática, ilegal e inconstitucional decisión del Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, de suspender, más bien, destituir, a cinco integrantes de la actual Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS);quienes no acataron la orden presidencial de no honrar la deuda salarial por costo de vida contraída con el personal de la Caja, establecida el 17 de diciembre de 2019; compromiso que exhibió una solidez jurídico-legal que no pudo ser rebatida por el mandatario.

Y como no lo hicieron caso, a lo Luis XIV, “El Estado soy yo” las destituyó violentando, gravemente, ya no solamente la constitucionalidad de la autonomía de la Caja, sino los principios y valores filosófico-políticos que animaron la concepción, la fundación y el desarrollo de esta institución, la más venerada por el pueblo costarricense.

Es imposible analizar esta situación, tomándola como una circunstancia aislada o como una conducta personalísima sui géneris del gobernante. Todo lo contrario. En el seno de nuestra clase hegemónicamente dominante, el autoritarismo político y el disciplinamiento social van tomando cuerpo estratégico. Lo de “el Estado soy yo” tiene mucho ver con la derogatoria del derecho constitucional y humano de huelga; o, con la perversa Ley Marco de Empleo Público, próxima a entrar en vigencia.

El verticalismo, el autoritarismo y el absolutismo se tornan imprescindibles cuando el avance de la exclusión económica y de la desigualdad podrían potenciar reacciones cívico-populares de resistencia estratégica que podrían amenazar el estado natural de las cosas, en materia de procesos sostenidos de concentración de la riqueza.

Tal y como ha quedado demostrado en estos últimos años, las reacciones cívico-populares de gran calado no se han hecho esperar cuando se trata de erráticas decisiones político-gubernativas contrarias al sentir mayoritario de la población. Creemos estar en puertas de otro episodio de gran protagonismo social organizado.

En nuestro caso, aclaramos que no estamos defendiendo a las personas directivas que “El Estado soy yo” destituyó. Téngase en cuenta que estuvieron en contra de la aplicación en la Caja del respeto al derecho humano del salario mínimo inembargable; entre ellas, la representante sindical, misma que, por cierto, fue designada en el Gobierno anterior para ese alto cargo directivo de la CCSS, en condiciones de poca transparencia.

Seccional en la Policía de Migración logra acuerdos para funcionarios del Aeropuerto Juan Santamaría

En una reunión con altos funcionarios de la institución y con el administrador del aeropuerto internacional Juan Santamaria llegaron a una serie de acuerdos en pro del personal trabajador y dejaron el compromiso para analizar otros aspectos importantes de cara a mejorar las condiciones y el servicio para los usuarios.

ANEP le pide de frente a Rocío Aguilar Montoya que renuncie a la SUPEN

La falta de confianza en la gestión de Aguilar Montoya y el miedo que tiene la población trabajadora sobre el manejo del dinero de su pensión son algunos de los puntos radicales por los que se le pide a la superintendente que renuncie a su cargo.

Lula

Para quienes hemos venido militando en el Sindicalismo Sociopolítico, ese que tiene una visión-país centrada en la promoción del bien común y en la inclusión social y económica; la victoria de Lula en las votaciones presidenciales de Brasil, del pasado domingo 30 de octubre, nos alegra y nos entusiasma.

Nos resistimos al enclaustramiento dicotómico de izquierda contra derecha, por las anteojeras ideológicas de corte fundamentalista que impiden el desarrollo de la Democracia por los causes sociales de inclusión con diversidad, que su sostenimiento demanda.

Nos contextualizamos en una América Latina catalogada como la región más desigual del planeta, para así entender según nuestra propia perspectiva, que el pensamiento del movimiento político de Lula está fundamentado en la doctrina de los Derechos Humanos, integralmente conceptuados y asumidos.

Nosotros tenemos claridad que en el Brasil que dirigirá Lula a partir del 1 de enero de 2023, las grandes matrices hegemónicas, político-económicas y mediáticas, privarán en el ejercicio del real poder que, tanto en Brasil como en nuestras propias naciones latinoamericanas, siguen teniendo “la sartén por el mango”.

Lo que sucede es que el Brasil que deja el perdedor, la desigualdad social y la exclusión económica llegaron a niveles increíbles, según todos los indicadores y las diversas fuentes más responsables y no fanáticas. Es éste el terreno para la nueva acción gubernativa de Lula.

El neoliberalismo ha llegado a niveles tan fanáticos que ha posibilitado la construcción de frentes del más diverso orden que, con fuertes dosis de tolerancia y de respeto por la diversidad que se le enfrenta, han logrado construir mayorías electorales que llegan a los poderes ejecutivos con serios programas de énfasis en políticas sociales para, al menos y en el corto plazo, aliviar las graves carencias que plantea la existencia misma a miles de personas latinoamericanas.

Bien lo acaba de decir el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz de que el experimento de 40 años con el neoliberalismo debe acabar ya. Y eso es lo que está ocurriendo en importantes sociedades latinoamericanas, en las cuales sus respectivas mayorías electorales están posicionando en la política pública propuestas de inclusión social y económica.

El histerismo de esas clases gobernantes afincadas en la acumulación desenfrenada y en la más brutal concentración de la riqueza jamás vista en esta región desde la conquista española-portuguesa, puede y debe generar equilibrios comprometidos para convertirse en sistémicos y trascender lo coyuntural de una elección que favorece a las mayorías descartadas.

Tal histerismo ya ha derramado mucha sangre como para no entender que el verdadero reto es de construcción sistémica de nuevas sociedades con democracias de real inclusión.

Tribunal rechaza demanda de trabajadora en contra de ANEP y presidente de la seccional en AyA

Luego de que las partes presentaran sus argumentos, el tribunal determinó desestimar la denuncia contra Edwin Marín Bonilla y ANEP, en la que Adriana Marcela Leal Martínez pretendía obtener 10 millones de colones, puesto que nunca pudo comprobar los daños morales en su contra.

El salario mínimo

Se supone que cada persona trabajadora que labora de manera asalariada con empleo formal para el sector privado de la economía, recibirá un 6.62% más en su salario mensual a partir del próximo 1 de enero de 2023.

Así lo dispuso el Consejo Nacional de Salarios (CNS), luego del «ritual» (antes semestral, ahora anual), en que se hace un simulacro de negociación tripartita (Gobierno-empresarios-sindicatos), para imponer, en la realidad política, determinado monto de reajuste por variaciones en el costo de la vida al salario mínimo).

Decimos simulacro por cuanto adolecemos, como país, de una real política salarial que se estructure a partir de variables como la desigualdad, la concentración de la riqueza, la necesidad de reactivación económica del mercado interno en asocio con la recuperación del poder de compra-adquisitivo del salario; así como la consideración de lo que denominan parque productivo del país es muy grande a nivel de micro-pequeñas y medianas empresas sin tratamiento tributario diferenciado, hasta donde tenemos entendido.

Por otra parte, hoy día el salario mínimo está muy lejos de guardar congruencia con lo indicado en el artículo 57 de nuestra Constitución Política. Éste ordenó que el salario mínimo debe garantizarle a la persona trabajadora bienestar y existencia digna.

Nada más alejado de la realidad. Es de tal calibre el proceso sostenido de empobrecimiento salarial que ese 6.62% definido para aplicarse a partir del 1 de enero de 2023, aunque suene «bueno», no significa camino de corrección alguno hacia una nueva política salarial para una plena garantía de bienestar y existencia digna.

Otro factor adicional es el alto grado de indefensión obrera para una efectiva fiscalización de que ese 6.62 se aplicará, realmente.

Sabemos que no pocos patronos privados argumentan que su correspondiente personal trabajador, ya está recibiendo sus respectivos salarios por encima del mínimo, razón por la cual ese 6,62 no les será aplicado.

Este aspecto es de gran debilidad estructural en la concepción imperante acerca de los niveles salariales en el sector privado de la economía: quien devenga algo más que el mínimo ordenado para su correspondiente categoría ocupacional, no tiene porqué recibir el reajuste por costo de vida. Así piensan muchos patronos que escamotean su responsabilidad para con el trabajo decente de su personal.

Dos factores adicionales complican la realidad salarial de la clase trabajadora del sector privado.

Uno tiene que ver con la política pública inspectiva a cargo del Estado, debilitada muy marcadamente en los últimos tiempos. No es posible para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social constatar que el cumplimiento del pago del salario mínimo se observa en todo el conglomerado empresarial del país, o en gran parte de él, al menos.

A la hegemonía política dominante, no le interesa la existencia de un Ministerio de Trabajo fuerte.

Por otra parte, la inexistencia de una consistente organización sindical en el sector privado de la economía, es una grave lesión en el tejido democrático que limita la capacidad obrera para defenderse a sí misma.

Estamos en un proceso involutivo económico-social, sin duda alguna. Hay un modelo económico fracasado que tiene en la cuestión salarial una de sus más crueles manifestaciones.

A pesar de ello no ha de parar la lucha y es éste el único camino posible, a pesar de todas las adversidades, para la restauración integral del bienestar pleno en el seno de la clase trabajadora.

El poder absoluto corrompe

En diferentes ámbitos se ha venido comentando que actualmente en el Ministerio de Seguridad Pública, se ha estado trabajando en la posibilidad de fusionar las policías, esto con el objetivo de que todas queden bajo un mismo mando, esta es una iniciativa muy propia del señor Michael Soto y gestionada por el PAC en la administración anterior, este tipo de ideas se complementan con otras cómo la Unidad de Datos de Carlos Alvarado (UPAD), en su afán de tener el control de las fuerzas armadas y de todo.

El hoy Vice ministro de seguridad Daniel Calderón, quien heredó este tema de su anterior jefe Michael Soto (PAC), prosigue con su anhelo de reunir las policías para comandarlas desde Fuerza Pública, esto sin importar que se pierdan las ESTRUCTURAS ESPECIALIZADAS o se debilite la seguridad de las fronteras o que el poder se concentre para que pueda ser fácilmente manejado para bien pero en especial para mal.

Evidencia de esto ha sido la última reforma en la estructura hecha recientemente, donde fusionó a la Policía de Fronteras con Fuerza Pública, esto ha sido terrible y da un mensaje a nivel internacional de debilidad ante el crimen transnacional.

Se nota que la incidencia criminal y la alta en los homicidios, no le importa al actual ministro ni mucho menos al Vice ministro Calderón, lo cierto del caso es que este señor mantiene la Dirección General de Fuerza Pública y el Vice Ministerio de Unidades Regulares, situación que afecta completamente el manejo de cualquier cuerpo policial.

Debería de decidir donde estar y dejarse de tanta sed de poder.

Extraña mucho que siendo el ministro el anterior Director de la DIS, que vela por la seguridad del Estado, venga a apoyar este tema y no tenga la capacidad de ver que en un país sin ejército, tener las fuerzas policiales juntas solo le sirven a alguien como Calderón.

Señor presidente Rodrigo Chaves, por favor haga su propio análisis de la situación, el único jefe de la totalidad de la Policía en Costa Rica es usted, es EL comandante en jefe de las fuerza policiales y NO se debe permitir que este poder esté en el nivel que pretende Calderón.

Gerardo Mora Ordóñez Presidente Seccional ANEP-PPM